Fotografía de la reunión entre los alcaldes de las tres ciudades más grandes del país y ministros del Gobierno de Daniel Noboa. (ROLANDO ENRIQUEZ)

«Cada uno tendrá sus posturas»

El 26 de agosto de 2025, cuando debió instalarse la audiencia de formulación de cargos del caso Magnicidio FV, el abogado Jonathan Espín -representante de Ronny Aleaga- no se presentó, ya que días antes le habían extraído una muela.

La jueza María Daniela Ayala no instaló la diligencia y multó al abogado. En ese momento, en una de las salas del Complejo Judicial Quito Norte, consultó a los abogados de Daniel Salcedo, Xavier Jordán y José Serrano, los otros investigados, sobre una nueva fecha.

Inicialmente se planteó para el lunes 1 de septiembre de 2025, pero uno de los defensores tenía una audiencia fijada previamente para ese día. La segunda opción fue el miércoles 3 de septiembre, fecha a la que ninguno de los juristas se opuso, por lo que -horas después- la jueza Ayala emitió la convocatoria.

Pese a ese acuerdo, el 1 de septiembre de 2025, Jordán presentó un escrito solicitando un nuevo diferimiento, ya que su abogado -Juan Carlos Salazar- tiene «otra diligencia en una jurisdicción diversa en horas similares».

Se trata de un proceso por nulidad de contrato que se sustancia ante la Corte Provincial de Cañar. Salazar es el abogado de una de las demandadas y el 3 de septiembre, a las 08:30, se realizará la audiencia para tramitar el recurso de apelación.

Oscar Guillén, juez ponente de ese caso, convocó a esa audiencia el 17 de julio de 2025, a las 14:57. Es decir, esa diligencia estaba citada 43 días antes del intento fallido de la formulación de cargos del caso Magnicidio FV. Sin embargo, el abogado Salazar no se opuso a la convocatoria.

Por esta razón, Patricio Rosero, abogado de Amanda y Tamia Villavicencio -hijas de Fernando Villavicencio-, presentó un escrito ante la jueza Ayala, señalando que Jordan y su abogado estaban teniendo «una conducta procesal desleal» y solicitando que se niegue el pedido de diferimiento.

Finalmente, el 2 de septiembre de 2025, la jueza María Daniela Ayala se pronunció. La magistrada recordó que el 26 de agosto consultó a Salazar y al resto de abogados su disponibilidad para el 3 de septiembre y este no informó sobre la otra audiencia en Cañar. Por lo que negó el pedido y advirtió que si el abogado de Jordán no asiste será multado e investigado.

En la convocatoria, la jueza Ayala advirtió que en la audiencia se contará con representantes de la Defensoría Pública, por lo que si uno de los abogados no acude, su cliente será defendido por un abogado público. En el auto con el que se negó el nuevo pedido diferimiento, la Magistrada volvió a notificar a la Defensoría.

Días clave para Serrano
De las cuatro personas que serán procesadas por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, a primera vista, José Serrano es quien tiene una situación más complicada.

Salcedo ya está preso en Ecuador y colaborando con la Fiscalía. Jordán y Aleaga, en cambio, están prófugos en Estados Unidos y Venezuela, pero no han sido detenidos ni están en marcha procesos de extradición.

Mientras que Serrano lleva 26 días detenido en el Krome North SPC de Miami, una cárcel migratoria. El exministro del correísmo rebasó el tiempo permitido para estar en ese país sin un estatus regular migratorio, ya que su solicitud de asilo no ha sido respondida aún.

El 11 de septiembre de 2025, en la Corte del  misma cárcel Krome, Serrano comparecerá a dos audiencias. La primera es para evaluar una posible fianza, que le permita una libertad condicional en Estados Unidos. Y la segunda para tramitar su asilo.

Sin embargo, si en la audiencia de formulación de cargos del caso Magnicidio FV se dicta orden de prisión preventiva en su contra, esta información podría ser perjudicial para sus casos en EStados Unudios y acelerar una eventual deportación.

En ese caso, Serrano tendrá que ser enviado a Ecuador y, en el mismo Aeropuerto, se ejecutaría la orden de prisión en su contra, mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de Villavicencio, que podrían durar entre 90 y 120 días.

El caso Villavicencio
El 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin político del edificio en el que funcionó el Colegio Anderson, en el norte de Quito, Villavicencio recibió un disparo en su cabeza. Murió casi de inmediato.

La investigación dio resultados esa misma noche: 13 personas fueron arrestadas y procesadas por asesinato.

Sin embargo, siete de los procesados fueron asesinados en dos cárceles del país en el transcurso de la investigación. Uno más fue sobreseído antes del juicio porque la Fiscalía no encontró indicios suficientes para acusarlo.

Por esta razón, al juzgamiento llegaron solo cinco miembros del equipo de sicarios. Todos fueron sentenciados.

A la cabeza de este grupo de sentenciados está Carlos Ángulo, alias ‘Invisible’, uno de los cabecillas de Los Lobos, organización narcodelictiva a la que se le ha atribuido el asesinato de Villavicencio. Desde la Cárcel de Cotopaxi, Angulo habría organizado al grupo de sicarios que vino desde Colombia y cometió el crimen. Fuente: Primicias

La audiencia de juicio del Caso Nene contra Francisco Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, por presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias, continuará su curso, informó este martes 2 de septiembre la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mediante un comunicado, la institución comunicó que un Tribunal de la Corte Provincial acogió el pedido de Fiscalía y revocó el auto de nulidad dictado previamente en esta causa.

El Fiscal del caso señaló que la decisión del pasado 14 de julio, en la cual se declaró la nulidad de lo actuado en la audiencia de juicio (del 10 y 11 de marzo de 2025), vulneraba el debido proceso, debido a que la mayor parte de la prueba de Fiscalía ya fue presentada y, por lo tanto, se encuentra en conocimiento de las otras partes procesales.

Por unanimidad, el Tribunal de Apelación dispuso que se continúe con la sustanciación de la audiencia de juicio, a partir del momento en que fue suspendida.

Ahora, la FGE está a la espera de que se señalen fecha y hora para la reinstalación de la diligencia, en la que seguirá con la exposición de sus pruebas de cargo contra el procesado Francisco Sebastián Barreiro.

Entre las pruebas consta el testimonio del afectado, quien relató que ingresó a trabajar en la Vicepresidencia de la República, cuando Verónica Abad estaba en el poder, como coordinador de Comunicación.

El ciudadano denunció que, antes de su contratación, se reunió con Francisco Barreiro y Daniel R., quienes le indicaron que debía entregar 1.700 dólares mensuales de su sueldo, en efectivo y en persona. Para garantizar los pagos ‒aseguró la víctima‒ fue obligada a firmar una letra de cambio por 30.600 dólares, equivalente a un año de pagos. Posteriormente, tras su desvinculación, se reunió con Barreiro en su oficina en Cuenca, donde el procesado quemó la letra de cambio.

Otros testigos también confirmaron que la contratación de la víctima fue solicitada por la entonces Vicepresidenta y que existiría una acción de personal que lo respalda.

La oferta de realizar tráfico de influencias está tipificada en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionada con tres a cinco años de prisión. Fuente: Vistazo