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Narcoguerrilleros y Los Choneros libran una sangrienta guerra por las redes de la minería ilegal en Orellana

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La primera alerta llegó en mayo de 2023. Orellana, una provincia amazónica que había sido de las más seguras de Ecuador, registró 15 asesinatos en un mes. A partir de esa fecha, las cifras no volvieron a la normalidad y la violencia se ha apropiado de esa jurisdicción.

Las cifras son extremadamente preocupantes. En los últimos 129 meses, entre enero de 2014 y septiembre de 2024, en Orellana se cometieron 271 muertes violentas. Pero, el 52% (142) de esos crímenes sucedió entre mayo de 2023 y septiembre de 2024, es decir, en 17 meses.

Antes de esta crisis de seguridad, en Orellana había, en promedio, un asesinato cada mes. Ahora, en cambio, hay ocho víctimas mensualmente. El incremento es del 600%.

Pese a la reducción nacional, ocho provincias ecuatorianas registran más muertes violentas
La minería ilegal seduce al crimen
En el centro del brote de violencia en Orellana está la minería ilegal. Específicamente, en el río Punino, que se ubica en el límite entre las provincias de Napo y Orellana.

Pese a que los focos de minería ilegal a lo largo de la Amazonía han sido una constante, esta práctica fue reportada por primera vez en el Punino, en febrero de 2022, por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Y desde esa fecha, hasta la actualidad, la minería ilegal ha avanzado de tal manera que, recientemente, el MAAP informó que este delito ya ha afectado a 1.500 hectáreas de bosques selváticos que rodean al río Punino.

Esta economía ilegal llamó la atención de las bandas criminales ecuatorianas. Específicamente de Los Choneros. A partir de 2021, luego de la pandemia del Covid-19, esta organización criminal empezó a desarrollar facciones en Orellana (El Coca) y La Joya de Los Sachas, en Orellana. Y en Sushufindi, en Sucumbíos.

Orellana y La Joya de Los Sachas son, justamente, los cantones en donde más ha recrudecido la violencia en los últimos 17 meses.

El objetivo de Los Choneros era acaparar las redes relacionadas con la minería ilegal. Por ejemplo, manejan el tráfico de combustibles, que son necesarios para la operación de la maquinaria que ingresa al río para extraer el material aurífero.

Inteligencia militar calcula que, ahora, existen cinco líneas criminales que ofrecen combustible a los mineros ilegales. Cada una tendría una ganancia de unos USD 300.000 cada 15 días, por la comercialización de unos 110 galones diarios.

Pese a que es prohibido, en El Coca y en la Joya de Los Sachas es común ver a ciudadanos llevar canecas y galones a las gasolineras para comprar combustible. ‘Es para el generador’, respondió uno de los compradores a PRIMICIAS, aunque el vendedor aseguró que era para la minería.

Además, Los Choneros ofrecieron ‘servicios de seguridad’ a los mineros ilegales: es decir, los extorsionaron a cambio de que puedan seguir extrayendo el oro.

La guerra por el oro
Entre 2021 y 2023, la minería en Orellana creció en aparente ‘paz’. Pero después llegaron los problemas. Para tener un mayor control, Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, envió a Orellana a alias ‘Topo’.

Sin embargo, esto generó un cisma en esta organización. La facción de El Coca quedó bajo el mando de ‘Topo’; mientras que Los Choneros de La Joya de Los Sachas y los de Shushufindi se aliaron con alias ‘Camilo’, otro cabecilla que operaba desde la Cárcel de Sucumbíos.

Así empezó un enfrentamiento que empezó a dejar una serie de muertes y las primeras masacres en ambos cantones orellanenses, desde mediados hasta finales de 2023.

Pero todo empeoró. Los mineros ilegales tenían que pagar ‘vacunas’ a ambas facciones de Los Choneros. Por lo que, cansados de esta situación, se desplazaron a Lumbaqui, en Sucumbíos, y contactaron a los Comandos de la Frontera (CDF) para pedir ayuda.

