Nacionales
Ministerio de Trabajo eliminará beneficio de sueldo variable para sindicalistas
La Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, confirmó a PRIMICIAS que en 90 días; esto es, en octubre, está previsto que el Ejecutivo emita el reglamento para la Ley de Empresas Públicas.
Se trata de una ley promulgada en 2009, que durante 15 años no ha tenido un reglamento.
La prioridad para emitir este reglamento es eliminar las cuestionadas remuneraciones variables para los trabajadores de las empresas públicas amparados bajo contratos colectivos.
Las remuneraciones variables son bonos en efectivo que reciben los trabajadores amparados a contratos colectivos, como recompensa por hacer su trabajo con eficiencia.
Según Núñez, al año, el pago de remuneraciones variables a los empleados de cuatro empresas públicas representa un gasto de USD 40 millones.
La Ministra se refiere a los contratos colectivos de:
El holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).
La empresa distribuidora Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).
El contrato colectivo de la petrolera estatal Petroecuador. Y el de la empresa pública de telecomunicaciones Corporación Nacional de Electricidad (CNT).
Es difícil saber cuánto gana cada trabajador por este bono y cómo se calcula para definir si lo merecen o no.
Los cuatro contratos colectivos tienen cláusulas que mencionan que esta remuneración variable se pagará conforme a lo que establezcan los «instructivos», «normativa vigente» o «reglamentos» aprobados por la gerencia o directiva de la empresa, pero no dan más detalles.
El pasado 1 de julio, el Ministerio de Trabajo ya pidió a la Contraloría que revise los contratos colectivos de estas cuatro empresas públicas. Y ese organismo dijo que iniciará análisis preliminares a esos documentos.
Núñez dijo que espera que tras ese análisis del ente de control, los cuatro documentos queden anulados, «por no cumplir con las leyes pertinentes».
Así, los sindicatos de las cuatro empresas tendrían que volver a negociar los contratos colectivos con los directivos y ya no estará permitido que ganen remuneraciones variables, agregó.
¿Por qué eliminará este beneficio?
La Ministra dice que los sindicatos de las empresas públicas han «aprovechado el vacío legal» por la falta del reglamento, para calcular por su propia cuenta las remuneraciones variables.
Aunque la Ley de Empresas Públicas permite el pago de la remuneración variable, ella dice que es grave que se haya estado aplicando el beneficio si nunca hubo un reglamento a la ley.
«Es grave. La ley nunca tuvo reglamento y, al no tenerlo, ¿quién estableció el pago de la remuneración variable y cómo lo estableció?», dice Núñez.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Richard Gómez, que agrupa a estos cuatro sindicatos, ha dicho que la remuneración variable es un beneficio que merecen los empleados públicos que trabajen con eficiencia y superen los indicadores establecidos.
Gómez añadió que es un pago similar a las utilidades que reciben los trabajadores del sector privado.
Pero Núñez lo contradice:» Esa aplicación de remuneración variable la hacen (los sindicatos ndr) para obtener utilidades, cuando en el Estado y con fondos públicos no existen utilidades», añade.
El exviceministro de Trabajo, Francisco Vacas coincide y dice:
«No es lo mismo que la utilidad en el sector privado, en donde hay una inversión y un riesgo. Si me va bien, comparto la ganancia con el resto, en el sector público es distinto, es plata de todos, son servicios que da el Estado», añade.
Vacas explica que si las empresas estaban pagando esa remuneración con base en reglamentos establecidos por los directorios, la ley por lo menos debió fijar techos o condiciones, para evitar abusos.
Además, dice que una remuneración variable debería estar atada a una evaluación de desempeño y de cumplimiento de objetivos específicos y extraordinarios.
«No puede haber un premio por hacer bien el trabajo para el que lo contrataron», añade.
¿Qué dice la ley sobre la remuneración variable?
El numeral 4 del artículo 20 de la Ley de Empresas Públicas, aprobada durante el Gobierno de Rafael Correa, estableció que estos empleados pueden tener acceso a una remuneración variable.
La ley detalla que el sistema de remuneración variable «debe orientarse a bonificar económicamente el cumplimiento individual, grupal y colectivo de índices de eficiencia y eficacia, establecidos en los reglamentos pertinentes».
Y añade que los incentivos económicos «se reconocerán proporcionalmente al cumplimiento de tales índices, mientras estos se conserven o mejoren, mantendrán su variabilidad de acuerdo al (sic) cumplimiento de las metas empresariales».
Pero la Ley también aclara que esta remuneración no constituirá un derecho adquirido.
«El pago de la remuneración variable se hará siempre y cuando las empresas generen ingresos propios a partir de la producción y comercialización de bienes y servicios», dice el artículo.
