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Nacionales

Nueve asesinatos a tiros registrados en las primeras 36 horas del 2022 en Ecuador

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Dos mujeres fueron baleadas la noche de este sábado 1 de enero en la cooperativa Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil. Las víctimas son una mujer de 45 años, identificada como Marcia S., y su nuera Joselyn R., de 23 años. Ambos libaban afuera de su domicilio cuando llegaron cuatro hombres en dos motocicletas y dispararon contra ellas.

Junto a la casa de las víctimas sus vecinos habían instalado una piscina que impedía el paso de los patrulleros, por lo que la policía que ingresó al sector tuvo inconvenientes para analizar la escena del crimen, donde finalmente se levantaron seis indicios balísticos.

La mañana de este domingo los uniformados les insistían a los dueños de la piscina que esta fuera retirada.

La Policía informó que las mujeres heridas fueron trasladadas por sus familiares al hospital del Guasmo, donde se recuperan. Marcia S. fue la más afectada. La mujer recibió un disparo en la pelvis y fue intervenida quirúrgicamente en la madrugada. La nuera de Marcia resultó con un disparo en la espalda. La joven se recupera.

Ninguna registra antecedentes penales, sin embargo, los agentes investigan si están involucradas en la venta de drogas, una problemática del sector.

Horas después de este hecho, en la cooperativa Nueva Prosperina, un hombre fue asesinado a tiros.

La víctima estaba en la calle cuando llegaron los policías del sector tras una alerta de los vecinos. Un familiar identificó al fallecido como Víctor Israel Erazo, de 27 años, quien no tiene antecedentes penales.

Según los testigos, dos hombres le dispararon y luego huyeron a pie.

Esta misma madrugada Julio César J., de 53 años también fue baleado afuera de su casa. Ocurrió en la 45 y El Oro cuando llegaba de un velatorio en la madrugada de este domingo.

Según los reportes policiales, se acercó una tricimoto a la casa de la víctima y le dispararon. Los cuatro hombres huyeron en la tricimoto, mientras que Julio César J. fue trasladado a un hospital cercano.

Recibió un solo disparo que ingresó por el cuello y salió por la espalda. Al momento sigue hospitalizado.

En la 18 y la K Carlos Alfredo O., de 28 años, fue baleado mientras libaba en una bailadero público del sector.

La víctima, que no registra antecedentes penales, fue llevado a un hospital del sector donde es atendidos por un disparo en el hombro. Los médicos indicaron que se encuentra estable.

Al mismo hospital del suburbio llegó a las 05:00 Aron A., de 19 años, con un disparo en el pie derecho. Informó a los uniformados que en la 23 y la N fue interceptado por dos hombres en moto que lo apuntaron con un arma para robarle. Cuando la víctima intentó huir de los delincuentes recibió el disparo. Los motociclistas huyeron.

La mañana de este domingo José Cedeño murió en un hospital de Guayaquil luego de permanecer en coma desde la madrugada del 1 de enero tras la golpiza que habría recibido por parte de varios allegados.

Sus familiares comentaron que Cedeño vivía en Mapasingue, pero fue a quemar el monigote con la familia de su pareja en el suburbio. Ahí, cuando celebraban el inicio del año, supuestamente se dio una riña y fue golpeado por varios hombres.

Pero los hechos violentos no solo se han dado en Guayaquil. A nivel nacional, hasta la mañana del 2 de enero, se habían reportaron 9 muertes violentas; tres casos se dieron en El Oro, dos en Guayas, uno en Cañar, uno en Los Ríos, otro en Manabí y también se reportó una muerte violenta en una de las cárceles del país.

De las tres muertes violentas registradas en El Oro, se conoce que dos casos se dieron en el sector fronterizo de Huaquillas, Ahí mataron a Wilmer Cevallos, de 36 años, la madrugada del 1 de enero. Ya en la tarde mataron a tiros a Diego Ariel Bravo. Él recibió cinco tiros y murió en el hospital de la localidad.

Juan Carlos Sabando Zambrano, de 39 años, es la primera víctima de sicariato de Manabí. Fue asesinado con 14 tiros a las 04:00 del 1 de enero, en la vía que conecta a la comunidad de Palo Amarillo con la de río Canoa, de la parroquia Canoa. Sabando conducía su carro con su esposa y su hijo cuando dos hombres en moto le dispararon.

El reo que falleció este 1 de enero es Santiago Velásquez, quien recibió varias puñaladas en el abdomen y en el tórax, cuando se dio una riña en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social Bellavista, de Santo Domingo de los Colorados, en la provincia Tsáchila. (I)

Fuente: El Universo

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Policía ejecuta incautaciones de bienes de Aquiles Álvarez y su familia en el caso Goleada

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La Policía Nacional avanzó en la ejecución de medidas judiciales dentro del denominado caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 16 personas.

