El anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, sobre una “depuración sistemática” en la institución legislativa ha desatado un intenso debate público. Más allá de los titulares y las acusaciones cruzadas, el tema expone problemas estructurales sobre ética política, transparencia en la contratación pública y la representatividad que reclaman los territorios históricamente marginados, como Zamora Chinchipe.

La desvinculación de asesores señalados por presuntos vínculos familiares con asambleístas, si bien se presenta como un acto de saneamiento institucional, ha generado críticas que apuntan a un trasfondo político y a una práctica de doble estándar. En la provincia amazónica, líderes sociales y ciudadanos cuestionan en redes sociales la coherencia de sus representantes, quienes en campaña ofrecieron priorizar el talento local, pero en la práctica han favorecido a profesionales de otras provincias en cargos de alta remuneración.

Equipos de trabajo bajo la lupa

De acuerdo con el Observatorio Legislativo, hasta el 30 de junio de 2025, el asambleísta Héctor Valladares (RC5) contaba en su equipo con:

• Asesor 1: Maldonado Gaona Hilver Leonardo

• Asesor 2: Pazmiño Lucio Tatiana Marianela (separada el 15 de julio de 2025)

• Asistente 1: Castillo Calva Karina Elizabeth

• Asistente 2: Guayanay Correa Norma Elizabeth

Mientras tanto, la asambleísta Esperanza Rogel (ADN) tiene como colaboradores a:

• Asesor 1: Basantes Camacho Francisco Javier

• Asesor 2: Ludeña Ontaneda Cristian Antonio

• Asistente 1: Villalta Salinas Mariuxi Yadira (única profesional de Zamora Chinchipe)

• Asesor 3: Cruz Fernández Paola Elizabeth

En ambos casos, los cargos mejor remunerados están en manos de personas externas a la provincia, lo que alimenta el descontento popular en una tierra donde el desempleo y la falta de oportunidades son preocupaciones constantes.

️ Respuesta y acusaciones cruzadas

En reacción al trino de Olsen, “Otro familiar del asambleísta prófugo…, Santiago Díaz, queda fuera de la Asamblea Nacional del Ecuador”, Valladares defendió a su exasesora Tatiana Pazmiño, subrayando que su contratación se basó en méritos y que su renuncia fue voluntaria, antes de la publicación presidencial.

“No existió injerencia del exasambleísta Díaz. Tatiana demostró ética, experiencia y compromiso con la provincia. Esta narrativa es una cortina de humo para distraer al país de problemas reales como la inseguridad, el desempleo y la minería ilegal”, declaró Valladares, quien también acusó a la bancada oficialista de mantener familiares en la nómina legislativa.

Críticas desde la base ciudadana

Para los ciudadanos de Zamora Chinchipe, el tema va más allá de un conflicto entre bloques políticos. Líderes comunitarios cuestionan en redes sociales a sus representantes por no cumplir su palabra de apoyar a profesionales locales y por permitir que los recursos humanos de la provincia sigan siendo marginados en favor de intereses externos.

“Nos pidieron el voto con la promesa de dar trabajo a nuestra gente, pero se olvidaron de Zamora Chinchipe. Esto no es un error, es una falta de ética y compromiso”, afirman.

Este descontento no se limita a la Asamblea; se extiende a otras instituciones públicas donde, según denuncias, las contrataciones también priorizan a foráneos, dejando de lado a quienes contribuyeron en campañas electorales y quienes viven la realidad amazónica.

La tema trae al debate la necesidad de reformas profundas que garanticen meritocracia, transparencia y respeto a las comunidades locales en la administración pública. La confianza ciudadana en sus representantes continúa erosionándose en un contexto nacional marcado por crisis económicas, desastres naturales no atendidos y una creciente percepción de abandono estatal en territorios periféricos.

En el marco de las acciones para combatir actividades ilícitas que afectan a los recursos naturales del país, las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Bloque de Seguridad, ejecutaron una operación militar en la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, con el objetivo de controlar y neutralizar la minería ilegal presente en la zona.

