Nacionales
Nueve asesinatos a tiros registrados en las primeras 36 horas del 2022 en Ecuador
Dos mujeres fueron baleadas la noche de este sábado 1 de enero en la cooperativa Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil. Las víctimas son una mujer de 45 años, identificada como Marcia S., y su nuera Joselyn R., de 23 años. Ambos libaban afuera de su domicilio cuando llegaron cuatro hombres en dos motocicletas y dispararon contra ellas.
Junto a la casa de las víctimas sus vecinos habían instalado una piscina que impedía el paso de los patrulleros, por lo que la policía que ingresó al sector tuvo inconvenientes para analizar la escena del crimen, donde finalmente se levantaron seis indicios balísticos.
La mañana de este domingo los uniformados les insistían a los dueños de la piscina que esta fuera retirada.
La Policía informó que las mujeres heridas fueron trasladadas por sus familiares al hospital del Guasmo, donde se recuperan. Marcia S. fue la más afectada. La mujer recibió un disparo en la pelvis y fue intervenida quirúrgicamente en la madrugada. La nuera de Marcia resultó con un disparo en la espalda. La joven se recupera.
Ninguna registra antecedentes penales, sin embargo, los agentes investigan si están involucradas en la venta de drogas, una problemática del sector.
Horas después de este hecho, en la cooperativa Nueva Prosperina, un hombre fue asesinado a tiros.
La víctima estaba en la calle cuando llegaron los policías del sector tras una alerta de los vecinos. Un familiar identificó al fallecido como Víctor Israel Erazo, de 27 años, quien no tiene antecedentes penales.
Según los testigos, dos hombres le dispararon y luego huyeron a pie.
Esta misma madrugada Julio César J., de 53 años también fue baleado afuera de su casa. Ocurrió en la 45 y El Oro cuando llegaba de un velatorio en la madrugada de este domingo.
Según los reportes policiales, se acercó una tricimoto a la casa de la víctima y le dispararon. Los cuatro hombres huyeron en la tricimoto, mientras que Julio César J. fue trasladado a un hospital cercano.
Recibió un solo disparo que ingresó por el cuello y salió por la espalda. Al momento sigue hospitalizado.
En la 18 y la K Carlos Alfredo O., de 28 años, fue baleado mientras libaba en una bailadero público del sector.
La víctima, que no registra antecedentes penales, fue llevado a un hospital del sector donde es atendidos por un disparo en el hombro. Los médicos indicaron que se encuentra estable.
Al mismo hospital del suburbio llegó a las 05:00 Aron A., de 19 años, con un disparo en el pie derecho. Informó a los uniformados que en la 23 y la N fue interceptado por dos hombres en moto que lo apuntaron con un arma para robarle. Cuando la víctima intentó huir de los delincuentes recibió el disparo. Los motociclistas huyeron.
La mañana de este domingo José Cedeño murió en un hospital de Guayaquil luego de permanecer en coma desde la madrugada del 1 de enero tras la golpiza que habría recibido por parte de varios allegados.
Sus familiares comentaron que Cedeño vivía en Mapasingue, pero fue a quemar el monigote con la familia de su pareja en el suburbio. Ahí, cuando celebraban el inicio del año, supuestamente se dio una riña y fue golpeado por varios hombres.
Pero los hechos violentos no solo se han dado en Guayaquil. A nivel nacional, hasta la mañana del 2 de enero, se habían reportaron 9 muertes violentas; tres casos se dieron en El Oro, dos en Guayas, uno en Cañar, uno en Los Ríos, otro en Manabí y también se reportó una muerte violenta en una de las cárceles del país.
De las tres muertes violentas registradas en El Oro, se conoce que dos casos se dieron en el sector fronterizo de Huaquillas, Ahí mataron a Wilmer Cevallos, de 36 años, la madrugada del 1 de enero. Ya en la tarde mataron a tiros a Diego Ariel Bravo. Él recibió cinco tiros y murió en el hospital de la localidad.
Juan Carlos Sabando Zambrano, de 39 años, es la primera víctima de sicariato de Manabí. Fue asesinado con 14 tiros a las 04:00 del 1 de enero, en la vía que conecta a la comunidad de Palo Amarillo con la de río Canoa, de la parroquia Canoa. Sabando conducía su carro con su esposa y su hijo cuando dos hombres en moto le dispararon.
El reo que falleció este 1 de enero es Santiago Velásquez, quien recibió varias puñaladas en el abdomen y en el tórax, cuando se dio una riña en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social Bellavista, de Santo Domingo de los Colorados, en la provincia Tsáchila. (I)
Fuente: El Universo
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
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