El diálogo académico y la formación ciudadana encuentran un espacio en “Tertulia Jurídica”, programa desarrollado por los abogados Franco Tamay Vega y Jamil Ávila, transmitido cada miércoles a través de Diario El Amazónico y medios radiales asociados. La iniciativa busca acercar el conocimiento jurídico a la sociedad mediante un lenguaje claro y accesible, con la participación de destacados juristas nacionales y autoridades del sistema de justicia.

Trayectoria y visión de los protagonistas
Franco Tamay, joven abogado de 24 años, oriundo de Loja y con raíces de Zamora Chinchipe, ecuatoriano, se desempeña en el libre ejercicio de la profesión. Actualmente cursa su tercera maestría en Quito, orientada al derecho penal y los derechos humanos, con el objetivo de contribuir a la formación de profesionales probos en Zamora Chinchipe. Su trayectoria académica refleja el compromiso de una nueva generación de juristas que aspira a ejercer la profesión con ética y responsabilidad social.

Por su parte, Jamil Ávila, originario de la parroquia La Paz del cantón Yacuambi, también egresado de la Universidad Nacional de Loja, comparte esa visión de un ejercicio profesional sustentado en valores y principios. Con 30 años de edad, Ávila combina su labor jurídica con el propósito de generar espacios de orientación ciudadana, convencido de que el derecho debe estar al servicio de la sociedad.

Un espacio de formación ciudadana
“Tertulia Jurídica” no se limita a los profesionales del derecho, sino que está dirigido a la comunidad en general. El programa cuenta con una agenda confirmada hasta diciembre, en la que participarán juristas de renombre, ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, miembros de la Corte Constitucional y especialistas en diversas ramas jurídicas. El objetivo es explicar la interpretación y aplicación de las leyes en la vida cotidiana, fomentando la confianza ciudadana en la justicia.

Además, los abogados coinciden con uno de los objetivos que tiene este medio de comunicación y subrayan que la iniciativa no tiene fines de lucro, sino un carácter social y educativo. La propuesta responde a la necesidad de transparentar la práctica del derecho, combatir la desconfianza hacia la profesión y orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, procesos legales y servicios gratuitos como los que presta la Defensoría Pública.

Ética y responsabilidad en la práctica profesional
Durante sus intervenciones, tanto Tamay como Ávila coincidieron en que ejercer la abogacía en el contexto actual es un reto complejo debido a la desconfianza generada por casos de corrupción en la administración de justicia. Frente a ello, ambos recalcan la importancia de preservar los valores, la probidad y la preparación constante, para consolidar un ejercicio profesional digno y confiable.

Invitación a la ciudadanía
El programa “Tertulia Jurídica” se transmite cada miércoles de 19h00 a 20h00 a través de Diario El Amazónico y por radios locales en distintas frecuencias. S invitan a la ciudadanía a participar activamente, acceder a información clara y comprender de manera sencilla los alcances del derecho en la vida cotidiana.

El presidente de la Cámara de Minería, Paul Pineda, se pronunció en relación con las declaraciones emitidas por el abogado Paúl Luzuriaga en un medio de comunicación Cadena Ecotel de Loja, donde se hicieron señalamientos en contra de la Cooperativa Minera 11 de Julio, con operaciones en Zamora Chinchipe.

En su intervención, Pineda destacó que la Cooperativa es socia de la Cámara de Minería y que posee un título minero, lo que, a su criterio, descarta la calificación de “minería ilegal”. Señaló que las observaciones deberían enmarcarse dentro de la categoría de minería irregular, dado que se relacionan principalmente con la falta de licenciamiento ambiental.

En este sentido, explicó que la principal dificultad para los concesionarios mineros radica en la burocracia existente en la obtención de licencias ambientales, ya que estos trámites se concentran en la ciudad de Quito. “Hasta hoy, hay compañeros que incluso están por concluir su fase de explotación sin haber logrado acceder a la licencia ambiental, debido a la demora y obstáculos administrativos”, puntualizó.

Asimismo, Pineda advirtió que, de no resolverse el caso Cumbaratza mediante mecanismos de mediación, alrededor de 162 titulares mineros de Zamora Chinchipe podrían ver comprometida su situación legal.

Sobre las declaraciones que apuntan a un presunto conflicto de intereses por la supuesta vinculación de un fiscal con la cooperativa, Pineda manifestó no tener confirmación al respecto, aunque aclaró que, según su conocimiento, la esposa del mencionado funcionario ejerce actividades mineras desde antes de que este asumiera su cargo.

En relación con la presunta participación de la Cooperativa Minera 11 de Julio en temas de comercialización de terrenos en los denominados “Jardines de Punzara”, que involucra a más de 800 familias en Loja, el presidente de la Cámara de Minería subrayó que se trata de un asunto de competencia civil o penal, ajeno a la materia minera. “Cuando se mezclan situaciones distintas, lo que se genera es confusión en la ciudadanía. Cada caso debe tratarse desde su origen y en la vía correspondiente”, afirmó.

Finalmente, Pineda reiteró que la Cámara de Minería mantiene su compromiso de trabajar por el fortalecimiento de un sector transparente y regulado, al tiempo que exhortó al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes a agilitar los procesos de licenciamiento ambiental y brindar soluciones efectivas a las problemáticas estructurales que afectan a la minería en Zamora Chinchipe.

El presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, Paul Pineda, respondió a las declaraciones emitidas por la gobernadora Ivonne Margaret Panchi, respecto a la reciente Asamblea Provincial realizada en la parroquia Panguintza, cantón Centinela del Cóndor.

Pineda enfatizó que la convocatoria a la asamblea fue abierta y pública, dirigida a autoridades locales, alcaldes, dirigentes sociales y ciudadanía en general, con el propósito de recoger las principales necesidades de la provincia en ámbitos como salud, vialidad, educación y atención a las afectaciones del invierno.

El dirigente minero cuestionó la posición de la gobernadora, quien argumentó que la invitación le fue entregada con poca anticipación. Al respecto, Pineda aclaró que la convocatoria se difundió con quince días de anticipación y que los anuncios fueron públicos, lo que a su criterio evidencia una falta de voluntad política de parte de las autoridades provinciales para escuchar directamente a la población.

Asimismo, recordó que la asamblea inicialmente estaba prevista en el coliseo de Zumbi, pero que por disposición de última hora se suspendió ese espacio. Finalmente, gracias a la colaboración del Seguro Campesino y de colectivos ciudadanos de Zumbi, el encuentro se llevó a cabo en la parroquia Panguintza.

Pineda también señaló que, en lugar de atender la convocatoria, se intentó deslegitimar la asamblea, calificándola de política o sectorial. Sin embargo, recalcó que el evento contó con una amplia participación ciudadana y que se desarrolló con el objetivo de construir propuestas para el bienestar de la provincia.

En relación con las resoluciones adoptadas en la asamblea, el presidente de la Cámara cuestionó que estas aún no hayan sido trasladadas al Ejecutivo, permaneciendo en manos de la Gobernación. “Si las resoluciones siguen retenidas en la provincia, se refleja una falta de compromiso real con Zamora Chinchipe y con la solución de sus problemas”, manifestó.

Finalmente, Pineda hizo un llamado a las autoridades para que actúen con mayor responsabilidad y eficiencia en la gestión pública, priorizando el desarrollo de la provincia y el cumplimiento de las demandas ciudadanas expresadas en espacios legítimos de participación como la Asamblea Provincial.