La nueva ley minera encendió alertas en redes sociales y colectivos ambientales. ¿Habrá minería en Galápagos? La respuesta oficial es tajante: no.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que el Parque Nacional Galápagos (PNG) mantiene su condición de área protegida y no puede ser intervenido para actividades mineras.

Parque Nacional Galápagos mantiene prohibición total

La entidad aclaró que dentro del Parque Nacional Galápagos no se permite minería metálica ni no metálica, sin excepción.

La normativa vigente y la Constitución protegen el área. No existen autorizaciones para explotación industrial ni para proyectos comerciales dentro del parque.

Extracción limitada solo fuera del parque

La ley contempla una excepción técnica y delimitada: fuera del PNG y únicamente en zonas definidas como Zonas de Aprovechamiento Sustentable, se podrán autorizar permisos para extracción de áridos (arena, grava, piedra) destinados exclusivamente a obra pública local.

No se trata de minería comercial ni de exportación. La autorización requerirá informes ambientales y control administrativo.

También se permitirá, bajo regulación, aprovechamiento artesanal de áridos y pétreos en áreas específicas fuera del parque.

La ley no amplía derechos mineros en Galápagos

El Ministerio sostuvo que la norma no crea nuevas competencias ni abre la puerta a minería a gran escala en el archipiélago.

Según la explicación oficial, el objetivo es ordenar actividades existentes y establecer reglas claras para frenar la extracción ilegal, que es la que genera mayores daños ambientales.

Galápagos bajo protección constitucional

Galápagos es Patrimonio Natural de la Humanidad y una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. La Constitución ecuatoriana reconoce derechos de la naturaleza y establece protección reforzada para áreas protegidas.

La aclaración oficial busca frenar interpretaciones que vinculaban la nueva ley con una posible apertura minera en el archipiélago.

Ecuador cerró 2025 con una reducción en sus niveles de pobreza. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicados el 27 de febrero de 2026, muestran que la pobreza por ingresos cayó a 21,8 %, una disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto al año anterior.

El dato más llamativo no está en el promedio nacional, sino en la Amazonía.

Orellana registra la mayor caída del país

La provincia de Orellana pasó de una tasa de pobreza de 76,2 % en 2024 a 44,2 % en 2025, lo que implica una reducción de 32 puntos porcentuales.

Con ese descenso, dejó de ser la provincia más pobre del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu).

El dato representa el mayor retroceso provincial en pobreza por ingresos en el último año.

¿Qué mide la pobreza por ingresos?

La pobreza por ingresos se calcula cuando el ingreso per cápita del hogar es inferior al costo de la canasta básica definida oficialmente.

Este indicador no mide acceso a servicios, sino capacidad económica mensual.

Panorama nacional en 2025

A escala nacional, el 21,8 % de la población ecuatoriana vivió en condición de pobreza por ingresos en 2025.

La reducción de 2,5 puntos frente a 2024 marca una mejora en términos estadísticos, aunque más de uno de cada cinco ecuatorianos aún no cubre el umbral mínimo de ingresos.

El comportamiento provincial evidencia brechas territoriales marcadas, con variaciones fuertes entre zonas urbanas y rurales.

El desafío pendiente

Aunque Orellana mostró la caída más significativa, su tasa de 44,2 % todavía refleja que casi la mitad de su población vive en situación de pobreza por ingresos.

A casi un mes de que el Gobierno de Daniel Noboa dispuso la suspensión de todas las actividades mineras en Napo, Loja y El Oro, por contaminación ambiental en ríos, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, detalla en entrevista con PRIMICIAS cuáles han sido los resultados de esta medida.

Según Manzano, hasta el 25 de febrero de 2026, unos 110 puntos de actividades mineras en Napo y Loja fueron suspendidos y, por otro lado, se realizaron 105 notificaciones de cese de operaciones en plantas de beneficio en la provincia de El Oro.

La Ministra reconoce que el Gobierno todavía no ha podido tomar el control de ocho frentes de minería ilegal en Napo, en la zona de Alto Punino, por la presencia de grupos armados.

Ha pasado casi un mes desde que se suspendió la minería en Napo, Loja y en Portovelo, ¿qué resultados hay?
Cuando emitimos la resolución, el foco era la conservación de cuencas hidrográficas. Primero, la cuenca hidrográfica Tumbes- Puyango, en dos provincias, El Oro y Loja.

Y después, también pensamos en la cuenca del Napo, en donde están importantes afluentes de ese río.

