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¿Menos tiempo de campaña, menos candidatos y menos votantes? Qué pasa con el cambio de fecha de las elecciones seccionales en Ecuador
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar la fecha de las votaciones, del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, y comprimir el calendario electoral, sorprendió al país entero la tarde del viernes y levantó una serie de cuestionamientos contra los consejeros del organismo, debido al impacto de la medida.
Durante el lunes siguiente, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el vicepresidente, Enrique Pita, desplegaron una campaña de justificación, a través de entrevistas en medios, en la que han repetido, de forma atropellada, los argumentos técnicos y legales que utilizaron para la dramática reducción de todos los plazos y procesos de las elecciones seccionales en Ecuador.
El adelanto de los comicios pondrá presión no solo sobre las organizaciones políticas, los aspirantes a candidatos, sino también sobre las propias autoridades. La decisión tendrá un impacto directo en el tiempo para que la ciudadanía conozca sus opciones, la cantidad de votantes que ingresarán al padrón y hasta los días para que se impriman los millones de papeletas necesarias.
Por todo esto, el discurso del adelanto de las elecciones seccionales como medida de prevención frente a un supuesto fenómeno de El Niño que causaría estragos en febrero de 2027 genera más dudas que certezas. La principal es la imposibilidad de vaticinar un evento climático de esa magnitud con tanta anticipación.
A continuación PRIMICIAS recoge las inquietudes que ha generado la polémica decisión del CNE:
1 Una excusa sin precedente
Desde el cambio de Constitución, y después del periodo inicial de transición, se han llevado a cabo tres elecciones presidenciales y tres seccionales en febrero, sin importar la intensidad de los inviernos y sin que los pronósticos climáticos interfirieran.
La alarma por el fenómeno de El Niño ya se instaló en Ecuador en 2023: se esperaba que llegue entre noviembre y diciembre y que se intensifique hasta marzo. Por lo que el gobierno de Guillermo Lasso tomó extensas previsiones para asegurar la respuesta estatal ya que se esperaban USD 4.000 millones en pérdidas.
En ese entonces la probabilidad técnica de ocurrencia fue del 100%, ahora es del 62%. Sin embargo, al final, la intensidad fue moderada y, en realidad, hubo una sequía intensa que afectó a la generación eléctrica del país. En ese febrero de 2024, el registro de la Secretaría de Riesgos ascendía a 2.875 personas afectadas. La cifra es baja en comparación con las casi 20.000 registradas entre enero y febrero de este 2026.
Pero ese lejano pronóstico no fue suficiente para que las autoridades electorales pasen del tradicional plan de contingencia (para los recintos electorales que durante los últimos 12 años han tenido riesgos de afectación por las frecuentes lluvias de febrero) a una abrupta reducción del calendario electoral.
Por ejemplo, para la segunda vuelta electoral del 13 de abril de 2025, el Consejo Nacional Electoral reubicó 24 recintos electorales, que estaban afectados por las lluvias o habían sido usados como albergues. Lo mismo que ha sucedido en cada votación.
2 Plazos legales reducidos
La reducción de todos los plazos para las etapas del calendario electoral pone presión sobre todos los actores del sistema; incluso, sobre las mismas autoridades electorales.
El mismo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se ha visto en el problema de resolver todos los recursos que llegan a sus oficinas durante un periodo electoral ordinario, mucho más aún durante uno que ha sido modificado para ser más corto.
Los jueces del TCE han tenido desacuerdos en varias ocasiones con el CNE, puesto a que la carga procesal y los plazos fijos legales imponen ritmos imposibles para el Tribunal y su capacidad operativa.
Ya pasó en las seccionales de 2019, la demora en la resolución de los recursos electorales hizo que no se tenga autoridades definidas para el 14 de mayo, fecha de posesión de las dignidades locales. Los problemas se reportaron principalmente en Los Ríos.
Ni siquiera en momentos como la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, el TCE y el mismo CNE estuvieron de acuerdo con que se modifique el calendario electoral establecido para 2021, justamente por la afectación que implicaría para todos los eslabones del proceso.
