Nacionales
Ministerio de Trabajo eliminará beneficio de sueldo variable para sindicalistas
La Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, confirmó a PRIMICIAS que en 90 días; esto es, en octubre, está previsto que el Ejecutivo emita el reglamento para la Ley de Empresas Públicas.
Se trata de una ley promulgada en 2009, que durante 15 años no ha tenido un reglamento.
La prioridad para emitir este reglamento es eliminar las cuestionadas remuneraciones variables para los trabajadores de las empresas públicas amparados bajo contratos colectivos.
Las remuneraciones variables son bonos en efectivo que reciben los trabajadores amparados a contratos colectivos, como recompensa por hacer su trabajo con eficiencia.
Según Núñez, al año, el pago de remuneraciones variables a los empleados de cuatro empresas públicas representa un gasto de USD 40 millones.
La Ministra se refiere a los contratos colectivos de:
El holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).
La empresa distribuidora Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).
El contrato colectivo de la petrolera estatal Petroecuador. Y el de la empresa pública de telecomunicaciones Corporación Nacional de Electricidad (CNT).
Es difícil saber cuánto gana cada trabajador por este bono y cómo se calcula para definir si lo merecen o no.
Los cuatro contratos colectivos tienen cláusulas que mencionan que esta remuneración variable se pagará conforme a lo que establezcan los «instructivos», «normativa vigente» o «reglamentos» aprobados por la gerencia o directiva de la empresa, pero no dan más detalles.
El pasado 1 de julio, el Ministerio de Trabajo ya pidió a la Contraloría que revise los contratos colectivos de estas cuatro empresas públicas. Y ese organismo dijo que iniciará análisis preliminares a esos documentos.
Núñez dijo que espera que tras ese análisis del ente de control, los cuatro documentos queden anulados, «por no cumplir con las leyes pertinentes».
Así, los sindicatos de las cuatro empresas tendrían que volver a negociar los contratos colectivos con los directivos y ya no estará permitido que ganen remuneraciones variables, agregó.
¿Por qué eliminará este beneficio?
La Ministra dice que los sindicatos de las empresas públicas han «aprovechado el vacío legal» por la falta del reglamento, para calcular por su propia cuenta las remuneraciones variables.
Aunque la Ley de Empresas Públicas permite el pago de la remuneración variable, ella dice que es grave que se haya estado aplicando el beneficio si nunca hubo un reglamento a la ley.
«Es grave. La ley nunca tuvo reglamento y, al no tenerlo, ¿quién estableció el pago de la remuneración variable y cómo lo estableció?», dice Núñez.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Richard Gómez, que agrupa a estos cuatro sindicatos, ha dicho que la remuneración variable es un beneficio que merecen los empleados públicos que trabajen con eficiencia y superen los indicadores establecidos.
Gómez añadió que es un pago similar a las utilidades que reciben los trabajadores del sector privado.
Pero Núñez lo contradice:» Esa aplicación de remuneración variable la hacen (los sindicatos ndr) para obtener utilidades, cuando en el Estado y con fondos públicos no existen utilidades», añade.
El exviceministro de Trabajo, Francisco Vacas coincide y dice:
«No es lo mismo que la utilidad en el sector privado, en donde hay una inversión y un riesgo. Si me va bien, comparto la ganancia con el resto, en el sector público es distinto, es plata de todos, son servicios que da el Estado», añade.
Vacas explica que si las empresas estaban pagando esa remuneración con base en reglamentos establecidos por los directorios, la ley por lo menos debió fijar techos o condiciones, para evitar abusos.
Además, dice que una remuneración variable debería estar atada a una evaluación de desempeño y de cumplimiento de objetivos específicos y extraordinarios.
«No puede haber un premio por hacer bien el trabajo para el que lo contrataron», añade.
¿Qué dice la ley sobre la remuneración variable?
El numeral 4 del artículo 20 de la Ley de Empresas Públicas, aprobada durante el Gobierno de Rafael Correa, estableció que estos empleados pueden tener acceso a una remuneración variable.
La ley detalla que el sistema de remuneración variable «debe orientarse a bonificar económicamente el cumplimiento individual, grupal y colectivo de índices de eficiencia y eficacia, establecidos en los reglamentos pertinentes».
Y añade que los incentivos económicos «se reconocerán proporcionalmente al cumplimiento de tales índices, mientras estos se conserven o mejoren, mantendrán su variabilidad de acuerdo al (sic) cumplimiento de las metas empresariales».
