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‘Me mataron en vida’: a un mes del secuestro de una joven en Manta, su madre sigue sin tener respuestas

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Silvana Mejía vive en Manta junto a sus dos hijas. El domingo 12 de enero viajó a Santo Domingo por unos asuntos de trabajo. Ese día, a las dos de la tarde, su hija Denisse Delgado de 18 años publicó una foto. «Le escribí inmediatamente para saber dónde estaba y me respondió que con unos amigos. Le dije que se vaya a la casa y no me volvió a contestar», recuerda. Ese mensaje, fue lo último que se supo de ella.

Al día siguiente cuando Silvana llamó a la casa para saber si su hija menor se estaba arreglando para ir al colegio, su vida cambió por completo: Denisse nunca regresó de la playa.

Los mensajes y llamadas al teléfono de su hija, que cumple hoy un mes de desaparecida, no volvieron a tener respuesta. «¿Qué pasó?» Es una pregunta que todavía no tiene respuesta.

Lo que se conoce es que Denisse, junto a sus amigos (cinco hombres) entre 15 y 23 años -incluyendo su novio-, fueron interceptados por dos camionetas en La Pila, en Montecristi.

Los cincos jóvenes aparecieron en Villamil Playas, cerca de Cerecita al día siguiente del secuestro, pero la única de la que no se tiene rastro alguno es de Denisse. «Ellos dicen que se los llevaron en un carro y que a mi bebé se la llevaron en otra camioneta (…). Les he suplicado a los chicos que me digan la verdad, que me cuenten qué pasó con mi hija, qué le hicieron o a quién se la entregaron, pero me dicen que no saben nada y ya no me responden los teléfonos«, explica a Vistazo en medio de lágrimas.

Hoy, 12 de febrero, se cumple un mes de la desaparición de Denisse. No hay ninguna pista de dónde pueda estar o qué pudo haber ocurrido con ella. Aunque las autoridades están investigando el caso, para Silvana, estos 31 días de espera han sido todo un infierno.

El pasado 1 de febrero, Denisse cumplió 19 años. Su sueño era ser odontóloga y estudiar en España. Hoy, el único anhelo de su mamá es que algún día regrese sana y salva a su casa.

$!Denisse Delgado, de 19 años, fue secuestrada en La Pila (Montecristi) el domingo 12 de enero.

Un año lleno de conflictos

La desaparición de Denisse no es una historia aislada. «En 2024, Ecuador vivió el crecimiento acelerado de extorsiones y secuestros. Además, se convirtió en el país con la tasa de homicidios más alta de Sudamérica», según Juanita Goebertus Estrada, directora para las Américas de la organización Human Rights Watch.

Esta entidad publicó un informe que evalúa, todos los años, la situación de derechos humanos en más de 100 países. En el caso de Ecuador, aún falta mucho por trabajar. ¿Por qué? La respuesta está en las cifras: hasta septiembre del 2024, la Policía Nacional recibió más de 2.000 denuncias por secuestro y más de 10.000 casos de extorsiones en todo el país.

Pero esto no son solo datos aislados, sino que representan a miles de familias como las de Denisse que todavía esperan por una respuesta. Hasta el momento Silvana, la mamá de Denisse, no ha recibido ninguna llamada de rescate por parte de los secuestradores. Solo falsas alarmas que intentan aprovecharse de la situación.

$!Denisse Delgado (izquierda), junto a su mamá Silvana Mejía (derecha). A un mes de la desaparición, las autoridades continúan investigando el paradero de Denisse.

Amenaza latente en la región

Ecuador no es el único país en el que se ven amenazados los derechos humanos. En América Latina, según Human Rights Watch, «continuó el autoritarismo y debilitándose el Estado de derecho en el 2024».

Dentro de la lista de países más afectados en la región está Venezuela. Previo a las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 28 de julio del año pasado, se intensificó la represión contra los defensores de derechos humanos y miembros de la oposición.

