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Nacionales

Nuevo enfrentamiento entre Daniel Noboa y Aquiles Alvarez tras formulación de cargos en caso Triple A

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Tras la instalación de la audiencia y la formulación de cargos en el caso Triple A, en el que se investiga un presunto tráfico ilegal de combustible vinculado a gasolineras relacionadas con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos, desató un tenso cruce de declaraciones entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y el burgomaestre.

Desde su cuenta en la red social X, el primer mandatario lanzó fuertes críticas contra el alcalde y la gestión municipal de Guayaquil.

Noboa enumeró una serie de presuntas irregularidades que, según él, involucran directamente a la administración de Alvarez. Entre los temas mencionados están el caso Triple A, el manejo de Urvaseo y la supuesta contaminación del agua del río Daule.

«El municipio correísta de Guayaquil se enfrentó –después de esconderse durante meses– a la justicia. La primera, pero no la última vez, pues su forma de enriquecerse a costa de los guayaquileños no fue solo a través de una vía», escribió el presidente.

Sobre el caso Triple A, Noboa afirmó que los cargos se formularon contra casi todos los acusados, excepto cinco sospechosos que obtuvieron inmunidad al inscribirse como candidatos a asambleístas alternos. Además, aseguró que esta situación es solo el inicio de las investigaciones en curso.

Respecto al manejo de residuos de Urvaseo, acusó al municipio de mezclar lodo con basura para inflar los costos; y por último, señaló niveles alarmantes de contaminación en las aguas que abastecen a los guayaquileños.

«El Ministerio de Ambiente ha determinado que las descargas de aguas residuales en el río Daule contienen más de 40 veces el límite de coliformes fecales. La principal fuente de agua que consumimos», apuntó.

«Esto no es persecución, es indignación«, expresó Noboa, dejando claro que, según su postura, estas acciones buscan beneficiar a los guayaquileños afectados por un «municipio indolente».

La respuesta de Alvarez

Aquiles Alvarez no tardó en responder, acusando al presidente de usar al sistema judicial para orquestar una persecución política.

«Hoy se instaló la audiencia de formulación de cargos, sin sustento y sin pruebas, al puro estilo noboísta: del show, del escándalo, del invento. Te cuento que esta instrucción fiscal, se abre a una instrucción para investigar por 90 días, para luego de ello ver si recién hay elementos para ir a juicio, elementos que no tienes, ni tendrás», contestó Alvarez.

Negó tener propiedad directa sobre las gasolineras mencionadas y señaló supuestas irregularidades relacionadas con negocios familiares de Noboa, como la gasolinera Petronoboa.

El alcalde desafió al presidente a abrir los registros de las empresas relacionadas con su familia, particularmente sobre la distribución de combustible en sus bananeras. «Te reto a que investigues y demuestres al país qué empresa te distribuye combustible. ¿Estás dispuesto?», cuestionó Alvarez.

También acusó al mandatario de gobernar «peleando por Twitter» mientras el país enfrenta una crisis. «Sigue persiguiéndenos y sigue persiguiendo a Guayaquil, los guayaquileños ya saben quién eres, y ya nadie te come cuento».

Caso Triple A

Este sábado, la Fiscalía General del Estado presentó cargos contra cinco personas naturales y cinco jurídicas, basándose en los elementos de convicción recopilados durante la investigación.

Sin embargo, la audiencia fue suspendida por el juez hasta el lunes, a las 14:00, para permitir que las defensas se pronuncien sobre las medidas solicitadas por la Fiscalía.

Los acusados en este caso son Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T., así como las empresas Fuelcorp S.A., Copedesa S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A. e Indudiesel S.A.

La investigación de la Fiscalía busca esclarecer la posible participación de los procesados en actividades ilegales relacionadas con derivados de hidrocarburos. Fuente: Vistazo

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Ejército incauta 11.300 litros de combustible utilizado para minería ilegal en Zamora Chinchipe

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El Ejército de Ecuador incautó 3.000 galones de combustible (más de 11.300 litros) utilizados para actividades de minería ilegal en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, una de las más afectadas por esta práctica, según detalló el Ministerio de Defensa este miércoles.

Los militares además desmantelaron dos campamentos clandestinos e inhabilitaron maquinaria pesada que presuntamente se empleaban para las mismas actividades ilícitas.

«Las mafias de la minería son atacadas en todo el territorio nacional (…) seguimos actuando con firmeza», continuó el Ministerio en un comunicado.

Durante la intervención, ejecutada en el municipio de El Pangui, fueron destruidas excavadoras, motores de succión y clasificadoras tipo Z.

El Ministerio señaló que el operativo afectó directamente a las economías ilícitas que operan en la frontera sur del país.

Combate contra el crimen organizado

Esta operación se realizó en un momento donde el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, intensificó su combate al crimen organizado, dentro de la «guerra» que libra contra estas estructuras desde hace más de dos años, a las que ha catalogado de «terroristas» y que están dedicadas principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.

Estos grupos también han ingresado a zonas protegidas, especialmente en la Amazonía, como al Parque Nacional Podocarpus, una zona de extraordinaria biodiversidad y endemismo que alberga más de 3.000 especies de plantas vasculares y unas 624 especies de aves, donde en los últimos días se destruyeron 67 campamentos.

Las organizaciones delictivas buscan extraer oro aprovechando los precios récord que registra este metal en los mercados internacionales.

