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Nuevo enfrentamiento entre Daniel Noboa y Aquiles Alvarez tras formulación de cargos en caso Triple A

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Tras la instalación de la audiencia y la formulación de cargos en el caso Triple A, en el que se investiga un presunto tráfico ilegal de combustible vinculado a gasolineras relacionadas con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos, desató un tenso cruce de declaraciones entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y el burgomaestre.

Desde su cuenta en la red social X, el primer mandatario lanzó fuertes críticas contra el alcalde y la gestión municipal de Guayaquil.

Noboa enumeró una serie de presuntas irregularidades que, según él, involucran directamente a la administración de Alvarez. Entre los temas mencionados están el caso Triple A, el manejo de Urvaseo y la supuesta contaminación del agua del río Daule.

«El municipio correísta de Guayaquil se enfrentó –después de esconderse durante meses– a la justicia. La primera, pero no la última vez, pues su forma de enriquecerse a costa de los guayaquileños no fue solo a través de una vía», escribió el presidente.

Sobre el caso Triple A, Noboa afirmó que los cargos se formularon contra casi todos los acusados, excepto cinco sospechosos que obtuvieron inmunidad al inscribirse como candidatos a asambleístas alternos. Además, aseguró que esta situación es solo el inicio de las investigaciones en curso.

Respecto al manejo de residuos de Urvaseo, acusó al municipio de mezclar lodo con basura para inflar los costos; y por último, señaló niveles alarmantes de contaminación en las aguas que abastecen a los guayaquileños.

«El Ministerio de Ambiente ha determinado que las descargas de aguas residuales en el río Daule contienen más de 40 veces el límite de coliformes fecales. La principal fuente de agua que consumimos», apuntó.

«Esto no es persecución, es indignación«, expresó Noboa, dejando claro que, según su postura, estas acciones buscan beneficiar a los guayaquileños afectados por un «municipio indolente».

La respuesta de Alvarez

Aquiles Alvarez no tardó en responder, acusando al presidente de usar al sistema judicial para orquestar una persecución política.

«Hoy se instaló la audiencia de formulación de cargos, sin sustento y sin pruebas, al puro estilo noboísta: del show, del escándalo, del invento. Te cuento que esta instrucción fiscal, se abre a una instrucción para investigar por 90 días, para luego de ello ver si recién hay elementos para ir a juicio, elementos que no tienes, ni tendrás», contestó Alvarez.

Negó tener propiedad directa sobre las gasolineras mencionadas y señaló supuestas irregularidades relacionadas con negocios familiares de Noboa, como la gasolinera Petronoboa.

El alcalde desafió al presidente a abrir los registros de las empresas relacionadas con su familia, particularmente sobre la distribución de combustible en sus bananeras. «Te reto a que investigues y demuestres al país qué empresa te distribuye combustible. ¿Estás dispuesto?», cuestionó Alvarez.

También acusó al mandatario de gobernar «peleando por Twitter» mientras el país enfrenta una crisis. «Sigue persiguiéndenos y sigue persiguiendo a Guayaquil, los guayaquileños ya saben quién eres, y ya nadie te come cuento».

Caso Triple A

Este sábado, la Fiscalía General del Estado presentó cargos contra cinco personas naturales y cinco jurídicas, basándose en los elementos de convicción recopilados durante la investigación.

Sin embargo, la audiencia fue suspendida por el juez hasta el lunes, a las 14:00, para permitir que las defensas se pronuncien sobre las medidas solicitadas por la Fiscalía.

Los acusados en este caso son Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T., así como las empresas Fuelcorp S.A., Copedesa S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A. e Indudiesel S.A.

La investigación de la Fiscalía busca esclarecer la posible participación de los procesados en actividades ilegales relacionadas con derivados de hidrocarburos. Fuente: Vistazo

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ANT aprueba alza del 25% en los pasajes de buses interprovinciales: estas son las nuevas tarifas

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La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó un incremento del 25% en las tarifas del transporte público interprovincial e intraprovincial a escala nacional, mediante la Resolución N.º 020-DIR-2026-ANT, emitida el 25 de julio de 2026.

