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Noboa confía en tener mayoría en nueva Asamblea y descarta seguir ‘manual Bukele’

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desestimó las denuncias de fraude de su oponente, Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC), y habló el 15 de abril de 2025 de las prioridades para los próximos cuatro años de Gobierno, después de la segunda vuelta electoral.

«Yo no sé qué quieren esperar (…), el resultado está claro, más de 11 puntos y allí no hay discusión», dijo en una entrevista en la cadena CNN, al aludir también a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se abstuvo de reconocer su victoria.

En este marco, el mandatario señaló que existe ya un «voto duro noboísta», de alrededor del 30%, y que ha ganado terreno en zonas tradicionalmente correístas.

Segunda vuelta: Daniel Noboa subió 1,28 millones de votos, Luisa González apenas 130.000
Consideró que el voto a su favor provino de ciudadanos desilusionados con el correísmo, incluidos los más jóvenes, quienes no vivieron los 10 años del Gobierno de Rafael Correa.

«Autoridades electas nos han concedido la victoria, asambleístas también de la Revolución Ciudadana. Los que siguen diciendo que hubo fraude son Luisa, (Andrés) Arauz y (Nicolás) Maduro, y hasta allí no más». Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

«Creo que vamos a tener mayoría en la Asamblea»
Asimismo, se mostró convencido de contar con una mayoría en la nueva Asamblea Nacional, que se instalará en mayo próximo, que pasará de contar con 137 a 151 curules.

«Estoy convencido que vamos a tener la mayoría. Ya tenemos 70, en total, entre los nuestros y los adheridos que han decidido ser parte de la nueva bancada, y estamos muy cerca de lograr una mayoría», señaló Noboa, en referencia a que la nueva mayoría parlamentaria dependerá de 77 curules.

«Es la bancada más femenina, es la bancada más joven de la historia del Ecuador, tenemos una alta participación de jóvenes. Eso da una imagen diferente también», dijo sobre la bancada oficialista de ADN que llegó con 66 parlamentarios en los comicios del 9 de febrero.

Sobre sus planes de convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, Noboa no dio mayores pistas ni plazos, pero aseguró que se necesitan reformas penales, ya que actualmente el Código Penal tiene «más beneficios para los presos que para un joven desempleado».

Mónica Salazar deja la bancada de la Revolución Ciudadana y ventila sus diferencias

Daniel Noboa y Fernando del Rincón durante una entrevista en el Palacio de Carondelet, 15 de abril de 2025.Presidencia Ecuador
Seguridad, cooperación con EE.UU., Colombia y Perú
El mandatario mencionó a la seguridad y a «una planificación ordenada» como sus prioridades para los cuatro años de Gobierno.

Ratificó su interés en una alianza estratégica con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en temas de seguridad e inteligencia.

«Como todo gobierno, estaban esperando (ver) qué pasaba en las elecciones. En las conversaciones que hemos tenido con Estados Unidos, todo era pre elección, hay apoyo en sistemas de inteligencia, en radares, en protección de fronteras y en monitoreo del tráfico de drogas, pesca ilegal, grupos irregulares que están cerca de la frontera, grupos irregulares dedicados a la minería ilegal», señaló.

Señaló que busca apoyo militar extranjero, incluso con una posible» base militar conjunta» en Ecuador.

Asimismo, mencionó que se adelantan conversaciones con los gobiernos de Gustavo Petro, de Colombia, y Dina Boluarte, de Perú, para un mayor control en las fronteras. Además del problema del tráfico de drogas, «las dos terceras partes de las armas vienen de Perú», señaló.

El mandatario adujo que él no sigue «el manual» del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ni del presidente de Argentina, Javier Milei. «Cada quien tiene su estilo», dijo.

«Cada quien tiene su estilo, somos personas diferentes. No son proyectos similares. Son dos líderes jóvenes que vienen del sector empresarial que han decidido ayudar a su país, pero no estamos siguiendo nosotros ni el manual Bukele, ni el manual Milei. La realidad de cada país es diferente». Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Aseveró que hasta agosto o septiembre próximos estará lista la primera cárcel construida por su Gobierno, que tendrá capacidad para unas 800 personas, con lo que se espera reducir el nivel de hacinamiento en las prisiones.

Noboa prometió una mejora en las cifras de homicidio para el final del año y atribuyó al contexto preelectoral el nivel de violencia sin precedentes registrado en el país en los primeros 45 días de 2025, en los que se reportaron más de 1.000 homicidios.

Aseguró que “algunos miembros de la clase política tradicional tienen o han tenido nexos con el crimen organizado”.

Entretanto, Noboa descartó también la privatización del sector eléctrico, pero dijo que se alentará inversión privada en el área de la transmisión eléctrica, en donde identificó que hay un desperdicio de casi el 21%. Fuente: Primicias

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Contratación colectiva mantiene vigencia como mecanismo de protección y diálogo laboral

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En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.

Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.

Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.

La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.

En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.

Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.

La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.

Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.

El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.

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Corte Constitucional: Hay demandas contra leyes oficialistas que suman más de un año sin sentencia

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La Corte Constitucional (CC) ha reducido el ritmo de despacho de sus sentencias y dictámenes referentes a las medidas y propuestas más polémicas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, en contraste con 2024 y 2025, cuando los magistrados se convirtieron en uno de los principales contrapesos institucionales al Ejecutivo.