El proceso es altamente contaminante: arrasa con la cobertura forestal y contamina los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio. Fuente: Vistazo

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SNAI reporta muerte de otro preso en la Cárcel del Encuentro

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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó este miércoles sobre la muerte de una persona privada de libertad en la Cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena.

A través de un comunicado, la entidad indicó que, de forma preliminar, el fallecimiento no estaría relacionado con una enfermedad infectocontagiosa y que las primeras evaluaciones apuntarían a una muerte natural.

Sin embargo, el organismo precisó que la causa exacta deberá establecerse mediante autopsia informes técnico-forenses, dentro de los procedimientos correspondientes.

El SNAI aseguró además que facilitó el levantamiento de información y mantiene coordinación con las instituciones competentes para esclarecer el caso.

Segundo fallecimiento en menos de dos semanas

El fallecimiento se produce menos de dos semanas después de otra muerte registrada en el centro penitenciario de máxima seguridad, construido durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.

El pasado 15 de mayo, un privado de libertad fue hallado sin vida en ese complejo. El caso habría estado asociado a una enfermedad respiratoria.

El reciente deceso ocurrió un día después de que la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, confirmó recientemente el traslado preventivo un grupo de privados de libertad desde ese centro hacia cárceles de Guayaquil.

La funcionaria negó que exista en la Cárcel del Encuentro un brote de tuberculosis, enfermedad respiratoria que se ha extendido a lo largo de los últimos meses en las cárceles del país, ocasionando la muerte de más de 600 reos el año pasado.

Morillo sostuvo que la decisión respondió a un caso puntual, además de afirmar que el centro penitenciario cuenta con condiciones adecuadas para albergar a las personas privadas de libertad. Fuente: Vistazo

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El juez del caso Goleada, que procesa a Aquiles Alvarez, advierte: “No voy a permitir maniobras dilatorias”

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La audiencia de vinculación de varios familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, al caso Goleada, prevista para el 26 de mayo de 2026, fracasó por segunda vez y provocó el enojo del juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García.

En el acta de la audiencia, el magistrado dejó constancia de su malestar ante la suspensión de la diligencia en la que Fiscalía prevé vincular a la esposa, madre y primos del alcalde al caso Goleada, que lo investiga por el delito de lavado de activos en el país.

“En este tipo de actuaciones muchas veces se suelen utilizar maniobras dilatorias para retrasar o lograr que se concluyan los plazos perentorios dentro de los procesos penales”. Jairo García, juez del caso Goleada

El juez agregó: “Esta autoridad jurisdiccional deja bien en claro a los sujetos procesales, así como también al público, que la presente audiencia no se instala por imposibilidad material de garantizar el derecho a la defensa de las personas jurídicas. Sin embargo, no voy a permitir tampoco que existan maniobras dilatorias”.

En su exposición, dos horas y media después de iniciada la diligencia judicial, el juez reconoció la dificultad de realizar la audiencia sin la presencia de los representantes legales de seis empresas a las que Fiscalía anunció que sumará como procesadas al caso Goleada.

Se refiere a las empresas: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A. e Inmobiliaria Alvarez Hache S.A.

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Las seis empresas estaban representadas por Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos del alcalde de Guayaquil. Ambos renunciaron a su cargo el 20 de marzo, cuya salida quedó asentada en el Registro Mercantil de la ciudad, donde constan todos actos societarios de una compañía.

“Los jueces de garantías penales estamos llamados a garantizar el derecho a la defensa. Pues bien, es cierto, somos ese puente para una correcta y eficiente administración de justicia, sin embargo, debo indicar algo que es primordial: nos encontramos dentro de una segunda convocatoria de esta audiencia de vinculación”. Jairo García, juez del caso Goleada

El magistrado reconoció que las renuncias han sido legalmente inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, sin embargo, dijo que estas compañías “en estos momentos deberían contar con una persona o un administrador subrogantes que pueda ejercer las mismas”.

Plazo de 24 horas
García dio el plazo de 24 horas para que la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil de Guayaquil presenten ante el juzgado los nombres de los administradores subrogantes que se encuentran al frente de las empresas que se busca vincular.

Así mismo, pidió a ambas entidades societarias que le remitan el listado del directorio de cada compañía para proceder a notificarles la fecha de la tercera audiencia de vinculación para que “de forma inmediata designen a un defensor jurídico que les va a representar”.

El juez conminó también a la Fiscalía “al ser el ente persecutor e investigador dentro de la presente causa, que se sirva diligenciar todos los mecanismos para garantizar de forma real y efectiva el derecho a la defensa”.

“En caso de no existir la posibilidad de garantizar una defensa privada, la Defensoría Pública ya queda notificada para en la posterior convocatoria ejercer la defensa técnica material de las personas jurídicas”. Jairo García, juez del caso Goleada

Caso Progen

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En su exposición, el juez del caso Goleada mencionó el caso Apagón, en el que se investiga las irregularidades en la contratación de la multinacional Progen, que no cuenta con representantes legales en el proceso judicial iniciado en Ecuador, pues sus directivos se encuentran prófugos y con difusión roja de Interpol.

“Me permito traer a colación el antecedente del caso Progen, en donde la persona jurídica Progen, carece o no tiene representación legal en dicha causa, algo que es de dominio público”, comparó García y finalizó que “se va a garantizar el derecho a la defensa, tomando en consideración que tampoco se pueden permitir maniobras dilatorias”. Fuente: Primicias

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