En Cuba, en cambio, el gobierno sigue castigando cualquier forma de crítica pública realizada por alguno de sus habitantes y tienen una crisis energética que, combinada a la falta de salud y alimentación, deteriora la calidad de vida de sus ciudadanos.

Argentina no se queda atrás en este listado. Durante el primer año de mandato del presidente Javier Milei se recortó el presupuesto de programas de ayuda social, se obstaculizó el derecho a la protesta pacífica y hubo «un discurso gubernamental hostil contra periodistas y personas LGBT».

Pero Human Rights Watch no es la única entidad que advierte sobre estas situaciones. Un último estudio realizado por Amnistía Internacional publicado en el 2024, muestra que las crisis económicas, la desigualdad y la degradación ambiental afectan desproporcionadamente a estos países.

¿Qué dicen de Ecuador? En una visita realizada por el relator de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos constató que las zonas rurales tenían índices de pobreza multidimensional de hasta un 70 por ciento y que este problema era mucho más marcado que en las áreas con mayor población indígena (como las provincias amazónicas que tienen los niveles de pobreza más altos del país, según el INEC).

$!Los índices de pobreza multidimensional llegan hasta un 70% en las zonas rurales de Ecuador.

Este problema ocasiona dos consecuencias: facilita la captación de jóvenes para la delincuencia organizada, porque necesitan ganar recursos para subsistir y puede incrementar la inseguridad alimentaria.

De hecho, esto se comprueba en los datos: Ecuador es el tercer país de Sudamérica, después de Bolivia y Venezuela, en tener mayor prevalencia de hambre. Esto afecta a cerca de 2.5 millones de ecuatorianos.

En 2015, Naciones Unidas y sus Estados miembros aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta hoja de ruta es conocida por ser una guía para que los países trabajen para mejorar la calidad de vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás.

LEA: Ataque armado a las afueras de centro comercial en Guayaquil deja un muerto y un herido

Esta agenda, con 17 objetivos, no va por buen camino: menos de la mitad de las metas se están cumpliendo y el resto está estancado o atrasado. Si no se crean estrategias para impulsar el crecimiento económico y otorgar educación, salud y protección social de calidad; Ecuador no será el único país que tendrá problemas para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Fuente: Vistazo

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Wilman Terán, alias ‘Diablo’, presenta síntomas psicóticos: ‘Escucha dos voces que alternan’

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El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó pronunciarse sobre la posible cooperación eficaz de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y sentenciado por múltiples casos de corrupción. Mientras tanto, un informe psiquiátrico reveló que alias ‘Diablo’ tiene síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.

En los últimos días, se empezó a viralizar en redes sociales que Terán habría accedido a colaborar con la justicia ecuatoriana. Esta información tomó fuerza debido al traslado del privado de la libertad desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena hasta la Cárcel 4 de Quito.

‘Alias Diablo’, como se lo denominaba en los chats del caso Metástasis, permanece en la capital desde el 9 de enero, ya que pretendía prepararse para una audiencia de apelación en el caso Independencia Judicial, un proceso en el que fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel por el delito de obstrucción a la justicia.

$!Wilman Terán fue trasladado a la Cárcel 4 de Quito.

¿COOPERADOR EFICAZ?

Ante los rumores de que el expresidente de la Judicatura habría entregado supuestas pruebas o información en contra de políticos en el marco de una cooperación eficaz, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó dar detalles y no confirmó ni desmintió aquella aseveración que circula en redes sociales.

“Es muy importante indicar que la cooperación eficaz, de conformidad con lo que dispone el artículo 491 y el artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal, es secreta. Es decir, yo no puedo pronunciarme ante aquello. Y la norma dice literalmente ‘secreta’. Sí, reservada”, apuntó Alarcón en entrevista con Radio Democracia.

En ese sentido, la Fiscalía había emitido un comunicado el pasado miércoles 14 de enero en el que recuerda a la opinión pública que la cooperación eficaz es una herramienta jurídica tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que es de carácter reservado.

