Connect with us

Nacionales

Nueve asesinatos a tiros registrados en las primeras 36 horas del 2022 en Ecuador

Publicado

on

Dos mujeres fueron baleadas la noche de este sábado 1 de enero en la cooperativa Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil. Las víctimas son una mujer de 45 años, identificada como Marcia S., y su nuera Joselyn R., de 23 años. Ambos libaban afuera de su domicilio cuando llegaron cuatro hombres en dos motocicletas y dispararon contra ellas.

Junto a la casa de las víctimas sus vecinos habían instalado una piscina que impedía el paso de los patrulleros, por lo que la policía que ingresó al sector tuvo inconvenientes para analizar la escena del crimen, donde finalmente se levantaron seis indicios balísticos.

La mañana de este domingo los uniformados les insistían a los dueños de la piscina que esta fuera retirada.

La Policía informó que las mujeres heridas fueron trasladadas por sus familiares al hospital del Guasmo, donde se recuperan. Marcia S. fue la más afectada. La mujer recibió un disparo en la pelvis y fue intervenida quirúrgicamente en la madrugada. La nuera de Marcia resultó con un disparo en la espalda. La joven se recupera.

Ninguna registra antecedentes penales, sin embargo, los agentes investigan si están involucradas en la venta de drogas, una problemática del sector.

Horas después de este hecho, en la cooperativa Nueva Prosperina, un hombre fue asesinado a tiros.

La víctima estaba en la calle cuando llegaron los policías del sector tras una alerta de los vecinos. Un familiar identificó al fallecido como Víctor Israel Erazo, de 27 años, quien no tiene antecedentes penales.

Según los testigos, dos hombres le dispararon y luego huyeron a pie.

Esta misma madrugada Julio César J., de 53 años también fue baleado afuera de su casa. Ocurrió en la 45 y El Oro cuando llegaba de un velatorio en la madrugada de este domingo.

Según los reportes policiales, se acercó una tricimoto a la casa de la víctima y le dispararon. Los cuatro hombres huyeron en la tricimoto, mientras que Julio César J. fue trasladado a un hospital cercano.

Recibió un solo disparo que ingresó por el cuello y salió por la espalda. Al momento sigue hospitalizado.

En la 18 y la K Carlos Alfredo O., de 28 años, fue baleado mientras libaba en una bailadero público del sector.

La víctima, que no registra antecedentes penales, fue llevado a un hospital del sector donde es atendidos por un disparo en el hombro. Los médicos indicaron que se encuentra estable.

Al mismo hospital del suburbio llegó a las 05:00 Aron A., de 19 años, con un disparo en el pie derecho. Informó a los uniformados que en la 23 y la N fue interceptado por dos hombres en moto que lo apuntaron con un arma para robarle. Cuando la víctima intentó huir de los delincuentes recibió el disparo. Los motociclistas huyeron.

La mañana de este domingo José Cedeño murió en un hospital de Guayaquil luego de permanecer en coma desde la madrugada del 1 de enero tras la golpiza que habría recibido por parte de varios allegados.

Sus familiares comentaron que Cedeño vivía en Mapasingue, pero fue a quemar el monigote con la familia de su pareja en el suburbio. Ahí, cuando celebraban el inicio del año, supuestamente se dio una riña y fue golpeado por varios hombres.

Pero los hechos violentos no solo se han dado en Guayaquil. A nivel nacional, hasta la mañana del 2 de enero, se habían reportaron 9 muertes violentas; tres casos se dieron en El Oro, dos en Guayas, uno en Cañar, uno en Los Ríos, otro en Manabí y también se reportó una muerte violenta en una de las cárceles del país.

De las tres muertes violentas registradas en El Oro, se conoce que dos casos se dieron en el sector fronterizo de Huaquillas, Ahí mataron a Wilmer Cevallos, de 36 años, la madrugada del 1 de enero. Ya en la tarde mataron a tiros a Diego Ariel Bravo. Él recibió cinco tiros y murió en el hospital de la localidad.

Juan Carlos Sabando Zambrano, de 39 años, es la primera víctima de sicariato de Manabí. Fue asesinado con 14 tiros a las 04:00 del 1 de enero, en la vía que conecta a la comunidad de Palo Amarillo con la de río Canoa, de la parroquia Canoa. Sabando conducía su carro con su esposa y su hijo cuando dos hombres en moto le dispararon.

El reo que falleció este 1 de enero es Santiago Velásquez, quien recibió varias puñaladas en el abdomen y en el tórax, cuando se dio una riña en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social Bellavista, de Santo Domingo de los Colorados, en la provincia Tsáchila. (I)

Fuente: El Universo

Nacionales

Contratación colectiva mantiene vigencia como mecanismo de protección y diálogo laboral

Publicado

on

En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.

Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.

Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.

La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.

En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.

Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.

La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.

Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.

El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.

Continuar Leyendo

Nacionales

Corte Constitucional: Hay demandas contra leyes oficialistas que suman más de un año sin sentencia

Publicado

on

La Corte Constitucional (CC) ha reducido el ritmo de despacho de sus sentencias y dictámenes referentes a las medidas y propuestas más polémicas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, en contraste con 2024 y 2025, cuando los magistrados se convirtieron en uno de los principales contrapesos institucionales al Ejecutivo.

