La pregunta 3 del segundo pliego que presentó el gobierno nacional a la Corte Constitucional ha generado preocupación en el sector minero de la provincia de Zamora Chinchipe. Este sector asegura que su trasfondo es incierto.
Aquí compartimos la pregunta número 3 y que trata:
¿Está usted de acuerdo en que, para erradicar la minería ilegal, se declaren a las zonas mencionadas en el Anexo 5, como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar, por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras, para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado?
Por ello, a través de una rueda de prensa, los representantes mineros de la provincia de Zamora Chinchipe, junto a la asambleísta Andrea Rivadeneira, exigen al gobierno de Daniel Noboa que no se mezcle la minería ilegal con la minería artesanal no regularizada.
“Al momento de revisar los anexos. Hay partes donde podrían significar la solución a la minería en la provincia de Zamora Chinchipe y en otras, dejan dudas sobre el espíritu de la pregunta, si se beneficiaran a los mineros o beneficiar a los poderosos”, resaltó Juan Carlos Tapia, presidente de la Unidad Minera Provincial. También habla de declarar los territorios de interés nacional en un caso puntual de Chinapintza en Zamora Chinchipe.
Por tal motivo, los mineros buscarán asesoría a través de un profesional en materia constitucionalista para revisar detalles y aspectos que garanticen los derechos históricos de esta población que dinamiza en gran proporción la economía. Un factor imprescindible es la generación de un censo para con datos específicos determinar cuantos mineros existen en el país; entregar títulos y finalizar con problemáticas como el tráfico y renegociaciones de concesiones.
La legalización y regularización es para cumplir con todos los aspectos legales, técnicos, ambientales que exige la norma ecuatoriana e internacional. Consideran que puede ser una puerta hacia el tratamiento de las problemáticas mineras o simplemente que “el estado ingrese y pueda entregar concesiones a otros entes económicos, despojando a sus propietarios históricos o simplemente hacerse acreedores esos ingresos directamente, por ser denominada de interés nacional”, rescató Tapia.
A Paúl Pineda, presidente del Distrito Minero de Chinapintza donde existen miles de mineros, le preocupa que, por una sola vez, la Agencia de Regulación y el Ministerio de Minería harán un análisis. En resumen, asegura que las concesiones han permitido la minería ilegal, dejando claro que las empresas transnacionales ingresaron después que los asentamientos tradicionales e históricos, lo que es de conocimiento público.
La determinación de mineros ilegales no habría sido la correcta en vista de que aquí existen mineros ya censados y también hay mineros que no fueron censados porque en el tiempo del CEMINA 2010, las compañías, aparentemente habrían direccionado el censo pues presenta irregularidades; una de ellas, es que personas que no eran mineras, obtuvieron derechos.
Dentro de esa preocupación y de esas preguntas, aquellos concesionarios o mineros para justificar que no realizan minería ilegal deben hacerlo con amparos administrativos y con ello desataría un conflicto social en los miles de mineros que trabajan en Chinapintza. Consecuencia de ello, existe un amparo con ciertas características direccionadas a la persecución en contra del actual presidente del Distrito Minero de Chinapintza, Paúl Pineda.
Intervención de la asambleísta
Cabe indicar que esta reunión estaba pactada para que los dos asambleístas estén presentes, pero Héctor Valladares por temas de índole personal no asistió y su homóloga, Andrea Rivadeneira se solidarizó con él y sus familiares.
Por otra parte, la asambleísta por Zamora Chinchipe, manifestó que la pregunta número 3 del segundo pliego que llegaron hasta la Corte Constitucional, ha causado alerta e incertidumbre en el pueblo de Zamora Chinchipe. “No es lo mismo y no podemos desconocer que las mafias están creando temor e incertidumbre en la ciudadanía. Pero no podemos mezclar en un mismo saco a los mineros artesanales no regularizados y a las mafias que se encuentran detrás de la minería ilegal y que realizan estas actividades para financiar sus actos ilícitos”, dijo la representante de la provincia en la Asamblea Nacional.
Tienen la esperanza de que a través de la voluntad política y con el apoyo de las autoridades, puedan encontrar soluciones a lo planteado.
El sector minero aluvial también tiene la misma inquietud, por la forma en cómo está planteando el gobierno la pregunta número 3. Y persisten en que la Corte Constitucional debe rechazar esa interrogante, porque esa no sería la solución. (I)