Como parte de este proceso, se reportó la incautación de varios bienes inmuebles vinculados a su entorno familiar y empresarial.

De acuerdo con un informe de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof), las diligencias se realizaron el 18 de junio de 2026 y comprenden al menos seis propiedades relacionadas con las compañías Fiorema S.A. y Ternape Petroleum S.A.

Bienes incautados y estructura patrimonial

Entre los activos intervenidos consta un inmueble en Puerto Hondo, parroquia Tarqui, valorado en aproximadamente $2 millones, el de mayor cuantía dentro de esta fase inicial.

Además, se incautaron otros bienes asociados a Fiorema S.A., empresa que, según la Fiscalía, habría concentrado transferencias patrimoniales del grupo familiar del funcionario.

El listado incluye terrenos, departamentos, parqueaderos y bodegas ubicados en zonas residenciales de alta plusvalía en La Puntilla, Samborondón.

Los inmuebles quedaron bajo administración estatal mediante Inmobiliar, entidad encargada de custodiar bienes incautados en procesos judiciales, conforme a los protocolos vigentes.

Incautaciones pendientes y limitaciones operativas

La ejecución de las órdenes judiciales no se concretó en su totalidad. La Undecof reportó la imposibilidad de incautar otros seis inmuebles contemplados en el proceso.

Entre ellos figura una vivienda en Isla Mocolí, Samborondón, atribuida al alcalde y valorada en más de $1 millón, junto con otros departamentos vinculados a Fiorema S.A.

La Policía explicó que no se procedió debido a que los predios estaban ocupados por personas en condición de vulnerabilidad, incluidos menores, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Argumentos legales y reacción de la defensa

La defensa solicitó la revisión de las medidas cautelares, argumentando que uno de los inmuebles corresponde al domicilio habitual de menores de edad y de una persona con discapacidad visual debidamente certificada.

En ese contexto, el representante legal pidió modificar o levantar la orden de incautación. La audiencia prevista para analizar este pedido fue reprogramada para el 29 de junio de 2026.

¿De qué se trata el caso Goleada?

El caso Goleada indaga un presunto esquema de lavado de activos que, según la Fiscalía, estaría vinculado a ingresos derivados de la comercialización irregular de combustibles.

Las autoridades sostienen que estos recursos habrían sido canalizados hacia la adquisición de bienes inmuebles por varios millones de dólares, lo que motivó la adopción de medidas cautelares para evitar su transferencia o disposición.

El avance parcial en las incautaciones refleja tanto la dinámica de la investigación como los límites legales y sociales en la aplicación de medidas judiciales sobre bienes habitados.

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Estudiantes, médicos y familiares realizan un plantón en el HCAM por la separación de estudiantes del internado

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Estudiantes, médicos y familiares se congregaron este lunes 22 de junio en los exteriores del hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), en el centro norte de Quito, para protestar por la separación de tres estudiantes que realizaban su internado en esta casa de salud.

Los manifestantes llegaron hasta la entrada principal del hospital con batas blancas y carteles en los que exigían explicaciones sobre la decisión de retirar a los estudiantes de sus plazas de internado. De acuerdo con la información expuesta durante el plantón, dos de los jóvenes pertenecen a la Universidad Central del Ecuador (UCE) y uno a la Universidad Católica de Quito.

El plantón de este lunes fue el segundo realizado durante la jornada. La primera manifestación ocurrió aproximadamente a las 06:30, cuando médicos solicitaron a las autoridades del hospital y entidades correspondientes que esclarezcan las razones por las que los tres estudiantes fueron separados de sus puestos de formación.

Separación se debe a un presunto exceso de personal

Según las primeras versiones conocidas, la separación de los estudiantes estaría relacionada con un supuesto exceso de personal dentro de la casa de salud. Sin embargo, familiares y participantes de la protesta sostienen que la decisión tendría motivaciones políticas y que podría tratarse de presuntas represalias vinculadas a la investigación del caso Progen.

Hasta el momento, los manifestantes continúan solicitando un pronunciamiento oficial que permita conocer las razones administrativas de la separación y definir la situación de los estudiantes afectados.

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Ministra de Gobierno, Nataly Morillo, denuncia penalmente a Rafael Correa por presunto espionaje desde Segura EP

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La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del expresidente Rafael Correa y otros posibles involucrados, por un presunto caso relacionado con espionaje y el supuesto manejo indebido del sistema de videovigilancia de Segura EP.

La funcionaria acudió la mañana del lunes 22 de junio a la sede del organismo judicial, donde solicitó que se inicie una investigación para determinar si existieron delitos en torno al uso de esta plataforma tecnológica destinada a la seguridad ciudadana.

Durante sus declaraciones, la ministra indicó que la investigación permitirá conocer si más personas formarían parte de la presunta estructura señalada en la denuncia. Además, sostuvo que la identificación de otros posibles involucrados deberá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.

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