Por ejemplo, ahí encontraron un freno las polémicas leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional; 22 de las 39 propuestas de consulta popular y referendo tampoco pasaron el filtro de la Corte. Lo mismo ocurrió con los frecuentes intentos del Gobierno de declarar un conflicto armado interno, una figura cuya aplicación ha sido cuestionada por organismos internacionales y por relatorías de las Naciones Unidas.

La Corte asumió también un papel decisivo en el caso de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, desaparecidos forzosamente por una patrulla militar en Guayaquil y por el cual 11 soldados implicados fueron condenados a 34 años de cárcel, pese a la oposición del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.

La ralentización en las decisiones de la Corte sobre las medidas oficialistas se da en medio del cambio de tres jueces, tras la renovación parcial del organismo, y una sostenida campaña de presiones y desprestigio en contra de los magistrados.

Por ejemplo, en los despachos de los magistrados descansan 70 demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Gobierno. Cinco de ellas han sido planteadas directamente por el Primer Mandatario y la otra, la Ley de Inteligencia, fue un proyecto heredado, que fue modificado.

Y, aunque esta última sí tuvo un freno, cuando la Corte aceptó la suspensión temporal de 12 artículos de la Ley y otros 10 de su Reglamento, la decisión sobre la constitucionalidad de la normativa está pendiente desde julio de 2025.

Desde ese entonces, los proyectos económicos urgentes del Gobierno han ido entrando en vigencia, sin que los magistrados ni siquiera acepten las medidas cautelares que han pedido decenas de demandantes. Sólo la Ley de Gastos Municipales ha acumulado ya 25 demandas en su contra.

Algo similar sucede con las demandas interpuestas contra el último decreto sobre el conflicto armado interno, en el que el Ejecutivo ya no declaró la situación, sino que «reconoció» su existencia, justamente para esquivar el escrutinio constitucional. Hay tres demandas que esperan una respuesta.

También está esperando el cuestionado Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos, que ha recibido 40 opiniones legales ante la Corte. Y según expertos consultados por PRIMICIAS lo negociado es asimétrico y desigual, por lo que deja en desventaja a Ecuador.

A esto se suman otras demandas contra medidas como la fusión de entidades, el nuevo Plan de Seguridad del Ejecutivo, la decisión de eliminar las necesidad de garantías en los procesos específicos de contratación pública de telecomunicaciones y la creación de la empresa pública Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud. Fuente: Vistazo

Continuar Leyendo

Nacionales

Otra candidatura en riesgo: Unidad Popular acusa al Gobierno de “limpiar la papeleta” eliminando a sus rivales

Publicado

on

Este lunes 14 de septiembre, el movimiento político Unidad Popular (UP) hizo un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para defender la candidatura de Liliana Silva a la Alcaldía de Santo Domingo.

Según el director de UP, Geovanny Atarihuana, la candidata no ha cometido ninguna infracción electoral que justifique su exclusión.

“El Gobierno quiere eliminar a los potenciales rivales políticos en varias ciudades del país”, afirmó el dirigente.

Atarihuana acusó al oficialismo de pretender “limpiar la papeleta” para beneficiar a sus candidatos. Acotó que se han suspendido organizaciones políticas y encarcelado a alcaldes que buscaban la reelección.

El dirigente informó que ya presentó la defensa jurídica de Liliana Silva e instó al juez del TCE Joaquín Viteri a resolver el caso con «independencia», conforme a la ley y garantizando el derecho de participación política.

UP se pronuncia sobre Luisa González

Durante el plantón, Atarihuana también cuestionó la exclusión de Luisa González de la contienda por la Prefectura de Manabí, luego de que el TCE rechazara el último recurso presentado por la correístas.

“Sin trampa y sin fraude, el Gobierno de Daniel Noboa sabe que va a perder; por eso está desesperado”, manifestó.

El dirigente señaló que corresponde a la ciudadanía escoger a sus autoridades y rechazó que candidatos u organizaciones políticas sean apartados de las elecciones.

“Si hay democracia, no deben eliminarse candidatos ni partidos. Es el pueblo el que debe tener opciones para elegir”, agregó.

Atarihuana también mencionó el caso de Jaime Estrada, aspirante a la Prefectura de Manabí, quien también fue eliminado de la papeleta. Ante este escenario, sostuvo que deberán discutirse las alternativas que tiene el pueblo manabita

“Nos sumamos a todas las voces, de todos esos partidos, que están reclamando que haya democracia. Es el derecho de participación”, expresó.

Acusa al Gobierno de entrega de dádivas

El director de Unidad Popular también denunció que candidaturas vinculadas al oficialismo estarían entregando cocinas de inducción, bloques y maquinaria en Santo Domingo.

“Todo el pueblo de Santo Domingo sabe que la candidata del Gobierno entrega cocinas de inducción, bloques y maquinaria. Junto al candidato a la Prefectura están entregando dádivas”, aseguró Atarihuana.

UP anunció que presentará estas acusaciones ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y acudirá a instancias del sistema interamericano para denunciar un presunto uso de recursos públicos en favor de candidaturas afines al Gobierno. Fuente: Vistazo

Continuar Leyendo

Trending

Derechos reservados El Amazonico