Por: Alcibar Lupercio
Estimado Oswaldo Medina, reciba mi más profunda solidaridad en este momento de dolor e indignación que atraviesa usted y su familia. Los hechos que han llevado a la desaparición del joven no solo son una tragedia personal, sino también un reflejo de la negligencia y la falta de responsabilidad de las autoridades involucradas, desde el gobierno central hasta los representantes provinciales y locales, incluidas las fuerzas armadas.
El uso de la fuerza indiscriminada en una mina, un espacio donde trabajadores luchan día a día por subsistir, es una muestra alarmante de una ausencia total de estrategia e inteligencia operativa. Si las autoridades encargadas realmente aplicaran procesos de inteligencia, esta tragedia no habría ocurrido. Es inadmisible que una familia pague con su sufrimiento las consecuencias de un accionar negligente e inhumano.
Por otro lado, sabemos que la minería genera un impacto ambiental innegable, pero también nos cuestionamos: ¿qué han hecho las autoridades para regularizar esta actividad? ¿Han delimitado con claridad dónde se puede y dónde no se debe hacer minería? La respuesta es evidente: no lo han hecho porque no les conviene, porque así mantienen intacta la «vaquita lechera» que representa esta actividad para ciertos sectores corruptos.
Además, ¿qué alternativas han ofrecido a los pequeños mineros y mineros artesanales, quienes son pilares en la generación de empleo y dinamización de la economía local? Negarles el derecho a trabajar sin presentar opciones viables demuestra una falta de visión y compromiso con el desarrollo de la provincia.
Y ahora nos preguntamos también: ¿por qué el silencio de aquellos que se autoproclaman defensores de derechos humanos y representantes del pueblo? ¿Será que están calculando sus propios intereses políticos? Si hoy no se pronuncian ante esta injusticia, seguramente esa será su actitud en caso de que lleguen a ocupar posiciones de poder.
Señor Presidente Daniel Noboa Azin, es imperativo que tome acciones concretas y definitivas a favor de los mineros, garantizando sus derechos y protegiendo sus vidas. La corrupción enquistada en las instituciones debe ser erradicada con sanciones ejemplares para quienes, desde posiciones de poder, abusan de su autoridad para extorsionar y perpetuar el desamparo de los más vulnerables.
Finalmente, fuerza amigos mineros. Nos solidarizamos con ustedes, quienes hoy son perseguidos de manera cruel e injusta por un sistema que, en lugar de protegerlos, los criminaliza. Este no es solo un llamado de indignación, sino un clamor de justicia. La vida y la dignidad de los trabajadores no pueden seguir siendo el precio de la corrupción y la incompetencia estatal.
