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Nacionales

Nueve asesinatos a tiros registrados en las primeras 36 horas del 2022 en Ecuador

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Dos mujeres fueron baleadas la noche de este sábado 1 de enero en la cooperativa Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil. Las víctimas son una mujer de 45 años, identificada como Marcia S., y su nuera Joselyn R., de 23 años. Ambos libaban afuera de su domicilio cuando llegaron cuatro hombres en dos motocicletas y dispararon contra ellas.

Junto a la casa de las víctimas sus vecinos habían instalado una piscina que impedía el paso de los patrulleros, por lo que la policía que ingresó al sector tuvo inconvenientes para analizar la escena del crimen, donde finalmente se levantaron seis indicios balísticos.

La mañana de este domingo los uniformados les insistían a los dueños de la piscina que esta fuera retirada.

La Policía informó que las mujeres heridas fueron trasladadas por sus familiares al hospital del Guasmo, donde se recuperan. Marcia S. fue la más afectada. La mujer recibió un disparo en la pelvis y fue intervenida quirúrgicamente en la madrugada. La nuera de Marcia resultó con un disparo en la espalda. La joven se recupera.

Ninguna registra antecedentes penales, sin embargo, los agentes investigan si están involucradas en la venta de drogas, una problemática del sector.

Horas después de este hecho, en la cooperativa Nueva Prosperina, un hombre fue asesinado a tiros.

La víctima estaba en la calle cuando llegaron los policías del sector tras una alerta de los vecinos. Un familiar identificó al fallecido como Víctor Israel Erazo, de 27 años, quien no tiene antecedentes penales.

Según los testigos, dos hombres le dispararon y luego huyeron a pie.

Esta misma madrugada Julio César J., de 53 años también fue baleado afuera de su casa. Ocurrió en la 45 y El Oro cuando llegaba de un velatorio en la madrugada de este domingo.

Según los reportes policiales, se acercó una tricimoto a la casa de la víctima y le dispararon. Los cuatro hombres huyeron en la tricimoto, mientras que Julio César J. fue trasladado a un hospital cercano.

Recibió un solo disparo que ingresó por el cuello y salió por la espalda. Al momento sigue hospitalizado.

En la 18 y la K Carlos Alfredo O., de 28 años, fue baleado mientras libaba en una bailadero público del sector.

La víctima, que no registra antecedentes penales, fue llevado a un hospital del sector donde es atendidos por un disparo en el hombro. Los médicos indicaron que se encuentra estable.

Al mismo hospital del suburbio llegó a las 05:00 Aron A., de 19 años, con un disparo en el pie derecho. Informó a los uniformados que en la 23 y la N fue interceptado por dos hombres en moto que lo apuntaron con un arma para robarle. Cuando la víctima intentó huir de los delincuentes recibió el disparo. Los motociclistas huyeron.

La mañana de este domingo José Cedeño murió en un hospital de Guayaquil luego de permanecer en coma desde la madrugada del 1 de enero tras la golpiza que habría recibido por parte de varios allegados.

Sus familiares comentaron que Cedeño vivía en Mapasingue, pero fue a quemar el monigote con la familia de su pareja en el suburbio. Ahí, cuando celebraban el inicio del año, supuestamente se dio una riña y fue golpeado por varios hombres.

Pero los hechos violentos no solo se han dado en Guayaquil. A nivel nacional, hasta la mañana del 2 de enero, se habían reportaron 9 muertes violentas; tres casos se dieron en El Oro, dos en Guayas, uno en Cañar, uno en Los Ríos, otro en Manabí y también se reportó una muerte violenta en una de las cárceles del país.

De las tres muertes violentas registradas en El Oro, se conoce que dos casos se dieron en el sector fronterizo de Huaquillas, Ahí mataron a Wilmer Cevallos, de 36 años, la madrugada del 1 de enero. Ya en la tarde mataron a tiros a Diego Ariel Bravo. Él recibió cinco tiros y murió en el hospital de la localidad.