Pero la Ley también aclara que esta remuneración no constituirá un derecho adquirido.
«El pago de la remuneración variable se hará siempre y cuando las empresas generen ingresos propios a partir de la producción y comercialización de bienes y servicios», dice el artículo.
En CNEL recibieron USD 1.000 por trabajador
En el segundo contrato colectivo de CNEL, por ejemplo, solo se especifica que el monto anual de esa remuneración variable «no podrá ser menor al 100% de la remuneración de cada categoría o escala salarial».
Es decir, si un trabajador está en una escala salarial de USD 1.500 al mes, su remuneración variable al año debe ser mínimo de ese valor, independientemente de lo que arrojen los cálculos para establecer su eficiencia.
Gómez, que además es secretario del sindicato de CNEL y vocal de los afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dijo que los trabajadores amparados al contrato colectivo de esta empresa pública no están recibiendo actualmente el pago de ese beneficio.
Lo anterior, porque la negociación de ese segundo contrato colectivo está paralizada. Sin embargo, los trabajadores del Comité de CNEL se beneficiaron de este pago adicional por eficiencia incluso antes de que entre en vigencia su primer contrato colectivo de 2021.
Los empleados recibieron el pago retroactivo de esta remuneración variable por el período 2015-2020, gracias una acción de protección presentada el 11 de noviembre de 2019.
Tras casi un año de litigio, en diciembre de 2020, el juez a cargo de la causa otorgó la acción de protección.
CNEL apeló esa sentencia, apenas conoció el fallo en su contra. Pero llama la atención que no esperó hasta el final de este proceso, que sigue en marcha, y pagó el sueldo variable a los sindicalistas.
Gómez dijo que con esto, cada trabajador recibió alrededor de USD 1.000.
Pero al exviceministro de Trabajo, Francisco Vacas, le llama la atención que se paguen montos fijos de remuneración variable. «Se supone que los rubros deberían cambiar, en función del desempeño de cada trabajador».
El trámite de apelación de CNEL ha sido lento. CNEL pidió tres veces solo en 2024 que la Corte Provincial de Justicia del Guayas fije una fecha para la audiencia de estrados.
Recién para el 14 de noviembre de 2024 está previsto que se lleve a cabo esa audiencia.
Nacionales
Antes de una reforma de pensiones, se deben vender USD 2.000 millones en activos para dar liquidez al IESS, dice Presidente Noboa
El Presidente Daniel Noboa dijo este 28 de agosto de 2026, que antes de ir a una reforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en cuanto a aportes y pensiones, es necesario que primero la entidad consiga liquidez vendiendo sus activos, entre ellos, bienes raíces como terrenos, lotes, edificios, entre otros, que estarían valorados en USD 2.000 millones.
Noboa dijo esto al ser consultado en una entrevista en Radio Centro Digital sobre qué pasó con la propuesta de reforma al sistema de pensiones de la que había hablado el entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, en 2025.
De ahí que Noboa enfatizó que una reforma que implique, por ejemplo, un aumento en los aportes, podría afectar en la generación de empleo en Ecuador.
«Antes de cualquier reforma al IESS debemos generar USD 2.000 millones en liquidez. Así aguantas el bache y sostienes este proceso de mayor generación de empleo. Si tenemos que vender activos para generar caja y sostener el proceso, hay que hacerlo», dijo.
Y añadió que ha pedido a Bernardo Cordovez, el delegado de la Función Ejecutiva y presidente del Consejo Directivo del IESS, que los venda.
» He dado la orden a Bernardo, le he dicho: ‘hermanito, vende todos los activos, ¿qué haces con tantos edificios, terrenos, macro lotes, cuando necesitas atender salud y pensiones?’ …Ya se comenzaron a vender, pero hay mafias que no quieren que se venda nada», explicó.
El catastro de bienes del IESS, con fecha del 19 de marzo de 2026, está compuesto por 1.387 predios distribuidos en las 24 provincias del país y clasificados de acuerdo con los diferentes seguros especializados, entre ellos el campesino y el de pensiones, los que tienen a su nombre la mayor cantidad de propiedades.
El seguro campesino cuenta con 676 inmuebles, el 48,7% del total de los predios, mientras que el de pensiones tiene 389 bienes, el 28,05%. Le siguen en la cartera inmobiliaria los seguros de salud (9,37%) y de la Dirección General del IESS (13,7%).