La medida establece un Factor de Ajuste Tarifario (FAT) del 25% sobre la estructura de costos operativos y reemplaza el cuadro tarifario que se mantenía vigente desde 2021.

Sin embargo, aunque la resolución ya entró en vigor, representantes del sector transportista señalaron que las nuevas tarifas todavía no se están cobrando, debido a que el incremento aún no ha sido socializado oficialmente con los usuarios.

Estas son las nuevas tarifas

De acuerdo con el cuadro tarifario publicado por la ANT, los nuevos valores para algunas de las principales rutas del país son:

  • Quito – Guayaquil: USD 14,66 (tarifa preferencial: USD 7,33).
  • Tulcán – Quito: USD 8,77 (preferencial: USD 4,38).
  • Quito – Cuenca: USD 17,25 (preferencial: USD 8,63).
  • Guayaquil – Cuenca: USD 11,50 (preferencial: USD 5,75).
  • Santo Domingo – Guayaquil: USD 9,92 (preferencial: USD 4,96).
  • Manta – Guayaquil: USD 7,19 (preferencial: USD 3,59).
  • Esmeraldas – Quito: USD 11,07 (preferencial: USD 5,53).
  • Esmeraldas – Guayaquil: USD 16,39 (preferencial: USD 8,19).

La ANT recordó que los adultos mayores, niños y personas con discapacidad seguirán pagando el 50% del valor del pasaje, tal como establece la normativa vigente.

¿Por qué suben los pasajes?

Según el informe técnico de la ANT, el incremento responde al Índice de Variación de Costos Operativos y al Factor de Equilibrio Económico y Social, parámetros utilizados para actualizar las tarifas.

Además, el ajuste coincide con el fin del esquema de compensación económica que el Gobierno entregaba a los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.

Mediante el Decreto Ejecutivo 428, el presidente Daniel Noboa extendió por nueve meses las transferencias directas a los propietarios de buses interprovinciales e intraprovinciales, mecanismo que concluyó con el pago correspondiente a julio de 2026.

El objetivo de esa compensación era evitar un aumento inmediato en el precio de los pasajes tras el incremento del costo del combustible.

Un ajuste temporal

La ANT aclaró que este incremento no constituye la metodología tarifaria definitiva.

La entidad explicó que el ajuste del 25% funcionará como una medida transitoria mientras se desarrolla e implementa un nuevo sistema técnico para la fijación de tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial.

Nuevas condiciones para las cooperativas

El aumento también estará condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos por parte de las operadoras.

Entre ellos constan la instalación de botones de pánico y contadores de pasajeros en las unidades de transporte, medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los usuarios y mejorar el control operativo del servicio.

Asimismo, la ANT anunció que realizará controles periódicos en las terminales terrestres para verificar que las cooperativas respeten las tarifas autorizadas y evitar cobros indebidos o especulativos. Las operadoras que incumplan la normativa podrán enfrentar sanciones conforme a la ley.

El Gobierno aclaró que no se trata de un incremento generalizado de los pasajes, sino de una regularización de las tarifas en cerca de 8.000 rutas interprovinciales e intraprovinciales, de las cuales alrededor de 2.000 ya fueron regularizadas. Según las autoridades, esta medida busca transparentar los valores del servicio y frenar los cobros irregulares que algunas operadoras venían aplicando.

Luque aseguró que la regularización no necesariamente implicará que los usuarios paguen más en todas las rutas, ya que muchas operadoras ya cobraban valores por encima de los autorizados. «En muchos de esos casos las empresas cobraban mucho más. El valor que pagaba el ciudadano se mantiene porque ya se estaban cobrando montos adicionales que no estaban siendo controlados», sostuvo.

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Consejo de la Judicatura suspende por tres meses a la jueza y exministra Ivonne Núñez

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El Consejo de la Judicatura resolvió suspender de forma preventiva, sin remuneración y por el plazo de tres meses, a la jueza y exministra de Trabajo Ivonne Núñez Figueroa y al magistrado Francisco Rafael Morales, integrantes de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

La decisión fue adoptada por el Pleno del organismo la tarde del 29 de julio de 2026, con cinco votos a favor, mientras continúa el sumario administrativo abierto en contra de ambos funcionarios judiciales.

