En entrevista con Radio Sucesos, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que el Gobierno Nacional cumplió los acuerdos alcanzados con las comunidades indígenas durante el diálogo, sin embargo, la otra parte no cumplió su palabra.

Señaló que “ellos dicen una cosa, pero en territorio es otra”, y que, pese a lo que ese día fue conversado, las vías permanecen cerradas, afectando a quienes desean trabajar y producir. Mencionó también que el cierre de vías es ilegal.

«Tenemos una serie de acciones para ayudar al sector productivo, a los ecuatoriano que están en Imbabura, que en su gran mayoría quieren trabajar. Tenemos un plan de acción que estamos implementado y con eso en muy corto tiempo vamos a tener resultados».

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, manifestó que “la solución no es dialogar con Vargas” porque “lo único que busca es una plataforma política, aun a costa de destruir y secuestrar a una provincia entera”.

El ECU 911 reporta cierres de vías en Imbabura, Loja y Pichincha, este martes 21 de octubre, durante el paro nacional contra Daniel Noboa.

Un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad Central en Quito protestaron la tarde de este lunes 20 de octubre en contra del Gobierno de Daniel Noboa.

Este martes 21 de octubre del 2025 se reinstalará la audiencia de apelación a la prisión preventiva de 11 procesados por el presunto delito de terrorismo, que fueron detenidos en Otavalo, provincia Imbabura, tras protagonizar disturbios en los primeros días del paro.

Una sala de la Corte de Pichincha convocó a los implicados a las 14:00 en el segundo piso del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito, aunque también se transmitirá vía zoom.

En esta reinstalación también se llevará a cabo un diálogo intercultural, pues 11 de los 12 detenidos, después de un ataque a un cuartel de la Policía, pertenecen al pueblo kichwa Otavalo. Otro ciudadano, también procesado, es de nacionalidad extranjera.

La audiencia se instaló el pasado viernes 17 de octubre, pero se suspendió por falta de pericias como la prueba intercultural, que debía efectuarse en un plazo máximo de ocho días, con la designación de un perito perteneciente a comunidades.

David Iza, defensor de uno de los procesados, explicó —a la salida de la audiencia— que esta pericia consiste en “determinar cuáles son los estilos de vida y las condiciones económicas y sociales de cada uno de los procesados en cada una de las comunidades de la ciudad de Otavalo.”

“Esto demuestra que pertenecen a una comunidad indígena y que obviamente su trato es diferente al de cualquier otra persona”, añadió el abogado.

Este lunes 20 de octubre se volvió a sentir miedo en las principales calles de Otavalo y Cotacachi, en la provincia de Imbabura, luego de que grupos de manifestantes encapuchados recorrieron las vías pidiendo a comerciantes que cierren los negocios.

“Aquí cierran todos o nada”, le dijo un protestante a un ciudadano que no quería abandonar su negocio, según se escucha en un video compartido por TVN Canal.

En otro video, en cambio, se observa que a un ciudadano intentaron pincharle la llanta de su moto.

“Cierren los locales señores, este es un aviso nomás, después pasamos y no queremos inconvenientes, no estarán quejándose”, decía un manifestante mediante un megáfono en el centro de Otavalo.

La misma situación se vivió en Cotacachi. Protestantes pasaron por los negocios pidiendo a comerciantes que cierren sus puertas. Incluso, algunos llevan armas blancas y objetos contundentes.

También, se conoce que en el puente sobre el río Ambi en la vía Antonio Ante-Imantag estaría colocada una estructura metálica para obstaculizar el tránsito.

Los alcaldes de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante instaron a las organizaciones indígenas de Imbabura y al Gobierno Nacional a retomar el diálogo, luego de que ambos bandos cerraran las puertas a la posibilidad de una nueva reunión.

Jomar Cevallos Moreno (Cotacachi), Anabel Hermosa (Otavalo), César Escobar (Antonio Ante) emitieron un comunicado conjunto en el que solicitan que se respeten los acuerdos preliminares de la reunión del 16 de octubre, en la que estas autoridades participaron como observadores y el padre Cristian Andrade como mediador.

“Nuestro llamado a que busquemos la paz y la unidad de la provincia para continuar dialogando y encontrando puntos en común por el bienestar de todos y todas”, manifestaron.

El Gobierno y los movimientos indígenas de Imbabura habían acordado terminar el paro bajo ciertas condiciones. Por un lado, las organizaciones pidieron cinco puntos, entre ellos la liberación de detenidos durante las protestas, el traslado de los denominados ‘12 de Otavalo’ a Imbabura, entre otras exigencias.

Mientras que el Gobierno solicitó que se abran las vías y se comprometió a mantener mesas técnicas. La primera reunión se iba a dar este lunes, pero a última hora no ocurrió por discrepancias entre ambas partes.

El ministro del Interior, John Reimberg, descartó que el Gobierno de Daniel Noboa vaya a sentarse a dialogar nuevamente con el movimiento indígena luego de que se suspendiera la reunión de este lunes en Imbabura.

“El Gobierno cumplió, ellos no cumplieron. Se cierra el diálogo, a partir de ahora cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos”, aseguró el funcionario a medios de comunicación en los exteriores de Carondelet.

Además, explicó que ya hubo un diálogo la semana pasada, en el que se llegaron a acuerdos, que el movimiento indígena de Imbabura no cumplió.