Juan Carlos Sabando Zambrano, de 39 años, es la primera víctima de sicariato de Manabí. Fue asesinado con 14 tiros a las 04:00 del 1 de enero, en la vía que conecta a la comunidad de Palo Amarillo con la de río Canoa, de la parroquia Canoa. Sabando conducía su carro con su esposa y su hijo cuando dos hombres en moto le dispararon.

El reo que falleció este 1 de enero es Santiago Velásquez, quien recibió varias puñaladas en el abdomen y en el tórax, cuando se dio una riña en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social Bellavista, de Santo Domingo de los Colorados, en la provincia Tsáchila. (I)

Fuente: El Universo

Nacionales

Puerto Bolívar concentra el 11% de la droga incautada en terminales portuarias | Violencia desplazó a 300 familias

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Decenas de viviendas abandonadas, sin puertas ni ventanas, casas con fachadas y muros derrumbados o domicilios con los accesos clausurados con bloque y cemento. Ese fue el panorama que halló la Policía a finales de marzo pasado en la parroquia urbana de Puerto Bolívar, en Machala (El Oro). El escenario de desolación y captación criminal motivó una nueva intervención del Bloque de Seguridad, este jueves 14 de mayo de 2026, en una apuesta por «presencia militar permanente» en la población.

Pasajes y callejones de barrios como El Pampón, 5 de Diciembre y 4 de Abril, hasta hace dos años marcados por el dinamismo del comercio de mariscos y por la pesca artesanal, ahora lucen desiertos.

Los barrios más afectados se ubican cerca a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y al puerto marítimo que le da nombre a la población o a las orillas del estero Huaylá, en la parte posterior de la población (riberas sur y sur-este de la parroquia).

Se trata de sitios estratégicos para el narcotráfico, pues ofrecen facilidades para ingreso y salida de embarcaciones de pesca artesanal, vinculadas a labores de contaminación con droga de contenedores marítimos y de los propios buques internacionales que recalan en los cercanos muelles portuarios. El estero con salida al archipiélago de Jambelí -y al mar abierto- ofrece también un punto de recalada a lanchas usadas para transportar armas y ejecutar delitos como piratería, según fuentes militares.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que con la intervención se ha militarizado “uno de los cuarteles de contaminación de droga más grande del país”. En 2025, antinarcóticos reportó incautaciones de 10,8 toneladas de droga con la terminal machaleña como puerto de origen, lo que representa el 11,24% de la droga decomisada en todas las terminales marítimas de Ecuador.

Puerto Bolívar es la cuarta terminal con el mayor número de incautaciones de cocaína de Ecuador, solo superada por tres puertos de Guayaquil -y su parroquia rural, Posorja-, según datos de antinarcóticos.

*Revise en este mapa la ubicación de la parroquia de Puerto Bolívar en relación a Machala y a su terminal marítima:

300 familias desplazadas, hasta 500 casas tomadas
La violencia ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 300 familias en Puerto Bolívar, en medio de amenazas, ataques armados, cuerpos desmembrados, crímenes múltiples y explosiones contra casas o negocios en los últimos dos años.

El número de viviendas tomadas por la banda criminal Los Lobos en la parroquia podría ascender a 500, según las autoridades. Por lo que en los próximos cuatro días, más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía prevén revisar 85 manzanas y 1.642 viviendas, de acuerdo a Loffredo.

El poblado, de cerca de 75.000 habitantes, otrora enclave de familias dedicadas a la pesca y al negocio gastronómico, se convirtió en territorio de violentas disputas criminales tras el fraccionamiento del grupo armado Los Lobos, que se dividió en Sao Box y Espejos en 2024.

El general de Ejército, Henry Delgado, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló que se trata de facciones que cuentan con vínculos transaccionales como el Cártel Nueva Generación de México y grupos ilegales armados de Colombia.

Con la nueva intervención se busca ejercer control permanente en tierra y agua en Puerto Bolívar y realizar un censo sobre la propiedad de unas 2.000 embarcaciones, que atracan sobre muelles irregulares -extensiones desde las casas- a lo largo de casi cuatro kilómetros sobre el estero Huaylá.

El plan contempla regresar inmuebles a familias víctimas de desplazamiento forzado y derribar viviendas sin propietarios identificados, ocupadas por grupos criminales como escondites o centros de operación delictiva. El pasado 28 de marzo, en una primera incursión la Policía, detonó cinco casas.