No existe un artículo en la Constitución ni en el Código de la Democracia que faculte al CNE a adelantar la fecha de las votaciones, una vez establecida. Aunque los consejeros del organismo sostienen que mientras cumplan el plazo de convocar a elecciones, con al menos 120 días de anticipación, no hay problema.
3 Obstáculos para la participación
Aunque la presidenta del CNE, Diana Atamaint, insiste en que el tablero electoral está marcado de igual manera para todas las organizaciones políticas, no todas tienen los mismos recursos, ni las mismas capacidades. Tampoco todas están en la misma situación legal.
Por ejemplo, pese a que las autoridades electorales lo nieguen, su decisión de acortar el calendario pone en serios aprietos a partidos y movimientos nacionales, que enfrentan procesos electorales administrativos y contenciosos; al igual que a movimientos locales.
El impedimento de la participación del movimiento Revolución Ciudadana era una certeza no confirmada con el calendario original. Entonces, quedaba una remota posibilidad de sortear sus impedimentos legales, para ejecutar sus procesos de democracia interna hasta el 14 de agosto, incluyendo la participación del alcalde Aquiles Alvarez. Ahora les quedaría como única opción su inmediata desafiliación hasta el 19 de mayo, para poder así terciar por otras listas.
Algo similar ocurre con Unidad Popular y Construye, que están en proceso de eliminación por parte del CNE. Los dos tenían cuatro meses por delante para allanar su camino a las papeletas. Ahora tienen uno.
A esa lista se suman los movimientos nacionales y locales que buscan ser calificados por el Consejo para inscribirse y participar. Ahora tienen hasta el 3 de mayo, lo que no solo depende de que completen o subsanen los requisitos, sino de que el CNE tenga la capacidad operativa para procesar los registros.
4 Menos tiempo de campaña
Algo particularmente difícil en todas las elecciones seccionales es que la ciudadanía conozca a los candidatos a todas las dignidades que debe escoger. No sucede. La mayoría de votantes no reconocen los nombres en las papeletas, menos aún sus perfiles y propuestas de trabajo.
Esa es una realidad incluso cuando el CNE otorga largos periodos de campaña, permitidos por el Código de la Democracia, con un máximo de 45 días. Ahora, los candidatos pasaron de tener 30 días a apenas dos semanas para poder darse a conocer y convencer al electorado.
Esto solamente influirá en la cantidad de campaña anticipada (sancionada por la Ley) y el abuso de la pauta en redes, un agujero negro que el CNE no logra controlar.
5 Efectos en el registro electoral
Al mover el calendario electoral, también habrá un impacto directo en la población que podrá participar. Por ejemplo, ya no podrán votar aquellas personas que cumplan 16 años entre el 30 de noviembre y el 14 de febrero.
Tampoco podrán hacerlo aquellas que preveían concretar un cambio de domicilio electoral hasta mediados de mayo, porque esa posibilidad se reduce hasta mediados de abril.
6 Incertidumbre legal
La polémica decisión del CNE también genera un escenario de inseguridad jurídica, como lo han manifestado varias organizaciones políticas. Ya que la planificación de su participación en las elecciones seccionales se hizo con la meta de llegar a febrero de 2027.
Sin embargo, los consejeros aprobaron una reducción de 77 días que afecta todas las etapas del proceso. Esto pese a que, como lo establece la Constitución, la posesión de las autoridades tendrá que esperar de todas formas hasta el 14 de mayo de 2027.
Además, no hay certezas de cómo esto afectará el trámite de las apelaciones y medidas interpuestas ante el TCE. Sin contar que el Tribunal podría echar abajo la decisión del CNE o que la Corte Constitucional podría pronunciarse frente a una eventual demanda de inconstitucionalidad o pedido de medidas cautelares. Aunque la presidenta Atamaint advirtió que los magistrados no podrían interferir en sus decisiones. Fuente: Primicias
Sofía Berenice G. R. fue sentenciada a 13 años de prisión este viernes 18 e septiembre por la desaparición involuntaria de su hijo, quien tenía apenas un año y 11 meses cuando se perdió su rastro en noviembre de 2021. Casi cinco años después, el pequeño continúa desaparecido.