“Ellos se encargaron de cerrar la puerta a este diálogo”, subrayó Reimberg.

La Conaie emitió un comunicado en el que rechaza la postura del Gobierno de Daniel Noboa de romper cualquier tipo de diálogo con organizaciones indígenas y sociales.

“No existen condiciones para dialogar mientras continúe la represión. Aumentan los heridos, los detenidos y las violaciones a los derechos humanos; se cierran medios comunitarios, se bloquean cuentas bancarias de organizaciones, se realizan allanamientos ilegales y se abren investigaciones arbitrarias”, manifestó la organización.

Añadió que decenas de personas, entre ellas los 12 de Otavalo, continúan detenidas “ilegalmente, mientras el Gobierno impone una narrativa que falsamente nos tilda de ‘terroristas’”.

Según la Conaie, la administración de Daniel Noboa “no escucha las demandas del pueblo y confunde el diálogo con la amenaza”.

“Dialogar no es imponer ni amedrentar: es escuchar, reconocer errores y construir soluciones con respeto y voluntad política. La salida a la crisis requiere un diálogo nacional, público y transparente, con agenda de demandas claras y con representación de toda la estructura organizativa del movimiento indígena, e incluyendo a distintas organizaciones sociales”, apuntó.

Finalmente, la organización reafirmó su voluntad política de diálogo y su disposición a un cese a la confrontación, pero aclaró que “no aceptará conversaciones vacías ni condicionadas por la represión”.

El alcalde de Antonio Ante, César Escobar, hizo un llamado a la “sensatez” tanto al Gobierno Nacional como a los movimientos indígenas de la provincia de Imbabura para que se concrete el diálogo y acabar con el paro.

El funcionario detalló que los 29 días de paralización han provocado pérdidas no solo en el sector comercial, sino también en las diferentes actividades productivas.

Diariamente, en este cantón, cuyo motor económico es la industria textil, existen pérdidas que bordean los USD 400 mil diarios.

Pero esa cifra se triplica en los feriados, ya que es una zona altamente turística. “En lo que va ya de los 29 días solo aquí en el cantón hay una pérdida de USD 15 millones”, dijo Escobar en entrevista con Teleamazonas.

Además, advirtió que si es que el paro continúa “puede haber un fuerte quiebre en la economía local”.

Escobar agregó que el Municipio está trabajando para “darle a la gente una oxigenación”. Para ello, no se cobrarán cargos y multas en el agua potable, al menos hasta diciembre, y tampoco habrá cortes por falta de pago.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador mantienen una presencia permanente en las principales vías y autopistas de las provincias de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua, con el objetivo de garantizar la libre circulación y la seguridad ciudadana.

El personal militar se encuentra desplegado en puntos estratégicos, verificando el normal tránsito vehicular y preservando la tranquilidad en las zonas de mayor afluencia.

En Imbabura, Loja y Pichincha permanecen cerradas varias carreteras debido a las movilizaciones.

Además, este domingo se registraron intensos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en comunidades al norte de Quito, la capital del país.

Si bien las protestas indígenas comenzaron en rechazo al aumento del precio del diésel, la Conaie amplió sus demandas, exigiendo la reducción del IVA a 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, explicó las razones que llevaron al Gobierno a desistir del diálogo previsto para este lunes con movimientos indígenas de Imbabura.

Según el funcionario, el Gobierno sí garantizó la no militarización de la zona y para la reunión de hoy iba a plantear las medidas de reparación para las víctimas del paro.

Sin embargo, recalcó que no se pueden comprometer a liberar a 12 personas que se encuentran presas, como solicitan las organizaciones indígenas, ya que eso representaría una injerencia en la Función Judicial.

“Lo que más nos ha decepcionado es el hecho de que no se ha cumplido la apertura de vías y, en ese sentido, tener secuestrada a la provincia de Imbabura es algo que ya no está en el marco del derecho a la protesta social, sino que raya en otro tipo de intereses políticos”, manifestó Burbano.

Agregó que hay algunas personas que han querido afectar el proceso de diálogo: “Claramente, la facción que aún sigue queriendo manejar la Conaie de parte de Leonidas Iza y Guillermo Churuchumbi”.

Prueba de ello, según el ministro, es que la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador ‘Chijallta FICI’ desconoció a su presidente, Mesías Flores y ahora la encargada de la organización es la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda.

“Ella responde a esta línea (Iza y Churuchumbi) que en algún punto debería soltar la Conaie”, dijo Burbano.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, reaccionó a los hechos registrados el pasado domingo en San Miguel del Común, al norte de la ciudad, donde manifestantes y fuerza pública protagonizaron un fuerte enfrentamiento.

“Ningún ecuatoriano debe resignarse a que la violencia y el terror sean el futuro de nuestra sociedad. Es indispensable que el gobierno y los manifestantes encuentren una solución duradera basada en el diálogo”, escribió el burgomaestre en la red social X.

Agregó que ayer el sistema de salud municipal recibió múltiples solicitudes, principalmente de niñas, niños y adultos mayores con problemas respiratorios, crisis de pánico y angustia.

Para ello, se desplegó un equipo de especialistas en salud, salud mental y desarrollo infantil. También está activo el Sistema de Protección de Derechos de Quito.

“Nos urge encontrar un camino que no borre diferencias, pero que sí priorice acuerdos mínimos”, reiteró Pabel Muñoz.