“Permite a la FGE llegar a acuerdos con personas procesadas o investigadas que decidan colaborar de manera voluntaria y comprobable con la justicia, aportando información relevante, veraz y oportuna, que contribuya al esclarecimiento de los hechos, la identificación de otros responsables y el desmantelamiento de estructuras criminales”, manifestó la institución.

Agregó que se aplica “bajo estrictos controles judiciales que garantizan la observancia de los derechos de las víctimas, el principio de proporcionalidad, la motivación de las decisiones fiscales y la debida valoración de la información aportada”.

INFORME PSIQUIÁTRICO DE ALIAS ‘DIABLO’

No obstante, la condición mental de Wilman Terán se habría agravado durante su estancia en la cárcel.

La cadena Ecuavisa reportó que, el pasado miércoles 14 de enero, personal del Hospital Pablo Arturo Suárez llegó a la Cárcel 4 para hacerle un examen psiquiátrico. El resultado fue que alias ‘Diablo’ presenta un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.

“Ha estado escuchando desde el interior de su cuerpo dos voces que alternan, una de mujer y otra de un hombre, que no sabe precisar quiénes son y le dicen: ‘Camina, tranquilo, tú vales, dócil’”, reseña el documento médico presentado por el medio antes citado.

Terán cuenta bajo sus espaldas tres condenas. Debe pagar nueve años y cuatro meses por delincuencia organizada en el caso Metástasis, la misma pena por el caso Obstrucción a la Justicia y una tercera de seis años y ocho meses por asociación ilícita en el caso Pantalla. Fuente: Vistazo

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Ministerio de Defensa despliega 10 000 militares en Guayas, Manabí y Los Ríos

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El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 10 000 uniformados en Guayas, Manabí y Los Ríos, las tres provincias que en 2025 registraron los índices más altos de homicidios intencionales y que aún concentran elevadas cifras de asesinatos y otros delitos.

Según la cartera de Defensa, esta medida “marca el inicio de la fase Ofensiva Total”. En ese contexto, el ministro Gian Carlo Loffredo ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en Guayaquil.

“Esta guerra es muy dinámica y hay que adaptarse y evolucionar”, afirmó el funcionario en un video difundido por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los soldados continuarán llegando a Guayas, Manabí y Los Ríos hasta este viernes 16 de enero.

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Cuenca: Fiscalía investiga presunta estafa de inversiones con criptomonedas

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Un presunto esquema de estafa bajo la modalidad de inversiones en criptomonedas es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que varias familias de Cuenca, en la provincia del Azuay, denunciaran haber perdido importantes sumas de dinero.

El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, informó que la investigación se inició tras la recepción de múltiples denuncias contra una empresa que ofrecía servicios de inversión en Bitcoin. Según los afectados, entregaban dinero para supuestas gestiones en criptomonedas, pero nunca recibieron rendimientos ni constancia de las operaciones.

“Actualmente, el caso está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos en Quito y ya se encuentra en conocimiento de uno de los fiscales especializados”, explicó Amoroso.

El modus operandi

De acuerdo con la Fiscalía, las empresas involucradas solicitaban a los ciudadanos entregar dinero bajo la figura de “créditos a plazo fijo por montos elevados”. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas indicadas por los representantes, con la promesa de que serían invertidos en activos digitales.

Sin embargo, las víctimas aseguran que nunca recibieron comprobantes de inversión ni retornos económicos, lo que encendió las alertas sobre un posible esquema fraudulento.

Dos empresas bajo investigación

Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de dos empresas relacionadas con el caso: una encargada de captar el dinero en Ecuador y otra con sede en México. Parte de la investigación busca determinar si una de estas compañías habría entrado en proceso de quiebra.

En declaraciones a Radio TomebambaFrancisco Zamora, abogado de las víctimas, señaló que las firmas involucradas serían Capitalika y SCB Smart Capital.

El jurista añadió que ambas constan en los registros de la Superintendencia de Bancos como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024, pese a lo cual continuaban operando y captando recursos de ciudadanos.

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