El caso se remonta al 23 de noviembre de 2021, cuando Sofía Berenice G. R., entonces de 31 años, llamó a la media hermana del pequeño para pedirle que lo cuidara mientras realizaba unas diligencias.
La joven dijo entonces que no podía hacerlo porque se encontraba trabajando. Ante ello, la mujer le manifestó que se llevaría a su hijo fuera de la ciudad durante un día.
Alrededor de las 23:00, el padre del niño regresó de un viaje de trabajo y encontró una nota que había dejado Sofía: “Adiós Óscar, me voy lejos a iniciar una vida con el Sebas. Me voy a Colombia, a Cartagena. Chao”.
A partir de ese momento, la familia perdió contacto tanto con la mujer como con el pequeño.
A inicios de diciembre de ese año, Sofía volvió a comunicarse con el padre y le manifestó que ambos regresarían a la vivienda donde residían, ubicada en las avenidas Atahualpa y Roosevelt, en Latacunga.
Regresó a la vivienda, pero sin su hijo
El 2 de enero de 2022, Sofía Berenice G. R. regresó al domicilio familiar, pero el pequeño no estaba con ella.
Su hijastra le reclamó por la ausencia de su hermano y le advirtió que acudiría ante la Fiscalía para denunciar la desaparición. Tras esa advertencia, la mujer se retiró del inmueble.
Precisamente, la investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la media hermana del niño. Fiscalía dispuso la activación del protocolo de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional, pero hasta ahora no se ha logrado determinar el paradero del menor.
Más de tres años después, el 16 de octubre de 2025, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Sofía Berenice G. R. en cumplimiento de una orden de captura con fines de formulación de cargos por el delito de desaparición involuntaria.
Durante el juicio, Fiscalía presentó como elementos probatorios el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los testimonios del padre y de la media hermana de la víctima. Ambos declararon que Sofía sacó al niño de su domicilio y que desde entonces se perdió su rastro.
Además, los jueces ordenaron el pago de USD 15.000 como reparación integral para la familia de la víctima y una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados. Fuente: Vistazo
Nacionales
El Niño: Guayaquil prevé inundaciones de hasta 2,80 metros de altura, mientras acelera sus planes de mitigación
El Municipio de Guayaquil proyecta niveles de acumulación de agua de entre 40 centímetros hasta 2,80 metros de altura en los sectores más vulnerables de la ciudad. Se trata de niveles de fluctuación histórica de inundación registrados en zonas del noroeste de Guayaquil, que se podrían agudizar ante potenciales lluvias extremas por el fenómeno de El Niño.
Sandra Peñaherrera, líder comunitaria de Voluntad de Dios en Monte Sinaí, advirtió que la falta de alcantarillado pluvial en ese sector del noroeste incrementa el riesgo de desbordamientos y eleva a niveles peligrosos el nivel de las aguas durante inundaciones.
«El año pasado se nos cayeron tres casas y este año no queremos otro desastre», manifestó Peñaherrera, que urgió al municipio a desplegar maquinaria en el sector, pues señaló que la limpieza de los canales de aguas lluvias aún no iniciaban en la zona.
Fenómeno de El Niño: Del cerro Santa Ana a Nueva Prosperina, 14 sectores de Guayaquil tienen puntos amenazados por deslizamientos de tierra
El noroeste, la zona con mayores deficiencias de servicios públicos de la ciudad, es también la más expuesta pues creció de manera desordenada -a través de invasiones de tierra-.
Mapa de riesgo de inundaciones en en el norte de Guayaquil.PRIMICIAS
Según las autoridades, en el noroeste se construyeron viviendas sobre canales naturales de desagüe, por lo que no se descartan evacuaciones de familias enteras en el sector durante El Niño, pese a trabajos de mitigación. El Municipio tiene capacidad para albergar hasta 2.000 personas en 29 albergues temporales ubicados en los Centros de Atención Municipal Integral (CAMI).
