Opinión
Nacen y se reproducen corruptamente

Por: Mauricio Riofrío Cuadrado
Así se titula el libro publicado en estos días por el ex secretario nacional anticorrupción Luis Verdesoto, quien hace un ejercicio académico enriquecido por la experiencia de su paso por el servicio público. El texto no constituye una justificación de su gestión, sino más bien se trata de un esclarecedor documento que orienta de manera eficiente y marca una línea de actuación del estado para combatir, desde la técnica y la práctica, el flagelo de la corrupción.
Está claro que, es una tarea complicada la lucha contra los ladrones que se transforman de la noche a la mañana en nuevos ricos, esos sinvergüenzas que inclusive, tienen la desfachatez de presumir lo robado sin escrúpulo alguno y caminan impunes y campantes por el mundo entero.
Las reflexiones y conclusiones a las que el autor llega a lo largo de su obra, son fundamentales para comprender que, la corrupción no puede ser utilizada como pretexto para justificar ningún proceso social o político, sean de izquierda o de derecha, nada ni nadie está por encima de la ley y por supuesto tampoco de valores como la honradez y pulcritud en el manejo de los bienes y recursos públicos, el cuento de que lo estatal es de todos y de nadie y por lo tanto “vale todo” porque no afecta puntualmente a nadie, es una falacia que incide directamente en el crecimiento económico a todo nivel.
Verdesoto evidencia esta falacia cuando descubre el trasnochado argumento de que el corrupto agente estatal que recibe los sobornos estaría “moralmente” exculpado, pues los sobornos no provendrían de fondos públicos y su destino sería el “beneficio popular”, en buen romance que “roben pero que hagan” o como aquella tristemente célebre frase de una asambleista de las llamadas progresistas “si van a robar, roben bien”.
Los insumos y herramientas están ahí, explicadas, reseñadas y listas para su implementación que, al final del día, dependen de la voluntad política, convicción y arrestos de gobernantes y conciencia de gobernados.
Si estamos frente a un delito de cálculo y oportunidad, programado por la delincuencia organizada, es un deber moral de la gente decente organizarse para combatirlo, porque no hay duda de que el tiempo pasa y los malos ganan espacio desde adentro y desde afuera.
La coordinación institucional garantizada, desde siempre, en la normativa constitucional es uno de los caminos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico -UAFE- ya tiene una metodología para la detección temprana de lavado de activos y debe tomar el protagonismo, los mapas de riesgo de corrupción están señalados y deben ser ampliados, hay que perseguir el delito, detectarlo en las personas políticamente expuestas, movimientos de dinero, transacciones bancarias, compra y venta de inmuebles y aumento desmesurado e injustificado de patrimonio. Hay mucho trabajo por hacer, se debe incluir en los análisis de riesgos a 120.000 funcionarios de las empresas públicas y 256.000 de los GADs (cifras estimadas), en muchos cantones del Ecuador no hay Dios ni ley y nadie los regresa a ver, viven entre la ineptitud de las autoridades, la desidia ciudadana y la “sapada” de los círculos de poder.
Se ha dicho que siempre habrá corruptos, pero se debe decir que siempre habrá gente buena que esté dispuesta a mitigar este problema que, dicho sea de paso, consta entre los cinco principales y más acuciantes problemas de la sociedad ecuatoriana.
Se necesita romper paradigmas y tomar al toro por los cuernos, la obra comentada es una vía expedita que se ha refrendado, en la práctica, con una actitud leal del autor a los más altos principios de la Patria, así se debe actuar, cueste lo que cueste.
Seguiremos martillando… Fuente: El Telégrafo
Noticias Zamora
Oro entre la esperanza y la exclusión: el grito silenciado de Zamora Chinchipe

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.
En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.
No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.
La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.
La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.
Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.
No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.
La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.
Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.
Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.
Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.
Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
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