Nacionales
Nuevo enfrentamiento entre Daniel Noboa y Aquiles Alvarez tras formulación de cargos en caso Triple A
Tras la instalación de la audiencia y la formulación de cargos en el caso Triple A, en el que se investiga un presunto tráfico ilegal de combustible vinculado a gasolineras relacionadas con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos, desató un tenso cruce de declaraciones entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y el burgomaestre.
Desde su cuenta en la red social X, el primer mandatario lanzó fuertes críticas contra el alcalde y la gestión municipal de Guayaquil.
Noboa enumeró una serie de presuntas irregularidades que, según él, involucran directamente a la administración de Alvarez. Entre los temas mencionados están el caso Triple A, el manejo de Urvaseo y la supuesta contaminación del agua del río Daule.
Sobre el caso Triple A, Noboa afirmó que los cargos se formularon contra casi todos los acusados, excepto cinco sospechosos que obtuvieron inmunidad al inscribirse como candidatos a asambleístas alternos. Además, aseguró que esta situación es solo el inicio de las investigaciones en curso.
Respecto al manejo de residuos de Urvaseo, acusó al municipio de mezclar lodo con basura para inflar los costos; y por último, señaló niveles alarmantes de contaminación en las aguas que abastecen a los guayaquileños.
«El Ministerio de Ambiente ha determinado que las descargas de aguas residuales en el río Daule contienen más de 40 veces el límite de coliformes fecales. La principal fuente de agua que consumimos», apuntó.
«Esto no es persecución, es indignación«, expresó Noboa, dejando claro que, según su postura, estas acciones buscan beneficiar a los guayaquileños afectados por un «municipio indolente».
La respuesta de Alvarez
Aquiles Alvarez no tardó en responder, acusando al presidente de usar al sistema judicial para orquestar una persecución política.
«Hoy se instaló la audiencia de formulación de cargos, sin sustento y sin pruebas, al puro estilo noboísta: del show, del escándalo, del invento. Te cuento que esta instrucción fiscal, se abre a una instrucción para investigar por 90 días, para luego de ello ver si recién hay elementos para ir a juicio, elementos que no tienes, ni tendrás», contestó Alvarez.
Negó tener propiedad directa sobre las gasolineras mencionadas y señaló supuestas irregularidades relacionadas con negocios familiares de Noboa, como la gasolinera Petronoboa.
El alcalde desafió al presidente a abrir los registros de las empresas relacionadas con su familia, particularmente sobre la distribución de combustible en sus bananeras. «Te reto a que investigues y demuestres al país qué empresa te distribuye combustible. ¿Estás dispuesto?», cuestionó Alvarez.
También acusó al mandatario de gobernar «peleando por Twitter» mientras el país enfrenta una crisis. «Sigue persiguiéndenos y sigue persiguiendo a Guayaquil, los guayaquileños ya saben quién eres, y ya nadie te come cuento».
Caso Triple A
Este sábado, la Fiscalía General del Estado presentó cargos contra cinco personas naturales y cinco jurídicas, basándose en los elementos de convicción recopilados durante la investigación.
Sin embargo, la audiencia fue suspendida por el juez hasta el lunes, a las 14:00, para permitir que las defensas se pronuncien sobre las medidas solicitadas por la Fiscalía.
Los acusados en este caso son Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T., así como las empresas Fuelcorp S.A., Copedesa S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A. e Indudiesel S.A.
La investigación de la Fiscalía busca esclarecer la posible participación de los procesados en actividades ilegales relacionadas con derivados de hidrocarburos. Fuente: Vistazo
Nacionales
Contratación colectiva mantiene vigencia como mecanismo de protección y diálogo laboral
En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.
Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.
Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.
La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.
En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.
Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.
La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.
Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.
El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.
Nacionales
Corte Constitucional: Hay demandas contra leyes oficialistas que suman más de un año sin sentencia
La Corte Constitucional (CC) ha reducido el ritmo de despacho de sus sentencias y dictámenes referentes a las medidas y propuestas más polémicas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, en contraste con 2024 y 2025, cuando los magistrados se convirtieron en uno de los principales contrapesos institucionales al Ejecutivo.
Por ejemplo, ahí encontraron un freno las polémicas leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional; 22 de las 39 propuestas de consulta popular y referendo tampoco pasaron el filtro de la Corte. Lo mismo ocurrió con los frecuentes intentos del Gobierno de declarar un conflicto armado interno, una figura cuya aplicación ha sido cuestionada por organismos internacionales y por relatorías de las Naciones Unidas.
