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Nuevo megaoperativo contra la extorsión se ejecuta en cinco provincias

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En un esfuerzo continuo por combatir la extorsión, la Policía Nacional ha llevado a cabo un nuevo operativo denominado Operación Gran Libertad 3. Desde la madrugada de este jueves 11 de abril de 2024, iniciaron las acciones coordinadas por la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE).

La operación abarcó intervenciones en varias provincias del país, incluyendo Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, así como en las ciudades de Guayaquil y Quito. Estas acciones tienen el objetivo de disminuir la incidencia de la extorsión y continuar la ofensiva contra el crimen organizado.

Freddy Sarzosa, director General de Investigaciones, ha destacado la importancia de este tipo de operativos que se realizan semanalmente, para recabar información a partir de diversas denuncias, lo que permite una acción policial efectiva y directa contra las redes de extorsión.Ç

Este operativo se produce una semana después de la Operación Gran Libertad 2, en la cual se detuvo a un total de 56 personas en provincias clave como Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena.

Lea también: Alias «Mexicano», «Fercho» y «Palermo» fueron capturados en megaoperativo contra la extorsión

Durante ese operativo se llevaron a cabo 71 allanamientos, resultando en la liberación de dos víctimas y la detención de varios individuos, incluyendo tres considerados como objetivos de valor intermedio: Luis Antonio R., conocido como ‘Mexicano’; Fernando Javier M., alias ‘Fercho’; y Manuel Alberto H., apodado ‘Palermo’, capturados en los cantones de Playas, Daule y Machala, respectivamente.

En total, cerca de 600 policías de diversos subsistemas, incluyendo prevención, investigación e inteligencia, participaron en el megaoperativo.

La extorsión, un delito sancionado con penas de tres a cinco años de privación de libertad según el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sigue siendo uno de los desafíos más grandes para la seguridad en Ecuador.

Fuente: Vistazo.

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De la Gasca: Pachakutik se suma al respaldo del Gobierno Nacional

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El Gobierno Nacional ya tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que empezará sus funciones el 14 de mayo de 2025. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, informó, este martes 6 de mayo de 2025, que los nueve asambleístas electos por Pachakutik se sumaron al proyecto.

«El camino hacia el Nuevo Ecuador se fortalece con la unidad de voluntades y el compromiso por el bien común. Hoy los 9 asambleístas electos de Pachakutik se suman a este gran acuerdo, reafirmando con el Gobierno Nacional, que cuando se antepone el amor por el país, es posible sumar esfuerzos y trabajar juntos por el progreso de todos los ecuatorianos», publicó De la Gasca en su cuenta de Instragram.

En la publicación aparece en una fotografía con siete de los nueve asambleístas de Pachakutik.

¿Qué significa este acuerdo?

El movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), trata de llegar a la primera sesión, del 14 de mayo, con una mayoría absoluta para contar con el presidente y vicepresidente legislativo.

Para ello necesita 77 votos. Con la suma de Pachakutik ya superaría los 80, por lo que tendría asegurado ese objetivo. Fuente: El Telégrafo

 

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Nacionales

Un debate ‘de trámite’ en la Asamblea derivó en una acalorada discusión en la que se dijeron ingenuos y colonialistas

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El debate en la Asamblea se caldeó 6 de mayo de 2025, cuando resta una semana para el inicio del nuevo período legislativo. Un pedido para la creación del Museo de la Memoria revivió abusos a los derechos humanos en periodos pasados, pero también en los años más recientes.

Todo iba de acuerdo a lo planificado. El correísmo, a través de la legisladora Jhajaira Urresta, rechazando las violaciones ocurridas entre 1984 y 2008 y resaltando que con la Revolución Ciudadana fueron visibilizadas gracias a la creación de una comisión de la verdad.

Urresta recordó que en 2013 la propia Asamblea aprobó un proyecto de ley para establecer ese espacio en un plazo no mayor a 90 días. Sin embargo, ninguno de los cuatro gobiernos que pasaron desde entonces cumplieron.

Lo que hay, por ahora, es un sitio inadecuado en el subsuelo del Ministerio de Cultura que, según los familiares de las víctimas, no cumple con los preceptos de «reparación y justicia».

En febrero de 2023, la Corte Constitucional falló a favor de que se instale el museo con características especificas en el plazo de un año, pero tampoco ha ocurrido. Por eso, la Comisión de Garantías Constitucionales fiscalizó el tema.

Se armó la polémica

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La legisladora por Pachakutik, Mariana Yumbay, durante el debate del Pleno del 6 de mayo de 2025.Asamblea Nacional.
La asambleísta independiente María Teresa Pasquel implosionó el debate al reclamar que «solo se pretenda incluir en el Museo las violaciones a los derechos humanos que se produjeron antes de 2008».

«¿Por qué nos olvidamos de lo que pasó desde 2008 hasta épocas recientes: asesinatos, desapariciones, agresiones, secuestros. Hay que rechazar de todos», cuestionó Pasquel.

