En cumplimiento del calendario electoral y de los principios de democracia interna establecidos en la legislación ecuatoriana, el Partido Social Cristiano (Lista 6) proclamó oficialmente a Santiago Cabrera como precandidato a la Alcaldía del cantón Zamora, durante el proceso de elecciones primarias desarrollado por la organización política.

La jornada democrática permitió, además, la proclamación de los precandidatos a concejales urbanos, concejales rurales y miembros de las juntas parroquiales, quienes avanzarán hacia la siguiente fase del proceso electoral, previa a la inscripción oficial de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante el acto también se destacó el respaldo político del movimiento SUMA (Lista 23) a este proyecto, consolidando un espacio de cooperación orientado a fortalecer una propuesta electoral con visión de desarrollo para el cantón Zamora. Asimismo, se informó que las eventuales alianzas políticas serán anunciadas oportunamente, conforme a los plazos y procedimientos previstos en la normativa electoral vigente.

Con esta proclamación, Santiago Cabrera inicia una nueva etapa política enfocada en la construcción de una propuesta de gobierno sustentada en el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, el desarrollo territorial y la generación de oportunidades para todos los sectores del cantón.

El proceso constituye un paso fundamental dentro de la organización política, reafirmando el compromiso con los mecanismos democráticos internos y con la consolidación de un proyecto que busca responder a las principales necesidades de la población zamorana mediante propuestas técnicas, planificación y una gestión orientada a resultados.

La proclamación de los precandidatos marca el inicio de la etapa preparatoria hacia la inscripción oficial de candidaturas, fase en la que las organizaciones políticas continuarán fortaleciendo sus estructuras y definiendo las estrategias que presentarán a la ciudadanía con miras a las elecciones seccionales de noviembre del 2026.

Por: Alcibar Lupercio

Las fronteras no solo representan límites geográficos; son territorios donde miles de familias construyen diariamente su vida alrededor del comercio, la educación, el trabajo y el acceso a la salud.

Por ello, cuando una decisión del Gobierno Central restringe el paso fronterizo, sus efectos no pueden analizarse únicamente desde la óptica de la seguridad, sino también desde la protección de los derechos fundamentales de la población.

Lo ocurrido Chinchipe con una señora adulta mayor en el puente internacional La Balsa, no puede quedar aislado de sus derechos que le asiste. Ella se había golpeado su mano y queria pasar a lado ecuatoriano para ir al hospital, los militares no le han permitido avanzar y en 4 recien ha podido llegar al hospitsl de Zumba, pero la peor noticoa s que podria perder su mano por falta de empatía. Y asi mismo este 2 de julio de 2026 en Macará evidencia esa realidad. Decenas de estudiantes no pudieron movilizarse con normalidad y ciudadanos peruanos que requerían atención médica urgente enfrentaron dificultades debido al cierre del paso oficial.

Son situaciones que trascienden lo administrativo y plantean un debate sobre la forma en que el Estado debe equilibrar las políticas de seguridad con la garantía de derechos.

La Constitución de la República del Ecuador es clara. El artículo 32 establece que la salud constituye un derecho que debe ser garantizado por el Estado mediante el acceso oportuno y sin discriminación a los servicios de atención.

Asimismo, el artículo 66 reconoce la libertad de tránsito y movilidad, aunque admite restricciones excepcionales siempre que sean legales, necesarias y proporcionales.

La pregunta que hoy surge es si las medidas implementadas contemplaron mecanismos suficientes para evitar que estudiantes, pacientes y ciudadanos comunes resultaran afectados.

En un Estado constitucional, toda restricción debe acompañarse de alternativas que reduzcan el impacto sobre la población.

En Chinchipe, además del componente humanitario, existe una preocupación creciente por las consecuencias económicas.

Comerciantes, transportistas y pequeños emprendedores dependen en gran medida del intercambio comercial con el vecino país.

Cada día de restricción representa menores ingresos para familias cuya economía ya enfrenta importantes desafíos.

A ello se suma un sentimiento de abandono expresado por diversos habitantes del cantón, quienes consideran insuficientes las gestiones públicas para representar las preocupaciones de la zona fronteriza ante el Gobierno Nacional.

Independientemente de las posiciones políticas, la ciudadanía espera que quienes ejercen funciones públicas mantengan una presencia activa cuando decisiones nacionales afectan directamente a sus territorios.

El artículo 226 de la Constitución recuerda que todas las instituciones del Estado tienen el deber de coordinar acciones para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Esa coordinación debe traducirse en gestión, diálogo y búsqueda de soluciones, especialmente en provincias donde la dinámica fronteriza forma parte de la vida cotidiana.