En CNEL recibieron USD 1.000 por trabajador
En el segundo contrato colectivo de CNEL, por ejemplo, solo se especifica que el monto anual de esa remuneración variable «no podrá ser menor al 100% de la remuneración de cada categoría o escala salarial».
Es decir, si un trabajador está en una escala salarial de USD 1.500 al mes, su remuneración variable al año debe ser mínimo de ese valor, independientemente de lo que arrojen los cálculos para establecer su eficiencia.
Gómez, que además es secretario del sindicato de CNEL y vocal de los afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dijo que los trabajadores amparados al contrato colectivo de esta empresa pública no están recibiendo actualmente el pago de ese beneficio.
Lo anterior, porque la negociación de ese segundo contrato colectivo está paralizada. Sin embargo, los trabajadores del Comité de CNEL se beneficiaron de este pago adicional por eficiencia incluso antes de que entre en vigencia su primer contrato colectivo de 2021.
Los empleados recibieron el pago retroactivo de esta remuneración variable por el período 2015-2020, gracias una acción de protección presentada el 11 de noviembre de 2019.
Tras casi un año de litigio, en diciembre de 2020, el juez a cargo de la causa otorgó la acción de protección.
CNEL apeló esa sentencia, apenas conoció el fallo en su contra. Pero llama la atención que no esperó hasta el final de este proceso, que sigue en marcha, y pagó el sueldo variable a los sindicalistas.
Gómez dijo que con esto, cada trabajador recibió alrededor de USD 1.000.
Pero al exviceministro de Trabajo, Francisco Vacas, le llama la atención que se paguen montos fijos de remuneración variable. «Se supone que los rubros deberían cambiar, en función del desempeño de cada trabajador».
El trámite de apelación de CNEL ha sido lento. CNEL pidió tres veces solo en 2024 que la Corte Provincial de Justicia del Guayas fije una fecha para la audiencia de estrados.
Recién para el 14 de noviembre de 2024 está previsto que se lleve a cabo esa audiencia.
Nacionales
Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 se convierte en política pública tras decreto de Daniel Noboa
A través del Decreto Ejecutivo 448, el presidente Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación a nivel nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que fue aprobado el 9 de marzo de 2026. La declaratoria ocurre en el contexto de un conflicto armado interno, también decretado por Noboa.
En el decreto presidencial, firmado el 14 de julio de 2026, el Gobierno incluye un extenso documento que detalla en qué consiste el nuevo Plan de Seguridad Integral.
Su aplicación e implementación estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Según el decreto, en el contexto del conflicto armado interno vigente, «se busca la transición desde un elevado nivel de conflictividad hacia uno de normalidad, que permita el desarrollo de actividades sociales y productivas en un entorno estable».
Y para elllo, la cooperación internacional «se concibe como un mecanismo estratégico, orientado al fortalecimiento de las ‘capacidades nacionales’ mediante alianzas bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado transnacional».
En esa línea, Ecuador ya ha anunciado cooperación en materia de seguridad, principalmente con Estados Unidos, que ha cooperado con el país incluso con bombardeos en supuestos campamentos ligados a grupos rebeldes y ligados al narcotráfico.
En 2025, Ecuador vivió el año más violento de su historia, según los registros de muertes violentas del Ministerio del Interior, con 9.216 homicidios intencionales.
En medio de los sucesivos estados de excepción y el anuncio de otros planes de seguridad como el llamado Plan Fénix, el crimen no cede en el país. Y ciudades como Guayaquil, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.
¿Qué dice el Plan Nacional de Seguridad?
En el documento, el presidente Daniel Noboa asegura que este Plan «consolida y reafirma nuestra concepción de seguridad, bajo un marco de integralidad». Y establece que su marco doctrinario se fundamenta en los Intereses Nacionales. Estos intereses son:
- Soberanía Nacional e Integridad Territorial
- Seguridad y Cultura de Paz
- Democracia y el Estado de Derecho
- Vida Digna
- Patrimonio Natural y Cultural
- Prosperidad en Equidad
Objetivos del Plan Nacional de Seguridad
Además, el Plan Nacional de Seguridad Integral establece siete objetivos:
Imponer el control efectivo del territorio nacional y sus recursos
Anticipar y neutralizar amenazas mediante el empleo preventivo, oportuno y coordinado del poder del Estado
Reconstruir el sistema penitenciario como componente crítico de la seguridad
Enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado
Generar condiciones seguras que permitan la acción del Estado en la provisión y acceso a servicios esenciales y trabajo pleno
Incrementar el control del Patrimonio Natural y el cumplimiento de los compromisos internacionales
Canalizar equitativamente el financiamiento en desarrollo, seguridad y defensa
«El diagnóstico de seguridad evidencia que el Estado ecuatoriano está amenazado por estructuras de crimen organizado transnacional y nacional», dice una parte del documento.
