El coordinador provincial del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Salvador Quishpe, se pronunció sobre la reciente designación de Cléver Jiménez como precandidato a la Prefectura de Zamora Chinchipe, en el marco de una reunión política desarrollada el pasado sábado con la participación de aproximadamente 150 dirigentes de la organización, entre hombres y mujeres.

Durante la entrevista, Quishpe calificó el encuentro como “una reunión común y corriente”, descartando que se trate de un hecho extraordinario. No obstante, reconoció que la decisión generó reacciones diversas en redes sociales y en distintos sectores políticos, especialmente por el acercamiento político entre él y Jiménez, luego de diferencias públicas mantenidas en años anteriores.

El dirigente de Pachakutik defendió el proceso de reconciliación y sostuvo que la política debe construirse sobre la capacidad de superar conflictos. “¿Quieren que vivamos peleados? ¿No se supone que el perdón y el reencuentro son mejores que permanecer enfrentados?”, expresó, señalando que no es la primera vez que en su vida pública opta por dejar atrás disputas personales o judiciales.

En ese contexto, recordó episodios de procesos legales y denuncias que enfrentó en años anteriores, afirmando que en varias ocasiones decidió otorgar el perdón a quienes promovieron acciones en su contra. Según indicó, la reconciliación política y social debe verse como un ejercicio democrático y no como motivo de escándalo.

Más allá de la designación de la precandidatura, Quishpe aseguró que el principal objetivo del encuentro fue iniciar la construcción de una propuesta integral de desarrollo para Zamora Chinchipe con visión a diez años. Explicó que el planteamiento se estructura en siete ejes estratégicos: salud, educación, productividad, conectividad, minería, pueblos indígenas y medio ambiente.

El ex prefecto sostuvo que la propuesta no se limita a un plan de gobierno electoral, sino que busca recoger “los sueños y anhelos de toda la provincia”, incluyendo temas cuya solución depende del Gobierno Nacional y no exclusivamente de los gobiernos autónomos descentralizados.

En materia minera, enfatizó la necesidad de implementar un ordenamiento territorial que permita definir las zonas aptas para actividades extractivas y aquellas donde las comunidades no desean minería. Citó como ejemplo el sector de Ortega Alto, donde, según dijo, la población mantiene una postura contraria a la explotación minera.

Asimismo, propuso impulsar infraestructura para fortalecer la economía provincial, entre ellas una planta de beneficio minero en Zamora Chinchipe para evitar el traslado de material aurífero hacia Portovelo, así como la construcción de una planta de faenamiento tecnificada que permita mejorar la comercialización de productos cárnicos y abrir posibilidades de exportación.

Quishpe también insistió en la necesidad de una mayor unidad provincial para exigir obras estratégicas como el nuevo hospital para Zamora Chinchipe, la universidad amazónica y el avance del Eje Vial 4. En ese sentido, planteó la conformación de una gran asamblea provincial liderada por autoridades locales y ciudadanía para solicitar audiencias al Presidente de la República y reclamar atención a las necesidades históricas de la provincia.

Respecto al proyecto universitario para Zamora Chinchipe, cuestionó el archivo de la propuesta por parte del Consejo de Educación Superior y criticó la falta de reacción de los representantes legislativos de la provincia. “No podemos dar brazo a torcer en un sueño tan anhelado por la juventud y los padres de familia”, manifestó.

Durante la entrevista también respondió a las declaraciones del asambleísta Héctor Valladarez, quien habría cuestionado la decisión de Pachakutik de respaldar a Jiménez. Quishpe defendió la autonomía de las organizaciones políticas para definir sus candidaturas y rechazó lo que calificó como intentos de interferencia externa en decisiones internas del movimiento.

Finalmente, informó que Pachakutik continúa trabajando en la definición de candidaturas para alcaldías, juntas parroquiales y viceprefectura, cuyos nombres serán anunciados en los próximos días. Además, reiteró que la organización priorizará propuestas orientadas a la gestión de recursos y obras para la provincia, más allá de las competencias tradicionales de los gobiernos locales.

“Cuando se quiere, se hace”, concluyó Quishpe, insistiendo en que la provincia debe mantenerse unida para exigir atención estatal en temas de salud, educación superior, conectividad vial y desarrollo productivo.

Un grupo de exguardias de seguridad que prestaron servicios en el Hospital Básico Cantonal de Yantzaza denunció públicamente una presunta deuda laboral que se mantiene desde hace aproximadamente un año, situación que, según manifestó, afecta gravemente a 33 trabajadores y sus familias.