La Corte asumió también un papel decisivo en el caso de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, desaparecidos forzosamente por una patrulla militar en Guayaquil y por el cual 11 soldados implicados fueron condenados a 34 años de cárcel, pese a la oposición del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.
La ralentización en las decisiones de la Corte sobre las medidas oficialistas se da en medio del cambio de tres jueces, tras la renovación parcial del organismo, y una sostenida campaña de presiones y desprestigio en contra de los magistrados.
Por ejemplo, en los despachos de los magistrados descansan 70 demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Gobierno. Cinco de ellas han sido planteadas directamente por el Primer Mandatario y la otra, la Ley de Inteligencia, fue un proyecto heredado, que fue modificado.
Y, aunque esta última sí tuvo un freno, cuando la Corte aceptó la suspensión temporal de 12 artículos de la Ley y otros 10 de su Reglamento, la decisión sobre la constitucionalidad de la normativa está pendiente desde julio de 2025.
Desde ese entonces, los proyectos económicos urgentes del Gobierno han ido entrando en vigencia, sin que los magistrados ni siquiera acepten las medidas cautelares que han pedido decenas de demandantes. Sólo la Ley de Gastos Municipales ha acumulado ya 25 demandas en su contra.
Algo similar sucede con las demandas interpuestas contra el último decreto sobre el conflicto armado interno, en el que el Ejecutivo ya no declaró la situación, sino que «reconoció» su existencia, justamente para esquivar el escrutinio constitucional. Hay tres demandas que esperan una respuesta.
También está esperando el cuestionado Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos, que ha recibido 40 opiniones legales ante la Corte. Y según expertos consultados por PRIMICIAS lo negociado es asimétrico y desigual, por lo que deja en desventaja a Ecuador.
A esto se suman otras demandas contra medidas como la fusión de entidades, el nuevo Plan de Seguridad del Ejecutivo, la decisión de eliminar las necesidad de garantías en los procesos específicos de contratación pública de telecomunicaciones y la creación de la empresa pública Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud. Fuente: Vistazo
Nacionales
Otra candidatura en riesgo: Unidad Popular acusa al Gobierno de “limpiar la papeleta” eliminando a sus rivales
Este lunes 14 de septiembre, el movimiento político Unidad Popular (UP) hizo un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para defender la candidatura de Liliana Silva a la Alcaldía de Santo Domingo.
“El Gobierno quiere eliminar a los potenciales rivales políticos en varias ciudades del país”, afirmó el dirigente.
Atarihuana acusó al oficialismo de pretender “limpiar la papeleta” para beneficiar a sus candidatos. Acotó que se han suspendido organizaciones políticas y encarcelado a alcaldes que buscaban la reelección.
El dirigente informó que ya presentó la defensa jurídica de Liliana Silva e instó al juez del TCE Joaquín Viteri a resolver el caso con «independencia», conforme a la ley y garantizando el derecho de participación política.
UP se pronuncia sobre Luisa González
Durante el plantón, Atarihuana también cuestionó la exclusión de Luisa González de la contienda por la Prefectura de Manabí, luego de que el TCE rechazara el último recurso presentado por la correístas.
“Sin trampa y sin fraude, el Gobierno de Daniel Noboa sabe que va a perder; por eso está desesperado”, manifestó.
El dirigente señaló que corresponde a la ciudadanía escoger a sus autoridades y rechazó que candidatos u organizaciones políticas sean apartados de las elecciones.
“Si hay democracia, no deben eliminarse candidatos ni partidos. Es el pueblo el que debe tener opciones para elegir”, agregó.
Atarihuana también mencionó el caso de Jaime Estrada, aspirante a la Prefectura de Manabí, quien también fue eliminado de la papeleta. Ante este escenario, sostuvo que deberán discutirse las alternativas que tiene el pueblo manabita
“Nos sumamos a todas las voces, de todos esos partidos, que están reclamando que haya democracia. Es el derecho de participación”, expresó.
El director de Unidad Popular también denunció que candidaturas vinculadas al oficialismo estarían entregando cocinas de inducción, bloques y maquinaria en Santo Domingo.
“Todo el pueblo de Santo Domingo sabe que la candidata del Gobierno entrega cocinas de inducción, bloques y maquinaria. Junto al candidato a la Prefectura están entregando dádivas”, aseguró Atarihuana.
UP anunció que presentará estas acusaciones ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y acudirá a instancias del sistema interamericano para denunciar un presunto uso de recursos públicos en favor de candidaturas afines al Gobierno. Fuente: Vistazo
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