Nacionales
Nuevo choque entre Aquiles Álvarez y Lucía Jaramillo tras sentencia del TCE: alcalde de Guayaquil prefiere destitución antes que pedir disculpas
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo protagonizaron un nuevo choque tras conocerse la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El funcionario, sancionado por una infracción electoral grave relacionada con violencia política de género, deberá pagar una multa de 9.660 dólares y ofrecer disculpas. Sin embargo, Álvarez afirmó que preferiría ser destituido antes que disculparse con la legisladora..
La sanción se originó después de que Jaramillo denunciara al alcalde por utilizar términos “denigrantes e insultantes” hacia ella, luego de que la legisladora hiciera pública una denuncia sobre un supuesto acto de corrupción relacionado con el tráfico ilegal de combustible.
El alcalde la tachó de “niña vaga” y acusó a la parlamentaria y a su hermana de haber “pasado vagando” en el Municipio de Guayaquil mientras eran parte del Partido Social Cristiano (PSC).
Reacción del alcalde
Tras la imposición de la sanción, Álvarez respondió de manera tajante, afirmando que jamás pediría disculpas (a Jaramillo) por expresar lo que considera una verdad, «más aún si está sustentado con un informe de Contraloría».
«La vagancia no tiene que ver con género, y si está sustentado por un informe de la Contraloría que demuestra que (Lucía Jaramillo) nunca acudía a su lugar de trabajo, jamás marcaba, etc., el que es vago, es vago, sea hombre o mujer», declaró el alcalde.
Incluso, el burgomaestre expresó que preferiría ser destituido que pedir disculpas. «Vengan a hacerse cargo de un Guayaquil que quedó destrozado, con un gobierno que persigue con todas las instituciones del estado y cierra negocios del alcalde en gestión, solo por pelear causas justas para su ciudad. Vengan nomas, destitúyanme si quieren. Jamás voy a pedir disculpas ni a bajar la voz por decir la verdad», aseguró.
Álvarez también arremetió contra la administración actual del país, mencionando los problemas de inseguridad, la crisis energética y la falta de empleo, y lamentó que se dedicaran recursos a su caso en lugar de solucionar esos problemas.
«Guayaquil en esta administración lo único que ha hecho es trabajar, no persigue a nadie y se enfoca en salir adelante. Esas son las diferencias. Vengan nomas, atropellen la democracia y destituyan al alcalde», afirmó.
Respuesta de Lucía Jaramillo
No obstante, la asambleísta Lucía Jaramillo no tardó en responder. A través de redes sociales, rechazó las declaraciones de Álvarez, especialmente su referencia al supuesto informe de la Contraloría.
“Yo nunca fui sancionada por la Contraloría. Mi trabajo se midió por resultados, sin horarios y con un férreo compromiso con mi ciudad», indicó, criticando que el alcalde recurriera a estereotipos y violencia política por falta de argumentos.
Jaramillo insistió en que Álvarez debía respetar la sentencia del TCE y la democracia, y cuestionó su actitud ante la justicia. «¿Atacar sin pruebas es la nueva táctica?», se preguntó la asambleísta, quien cerró su mensaje pidiendo al alcalde que respetara la decisión judicial. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalía allana el Complejo Judicial norte en Quito y detiene a siete personas por presuntos sobornos
Días después de los operativos en la sede de CNEL EP en Samborondón, otra institución pública de Ecuador está en la mira de la Fiscalía General del Estado. Se trata del Complejo Judicial Norte de Quito, que fue allanado la mañana de este 5 de mayo de 2026, junto a otra dependencia judicial en Mejía, también en Pichincha.
Según información preliminar de la Fiscalía, en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión, agentes fiscales allanaron al menos siete domicilios y dos dependencias judiciales en esta provincia.
En el inicio del operativo no se mencionó el nombre de dicha entidad, pero luego PRIMICIAS conoció que fue el complejo judicial norte en Quito y otra oficina en Mejía.
Los otros inmuebles allanados se encuentran en Quito y en zonas como Los Chillos, Quitumbe, La Delicia, Eugenio Espejo y Rumiñahui, y corresponden a casas de funcionarios judiciales.
De hecho, se reportaron siete personas detenidas con fines investigativos y también se han decomisado celulares, documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento, entre otros indicios.
En imágenes divulgadas por la Fiscalía se observó a un policía mientras revisaba decenas de documentos sobre el escritorio de la institución pública allanada.
Una presunta red de sobornos en la función judicial
El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su cargo y exige dinero o ‘contribuciones’ para su propio beneficio o de terceros. Es castigado en Ecuador con una pena en prisión de tres a cinco años, además de la destitución del cargo público.
En este nuevo caso de corrupción, la Fiscalía investiga a estos siete funcionarios públicos que habrían solicitado dinero o incurrido en sobornos, a cambio de realizar ciertas acciones en procesos judiciales o agilizar trámites.