Ahí constan oficinas administrativas, edificaciones, terrenos. Entre ellos, dispensarios del Seguro Campesino como Barabón, de 912 metros en Azuay, hasta hospitales de tercer nivel como el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, de una extensión de 82.150 metros cuadrados.
Menos colocación de crédito hipotecario del Biess
Noboa enfatizó que el IESS requiere liquidez con urgencia y puso como ejemplo que el banco del IESS, (Biess) ha tenido que reducir la colocación de créditos hipotecarios, para atender al sector de salud.
«Ha tenido que reducir sus inversiones en créditos hipotecarios para atender salud; menos créditos de vivienda a 2,99% para arreglar un hospital» Daniel Noboa.
A junio de 2026, la cartera de crédito hipotecario del Biess sumó USD 6.627 millones; esto es una caída de 2,37% frente a junio de 2025. Fuente: Vistazo
El presidente Daniel Noboa aseguró que prefectos, alcaldes y asambleístas son dueños de dializadoras con derivaciones. Además, habló sobre los cambios ejecutados en el sistema de salud para mejorar la atención.
En entrevista con Radio Centro, el mandatario detalló que se han realizado más de 24 auditorías en hospitales, muchas de las cuales terminaron en detenciones, pero hay “estructuras grandes” que siguen obstaculizando el trabajo.
Agregó que incluso hay periodistas que tienen medios digitales e insultan al gobierno, pese a que son proveedores del Estado.
“Cómo puedes salir a criticar si eres proveedor del sistema de salud y al mismo tiempo tu pareja está en todas las mafias eléctricas desde hace 15 años y está involucrado como testaferro de Glas”, arremetió sin especificar nombres.
Noboa comentó que se está trabajando en repotenciar varios hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero eso requiere una alta inversión.
Por ello, indicó que esa institución ha implementado un plan para vender “bienes ociosos” como terrenos, edificios y oficinas desocupadas.
“Antes de hacer una reforma debemos generar USD 2.000 millones en liquidez en venta de activos”, detalló el jefe de Estado.
Tecnología para la atención en salud
La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, avanzó que se está implementado telemedicina para descongestionar la demanda de atención física en hospitales.
En cuanto a medicamentos, el presidente Noboa informó que trabajan en fortalecer el sistema de atención primaria para que las personas obtengan más rápido los fármacos sin necesidad de trasladarse a hospitales de especialidades.
Dedalus es una plataforma líder en Europa y referente mundial en servicios de salud digital para historias clínicas electrónicas y diagnóstico médico. Fuente: Vistazo
Nacionales
Contratos a la carta: Así Celec modificó las reglas para pagar USD 104 millones a Progen sin generar un megavatio
En el caso Apagón, la Fiscalía sigue revelando detalles de cómo la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y el Ministerio de Energía habrían operado para desembolsar fondos a la firma estadounidense Progen de forma irregular.
La trama involucró dos contratos de emergencia por USD 149,1 millones para instalar 150 megavatios de potencia en las centrales Salitral (100 megavatios) y Quevedo (50 megavatios).
Según el Ministerio Público, mediante un contrato complementario y cambios de reglas que flexibilizaron los hitos de pago originales, se transfirieron USD 104,4 millones a la contratista de forma injustificada.
Los desembolsos se pagaron pese a que la proveedora entregó motores usados y fabricados en 2009. Al día de hoy, los equipos no han generado un solo megavatio de energía y el país todavía intenta cubrir el déficit de generación eléctrica a puertas de un nuevo estiaje.
Los contratos y el primer ‘retraso’
El 2 de agosto de 2024, Celec y Progen firmaron dos contratos por USD 149,1 millones: Salitral, por USD 99,4 millones y 120 días de plazo, y Quevedo, por USD 49,7 millones y 95 días.
En lugar del anticipo de ley al que Progen renunció, las partes acordaron pagar el 70% del monto total del contrato en el extranjero contra la presentación del listado de empaque, omitiendo requerir garantías
de buen uso de fondos públicos. Ese mecanismo quedó establecido en el Hito 1 de los contratos.
Eso significa que, en lugar de que ese pago estuviera condicionado a que los equipos llegaran, fueran instalados y demostraran que funcionaban, solo se exigió un documento que señala qué equipos se están enviando; la cantidad de unidades; la descripción de cada equipo, peso, número de serie.
Los plazos de 120 y 95 días, respectivamente, de cada contrato debían contarse desde la fecha de la firma del contrato. Sin embargo, un retraso administrativo, que hoy la Fiscalía investiga, alteró los contratos por primera vez, en un evidente beneficio para Progen.