Nadie discute que el Estado tiene la obligación de proteger la seguridad nacional. Sin embargo, la seguridad y los derechos humanos no deben entenderse como objetivos opuestos. Una política pública eficiente puede fortalecer los controles fronterizos y, al mismo tiempo, establecer corredores humanitarios para emergencias médicas, garantizar el traslado de estudiantes y facilitar el desarrollo económico de las comunidades fronterizas.

La ciudadanía de Chinchipe y Macará no reclama privilegios. Reclama atención, gestión y respuestas. Las fronteras no deberían convertirse únicamente en un tema de campaña electoral; deberían ocupar un lugar permanente en la agenda pública nacional.

Gobernar también significa escuchar a quienes viven en los extremos del país y asegurar que ninguna decisión deje atrás a quienes más dependen de la acción oportuna del Estado.

En entrevista concedida, Jorge Navarrete, presidente provincial del Partido Político AVANZA Listas 8 en Zamora Chinchipe, analizó los desafíos que enfrentan las organizaciones políticas para cumplir con la normativa electoral relacionada con la paridad de género y la participación de juventudes en los procesos electorales.

Durante el diálogo, Navarrete reconoció que la conformación de listas con el 50 % de mujeres y el 25 % de jóvenes, exigida por el Código de la Democracia, ha resultado “bastante compleja” en la provincia. Explicó que Zamora Chinchipe mantiene características sociales conservadoras y estructuras familiares tradicionales que, según indicó, han influido en la limitada participación política femenina.

“Existe todavía una realidad social donde muchas mujeres mantienen responsabilidades familiares y del hogar que dificultan su involucramiento activo en política”, señaló el dirigente provincial. Asimismo, sostuvo que la desconfianza hacia los actores políticos y las experiencias negativas en participaciones anteriores también han incidido en el desinterés ciudadano.

Navarrete enfatizó que la pérdida de credibilidad de los partidos políticos no solo afecta a las mujeres, sino también a la participación masculina y juvenil. En este contexto, cuestionó la ausencia de estructuras partidistas sólidas y permanentes, así como la falta de escuelas de formación política con visión ideológica y programática.

“El problema radica en que muchas organizaciones políticas funcionan únicamente de manera coyuntural. Los liderazgos cambian constantemente de partido y eso genera desgaste político y desconfianza en el electorado”, manifestó.

El presidente provincial de AVANZA Listas 8 destacó además que la capacitación política permanente constituye una herramienta fundamental para fortalecer la democracia y promover liderazgos sostenibles. Criticó que, pese a que el Código de la Democracia contempla recursos para formación política, en muchos casos estos procesos no se ejecutan adecuadamente en las provincias.

En ese sentido, anunció que AVANZA impulsará escuelas permanentes de capacitación política dirigidas a mujeres, jóvenes y ciudadanía en general, más allá de los períodos electorales.

“Queremos formar líderes permanentes, no únicamente candidatos para coyunturas electorales. La capacitación debe ser continua y enfocada en construir proyectos políticos de largo plazo”, afirmó.

Navarrete recordó que, de acuerdo con datos del INEC, apenas el 7 % de la población de Zamora Chinchipe corresponde a adultos mayores de 65 años, lo que evidencia que la provincia posee una población predominantemente joven. Por ello, consideró prioritario fomentar la participación juvenil en la discusión de políticas públicas y desarrollo territorial.

En el marco del actual proceso electoral, informó que el partido ya realizó elecciones primarias en los cantones Zamora y Yantzaza. Indicó que en Zamora lidera la candidatura con Wilman Rodríguez, mientras que en Yantzaza encabeza Martín Jiménez, exalcalde del cantón.

Sin embargo, reconoció nuevamente las dificultades para conformar listas parroquiales, concejalías y vocalías debido a las exigencias de paridad de género y participación juvenil establecidas por la normativa electoral.

Sobre posibles alianzas políticas, confirmó que AVANZA mantiene conversaciones con Pachakutik y con el precandidato a la prefectura, Cléver Jiménez, con miras a consolidar acuerdos sustentados en un proyecto político, económico y social de largo plazo para la provincia.

“El objetivo es construir alianzas basadas en coincidencias programáticas y visión de desarrollo para Zamora Chinchipe, no únicamente acuerdos coyunturales”, explicó.

Entre los ejes prioritarios planteados por la organización política, Navarrete destacó el reconocimiento de Zamora Chinchipe como provincia minera y la necesidad de fortalecer la minería artesanal y pequeña minería como motores del desarrollo económico local, diferenciándolas de la minería ilegal e informal.

Finalmente, reiteró el compromiso de AVANZA Listas 8 con la formación política permanente y el fortalecimiento institucional de las organizaciones partidistas, con el propósito de consolidar liderazgos responsables y una mayor participación ciudadana en la vida democrática de la provincia.