Los reclamos sobre la falta de inicio de trabajos de limpieza de canales se registran también en zonas del noroeste en torno a urbanizaciones como Mi Lote y Villa Bonita.
La concesionaria de agua potable y alcantarillado Interagua informó de un cronograma progresivo de intervención y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag), el ente rector municipal, presentó avances de su Plan Preinvernal, el pasado 15 de septiembre de 2026.
El avance de obras y sectores con riesgo criminal
Emapag articula acciones preventivas de la ciudad mediante dos ejes: el Plan Preinvernal y el Plan Choque. De acuerdo con Isabel Tamariz, presidenta del directorio, el Plan Preinvernal contempla la limpieza de 145 kilómetros de canales, sumideros y tirantes con una asignación de USD 2 millones.
Por su parte, el Plan Choque expandió su alcance inicial de 19 a 35 obras, duplicando su presupuesto de USD 4 millones a USD 8,2 millones para intervenir con infraestructura puntos de alta vulnerabilidad.
David Ortiz, gerente general de Emapag, detalló que el porcentaje de ejecución actual ronda el 5% en el Plan Choque y cerca del 10% en el Plan Preinvernal. Se trata de trabajos de mitigación que suelen iniciar cada año entre septiembre y octubre, pero que este año se adelantaron por El Niño al mes de agosto.
La meta municipal es culminar la totalidad de los proyectos entre noviembre y diciembre, meses en los que El Niño prevé alcanzar su clímax -según previsiones internacionales-. Los trabajos de limpieza se están acelerando pero son las obras de mayor envergadura -como la construcción de ductos cajón y cámaras de drenaje- son las que tomarán más tiempo.
Ortiz habló de un desplazamiento en el núcleo o «centro de acoplamiento» de El Niño hacia Colombia por lo que confía que las lluvias más intensas en Guayaquil se presenten en época tradicional, desde inicios de año, dijo. A los desafíos se suma un problema de seguridad en sectores como en noroeste de la ciudad, el más vulnerable: la presencia de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), reconoció.
Según reportes de Interagua y Emapag bandas criminales extorsionan a contratistas, amenazan con dañar la maquinaria pesada e incluso han llegado a secuestrar a trabajadores, obligando a coordinar las labores de limpieza de canales con patrullaje y resguardo de la fuerza pública.
Inundaciones en Guayaquil, por el invierno, marzo de 2023.API.
Sectores críticos y el clamor de barrios vulnerables
Además del noroeste, entre los puntos críticos expuestos a mayores inundaciones se encuentra barrios enteros en el norte de Guayaquil y en el suroeste de la ciudad, en el sector del Suburbio.
Sauces 6, en el norte, cuya topografía se encuentra 1,5 metros por debajo del nivel promedio del resto de la ciudad, sufre severas y prolongadas inundaciones cada año. El municipio invierte cerca de USD 1 millón en la construcción de una estación de bombeo, informó Emapag. La obra busca reducir los tiempos de anegación a un máximo de 15 a 20 minutos.
El muro del canal de aguas lluvias de la ciudadela Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil, con filtraciones, tras una lluvia en junio de 2026.API
Otros de los barrios en el norte, con riesgo periódico de quedar íntegramente bajo el agua, es Las Orquídeas Este, donde el muro perimetral de un canal es lo único que mitiga en algo las inundaciones.
Los moradores solicitan una intervención urgente debido a que el muro de contención registró filtraciones en la pasada etapa lluviosa y corre el riesgo de romperse, con resultados potencialmente catastróficos ante lluvias extremas.
Las autoridades de Emapag se comprometieron a inspeccionar el estado del muro y a un posible refuerzo, “en caso de identificarse la necesidad”, señaló Tamariz.