Cristian Dahik, hoy uno de los vinculados al caso Apagón, entonces subgerente de Termopichincha, habría retrasado la protocolización de ambos contratos por 33 días en la Notaría 47 de Quito.
Con base en esta demora, se postergó el inicio del plazo de Quevedo al 3 de septiembre de 2024, otorgándole a la contratista un beneficio de 32 días de gracia en el cronograma.
La adenda y la flexibilidad
Tras esta demora, el plazo original del contrato de Quevedo venció el 10 de diciembre de 2024.
Sin embargo, pese a que el vínculo principal ya estaba extinto, el 11 de enero de 2025 Gonzalo Guerrón y Marcos Guerrero suscribieron el contrato complementario TPI-CON-0001-25. Este instrumento, que contó con el informe favorable de Daniela Gordillo, fraccionó el pago del 70% en cinco cuotas semanales de USD 6,9 millones. Todos están siendo procesados por peculado.
Además, el contrato complementario de Quevedo concedió 62 días adicionales de plazo, impidiendo la aplicación de multas por mora.
Y las nuevas reglas se cumplieron. De forma sucesiva, entre enero y marzo de 2025, se procesaron las cinco órdenes de pago numeradas de la 340943 a la 344891 a favor de la cuenta de Progen en el Regions Bank de Alabama, acumulando una transferencia neta por un valor de USD 34,79 millones.
En Salitral, en cambio, el exadministrador Marlon Casilla negó una prórroga de 55 días por falta de justificativos. Sin embargo, tras la salida de Casilla, el nuevo administrador Rommel Calderón solicitó un nuevo criterio a Daniela Gordillo. Con este informe favorable, el gerente Gonzalo Guerrón aprobó dos prórrogas por 57 días (Resoluciones TPI-RES-0014-25 y TPI-RES-0020-25).
Estas ampliaciones de plazo en Salitral viabilizaron que la contratista Progen cobrara el Hito 1 por USD 69,9 millones o 70% del contrato, dinero transferido el 1 de octubre de 2024.
Al vencerse el cronograma de ese contrato, el 27 de febrero de 2025, se certificó que los 29 grupos electrógenos jamás llegaron a la central, quedando el proyecto con un 0% de puesta en marcha. Y sin que retorne el dinero.
LA RUTA DE LOS USD 104,4 MILLONES
Celec pagó a Progen más de USD 104 millones sin que la empresa haya generado un megavatio.
Central Salitral (100 MW)
Central Quevedo (50 MW)
Ficha técnica inicial (TPI-CON-0062-24)
Objeto del contrato: Adquisición de 29 grupos electrógenos, obras civiles y puesta en marcha.
Monto original: USD 99.400.000
Plazo original: 120 días calendario.
Fecha de firma: 2 de agosto de 2024.
Fecha real de inicio: 3 de septiembre de 2024 (tras 33 días de retraso en protocolización notarial).
Hito de pago: El desembolso del 70%
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Fuente: Satje/Fiscalía/Sercop
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Gráfico: PRIMICIAS
¿Un modus operandi?
La investigación judicial del caso Apagón evidencia, además, que la trama de Progen era similar al patrón operativo empleado con el caso ATM.
En este proceso, Ecuador firmó con la firma uruguaya Austral Technical Management para la central Esmeraldas III.
Ambos proveedores desistieron de recibir el anticipo legal. Según la Fiscalía, esto podría haber buscado evadir la entrega de garantías bancarias de fiel cumplimiento y de buen uso de recursos públicos
En ambos casos, además, las adendas permitieron a las empresas cobrar millones de dólares en el extranjero mediante simples embarques, sin que los desembolsos dependieran de la instalación física o de la generación eléctrica.
Mientras Austral cobró USD 71,4 millones con motores viejos e incompatibles con el sistema nacional, Progen recibió USD 104,4 millones sin generar un megavatio.
Los peritajes técnicos demuestran que las dos firmas entregaron motogeneradores usados del año 2009 en lugar de equipos nuevos de última tecnología. Varias de estas unidades presentaban placas limadas y números de serie alterados.
El país pagó USD 175,8 millones en total a ambas firmas, pero continúa apagado y sufriendo cortes de energía por la falta de generación. Pero en el caso de ATM, el holding estatal Celec ni siquiera había terminado unilateralmente el contrato hasta el 29 de julio de 2026. Fuente: Primicias
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