Estas son las amenazas identifican en el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029
Crimen organizado
Extremismo violento
Intrusión extranjera
Minería ilegal
Narcotráfico
Terrorismo
Subversión
Corrupción
Ciberataques. Fuente: Primicias
Nacionales
Docentes asesinados y mil denuncias de extorsión: violencia en Ecuador provoca alarma internacional
La escalada de violencia contra el magisterio ecuatoriano generó un pronunciamiento internacional. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) expresó su solidaridad con los docentes y con la Unión Nacional de Educadores (UNE), al advertir sobre casos de asesinatos, extorsiones, amenazas y otros hechos violentos.
Mil denuncias de extorsión contra docentes en Guayas
Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, denunció que solo en esa provincia se han registrado alrededor de 1.000 denuncias de extorsión contra maestros entre 2025 y 2026.
Frente a este escenario, el gremio exige al Gobierno la declaratoria de emergencia en el sistema educativo y la implementación de un plan de seguridad para proteger a toda la comunidad educativa.
Dos maestras asesinadas en menos de dos semanas
El pronunciamiento de la IEAL, organización que agrupa a 375 sindicatos de profesores a nivel internacional, condena el asesinato de la docente Diana Isabel Carchi Mendia, ocurrido el 9 de julio dentro de su vivienda en la parroquia Barbones, cantón El Guabo, provincia de El Oro.
Ese crimen se produjo menos de dos semanas después del asesinato de la profesora Adriana Sáenz, quien fue atacada la mañana del 1 de julio de 2026 en los exteriores de su vivienda, ubicada en el norte de Quito.
De acuerdo con la Unión Nacional de Educadores, con estos dos casos suman al menos 10 docentes asesinados en Ecuador entre 2025 y 2026.
En un comunicado dirigido a la UNE, la Internacional de la Educación para América Latina manifestó que resulta inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación deban ejercer su profesión bajo amenazas, miedo e intimidación.
La organización sostuvo que las denuncias de extorsiones, persecuciones y otras formas de violencia evidencian una crisis que obliga a muchos docentes a abandonar sus hogares o alterar su vida cotidiana para protegerse.
Ante esta situación, el Comité Regional de la IEAL respaldó las demandas de la UNE y solicitó:
La captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Diana Carchi y Adriana Sáenz.
La implementación urgente de un plan de seguridad con presupuesto para proteger a la comunidad educativa.
Que el Gobierno y el Ministerio de Educación dejen de guardar silencio y asuman su responsabilidad frente al incremento de la violencia que golpea al magisterio.
»Los asesinatos, la persecución y cualquier forma de violencia contra docentes son una amenaza al derecho a la educación pública. La escuela debe ser un espacio seguro para enseñar y aprender, libre de cualquier forma de violencia», concluyo la organización. Fuente: Vistazo
Nacionales
Una de cada cuatro termoeléctricas de Ecuador supera los 30 años de vida útil, lo que eleva el riesgo de fallas, según el Plan Maestro de Electricidad
Ecuador entrará en tres meses a la época de estiaje, cuando disminuye la generación de las hidroeléctricas y aumenta la dependencia de las plantas térmicas, que generan electricidad .con diésel y fuel oil. Sin embargo, 13 de las 53 unidades termoeléctricas del país, o una de cada cuatro, tienen entre 30 y 56 años de funcionamiento, una condición que eleva el riesgo de fallas.
Un total de 541 megavatios (MW) de potencia efectiva corresponde a unidades termoeléctricas que tienen entre 30 y 56 años de funcionamiento, según el Plan Maestro de Electricidad 2023–2032.
En total, el parque termoeléctrico del país cuenta con 1.796,81 MW de potencia efectiva. Esto significa que las unidades con más de tres décadas de servicio representan el 30% de esa capacidad.
El Plan Maestro advierte que la antigüedad de estas plantas aumenta el riesgo de fallas, reduce su confiabilidad y puede afectar la disponibilidad de energía durante la época de estiaje, cuando aumenta la dependencia de las centrales térmicas. La época de estiaje se prevé que comience en octubre de 2026.
Las plantas más antiguas
El Plan Maestro identifica 13 unidades termoeléctricas con más de 30 años de operación. Las de mayor antigüedad son las dos centrales Aníbal Santos, de gas y vapor, operadas por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) Guayaquil. Entraron en funcionamiento en 1970 y ya superan los 50 años de servicio. Juntas aportan 117 MW de potencia efectiva.