La denuncia fue realizada durante una entrevista radial, en la que uno de los afectados solicitó mantener en reserva su identidad por temor a represalias. El ciudadano explicó que él y sus compañeros trabajaron durante el año 2025 brindando servicios de seguridad privada en la casa de salud de Yantzaza, sin que hasta la fecha hayan recibido el pago correspondiente por sus labores.

Según el testimonio, la empresa contratista responsable del servicio sería “912 Company Security”, con sede en Quito. El denunciante aseguró que tanto la empresa como las instituciones estatales involucradas se atribuyen mutuamente la responsabilidad de los retrasos, sin ofrecer soluciones concretas a los trabajadores afectados.

“Ya es un año que a mí y a mis compañeros no nos han pagado. Debemos arriendos, servicios básicos y tenemos familias que mantener”, expresó el exguardia, quien además indicó que muchos de los trabajadores han tenido que buscar empleos ocasionales para subsistir ante la falta de ingresos.

El ciudadano señaló que el problema no se limitaría únicamente al Hospital Básico de Yantzaza, sino que existirían casos similares en otras casas de salud del país. Asimismo, manifestó que los afectados han intentado acudir a diferentes autoridades provinciales en busca de apoyo y mediación, sin obtener respuestas efectivas.

Durante la entrevista, también cuestionó el rol de los directivos de la empresa contratista y de los supervisores encargados de coordinar las jornadas laborales, asegurando que los trabajadores cumplían extensas jornadas sin recibir garantías sobre el pago de sus haberes.

El caso ha generado preocupación ciudadana debido al impacto social y económico que representa para las familias afectadas. Los denunciantes solicitan la intervención inmediata de las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas, la Gobernación de Zamora Chinchipe y organismos de control laboral, con el fin de esclarecer responsabilidades y garantizar el cumplimiento de los pagos pendientes.

En la entrevista radial también se cuestionó la falta de acciones de fiscalización y mediación institucional frente a este tipo de conflictos laborales, enfatizando la necesidad de que las autoridades provinciales y nacionales atiendan de manera prioritaria la problemática de los trabajadores impagos en el sistema de salud pública.

Los afectados reiteraron su llamado para que el caso sea visibilizado a nivel nacional y se adopten medidas que permitan solucionar una situación que califican como “inhumana”, considerando que llevan aproximadamente doce meses sin percibir remuneración por servicios ya prestados.

El asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, cuestionó públicamente el anuncio realizado por el coordinador provincial del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Salvador Quishpe, respecto al respaldo político otorgado al expachakutik Cléver Jiménez, durante un evento desarrollado el pasado fin de semana en la provincia.

En una entrevista concedida a un medio de comunicación de la provincia, Valladarez manifestó su rechazo a este tipo de acuerdos políticos, señalando que “no se puede seguir permitiendo escenarios de vergüenza” dentro de la política ecuatoriana y particularmente en Zamora Chinchipe.

El legislador recordó que, en años anteriores, existieron fuertes confrontaciones políticas y legales entre los actores hoy vinculados nuevamente. “No solamente se insultaron durante mucho tiempo, sino que también se procesaron penalmente”, expresó, haciendo referencia a las acciones judiciales que actualmente continúan en trámite dentro del sistema judicial ecuatoriano.

Asimismo, indicó que la ciudadanía zamorana habría rechazado anteriormente un posible acercamiento político de Cléver Jiménez con el movimiento ADN, razón por la cual, según señaló, el exlegislador habría retornado nuevamente a Pachakutik en busca de respaldo político.

“Esos actos de vergüenza no podemos permitir que sigan tomándose la política. No podemos seguir teniendo esa política de la vergüenza, de la corrupción y de tanta inmoralidad”, sostuvo Valladarez durante la entrevista.

El asambleísta enfatizó además que la política debe construirse “desde los principios, los valores, la capacidad y el amor a la patria”, destacando la necesidad de promover liderazgos enfocados en el desarrollo y progreso de la provincia.

Finalmente, Valladarez aseguró que Zamora Chinchipe posee el potencial necesario para convertirse en una de las provincias más prósperas del Ecuador; sin embargo, advirtió que las disputas políticas y los acuerdos que calificó como contradictorios afectan la confianza ciudadana y el fortalecimiento institucional.

Las declaraciones han generado diversas reacciones dentro del escenario político provincial, en medio del debate sobre futuras alianzas y candidaturas de cara a los próximos procesos electorales.