La razón de la suspensión

La medida se sustenta en un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que determinó que los jueces incurrieron en un error inexcusable al resolver mediante una acción de protección un conflicto de naturaleza contractual.

De acuerdo con el informe de la Subdirección de Control Disciplinario, los magistrados desnaturalizaron esta garantía constitucional al utilizarla para resolver un asunto que no correspondía a esa vía judicial.

Como consecuencia de esa decisión, se habría ordenado de manera indebida el pago de recursos públicos por parte de la empresa estatal Correos del Ecuador, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y excediendo las atribuciones previstas en la Constitución.

Mientras dure el proceso disciplinario, ambos jueces permanecerán suspendidos de sus funciones y dejarán de percibir sus remuneraciones.

La trayectoria de Ivonne Núñez

En 2016 fue destituida de la Corte Provincial del Guayas durante la administración del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Sin embargo, dos años después recuperó su cargo por disposición de la Corte Constitucional.

Posteriormente, fue designada por el presidente Daniel Noboa como ministra de Trabajo, función que desempeñó entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, antes de reincorporarse a la Función Judicial.

Se suma a otra sanción

La suspensión dispuesta por el Consejo de la Judicatura se suma a una sanción emitida en mayo de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En esa ocasión, el organismo electoral suspendió los derechos políticos de Núñez por tres meses, la inhabilitó temporalmente para ejercer funciones públicas y le impuso una multa económica.

El fallo se originó tras una denuncia por el presunto incumplimiento de una resolución relacionada con el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, conducta que fue considerada un desacato a la autoridad electoral.

Con la apertura del sumario administrativo, el Consejo de la Judicatura continuará analizando el caso para determinar si corresponde imponer una sanción definitiva a los dos magistrados involucrados.

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Reimberg advierte a jueces: “Se enderezan o van presos”, tras allanamientos a magistrados de la Corte Nacional

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El ministro del Interior, John Reimberg, lanzó una dura advertencia a los operadores de justicia luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutara allanamientos contra jueces de la Corte Nacional de Justicia investigados por presunto cohecho.

«Allanaron a un juez de la Corte Nacional por cohecho para que les llegue el mensaje: no son intocables, nadie es intocable. O se enderezan y se corrigen o van a terminar presos«, manifestó Reimberg en una entrevista radial.

Las diligencias son el resultado de una investigación relacionada con un fallo judicial emitido en 2023 que favoreció a una empresa china con una indemnización millonaria.

Presunto cohecho en fallo a favor de empresa china

La Fiscalía General del Estado informó que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en inmuebles ubicados en el norte de Quito, dentro de una investigación previa por el presunto delito de cohecho.

Durante los allanamientos se levantaron como indicios documentos, teléfonos celulares y computadoras.

Los investigados son Milton Velasquez, Patricio Secaira e Iván Larco, jueces que habrían integrado el Tribunal que ordenó al Estado ecuatoriano pagar USD 59’334.103,17 a favor de una empresa china.

La compañía asiática China Railway había iniciado acciones legales contra el Ministerio de Educación por un contrato firmado en el 2015 para la construcción de escuelas provisionales, que al final no terminaron de realizarse y otras, en cambio, se destruyeron al poco tiempo.

La noticia del delito tiene como antecedente el testimonio anticipado de Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura, quien fue sentenciado en el caso Plaga.

Hernández recuperó su libertad en abril de 2025, tras cumplir diez meses de prisión por colaborar con la Fiscalía, y rindió su versión en calidad de testigo protegido.

Manifestó que, durante un evento efectuado en Guayaquil, mantuvo reuniones con varias personas y conoció que los mencionados jueces habrían gestionado la emisión del fallo, correspondiente a una causa que permanecía represada varios años.

Por último, Fiscalía informó que continuará practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, «con respeto al debido proceso».

El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Fuente: Vistazo

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