Antigüedad del parque termoeléctrico del Ecuador
Parque termoeléctrico con más de 30 años de antigüedad del Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.)
| CNEL-Guayaquil | Aníbal Santos (Gas) | 1970 | 52 | 97 |
|---|---|---|---|---|
| CNEL-Guayaquil | Aníbal Santos (Vapor) | 1970 | 52 | 20 |
| CELEC-Electroguayas | Gonzalo Zevallos (Gas) | 1976 | 46 | 20 |
| CELEC-Termopichincha | Guangopolo | 1977 | 45 | 21,8 |
| CELEC-Termomanabí | Pedernales | 1977 | 45 | 3,9 |
| CELEC-Termomanabí | Miraflores | 1978 | 44 | 39,4 |
| CELEC-Electroguayas | Gonzalo Zevallos (Vapor) | 1978 | 44 | 140 |
| CELEC-Termoesmeraldas | La Propicia | 1980 | 42 | 8,5 |
| CELEC-Termopichincha | Santa Rosa | 1981 | 41 | 51 |
| CELEC-Termoesmeraldas | Esmeraldas I | 1982 | 40 | 125 |
| CELEC-Termopichincha | Celso Castellanos | 1989 | 33 | 7,2 |
| CELEC-Termopichincha | Jivino I | 1990 | 32 | 5,4 |
| CELEC-Termopichincha | Payamino | 1992 | 30 | 1,8 |
| TOTAL | 541 |
En la lista también constan Gonzalo Zevallos en Guayas, con unidades de 46 y 44 años; Guangopolo (Pichincha) y Pedernales (Manabí), con 45 años; entre otras. (Ver gráfico)
El envejecimiento del parque térmico representa un desafío
El Plan Maestro concluye que el envejecimiento de estas unidades representa un desafío para la operación del sistema. A la antigüedad de los equipos se suman factores como el mantenimiento, las fallas y la disponibilidad de combustible, que pueden limitar la generación disponible cuando aumenta la demanda de energía.
Aunque, de forma referencial, la vida útil de una central termoeléctrica se estima en unos 30 años, eso no significa que deba salir de operación al cumplir ese plazo, explicó Ricardo Buitrón, experto en el sector eléctrico. Añadió que los avances tecnológicos y, sobre todo, un mantenimiento adecuado permiten que estas plantas sigan operando durante varias décadas más.
Buitrón señaló que la antigüedad, por sí sola, no determina si una central puede seguir funcionando. Sin embargo, mientras más años tiene una planta, más importante es realizar un mantenimiento oportuno para mantener su confiabilidad y disponibilidad.
Sistema eléctrico cubre la demanda, según el Gobierno
El ministro de Energía, Juan Carlos Blum, aseguró este 13 de julio de 2026 que el sistema eléctrico tiene capacidad suficiente para abastecer la demanda nacional. Explicó que el sistema dispone de 6.000 MW, mientras que la demanda se mantiene por debajo de los 5.500 MW, por lo que descartó riesgos de desabastecimiento este momento.
Blum señaló que el Gobierno se prepara para un eventual fenómeno de El Niño en la Costa y para la época seca en la cuenca oriental mediante el manejo de los embalses. Indicó que Daule-Peripa mantiene un nivel que permite recibir las lluvias previstas sin comprometer las reservas para la generación eléctrica.
Agregó que los embalses de la cuenca oriental también se administran para enfrentar la temporada seca y que, actualmente, permanecen llenos. Por ejemplo, el embalse Mazar, el mayor reservorio para generación eléctrica del país, este 13 de julio se ubicó en 2.152,55 metros sobre el nivel del mar, apenas 45 centímetros por debajo de su cota máxima de 2.153 metros. Este embalse tiene capacidad para almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua.
El Ministro añadió que el sistema eléctrico está en mejores condiciones que hace un año por la incorporación de proyectos de generación de pequeña y mediana escala.
Consultado sobre la posibilidad de nuevos cortes de luz, respondió que «en las condiciones actuales esa posibilidad no existe».
Este estiaje plantea desafíos para Ecuador, no solo por el Fenómeno de El Niño, sino porque aún no están asegurados los contratos de las tres barcazas turcas, que fueron claves para enfrentar el estiaje del año pasado. Además, la central Termoesmeraldas I estará fuera de servicio hasta 2027.
De hecho, solo una tiene ya nuevo contrato, otra está en proceso de contratación y la tercera ya dejó de entregar de electricidad a Ecuador desde junio de 2026.
Ecuador busca reactivar compra de Colombia
Además, Blum señaló que Ecuador retomó los acercamientos con Colombia para recuperar la posibilidad de importar hasta 450 MW de electricidad «en caso de ser necesario». Explicó que espera la posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y la designación de las nuevas autoridades del sector energético para iniciar conversaciones formales sobre una eventual compra.
La venta de energía desde Colombia se suspendió en enero de 2026, en medio de la tensión comercial entre ambos países.
La medida se produjo después de que el presidente Daniel Noboa impusiera una tasa a las importaciones de productos colombianos, decisión que fue respondida por el presidente saliente Gustavo Petro con medidas similares y la suspensión de las exportaciones de electricidad hacia Ecuador. Fuente: Vistazo
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