Por ejemplo, ahí encontraron un freno las polémicas leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional; 22 de las 39 propuestas de consulta popular y referendo tampoco pasaron el filtro de la Corte. Lo mismo ocurrió con los frecuentes intentos del Gobierno de declarar un conflicto armado interno, una figura cuya aplicación ha sido cuestionada por organismos internacionales y por relatorías de las Naciones Unidas.

La Corte asumió también un papel decisivo en el caso de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, desaparecidos forzosamente por una patrulla militar en Guayaquil y por el cual 11 soldados implicados fueron condenados a 34 años de cárcel, pese a la oposición del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.

La ralentización en las decisiones de la Corte sobre las medidas oficialistas se da en medio del cambio de tres jueces, tras la renovación parcial del organismo, y una sostenida campaña de presiones y desprestigio en contra de los magistrados.

Por ejemplo, en los despachos de los magistrados descansan 70 demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Gobierno. Cinco de ellas han sido planteadas directamente por el Primer Mandatario y la otra, la Ley de Inteligencia, fue un proyecto heredado, que fue modificado.

Y, aunque esta última sí tuvo un freno, cuando la Corte aceptó la suspensión temporal de 12 artículos de la Ley y otros 10 de su Reglamento, la decisión sobre la constitucionalidad de la normativa está pendiente desde julio de 2025.

Desde ese entonces, los proyectos económicos urgentes del Gobierno han ido entrando en vigencia, sin que los magistrados ni siquiera acepten las medidas cautelares que han pedido decenas de demandantes. Sólo la Ley de Gastos Municipales ha acumulado ya 25 demandas en su contra.

Algo similar sucede con las demandas interpuestas contra el último decreto sobre el conflicto armado interno, en el que el Ejecutivo ya no declaró la situación, sino que «reconoció» su existencia, justamente para esquivar el escrutinio constitucional. Hay tres demandas que esperan una respuesta.

También está esperando el cuestionado Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos, que ha recibido 40 opiniones legales ante la Corte. Y según expertos consultados por PRIMICIAS lo negociado es asimétrico y desigual, por lo que deja en desventaja a Ecuador.

A esto se suman otras demandas contra medidas como la fusión de entidades, el nuevo Plan de Seguridad del Ejecutivo, la decisión de eliminar las necesidad de garantías en los procesos específicos de contratación pública de telecomunicaciones y la creación de la empresa pública Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud. Fuente: Vistazo

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Otra candidatura en riesgo: Unidad Popular acusa al Gobierno de “limpiar la papeleta” eliminando a sus rivales

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Este lunes 14 de septiembre, el movimiento político Unidad Popular (UP) hizo un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para defender la candidatura de Liliana Silva a la Alcaldía de Santo Domingo.

Según el director de UP, Geovanny Atarihuana, la candidata no ha cometido ninguna infracción electoral que justifique su exclusión.

“El Gobierno quiere eliminar a los potenciales rivales políticos en varias ciudades del país”, afirmó el dirigente.

Atarihuana acusó al oficialismo de pretender “limpiar la papeleta” para beneficiar a sus candidatos. Acotó que se han suspendido organizaciones políticas y encarcelado a alcaldes que buscaban la reelección.

El dirigente informó que ya presentó la defensa jurídica de Liliana Silva e instó al juez del TCE Joaquín Viteri a resolver el caso con «independencia», conforme a la ley y garantizando el derecho de participación política.

UP se pronuncia sobre Luisa González

Durante el plantón, Atarihuana también cuestionó la exclusión de Luisa González de la contienda por la Prefectura de Manabí, luego de que el TCE rechazara el último recurso presentado por la correístas.

“Sin trampa y sin fraude, el Gobierno de Daniel Noboa sabe que va a perder; por eso está desesperado”, manifestó.

El dirigente señaló que corresponde a la ciudadanía escoger a sus autoridades y rechazó que candidatos u organizaciones políticas sean apartados de las elecciones.

“Si hay democracia, no deben eliminarse candidatos ni partidos. Es el pueblo el que debe tener opciones para elegir”, agregó.

Atarihuana también mencionó el caso de Jaime Estrada, aspirante a la Prefectura de Manabí, quien también fue eliminado de la papeleta. Ante este escenario, sostuvo que deberán discutirse las alternativas que tiene el pueblo manabita

“Nos sumamos a todas las voces, de todos esos partidos, que están reclamando que haya democracia. Es el derecho de participación”, expresó.

Acusa al Gobierno de entrega de dádivas

El director de Unidad Popular también denunció que candidaturas vinculadas al oficialismo estarían entregando cocinas de inducción, bloques y maquinaria en Santo Domingo.

“Todo el pueblo de Santo Domingo sabe que la candidata del Gobierno entrega cocinas de inducción, bloques y maquinaria. Junto al candidato a la Prefectura están entregando dádivas”, aseguró Atarihuana.

UP anunció que presentará estas acusaciones ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y acudirá a instancias del sistema interamericano para denunciar un presunto uso de recursos públicos en favor de candidaturas afines al Gobierno. Fuente: Vistazo

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