Tenemos ya el último reporte de Arcom. Unos 110 puntos de actividades mineras en Napo y Loja fueron suspendidos, pero lo que dice el reporte también es que tienen ciertos puntos en donde no han podido acceder, por ejemplo, en Napo, porque son de difícil acceso; es decir, tienen que acceder por vía aérea.

En Napo se colocaron 28 sellos de suspensión. En Loja había 100 concesiones, pero se hicieron 82 inspecciones, no tenemos personal suficiente para cubrir todas. De esas, 62 siguen suspendidas, porque 20 demostraron que estaban con todo en orden.

¿Qué va a pasar con las concesiones tomadas por Los Lobos? ¿Se podría hacer una incursión como en Buenos Aires, desde el cielo?
Es diferente, Napo es plano, selva. Pero en todo caso, las Fuerzas Armadas tienen diferentes tácticas, en caso de Sierra, montaña, selva.

El año pasado tuvimos más de 390 incursiones en el tema de minería ilegal con Fuerzas Armadas.

No puedo decir cuánto tomaremos el control, porque se necesitan recursos, es lo que nos hace falta para poder llegar. Pero sí, vamos a llegar, siempre llegamos.

«No puedo decir cuánto tomaremos el control, porque se necesitan recursos, es lo que nos hace falta para poder llegar»

Si llegamos a Buenos Aires y Muyuyacu, podemos llegar a Alto Punino sin problemas, necesitamos la coordinación. Pero eso yo no lo manejo directamente, lo manejan muy confidencial entre Fuerzas Armadas y Arcom.

En Napo hay más concesiones, ¿por qué solo 28 tienen sellos? ¿No han podido acceder por temas logísticos o no pueden entrar por grupos armados?
Antes de la suspensión del 2 de febrero, ya había algunas concesiones que estaban suspendidas, por ejemplo, las cuatro del proyecto Tena, de Terraearth, que suspendimos en mayo de 2025.

Luego de la resolución emitida el 2 de febrero, sí, en Napo hay un par de puntos a los que no se ha podido acceder por temas logísticos y otros por tema de bandas, en la zona de Alto Punino. Ahí están Los Lobos.

En Alto Punino se requieren medios aéreos y seguridad. Son ocho concesiones que no se ha podido acceder.

En Napo denuncian que se han reactivado puntos de minería ilegal luego de la medida del Gobierno, ¿qué ha pasado?
Se tienen que hacer nuevamente incursiones. Pero lo que pasa es que hay filtración de información, entonces, cuando llegamos, ya no hay actividades, porque se enteran que vamos.

En las 28 concesiones suspendidas no se ha podido llevar material aurífero, porque se han llevado todo, y eso es porque les avisaron, seguro hubo fuga de información. Por eso solo se ponen sellos, no hay ni una sola acta de decomiso.

¿Qué va a pasar con minería en Napo ya que es tan difícil distinguir entre legal e ilegal? Usted habló de que se estaban alquilando concesiones
En el caso de Napo, es minería en la que hay un derecho minero, pero el problema surgió por la misma normativa. La ley de Minería del año 2009 permitía lo que se llama «silencio administrativo positivo», que decía que si en seis meses no tienes la licencia ambiental, cuando ya la solicitaste, automáticamente puedes entrar a trabajar.

Quienes estaban provocando este daño ambiental son quienes hicieron esa ley y nunca han querido hacer algo para arreglar eso.

«Quienes estaban provocando este daño ambiental son quienes hicieron esa ley y nunca han querido hacer algo para arreglar eso»

Por otro lado, en la ley, sí existe lo que se llaman contratos de operación.

Un pequeño minero decide que dentro de su área concesionada va a darle un contrato de operación a un tercero y esos son los que van y extraen.

Por eso, en la nueva ley minera aprobada hoy propusimos un cambio para regular los contratos de operación. Ahora solo la empresa pública Enami va a poder otorgar contratos de operación en pequeña minería.

Con eso se crea un registro y vamos a tener controlados a todos los contratos de operación que nunca le han pagado nada al Estado. Es una extracción que, desde mi punto de vista es ilegal y  sin control alguno. Podrías tener un pequeño minero y cinco contratos de operación en esa concesión.

«Es una extracción que, desde mi punto de vista es ilegal y sin control alguno»

La empresa Terraearth ha estado envuelta en polémicas por presunta contaminación y por alquiler de concesiones en Napo, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno?
El proyecto Tena, de Terraearth estaba ya suspendido desde mayo del año pasado y presentaron un plan de acción, pero no lo cumplieron.

Ellos son parte de los que hacen contratos de operación con terceros. Y sí, encontramos que ellos no estaban haciendo adecuadamente las cosas, ni en tema ambiental, ni en el tema operativo.

