La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la «suspensión provisional» del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó «suspender provisionalmente del ejercicio del cargo» al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00, cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario «siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación».

De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro, quien está de visita en Nueva York, donde hoy intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU, sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, una potestad que solo tiene el Senado y no la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor en segunda vuelta el próximo 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Arizabaleta señaló que decidió suspender al mandatario porque la intervención en política está tipificada «como falta gravísima» y «por la jerarquía del disciplinable y la trascendencia de la presunta falta».

La representante advirtió además que contra la decisión «no procede recurso».

La segunda vuelta la disputarán el próximo 21 de junio el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien el 31 de mayo fue el más votado en la primera vuelta, con 10,3 millones de votos (43,78 %), y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que obtuvo 9,7 millones (40,98 %). Fuente: Vistazo

Del dicho al hecho hay gran trecho. La Constitución ecuatoriana establece que el presupuesto en salud debe subir en forma paulatina. Lo que sube es el gasto de bolsillo en salud. Éste es el monto que paga cada ciudadano, por su propia cuenta. Entre 2018 y 2022 el porcentaje osciló entre 30 y 32 por ciento de todo lo invertido en salud por el país en un año, según datos del INEC. La cifra debe haber subido últimamente, advierten analistas, para bordear el 40 por ciento.

En términos reales, cada ecuatoriano destina alrededor de USD 130 mensuales para temas de salud. Al año, más de USD 1.500.

«Un sistema de salud debe cumplir dos objetivos básicos. El primero es mantener sana a la población y recuperar la salud de quienes la perdieron. Y el segundo es tener una red de protección social en salud para evitar que las familias empobrezcan cuando uno de sus miembros enfrenta una enfermedad catastrófica», explica José Ruales, médico con 45 años de trayectoria como salubrista y 31 años de experiencia en formulación de políticas públicas.

Ruales fue subsecretario, luego viceministro; y dirigió entre julio de 2022 y noviembre de 2023 el Ministerio de Salud. Al salir de esa cartera fue convocado a Centroamérica para apoyar a la Organización Panamericana de la Salud, OPS. De esa misión acaba de volver al país para dirigir desde el decanato la carrera de Salud de la UISEK, en Quito.

En sus cálculos, el gasto de bolsillo en salud se aproxima al 40 por ciento.

¿Qué implica esto? Que los ciudadanos asumimos la crisis fiscal, financiando de nuestros bolsillos el déficit generado por un menguante presupuesto público destinado al sector.

A mayo de 2026, el presupuesto codificado para salud supera los USD 5.500 millones. Solo USD 2.600 millones están financiados.

Ruales apunta que hay un problema adicional. A USD 1.340 millones asciende el pasivo del sector, ya que se debe pagar a las dializadoras, a Solca y clínicas privadas.

En la actualidad, el presupuesto codificado es el que consta en balances, pero el real es el presupuesto financiado.

En 2023 se contó con un monto efectivo de USD 440 millonespara compra de medicamentos y dispositivos.

Para 2026 lo codificado para el mismo rubro apenas llega a la suma de USD 279 millones. Y e ese valor, 266 millones están financiados.

Todo indica que hay una decisión fiscal de política pública económica de reducir el gasto en salud.

¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona requiere diálisis? Un paquete mensual estándar pudiera costar alrededor de USD 1.450, que incluye tres sesiones por semana. ¿Qué presupuesto familiar alcanza para cubrir una suma así?

Un estudio del INEC, difundido a fines de mayo, explica cuáles son los medicamentos que más adquieren los hogares ecuatorianos.

La encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares nacionales, que se realiza 12 años después del último estudio, se basa en la investigación en 35 mil hogares, tanto en zonas urbanas como rurales del país.

De ella se desprende que el ingreso mensual promedio en hogares asciende a USD 1.135, a nivel nacional, mientras que el gasto total promedio representa​​​​​​ ​USD 930 por mes.

El rubro salud se encuentra en el séptimo lugar entre los gastos, por encima de los servicios educativos que constan en el puesto 11.

La encuesta detectó alrededor de 20 millones de compras en medicamentos. Los más demandados fueron los relacionados con el tema alimenticio (21 por ciento del total), seguidos por medicinas para el sistema nervioso (19 por ciento del total) y los fármacos para contrarrestar infecciones respiratorias, que bordean el 16,5 por ciento del total.

