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Noticias Zamora

“Más de 30 años hemos venido luchando porque nos devuelvan los terrenos de los que hicieron posesión”

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Luz Dávila una ciudadana oriunda del barrio El Pincho, parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, en réplica a la entrevista por los abogados defensores de la comuna el Pincho-Numbaime, dice reclamar los terrenos que eran de su padre y que ahora le pertenecen.

Cuando ella trabajaba en la ciudad de Zamora como docente bilingüe dice que debía viajar constante y ahí Dávila dice que una familia se habría apoderado de este terreno arbitrariamente.

“Como ciudadano y conocedor del lugar dice ser fiel testigo de todos los acontecimientos del lugar y asegura que el profesional de defensa contrario, ha discriminado a la comuna y a la socia fundadora Luz Dávila. Nosotros estamos constituidos legalmente. Tenemos el acuerdo ministerial de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades y los nombramientos”, expuso José Guaillas, quien apoya a la ciudadana.

Se formó un consejo de gobierno que se enmarca en aplicar la justicia indígena a la cual Dávila actualmente la preside. Existió una declinación de competencias, donde se archivó los procesos de todos los juicios de Luz Dávila y la familia implicada y que eran de forma legal. Guaillas relata que con la declinación de competencias y con el archivo de la documentación ya no había nada que hacer.

Como socia fundadora, Dávila invita a la defensa de la contraparte a constatar el número de socios que son parte de la escritura pública. Margarita P. tendría derecho por ser la esposa del socio fundador.

Por otra parte, los presidentes de la comuna shuar El Pincho transformaron a Jesús del Gran Poder para poderla sacar de la escritura pública. “No puedo creer que solo por interés del terreno. Primero deben saber lo que dice la Constitución. Como socia fundadora tengo todo el derecho donde vivieron mis padres. No le he robado nada a ningún socio”, expuso Luz Dávila.

Dávila indicó que Margarita P. quien sería la contraparte y quien es defendida legalmente por el jurista Hartman Monteros, poseería más de 1.500 hectáreas y que supuestamente esta en sus deseos acaparar su terreno, porque como socia fundadora lo obtuvo amparada en la ley 171 y que son derechos inviolables.

Dice haber recibido amenazas y hostigamiento de parte de varias familias, pero asegura que no es persona que está buscando problemas. “Los miembros de una familia nos arrastraron, pegaron y nosotros hemos seguido luchando y por tal razón, yo apliqué la justicia indígena en mi comunidad, con eso pude ingresar a mi terreno, yo no soy invasora”, dijo Dávila.

Aseguran estar amparados en la ley, tal como lo dice la Constitución, dice que la justicia de Yantzaza y Zamora Chinchipe, le han dado la razón, decisión que fue apelada en Quito en la Corte Constitucional, quien también les habría otorgado el fallo.

Por los años de 1970, era una coopertiva agrícola mixta del pueblo de la nacionalidad shuar. En 1983, se hace la comuna shuar El Pincho, se constituye legalmente. De ahí para adelante inician los inconvenientes; los conflictos se dieron por los terrenos. Pues asegura que una familia se habría apropiado de los terrenos que eran de su padre, Segundo Dávila y que luego pasaron a ser de ella.

Dice que durante 30 años ha venido luchando ante esta situación en procesos judiciales por la vía ordinaria, luego se asesora y forma el Consejo de Gobierno para la aplicación de justicia, que han sido trámites totalmente legales con la documentación en regla, obtenida a través de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades.

Actualmente se encuentran en el proceso de desalojo y actuará con el apoyo total de su comunidad, porque aparte da a conocer que ha sido marginada por los presidentes de las federaciones. De la misma forma invita a la defensa de sus contendientes a “no mentirles y decirles la verdad y aceptar que el juicio está prácticamente perdido”, concluyó Dávila. (I) LM

 

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Detección de presunto transporte ilegal de material aurífero en Zamora Chinchipe

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El Bloque de Seguridad del Estado ecuatoriano, a través de un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAAE) y la Policía Nacional (PoliciaEcuador), logró identificar un presunto caso de transporte ilegal de material aurífero en la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

Durante la operación, se detectó a dos ciudadanos que trasladaban una maleta negra con material mineralizado, presuntamente oro, cuyo valor estimado asciende a los 150.000 dólares. Los involucrados no portaban la documentación legal correspondiente para justificar el origen y destino del cargamento.

De manera preliminar, se presume que una avioneta habría aterrizado en la pista de Cumbaratza con la intención de recoger el material, motivo por el cual se han intensificado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles redes delictivas vinculadas al tráfico de recursos estratégicos.