Esta es una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantiene el control en Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia, asesinando a cualquier miembro de bandas ecuatorianas que intente expandirse en esa jurisdicción.

Los CDF aceptaron dar seguridad a los mineros ilegales a cambio de una parte del negocio y de dirigir su propia línea de abastecimiento de combustible. Entonces, alias ‘Araña’, cabecilla de los Comandos, envió a ‘Cejas’, su segundo al mando, a La Joya de Los Sachas para que comandara esa guerra.

‘Cejas’ fue detenido en abril de 2024 y acusado de ser el responsable de varias masacres en ese sector. Ahora, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional buscan a un nuevo emisario de ‘Araña’, ya que los asesinatos no han cedido tras esa captura.

Las rutas del lavado
Reportes de los agentes de inteligencia policial y militar a los que PRIMICIAS tuvo acceso reportan que los CDF aceptaron inmiscuirse en la minería ilegal como una forma de dinamizar su negocio y lavar su dinero del narcotráfico, que es su principal actividad.

«Tienen mucho dinero, pero no pueden gastarlo», reveló un agente militar. Además, el oficial agregó que, ahora, los narcoguerrilleros toman parte del dinero del narcotráfico y «lo ponen a trabajar» en actividades de minería ilegal.

Posteriormente, a diferencia de otros yacimientos de minería ilegal de Ecuador desde los que se envían los minerales a la provincia de El Oro, en este caso están enviando el oro hacia Colombia, donde lo venden y empiezan a ingresar efectivo al sistema económico legal.

Pero, además, esta narcoguerrilla toma otra parte de las ganancias y la invierte en sistemas de criptomonedas en Europa y Estados Unidos. Así evitan que el dinero ilegal sea rastreado.

Finalmente, la más reciente forma de lavar este dinero de la minería ilegal y el narcotráfico que han identificado las autoridades es a través del contrabando de cigarrillos que vienen de China y Pakistán y luego son vendidos en las calles de Quito, Guayaquil y demás ciudades ecuatorianas. Fuente: Primicias

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Wilman Terán, alias ‘Diablo’, presenta síntomas psicóticos: ‘Escucha dos voces que alternan’

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El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó pronunciarse sobre la posible cooperación eficaz de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y sentenciado por múltiples casos de corrupción. Mientras tanto, un informe psiquiátrico reveló que alias ‘Diablo’ tiene síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.

En los últimos días, se empezó a viralizar en redes sociales que Terán habría accedido a colaborar con la justicia ecuatoriana. Esta información tomó fuerza debido al traslado del privado de la libertad desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena hasta la Cárcel 4 de Quito.

‘Alias Diablo’, como se lo denominaba en los chats del caso Metástasis, permanece en la capital desde el 9 de enero, ya que pretendía prepararse para una audiencia de apelación en el caso Independencia Judicial, un proceso en el que fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel por el delito de obstrucción a la justicia.

$!Wilman Terán fue trasladado a la Cárcel 4 de Quito.

¿COOPERADOR EFICAZ?

Ante los rumores de que el expresidente de la Judicatura habría entregado supuestas pruebas o información en contra de políticos en el marco de una cooperación eficaz, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó dar detalles y no confirmó ni desmintió aquella aseveración que circula en redes sociales.

“Es muy importante indicar que la cooperación eficaz, de conformidad con lo que dispone el artículo 491 y el artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal, es secreta. Es decir, yo no puedo pronunciarme ante aquello. Y la norma dice literalmente ‘secreta’. Sí, reservada”, apuntó Alarcón en entrevista con Radio Democracia.

En ese sentido, la Fiscalía había emitido un comunicado el pasado miércoles 14 de enero en el que recuerda a la opinión pública que la cooperación eficaz es una herramienta jurídica tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que es de carácter reservado.