Según el comunicado oficial difundido en la red social Facebook, durante la intervención se logró el decomiso e inhabilitación de equipos utilizados en actividades extractivas ilegales, detallando los siguientes resultados:

✔ 07 excavadoras decomisadas
✔ 07 memorias electrónicas de maquinaria pesada incautadas

Todo el material retenido fue entregado a las autoridades competentes, quienes llevarán adelante los trámites legales correspondientes en el marco de la normativa vigente.

La institución reafirmó su compromiso con la defensa de los recursos naturales y su lucha constante contra las economías ilícitas, destacando que estas operaciones buscan garantizar la sostenibilidad ambiental y la seguridad de las comunidades afectadas por estas prácticas ilegales.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador mantienen su presencia activa en zonas estratégicas del país, como parte de una política de Estado orientada a la protección de los bienes naturales y el orden público.

En rueda de prensa desarrollada este 14 de julio, el asambleísta nacional Héctor Valladarez informó sobre los graves efectos causados por los eventos climáticos ocurridos entre el 30 de junio y el 2 de julio, los cuales provocaron al menos 13 eventos catastróficos en Zamora Chinchipe.

Según Valladarez, además de las intensas precipitaciones, la minería ilegal en las riberas de los ríos ha agravado las condiciones de vulnerabilidad en varias zonas de la provincia.

Durante su intervención, el legislador reconoció y felicitó públicamente la conformación del colectivo ciudadano “Zamora Chinchipe por tus Derechos”, organización que se ha articulado con el objetivo de exigir el respeto a los derechos del pueblo zamorano chinchipense frente a la falta de respuestas efectivas de las instituciones del Estado.

Asimismo, Valladarez anunció que ha solicitado a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos información oficial sobre la declaratoria de emergencia en las provincias de Zamora Chinchipe y Napo, y sobre las acciones institucionales activadas en el marco de dicha resolución. Entre los pedidos específicos se incluyen: Detalles sobre la activación de entidades del Gobierno Central y Gobiernos Autónomos Descentralizados para enfrentar la emergencia (art. 3 de la resolución). Acciones en materia de alertas tempranas y evaluación de población en riesgo (art. 4).

Planes de acción emergente e informes técnicos por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto al estado de la red vial, puentes y demás infraestructuras afectadas.

El legislador recordó que más de 700 familias han perdido sus viviendas o estas han quedado gravemente afectadas, que 7 puentes están inutilizables y que zonas como La Yona, La Saquea, Panguintza, Nankais y Velo de Novia están en inminente riesgo de quedar desconectadas.

De igual manera, informó que se han remitido solicitudes similares al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), entre otras carteras de Estado, exigiendo que se informe sobre los recursos asignados y los planes de atención emergente. Valladarez también insistió en su pedido de declarar Estado de Excepción para Zamora Chinchipe, como medida que permita una movilización inmediata de recursos, solicitud que, según indicó, fue rechazada por el Gobierno Nacional.

En el marco de su intervención, Valladarez reafirmó su compromiso como asambleísta nacional, destacando que su gestión se enfoca en la protección de los derechos de los pueblos amazónicos, especialmente de las provincias de Zamora Chinchipe y Napo.

Finalmente, denunció la falta de acción efectiva frente a otros temas de relevancia nacional, como la reforma del Código Integral Penal respecto al tratamiento de adolescentes infractores, la modificación del sistema de jubilación en la LOSEP, y las reformas a la Ley de Áreas Protegidas que, a su juicio, abren paso a procesos de privatización encubierta de territorios colectivos. Además, alertó sobre una nueva remisión tributaria que, según sus palabras, «beneficia a los grandes empresarios, sin que exista un real impacto en la economía popular».

El legislador informó que ha solicitado también información al Ministerio del Interior sobre el plan de seguridad para el distrito minero de Chinapintza, frente al incremento de hechos de extorsión por parte de grupos delincuenciales, así como sobre la falta de recursos logísticos y operativos para la Policía Nacional en la provincia.