Entonces ya están en un proceso legal, desde la Subsecretaría de Pequeña Minería y también desde la Subsecretaría de Calidad Ambiental, son dos procesos diferentes.

Quiero ser muy clara, los recursos metálicos son de todos los ecuatorianos.

«Quiero ser muy clara, los recursos metálicos son de todos los ecuatorianos»

Yo no puedo estar, con el dinero que me entra de la minería, haciendo tratamiento de las aguas o haciendo yo como Estado la reparación. Ahí estaría haciendo lo que ellos deberían de hacer. Yo debería utilizar el dinero que ingresa por minería para el bienestar de la comunidad.

Lo que hago no es porque estoy en de contra la minería, estoy en contra de la minería ilegal y de la ilegal disfrazada de legal. Estoy en contra de la contaminación.

¿Pero qué acciones tomarán con ellos? ¿Se les puede revertir las concesiones?
Yo no puedo decir qué va a pasar, son procesos que están en marcha. Además, son dos temas diferentes, el uno es de revisión del derecho minero y el otro ambiental.

¿Y qué ha pasado con las plantas de beneficio en El Oro? ¿Qué sanciones van a recibir?
Antes de haber sacado la resolución del 2 de febrero, se había hecho 15 días antes unos muestreos del agua de los dos ríos, Calera y Amarillo. Encontramos plomo cinco veces más del límite permisible, arsénico y cianuro. El cianuro, por ejemplo, estaba muy por encima de los límites permisibles.

Bajo la presunción de que pueden ser todos los operarios de plantas los que causaron eso, suspendimos actividades a todas.

Y hoy en día el agua de esos ríos tiene otro aspecto, definitivamente falta restauración, pero por lo menos ya se ve el agua limpia y también ha cambiado el olor.

Pero eso es solo visual, ¿han hecho nuevos muestreos?
Sí, los muestreos los hace la Agencia de Regulación y Control del Agua. Y también lo están haciendo en Napo.

Ellos están monitoreando, porque, lo que teníamos era una línea base de cuando ellos estaban operando, ahora quiero tener una línea base de la situación cuando ya no están operando. Tal vez en unos 10 días más sabremos cómo están esos monitoreos.

 ¿Y cuándo vendrá la reparación?
Falta la restauración de todo lo que pasaba en los márgenes de los ríos, eso tenemos que reparar, pero para eso tenemos que hacer todo un proceso sancionatorio.

Ojalá todo se resolviera en menos de un mes, pero no. Sobre todo toma tiempo la parte en la que se va a hacer responsable a alguien por la restauración.

De las 105 plantas en El Oro, 66 que tenían la licencia ambiental, pero igual las suspendimos. No importa si tienes licencia ambiental, si llego como autoridad y veo que en ese momento están contaminando eso se llama responsabilidad objetiva y son responsables de lo que en ese momento se encontró.

Sí, tienes licencia, pero estás contaminando, la licencia no te permite contaminar. La licencia te dice minimiza los riesgos.

De estas 66 plantas, luego del 2 de febrero, unas 57 me presentaron planes de acción.

¿Qué implica el plan de acción? ¿Con eso ya pueden volver a operar?
Es un instrumento en el que nos dicen qué es lo que van a hacer para reparar el daño.

Si no cumplen lo del plan se les vuelve a suspender. Solamente se ha permitido la operación nuevamente a quienes les hemos aprobado los planes de acción.

De las 105 plantas, 57 nos presentaron planes de acción, pero solo a 20 les aprobamos, porque eran planes que se podían cumplir, hicimos inspecciones.

«De las 105 plantas, 57 nos presentaron planes de acción, pero solo a 20 les aprobamos»

Por otro lado, hay 21 plantas que estaban en proceso de licencia ambiental; es decir, que habían estado operando sin licencia ambiental, porque la famosa Ley de Minería les permite esa majadería, por el «silencio administrativo positivo».

Y otras 18 plantas de beneficio nunca iniciaron un proceso de licenciamiento ambiental, pensaban que estaban por encima de norma. Esas no van a poder tener ningún tipo de levantamiento.

Aunque presenten plan de acción, debe haber sanciones, ¿cuáles serían?
No puedo decir de antemano cuál ser sería la sanción, eso sería prevaricato. Las sanciones están en el Código Ambiental y te dicen que puedes tener sanciones pecuniarias o sanciones administrativas. Pero los procesos están avanzando.

Habría que esperar, algunos procesos ya están en etapas de prueba. Fuente: Primicias