Detienen a alias ‘Chupete’, «jefe» de los sicarios de Mafia Glen que opera en Guayaquil

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Tres factores que convirtieron a Puerto Bolívar en un enclave criminal:
La parroquia urbana de Puerto Bolívar, cuya economía depende principalmente de la pesca, el comercio y el turismo en un sector aledaño al archipiélago de Jambelí, se convirtió en un enclave criminal por al menos tres razones clave que aprovechan las organizaciones criminales para su logística y operación:

1.- La cercanía al puerto y la conexión terrestre de Machala  
La terminal marítima de Puerto Bolívar, vecina a los barrios afectados por la violencia, se ubica a solo cuatro millas de mar abierto, un punto clave para el comercio internacional y el narcotráfico. Se trata de un puerto especializado en la exportación de banano y camarón. Los grupos armados usan rutas por tierra y mar, además de embarcaciones pesqueras y contenedores en puertos para el trafico de cargamentos ilegales. Además, la parroquia urbana está solo a seis kilómetros del centro de Machala, la capital de la provincia de El Oro, que, según informes de inteligencia militar, cumple una función de «paso, conexión y proyección logística» hacia la frontera sur y las rutas marítimas. El eje vial Machala–Puerto Bolívar y la avenida 25 de Junio son usadas por grupos criminales como ruta logística hacia cantones aledaños como Pasaje, Santa Rosa y El Guabo, agregan los informes. La zona de cuatro cantones también goza de conexión terrestre con Loja (Loja), Cuenca (Azuay), Guayaquil (Guayas) y la frontera con Perú.

2.- Tres kilómetros de riberas y muelles en el Estero Huaylá
Este cuerpo de agua, ubicado en la orilla sur y sureste de la parroquia, es una ruta vital de recalado para embarcaciones de pesca artesanal, que los grupos criminales se tomaron por su conexión fluvial con el archipiélago de Jambelí,  con los muelles del puerto vecino y con la salida a mar abierto . El estero, que conecta con camaroneras y con el mar cuenta con decenas de muelles improvisados irregulares, que en un tiempo fueron utilizados por los pescadores como extensiones de sus propias casas,  pero que luego fueron aprovechados por los delincuentes de forma estratégica para actividades criminales. En marzo pasado la Policía Nacional inició la destrucción de muelles ilegales sobre el estero Huaylá y se contempla la destrucción progresiva de estas estructuras.

3.- Capacidad de control territorial sobre un sector marginal 
Los grupos armados organizados relacionados al tráfico internacional de drogas y al microtráfico de sustancias encontraron en un sector marginal, olvidado y empobrecido el caldo de cultivo ideal para reclutar a jóvenes y pescadores, y para convertir a Puerto Bolívar en enclave criminal. En la provincia de El Oro las organizaciones criminales mantienen el control de zonas importantes mediante extorsiones y cobros ilegales (tipo vacunas extorsivas), utilizando amenazas, ataques armados y con explosivos. Al Estado le ha tomado tres años proponer un plan de intervención permanente en la zona luego de que se disparara la violencia a niveles históricos desde 2023. La disputa por el territorio se evidencia en homicidios por encargo, cometidos principalmente por sicarios que se movilizan en motocicletas o vehículos robados. Estos grupos participan en el contrabando de mercancías, combustible y armas por pasos fronterizos legales e ilegales, y usan el secuestro extorsivo como una forma de obtener dinero.

Lobos y Choneros, dos GAO operando en El Oro
En El Oro, el Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros mantiene posicionamiento en Machala, Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas, según la caracterización de inteligencia militar. Pero su accionar delictivo abarca principalmente el narcotráfico y el sicariato.

El GAO Lobos tiene incluso mayor prominencia en la provincia y se dedica a actividades como sicariato, tráfico internacional y microtráfico de drogas, minería ilegal, robo de vehículos y extorsión.