Y fue más allá. Recordó que en las protestas sociales de 2019 y 2022 ciudades como Quito fueron sitiadas por violentos manifestantes «violando de los derechos humanos de muchos ciudadanos».

«Se incendiaron sitios como la Contraloría para quemar procesos. Ahí no se acuerdan, ahí no hay memoria. Hubo muchos indígenas ingenuos que cayeron en esa situación», agregó.

Entonces, el centro del debate dejó de ser el museo y pasó a ser el racismo. Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, fue la primera en acusar a su colega Pasquel de «vivir aún en la colonia, época en la que se pensaba que los indígenas no tenían voluntad propia».

Gabriel Bedón, del movimiento Construye dijo que no se puede tratar de ingenuo a ningún ecuatoriano y pidió respeto y consideración para las comunidades indígenas, con las cuales se solidarizó.

Su compañero de bancada, Jorge Peñafiel, coincidió que Pachakutik y el movimiento indígena no son para nada ingenuos, aunque no precisamente por las razones que tenía en mente Bedón.

«Pudieron negociar prebendas y espacios para agarrar la presidencia de la Asamblea en 2021. Y el día de hoy, según fuentes del periodismo, todavía están negociando la presidencia en el siguiente periodo. ¡Ingenuos! es lo que menos son», dijo con ironía Peñafiel.

El asambleísta por Cotopaxi, César Umajinga, rechazó que «los que pisotearon hasta con caballos a los indígenas en las manifestaciones de hace algunos años, ahora se presenten como puritanos y santitos».

«Todos los gobiernos han maltratado y violado los derechos humanos. De derecha y de izquierda han humillado al pueblo indígena» César Umajinga, asambleísta

El debate les devolvió la voz

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La polémica incluso activó a legisladores que muy pocas veces han tomado la palabra en el actual periodo legislativo como José Clemente Agualsaca que, según el sistema de la Asamblea, ha intervenido en dos ocasiones.

También, a Eustaquio Tuala que ocupa una curul por Revolución Ciudadana y ha intervenido en los debates cuatro veces en lo que va del año y medio de este periodo legislativo.

Tuala se sintió tocado en primer persona por Pasquel. En las protestas de 2019 y 2022 dirigía el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) que apoyó a la Conaie en las acciones de hecho contra los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

«Ingenuos no somos, somos capaces (…) un adoquín destruido en Quito se puede comprar, pero tiene memoria de cuantos indígenas murieron en los dos paros», cuestionó Tuala.

Pese a que han pasado varios años, Tuala pidió un minuto de silencio por los manifestantes que fallecieron producto de esas protestas. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, se lo concedió.

Una vez que bajaron los ánimos, casi todos los legisladores estuvieron de acuerdo en aprobar el informe no vinculante de la Comisión que, entre otras cosas, exhorta que se concrete la creación del Museo de la Memoria para los casos registrados entre inicios de 1984 y finales del 2008. Fuente: Primicias

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Jueza ordena prisión preventiva para Augusto Verduga y solicita notificación roja de la Interpol

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Un dictamen de prisión preventiva recayó este martes sobre el exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, quien se encuentra procesado por el Caso ‘Ligados’.

La Fiscalía General del Estado anunció a través de redes sociales que la jueza de la causa, Daniella Camacho, acogió su pedido y ordenó el encarcelamiento provisional del exvocal. La magistrada también ofició a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) que emita la notificación roja de localización y captura.

Horas antes de la audiencia de revisión de medidas cautelares en la que se alcanzó la resolución, el exconsejero, sobre quien pesan cargos como autor directo del delito de asociación ilícita, reveló a través de redes sociales que se encuentra en México.

Verduga viajó hacia ese país luego de haber permanecido aproximadamente tres meses en Colombia, pese a que eso lo llevó a desacatar una medida cautelar de presentaciones periódicas ante un juez, dictada por su vinculación al Caso ‘Ligados’.

La diligencia se instaló por vía telemática y contó con la participación de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. La revisión de cumplimiento de las disposiciones preventivas también se extendió al exconsejero Eduardo Franco Loor, quien también está procesado en el caso por presunta asociación ilícita.

“Para el procesado Eduardo F. modifica la medida de presentación periódica y acepta que esta se cumpla en la Corte Provincial de Guayas, cada 15 días. Además, solicita que justifique documentadamente la existencia de la cirugía a la que se someterá en los próximos días”, informó el Ministerio Público en la red social X.

¿Sobre qué trata el caso ‘Ligados’?

El caso ‘Ligados’ es una investigación en curso de la Fiscalía contra Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También es parte del proceso Nicole Bonifaz, quien aún sigue en esa institución.

Ellos habrían incurrido en el delito de asociación ilícita en el marco de varios hechos. Por ejemplo, la designación irregular de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022-2027, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público efectuó un allanamiento a finales de enero del 2025 e incautó los celulares de Augusto Verduga, de los cuales se han extraído múltiples conversaciones que dejarían en evidencia una serie de estrategias de la denominada Liga Azul, afín al correísmo, de la que Saltos y Loor también eran parte, para cooptar organismos de control.

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