Cuando la encuesta especificó cuáles son los medicamentos más comprados por los hogares, encontró que multivitaminas y vitaminas están en el tope del ranking. Representan el 2,7 por ciento del volumen de compra y el cinco por ciento del volumen total gastado en medicamentos en el período analizado.

En segundo lugar, un antihipertensivo (Losartán) representa el 4,1 por ciento de las compras y equivale al 4,4 por ciento del total gastado en este rubro.

En tercero, el paracetamol representa el ocho por ciento de los medicamentos comprados por los hogares, y el gasto equivale al dos por ciento de lo destinado a fármacos.

Doloneurobión, insulina y vitamina C se encuentran en las restantes posiciones; seguidas de cerca por ibuprofeno, amoxicilina, electrolitos orales y complejo B.

La encuesta se levantó entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025. Fue difundida por el INEC a fines de mayo.

El 24 de Mayo, en su informe a la Nación, al cumplir el primer año de su actual mandato presidencial, el presidente Daniel Noboa compartió dos noticias importantes en materia de salud.

Primero, la creación de una empresa pública que centralizará toda la logística de salud. En paralelo esto implica la eliminación de un viceministerio.

Y segundo, la importación de medicamentos desde la India para solucionar el desabastecimiento en los centros de atención pública.

Se trata en el primer caso del decreto ejecutivo 393 que crea la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística, AIL EP.

La entidad, que funcionará como sociedad de derecho público, tendrá autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, establece el decreto. Éste aclara que la creación de la entidad no tendrá impacto en los recursos públicos y que funcionará con presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública.

Dentro de la estructura presupuestaria para 2026, del Ministerio de Salud Pública, el rubro más elevado es el de ‘gastos en personal’. Y, efectivamente, el grueso del equipo humano consiste en profesionales médicos y personal afín a ese sector.

Hacia mayo de 2026, de USD 1.730 millones como valor codificado para todo el año, se había ejecutado el 31 por ciento.

Del porcentaje para equipo médico, codificado en USD 2.741 millones para todo el año, la ejecución es del cero por ciento. En el desglose presupuestario este rubro en particular aparece con financiamiento en cero.

Con escepticismo: así recibieron los integrantes de la Alianza Nacional por la Salud, ANS, el anuncio de la compra de medicamentos desde la India, para suplir la carencia.

Gustavo Dávila, quien preside la ANS, explicó que la oferta gubernamental fue cumplir el abastecimiento en marzo. Esto no se cumplió. “¿Cuál es el plan de contingencia hasta que lleguen los medicamentos?”, preguntó en una conferencia de prensa, junto con otros delegados de asociaciones que agrupan a pacientes que requieren medicamentos específicos frente a enfermedades raras o catastróficas.

La ANS agrupa a una treintena de organizaciones, entre ellos, Jóvenes contra el Cáncer. Dávila representa a esta organización y asegura que la sociedad civil, pacientes y academia, deben ser convocados junto con actores expertos, ex ministros, ex directores hospitalarios, academia, sociedades científicas, para una gran ‘minga por la salud’.

Lucía Cedeño representa a pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades diesmielizantes, que están en el grupo de enfermedades raras. “Los pacientes no pueden esperar más”, según su advertencia. Al interrumpir o retrasar los tratamientos, frente a estos cuadros, hay riesgo de recaídas o progresión rápida de la enfermedad.

Leticia Herrera preside la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple. “Cuando hablamos de salud no hablamos únicamente de estructuras administrativas, presupuestos o modelos de gestión. Hablamos de personas. Hablamos de lo que ocurre cuando una familia recibe el diagnóstico de una enfermedad y descubre que su vida cambiará para siempre”.

Los anuncios por tanto no generan esperanza entre los pacientes que requieren medicamentos especiales.

Según informes del sector, revisados por Vistazo, en 2023 la red del ministerio de Salud atendió a nivel nacional a 5,8 millones de pacientes. Esto equivale a decir que casi un tercio de la población nacional recibió atención en salud en los centros públicos.

El Ministerio y los distintos centros de atención cuentan con una planta de aproximadamente 92 mil personas, de las cuales 22 mil corresponden a profesionales médicos. Alrededor de 70 mil colaboradores son enfermeras, auxiliares, odontólogos, funcionarios administrativos y responsables de servicios.

Todos ellos trabajan en 163 unidades, que van desde centros básicos hasta hospitales de especialidades, llamados de tercer nivel, como el Eugenio Espejo en Quito y el Abel Gilbert en Guayaquil. A nivel nacional los lugares de atención están distribuidos en nueve zonas. Fuente: Vistazo