“Permite a la FGE llegar a acuerdos con personas procesadas o investigadas que decidan colaborar de manera voluntaria y comprobable con la justicia, aportando información relevante, veraz y oportuna, que contribuya al esclarecimiento de los hechos, la identificación de otros responsables y el desmantelamiento de estructuras criminales”, manifestó la institución.

Agregó que se aplica “bajo estrictos controles judiciales que garantizan la observancia de los derechos de las víctimas, el principio de proporcionalidad, la motivación de las decisiones fiscales y la debida valoración de la información aportada”.

INFORME PSIQUIÁTRICO DE ALIAS ‘DIABLO’

No obstante, la condición mental de Wilman Terán se habría agravado durante su estancia en la cárcel.

La cadena Ecuavisa reportó que, el pasado miércoles 14 de enero, personal del Hospital Pablo Arturo Suárez llegó a la Cárcel 4 para hacerle un examen psiquiátrico. El resultado fue que alias ‘Diablo’ presenta un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.

“Ha estado escuchando desde el interior de su cuerpo dos voces que alternan, una de mujer y otra de un hombre, que no sabe precisar quiénes son y le dicen: ‘Camina, tranquilo, tú vales, dócil’”, reseña el documento médico presentado por el medio antes citado.

Terán cuenta bajo sus espaldas tres condenas. Debe pagar nueve años y cuatro meses por delincuencia organizada en el caso Metástasis, la misma pena por el caso Obstrucción a la Justicia y una tercera de seis años y ocho meses por asociación ilícita en el caso Pantalla. Fuente: Vistazo

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Ministerio de Defensa despliega 10 000 militares en Guayas, Manabí y Los Ríos

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El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 10 000 uniformados en Guayas, Manabí y Los Ríos, las tres provincias que en 2025 registraron los índices más altos de homicidios intencionales y que aún concentran elevadas cifras de asesinatos y otros delitos.

Según la cartera de Defensa, esta medida “marca el inicio de la fase Ofensiva Total”. En ese contexto, el ministro Gian Carlo Loffredo ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en Guayaquil.

“Esta guerra es muy dinámica y hay que adaptarse y evolucionar”, afirmó el funcionario en un video difundido por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los soldados continuarán llegando a Guayas, Manabí y Los Ríos hasta este viernes 16 de enero.

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Cuenca: Fiscalía investiga presunta estafa de inversiones con criptomonedas

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Un presunto esquema de estafa bajo la modalidad de inversiones en criptomonedas es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que varias familias de Cuenca, en la provincia del Azuay, denunciaran haber perdido importantes sumas de dinero.

El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, informó que la investigación se inició tras la recepción de múltiples denuncias contra una empresa que ofrecía servicios de inversión en Bitcoin. Según los afectados, entregaban dinero para supuestas gestiones en criptomonedas, pero nunca recibieron rendimientos ni constancia de las operaciones.

“Actualmente, el caso está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos en Quito y ya se encuentra en conocimiento de uno de los fiscales especializados”, explicó Amoroso.

El modus operandi

De acuerdo con la Fiscalía, las empresas involucradas solicitaban a los ciudadanos entregar dinero bajo la figura de “créditos a plazo fijo por montos elevados”. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas indicadas por los representantes, con la promesa de que serían invertidos en activos digitales.

Sin embargo, las víctimas aseguran que nunca recibieron comprobantes de inversión ni retornos económicos, lo que encendió las alertas sobre un posible esquema fraudulento.

Dos empresas bajo investigación

Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de dos empresas relacionadas con el caso: una encargada de captar el dinero en Ecuador y otra con sede en México. Parte de la investigación busca determinar si una de estas compañías habría entrado en proceso de quiebra.

En declaraciones a Radio TomebambaFrancisco Zamora, abogado de las víctimas, señaló que las firmas involucradas serían Capitalika y SCB Smart Capital.

El jurista añadió que ambas constan en los registros de la Superintendencia de Bancos como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024, pese a lo cual continuaban operando y captando recursos de ciudadanos.

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