Mapa de sectores inundables en el sur y suroeste de Guayaquil.PRIMICIAS
Los puntos críticos por riesgo de inundación en Guayaquil
- En el noroeste de Guayaquil, en donde viven medio millón de personas: Ciudad de Dios, Socio Vivienda 2, Monte Sinaí (Tres Hermanos, cooperativas Cerro Porteño, Arcoiris. Ebenezer, Monte Sinaí, Maria Paidal, El Sol, Valle Italiano, Caminos Reales 1, 31 de Octubre y Reynaldo Quiñones 2).
- En el norte de Guayaquil están expuestos barrios como Urdesa Central, Miraflores, Samanes, Sauces, Los Vergeles y Las Orquídeas, según el geoportal de riesgos de la Municipalidad.
- En los márgenes del Estero Salado, al suroeste de Guayaquil: Los sectores 19 de Septiembre, 2 de Agosto, cooperativas 30 de Abril, Febres-Cordero (sectores 13, 14, 15 y 16), Héroes del 41, Isidro Ayora, Plan Piloto 2; Precooperativas 11 de Enero, 22 Julio, Independencia, Manzana 621, Mariscal Sucre y San Francisco de Asís. Fuente: Primicias
El miércoles 16 de septiembre, el programa “La Tertulia Jurídica” desarrolló una jornada de análisis académico sobre “Crimen organizado y responsabilidad penal: desafíos probatorios en Colombia y Ecuador”, con la participación de la abogada penalista colombiana María Alejandra Jaramillo como ponente y el abogado Yamil Ávila como panelista.
El espacio fue transmitido por Diario El Amazónico, con el objetivo de acercar a la ciudadanía y comunidad jurídica al análisis de la criminalidad organizada y los retos que enfrenta la administración de justicia.
Jaramillo explicó que cuenta con trayectoria en derecho penal y procesal penal, habiéndose desempeñado como servidora pública, juez penal municipal con funciones de control de garantías y defensora pública en el área penal. También ha ejercido como docente de posgrados y capacitadora de profesionales en Colombia y Perú, además de participar en procesos de formación para concursos de mérito en instituciones como la Rama Judicial, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación.
Durante su ponencia, señaló que uno de los principales retos consiste en identificar y demostrar la estructura criminal que existe detrás de determinados delitos, considerando que estas organizaciones pueden distribuir funciones de dirección, financiación, coordinación, transporte, ejecución y lavado de activos.
En el contexto colombiano, abordó el concierto para delinquir, contemplado en el artículo 340 del Código Penal, diferenciándolo de la coautoría y explicando su relación con estructuras criminales de carácter permanente.
La especialista destacó que las investigaciones requieren integrar diferentes elementos, entre ellos evidencia digital, información financiera, documentación societaria, registros migratorios y aduaneros, testimonios, seguimientos e interceptaciones obtenidas legalmente, debido a que una evidencia aislada puede no demostrar por sí sola la existencia de una organización criminal.
Asimismo, enfatizó que la responsabilidad penal debe ser individual, por lo que una relación comercial, familiar o social con una persona investigada no convierte automáticamente a alguien en integrante de una organización criminal.
Otro de los ejes de la tertulia fue la cooperación internacional, considerada fundamental frente a organizaciones que operan en varios países. En este ámbito se analizaron mecanismos de intercambio de información financiera y digital, movimientos migratorios, extradición y recuperación de activos, siempre dentro del respeto a las garantías procesales y la soberanía de cada Estado.
Finalmente, Jaramillo abordó el denominado “Escudo de las Américas”, presentado como una estrategia de cooperación multinacional frente al crimen organizado transnacional, con énfasis en la articulación entre Colombia, Ecuador y Perú, y la participación de Estados Unidos. La ponente explicó que este mecanismo no sustituye a las fiscalías, jueces ni instituciones nacionales, sino que busca fortalecer el intercambio de información, inteligencia y coordinación.
“La Tertulia Jurídica” consolidó así un espacio de análisis jurídico y académico para abordar los desafíos que plantea la criminalidad organizada y la necesidad de fortalecer las investigaciones penales y la cooperación internacional frente a delitos que trascienden las fronteras.
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