El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este martes destituir a dos jueces, tras concluir que incurrieron en una infracción disciplinaria grave dentro del caso «Fachada», que involucra a la organización criminal denominada “Comandos de la Frontera”, considerada como terrorista por el Estado ecuatoriano.

La decisión recayó sobre C.L.Q.C., quien ejercía como juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales, y G.C.L.T., jueza de un Tribunal de Garantías Penales. Según la entidad de control, los ahora exfuncionarios habrían intervenido de forma indebida para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas por sus presuntos vínculos con el grupo armado, considerado como una disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Se trataba de dos hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias «Gerente», cabecilla de la organización criminal, que fueron procesados por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas en septiembre de 2023.

Las investigaciones sobre los jueces que derivaron en la sanción iniciaron el 16 de enero de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado ejecutó una serie de allanamientos en Pichincha y Esmeraldas.

En esos operativos se levantaron indicios como documentación, equipos electrónicos, teléfonos celulares y altas sumas de dinero en efectivo, elementos que apuntaban a un posible plan premeditado para favorecer a los procesados.

Tras esos hechos, la Dirección Provincial del CJ en Pichincha solicitó la suspensión preventiva de los jueces, medida que fue aprobada el 11 de junio de 2025. Con la resolución adoptada este martes, el organismo dio por concluido el proceso disciplinario con la destitución definitiva.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Damian Larco, aseguró que la medida responde a la política institucional de enfrentar con firmeza los casos de corrupción dentro de la Función Judicial.

Desde el CJ se enfatizó que la sanción forma parte de las acciones orientadas a impedir que el narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo infiltren el sistema de justicia, y a garantizar la transparencia en el desempeño de los funcionarios judiciales. Fuente: Vistazo

Aquiles Alvarez y sus dos hermanos, Antonio y Xavier, habrían formado un entramado empresarial “meticulosamente aceitado” para revender combustible subsidiado al sistema naviero internacional, según describió la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos del caso Goleada.

Los detalles sobre la investigación que llevó al alcalde de Guayaquil a la cárcel, de manera preventiva, eran desconocidos hasta ayer. Desde el pasado 23 de febrero, el sistema de la Función Judicial muestra los alegatos expuestos en la diligencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada, con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

En total, son 11 los procesados, pero el fiscal Dennis Villavicencio identifica a los hermanos Alvarez como los supuestos líderes de un entramado societario, que incluye una empresa de papel y simulación de deudas para esconder dinero irregular.

El fiscal narró que la estructura funcionaba con dos empresas base: Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A. Esta última es descrita como “una empresa de papel registrada en Panamá y domiciliada en Guayaquil”.

Según el expediente, el grupo utilizaba esas compañías para “beneficios económicos indebidos”. Básicamente, desviaban combustible desde Ternape, empresa que compraba diésel al Estado ecuatoriano afirmando que su destino final sería el segmento naviero nacional.

Sin embargo, el fiscal aseguró que Ternape revendía ese combustible subsidiado a precio real a embarcaciones con bandera internacional “recibiendo pagos directos a sus cuentas en el Ecuador”.

Como la empresa no podía registrar esas ventas en su contabilidad, Villavicencio aseguró que la estructura registró esos valores como una deuda a pagar a Flonape Overseas S. A. bajo el argumento de que esta última no tenía cuentas bancarias en el Ecuador al estar registrada en Panamá.

No obstante, ante las consecuencias financieras de registrar montos elevados como pasivos en contra de la empresa Ternape, “la cúpula criminal decidió ceder la supuesta deuda de Ternape a nombre de los mismos dueños de Flonape Overseas S. A., que no son otros que los hermanos Álvarez Henríques”.

Es así como una deuda de USD 2.700.000 se cedió en los valores de USD 800.000 a favor de Aquiles Alvarez y USD 1.900.000 a favor de Antonio Alvarez, quienes a su vez, decidieron no ejecutar el cobro de estos valores, sino que, por el contrario, resolvieron incrementar el capital de Ternape.

De acuerdo a la teoría del Ministerio Público, los otros ocho implicados en el caso Goleada estaban encargados de buscar embarcaciones de bandera internacional para vender diésel subsidiado a precio normal.

El fiscal Villavicencio manifiesta que todas las acciones de la presunta estructura se enmarcan en una delincuencia organizada, dirigida a lavar activos y evadir impuestos.

“El dinero que recibía Ternape por desviar diésel fue inyectado al sistema financiero nacional generando un beneficio económico y a su vez un posicionamiento financiero de la empresa por medio de un incremento sucesivo de capital. Todo esto, por medio de la simulación de deudas y cesiones, pues los recursos siempre estuvieron en dominio del grupo delictivo organizado consolidado a través de la sociedad Grupo Alva3 S. A. propietaria de las acciones del grupo empresarial”, concluyó Villavicencio.

Agregó que el “desfalco” generó un perjuicio para el Estado ecuatoriano de alrededor de USD 100 millones.

El abogado Ramiro García, defensor de los hermanos Alvarez, arrancó sus alegatos resaltando que “se ha menoscabado el derecho a la defensa de los procesados”, ya que tuvo acceso al expediente horas antes de que inicie la audiencia.

Además, aseguró que se está juzgando al alcalde de Guayaquil “dos veces por la misma causa”, ya que el caso Goleada se deriva del caso Triple A, en el cual se investiga el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles.

Agregó que la acusación se basa en chats de WhatsApp, una denuncia anónima y un informe policial basado en la pericia de las conversaciones telefónicas. “Esto quiere decir que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que están manifestando”.

Luego, el jurista no se refirió específicamente al funcionamiento de las empresas Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A., si no que dio una explicación sobre el funcionamiento de la comercialización de combustible.

Detalló que la comercializadora remite a Petroecuador el requerimiento de alguna embarcación y, tras los controles pertinentes de la empresa estatal, se concede el combustible.

Por ello, el abogado señaló que “es materialmente imposible que la comercializadora desvíe un solo galón de lo que ha sido, en el caso del sector naviero, solicitado por una embarcación para entregarla a otra a un precio diferente”.

También, calificó a la teoría de la Fiscalía como una “películas de ciencia ficción”, basada en el desconocimiento y subrayó que el conglomerado de empresas de sus defendidos mantiene toda su documentación en regla, “incluyendo el pago de nueve millones de dólares en impuestos, sus facturas y obligaciones tributarias al día”.

“Resulta inusual que una presunta organización delictiva, a la que hace referencia la Fiscalía, haya cancelado tal monto en impuestos”, acotó García.

Actualmente, el caso Goleada permanece en la etapa de instrucción fiscal. Mientras tanto, Aquiles Alvarez y sus hermanos están retenidos en distintas cárceles del país, al igual que otros dos procesados.

En cambio, cinco implicados recibieron medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país. Finalmente, un adulto mayor obtuvo prisión domiciliaria. A todos se les bloqueó sus cuentas bancarias mientras siguen las investigaciones. Fuente: Vistazo