El procedimiento técnico fue ejecutado por el personal de la Unidad de Control Militar (UCM) y la Unidad de Investigación de Delitos Mineros (UNIDCAM), quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos. Asimismo, se notificó oportunamente al ECU 911 y al fiscal de turno, garantizando así la actuación conforme al marco legal.

El Estado ecuatoriano reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales y estratégicos de la Nación, y continuará fortaleciendo las acciones de control y vigilancia en todo el territorio nacional.

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Marihuana, dinero y balanza digital: Policía desmantela presunto punto de microtráfico en Zamora Ch.

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La lucha frontal contra el microtráfico de drogas en la provincia de Zamora Chinchipe arroja un nuevo resultado contundente. En un operativo desarrollado con precisión y respuesta inmediata, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Zamora Chinchipe – distrito Yantzaza, logró la aprehensión en flagrancia de un ciudadano implicado en el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Porvenir, en la intersección de las calles Adelaida Marcillo y Zamora, luego de que un ciudadano anónimo alertara sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. De manera inmediata, el personal policial en patrullaje preventivo actuó con profesionalismo y rigor táctico.

Durante el registro corporal y la inspección de una mochila, se halló una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, lo que motivó la aprehensión inmediata del ciudadano identificado como:

  • Joel T., ecuatoriano, de 26 años de edad.

Entre los indicios incautados constan:

  • 548 gramos de marihuana, equivalentes a aproximadamente 1.096 dosis.

  • 1 balanza digital presuntamente utilizada para la dosificación.

  • Dinero en efectivo, cuya procedencia es materia de investigación.

  • 1 teléfono móvil, que podría contener información clave sobre la red de distribución.

La intervención fue notificada al fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, en aras de garantizar el debido proceso y la correcta judicialización del caso.

Este nuevo golpe al microtráfico no solo representa un logro operativo, sino también un paso firme en la construcción de barrios seguros y libres de violencia. La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso inquebrantable de continuar ejecutando acciones estratégicas que permitan neutralizar a quienes atentan contra la salud pública y la paz ciudadana.

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Gobernadora verifica daños ambientales tras protesta ciudadana en Yantzaza

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En respuesta a las crecientes denuncias sobre los efectos socioambientales de la minería ilegal en el cantón Yantzaza, este 1 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de verificación en territorio, con la participación activa de moradores, autoridades locales y representantes del Comité en Defensa del Río Zamora.

La visita técnica al sector La Floresta y su zona de influencia fue encabezada por la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi, quien acudió al sitio cumpliendo con el compromiso asumido en la mesa de diálogo celebrada el pasado 30 de abril, tras una manifestación pacífica que recorrió desde el parque central de Yantzaza hasta Piedra Liza.

Durante el recorrido, el abogado Hernán Camacho, vocero de la comunidad, expresó: “Constatamos que algunas máquinas han cesado su operación, sin embargo, persisten motores activos en algunos pozos, lo que indica una posible intención de reanudar labores una vez que disminuya la presión ciudadana”. Ante ello, la gobernadora anunció la implementación de patrullajes permanentes para impedir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas.

El Comité en Defensa de las Riberas del Río Zamora, conformado por representantes de los barrios La Floresta, Gran Colombia, La Florida, Los Achos y Playa de la Florida, también expuso la crítica situación que atraviesan sus territorios, donde la erosión provocada por el desvío del río amenaza con socavar infraestructura clave, incluida una unidad educativa del sector.

Uno de los puntos clave planteados fue la necesidad urgente de ejecutar un enrocamiento en la zona afectada. “El río se nos viene encima.

Este daño ambiental no solo impacta el ecosistema, sino que pone en riesgo a la población”, enfatizó uno de los dirigentes barriales.

La presencia de la Policía Nacional fue destacada, aunque los líderes comunitarios solicitaron también la intervención de las Fuerzas Armadas. “Los mineros ilegales muestran mayor respeto hacia los militares. Su presencia disuasiva sería clave para evitar nuevos intentos de ocupación del territorio”, indicaron.

Finalmente, la comunidad reiteró su voluntad de mantenerse vigilante, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados: la paralización total de la minería en el Cantón Yantzaza y la intervención estatal para mitigar los efectos del daño ambiental. “La lucha por el respeto a la naturaleza y por la vida de quienes habitamos estas zonas apenas comienza”, concluyó Camacho.

Este hecho refleja el ejercicio activo de una ciudadanía organizada que exige respuestas efectivas del Estado frente a actividades que vulneran los derechos colectivos y atentan contra la sostenibilidad de los territorios de esta provincia.

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