Los Lobos mantienen una pugna territorial con el Grupo de Delincuencia Común (GDC) Sao Box -en Machala y Puerto Bolívar-,  «disponiendo para los enfrentamientos de armamento de corto y largo alcance, incluyendo pistolas, revólveres, metralletas, granadas, explosivos improvisados y fusiles». Fuente: Primicias

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Liberan a empresario ecuatoriano acusado de ‘terrorismo’ en Venezuela, según ONG

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Luis Landázuri, empresario ecuatoriano de 43 años, fue excarcelado este jueves luego de casi 20 meses de detención en Venezuela, acusado de terrorismo por estar presuntamente vinculado a una página web de recolección de fondos para que Estados Unidos «invadiera» el país caribeño, informó la ONG Foro Penal.

«Excarcelado el preso político Luis Oswaldo Landázuri León, empresario ecuatoriano de 43 años, quien fuera detenido arbitrariamente el 25 de septiembre de 2024″, dijo el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, en un mensaje en X.

Se encontraba en la cárcel de Yare II, estado Miranda (norte), y los delitos que le imputaron fueron «terrorismo, financiamiento del terrorismo y promoción o incitación al odio por estar presuntamente vinculado con la operación ‘Ya casi Venezuela'», dijo a EFE Gonzalo Himiob, también director y vicepresidente de la ONG.

‘Ya casi Venezuela’ era una página impulsada, entre otros, por el empresario militar estadounidense Erik Prince y buscaba reunir USD 10 millones para «el restablecimiento de la democracia» en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto en los comicios del 28 de julio de 2024 sin que el árbitro electoral publicara los resultados desagregados de la elección.

Landázuri vivía desde 2022 en Venezuela, donde trabajaba prestando servicios de agua y energía a mineros de la población de Guasipati en el estado Bolívar, según una nota de la ONG en su web.

Su caso, entre muchos otros, comenzó a saltar a la palestra este año en medio de los anuncios de liberaciones del Gobierno y la Ley de Amnistía para presos políticos.

«Cinco días bajo custodia del Sebin»

El pasado enero, la politóloga Betzabeth Jaramillo, presidenta de la fundación ‘Yo te apoyo Venezuela’ en Ecuador y miembro del partido político Voluntad Popular, contó a EFE desde una actividad en Quito, que Landázuri «estuvo cinco días bajo custodia directa» del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia).

En ese periodo, prosiguió, «fue presionado para firmar un documento falso en el que se le atribuía haber sido enviado desde Ecuador para financiar actividades terroristas y conspirativas, acusaciones que él negó y se negó a firmar».

Posteriormente fue imputado por terrorismo y conspiración, sin que se conozcan pruebas, sin que haya un proceso judicial regular, ni acceso efectivo a abogado, añadió Jaramillo. Fuente: Vistazo

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Fiscalía pide condena contra Abdalá Bucaram, acusado de delincuencia organizada

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La Fiscalía pidió este jueves que se condene al expresidente Abdalá Bucaram, a su hijo Jacobo y a otras dos personas por el delito de delincuencia organizada, por la supuesta venta irregular de pruebas para detectar la Covid-19 y otros insumos médicos en 2020.

En su alegato final, el Ministerio Público acusó a los procesados de «colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la Covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria».

Los peritos que rindieron testimonio en la audiencia de juicio coincidieron en que esta supuesta organización movilizó incluso bienes y servidores públicos de la oficina de tránsito de Quito, la capital del país, para el traslado de las pruebas, según señaló la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo a la teoría fiscal, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien «también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras».

El hijo del expresidente, Jacobo Bucaram, «pagó USD 321.600 en efectivo por esta mercadería», de acuerdo al testimonio que dio el extranjero antes de ser asesinado y que fue citado por la Fiscalía.

Además, algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) para movilizarse, según la investigación.

Las pruebas se comercializaban en varias provincias del país «sin facturas y sin pagar impuestos al Estado», de acuerdo al Ministerio Público.

Varios diferimientos desde el 2022

En total, 50 personas, entre peritos y testigos, testificaron en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022 y está previsto que el tribunal anuncie su decisión en los próximos días.

El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.

Otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, ya fueron sentenciados por este caso y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados. Fuente: Vistazo

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