De acuerdo con las primeras investigaciones, algunos de los sospechosos se identificaban con alias como ‘Mono’ o ‘Sambo’. Fuente: Primicias
Nacionales
Registro Civil de Ecuador investiga presunta filtración de datos biométricos de los ciudadanos
Días después de una alerta por vulneración de información, reportada en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Registro Civil de Ecuador aseguró este 5 de mayo de 2025 que mantiene activos sus protocolos de seguridad, en respuesta a versiones que circulan en redes sociales sobre una presunta filtración de datos de los usuarios.
El organismo divulgó un comunicado, luego de que expertos digitales alertaran de una supuesta filtración de los datos biométricos de los ecuatorianos, que incluye la huella dactilar y reconocimiento facial de los ciudadanos.
«Se denuncia filtración de 14,8 millones de registros de datos (10,8 GB en SQL) y 10,6 millones de imágenes en alta definición de tarjetas de identidad nacional para posible biometría (165 GB) del Registro Civil», señaló en X (antes Twitter) el colectivo Usuarios Digitales.
En su comunicado, el Registro Civil indicó que, desde el lunes 4 de mayo, se activó el protocolo de seguridad de la información, «determinando que al momento no se ha detectado vulneración de datos de los ciudadanos, ni amenazas en el repositorio actual, las mismas que hemos confirmado desde el 2024».
Añadió que los análisis preliminares indican que la información difundida no proviene de accesos directos a la infraestructura actual de la Dirección General de la institución (Digercic); por lo que se evalúan posibles fuentes externas, como registros históricos o integraciones con terceros.
La investigación se mantiene en curso con acompañamiento de las instancias competentes, dijo la entidad en su comunicado.
3,5 millones de ataques cibernéticos entre 2024 y 2025
El Registro Civil reveló que entre el 2024 y 2025 tuvo intentos de más de 3,5 millones de ataques cibernéticos, con repuntes en meses previos a elecciones, provenientes de países como: México, España, Colombia, Venezuela, Bélgica, Brasil, entre otros. Resaltó que los sistemas de seguridad de la institución los detectó y contrarrestó.
La institución aseguró que, en los últimos dos años, ha reforzado los sistemas de seguridad en su Agencia Virtual, mediante validaciones adicionales para accesos de ciudadanos y administradores.
Detalló que ha fortalecido los procesos de identificación y análisis de patrones de tráfico y actividades sospechosas. Y que ha robustecido los controles de seguridad en la detección de sitios maliciosos, validación de accesos a redes (VPN y redes inalámbricas) y gestión de vulnerabilidades en sistemas y componentes tecnológicos. Fuente: Primicias
Nacionales
‘¿En qué entidades bancarias se lava el dinero de criminales?’: UAFE activa controles en Caso Encuentro
«¿En qué entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales?», cuestionó José Julio Neira, director general (e) de la UAFE, este martes 5 de mayo, al anunciar la realización de un análisis de inteligencia financiera vinculado al denominado Caso Encuentro.
En coordinación con la Superintendencia de Bancos, la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) activó acciones de control a los vinculados en la trama de delincuencia organizada.
La medida surge tras el avance para la extradición de Hernán Luque Lecaro, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenara su entrega a Ecuador. El exfuncionario, vinculado a una trama de corrupción durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, es requerido por la justicia ecuatoriana.
Sobre las acciones recientes, Neira enfatizó: «hay una pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos y es: ¿en qué entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales? Pronto lo sabremos«.
Por último, el funcionario gubernamental destacó que con esto «sumamos integridad a todos los actos del Estado».
Superintendencia y UAFE activan control financiero por Caso Encuentro
En el marco del Caso Encuentro, la Superintendencia de Bancos remitió un requerimiento formal de información, en el marco de sus funciones de supervisión del sistema financiero nacional.
Según indicó la institución, este acto forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y acciones preventivas, a nivel nacional, orientados a seguir garantizando la transparencia e integridad de todo el sistema financiero ecuatoriano.
La solicitud, realizada en articulación con la UAFE en virtud del convenio interinstitucional vigente entre ambas instituciones, abarca información correspondiente al período entre enero de 2021 y diciembre de 2024, respecto a procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales identificadas en análisis de inteligencia financiera vinculados al denominado Caso Encuentro, «sin que esta solicitud implique determinación de responsabilidad alguna».
Entre los requerimientos constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculación y conocimiento del cliente, perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, así como la eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
La Superintendencia de Bancos analizará la información que sea remitida y gestionará el debido proceso en coordinación con las autoridades competentes.
Por último, la Superintendencia de Bancos reafirmó «su compromiso de seguir actuando con independencia técnica, rigor jurídico y coordinación interinstitucional» para continuar con el fortalecimiento de la prevención del riesgo de lavado de activos y proteger la confianza en el sistema financiero. Fuente: Vistazo
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