Nacionales
Manabí: Dos proyectos carcelarios fallidos en Bahía de Caráquez y una prisión controlada por Los Choneros
El interés del cantón Sucre por ser la sede de una cárcel de máxima seguridad, que iba a construirse en Archidona (Napo), trajo a la escena otros proyectos como la escuela de seguridad penitenciaria, que fue cerrada y la promesa de una prisión modelo para mujeres que nunca se concretó.
Solo está operativo el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Bahía de Caráquez. Las cuatro cárceles que se ubican en Manabí, una de las provincias más conflictivas de Ecuador, y bajo estado de excepción, están diferenciadas porque tienen el sello de la organización narcodelictiva Los Choneros.
Los Choneros controlan todos los procesos delictivos en las cárceles de Manabí
De hecho, la fuerza pública ha reconocido que todos los procesos delictivos dentro de las prisiones de Manabí y la mayoría de los que se cometen en las calles son coordinados por esta agrupación.
Más allá de la construcción de un penal, la población, expertos y funcionarios se cuestionan la evidente ausencia de la rehabilitación social dentro de estos centros, ya que no hay cifras que avalen cuántos presos han logrado reinsertarse en la sociedad.
“Salen más preparados para el robo, porque no existe en sí una rehabilitación social, son de libre albedrío, se manejan por códigos internos y no existe la mano del Estado”, opina el perito en Criminología, Luis Lara.
En esto coincide Lenin Barreto, asambleísta por Manabí Distrito 1 y oriundo de Sucre, quien asegura que el Gobierno “necesita centros de rehabilitación, no lugares donde los delincuentes saquen maestrías y hasta doctorados. El objetivo es que el ciudadano se rehabilite y se inserte a la sociedad”.
PRIMICIAS hace un mapeo sobre la localización de Sucre y la situación compleja que ha llevado a este cantón a ubicarse como uno de los más conflictivos de la provincia.
La solicitud ‘inesperada’
Fue el pasado 16 de diciembre de 2024 cuando el alcalde Carlos Mendoza envió una solicitud de implementación de un proyecto de infraestructura (cárcel) al ministro de Gobierno, José De La Gasca.
En el documento se muestra el interés de la municipalidad manabita de acoger la construcción del proyecto penitenciario de “gran escala” presupuestado en USD 52 millones.
Sucedió luego de que el gobierno de Daniel Noboa anunció que la obra de una cárcel de máxima seguridad, inicialmente planificada en Archidona (Napo), será ejecutada en un nuevo punto de Salinas, provincia de Santa Elena.
Para el alcalde Mendoza, el proyecto puede “contribuir significativamente al fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y generará un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de nuestra localidad”.
Además, hay la disposición para colaborar con los trámites administrativos, permisos y cualquier gestión necesaria que permita viabilizar el proyecto. PRIMICIAS buscó hablar con el alcalde del cantón, pero no hubo respuesta.
Sin embargo, el concejal Luigi Rivero dijo que no tienen ningún tipo de información y en lo “personal no estoy de acuerdo. Creo que lo primero que se debe hacer es socializar con la comunidad, actores civiles, nosotros como Concejo tampoco tenemos ninguna solicitud”.
El funcionario dice no estar de acuerdo a que se construya un proyecto de tal magnitud, porque Sucre es un cantón “con vocación turística y nosotros ya tenemos una cárcel”.
Se refiere al Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caráquez, ubicado en la entrada principal del cantón y que fue construida hace más siete décadas. Incluso hace años viene la propuesta de reubicar este centro carcelario.
Bahía de Caráquez, cabecera cantonal de Sucre, en Manabí.PRIMICIAS
Desde su construcción ha pasado por una serie de cambios, pues sufrió daños durante el fenómeno de El Niño del 1997-1998. También en los terremotos de 1998 y 2016.
En esta prisión, que está controlada por Los Choneros, hay al menos 200 presos. El concejal considera que a más de la mano de obra local, que puede generar un proyecto en las fases de ejecución, hay que pensar en los costos sociales y ambientales.
Para el asambleísta Barreto, es un “despropósito motivar al Gobierno Nacional que mire a Sucre como un espacio para que se construya una cárcel”.
Según Lara, las cárceles deben ser ubicados en cualquier parte del país, de acuerdo a un estudio técnico, y si es viable se debe de ejecutar, pero el experto recuerda que “primero el Ministerio de Gobierno debe de socializar con la comunidad, porque se piensa que habrá delincuencia”.
Agrega que no es solo “de oponerse por oponerse”, ya que hay que “escuchar las razones” por las que la comunidad no quiere cárceles en sus territorios.
Finalmente, Lara piensa que es necesario construir cárceles en Ecuador para aislar a los delincuentes y evitar el hacinamiento.
Escuela penitenciaria, cerrada
A inicios de 2013 se celebraba que Ecuador tenía una Escuela de Formación Penitenciaria, ubicada en Bahía de Caráquez (Sucre).
Dicha infraestructura tenía 1.447,52 metros cuadrados de construcción, lo que permitía contar con una zona de residencia con capacidad para 100 personas, un auditorio, área de capacitación para unos 150 estudiantes y un espacio para oficinas administrativas y capacitadores, así como para comedores internos.
El proyecto fue posible luego de la firma de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Francia y Ecuador en 2011.
La formación consistía en abordar temas como derechos humanos, seguridad, derecho procesal, tratamiento penitenciario, con ejes en vínculos familiares, educación, cultura y salud, administración y gerencia.
Sin embargo, pasaron los años y para el terremoto del 16 de abril de 2016, se la ocupó para contingencia hospitalaria y la Escuela nunca más volvió a funcionar. En la actualidad, la infraestructura es utilizada por militares que brindan seguridad en el cantón norte.
Para inicio de 2022, en medio de una crisis sin precedentes en el sistema carcelario, se anunció que Ecuador recibiría USD 2,5 millones en el marco de un programa de la Unión Europea (UE) para una escuela penitenciaria.
Los recursos también permitirían mejorar el sistema informático de las cárceles, capacitaciones y asesoramiento. Hasta la actualidad, el proyecto de la escuela no se ha concretado y tampoco se supo en qué parte del país iba a ser ubicado.
Cárcel ‘modelo’ de mujeres
Otro proyecto pendiente es el ofrecimiento que construir en Bahía de Caráquez una cárcel de Mujeres. Del proyecto se habló a finales de 2021, durante el gobierno de Guillermo Lasso, uno de los años más crítico de la crisis carcelaria en el país.
El Gobierno anunció un préstamo de USD 45 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el proyecto, denominado Programa de Equidad para el Acceso a la Justicia y Rehabilitación, está contemplado la construcción y equipamiento de dos nuevos Centros de Adolescentes Infractores (CAI), uno en Machala (El Oro) y otro en Esmeraldas.
Y también la construcción del Centro de Rehabilitación Social en Bahía de Caráquez para 150 Mujeres Madres, que estaría ubicado junto al de varones.
El proyecto del CRS incluye un programa de rehabilitación y está valorado en al menos USD 10 millones. Debía estar construido en 2024, pero aún no se ha logrado.
Manabí cuenta con cuatro cárceles: al centro sur El Rodeo, Tomás Larrea (mujeres) y Jipijapa y, al centro norte, Bahía de Caráquez.
Territorio conflictivo con deficientes servicios
Sucre es uno de los 22 cantones de Manabí, ubicado al centro norte de la provincia, con una población de 62.841, según el Censo de Población y Vivienda 2022.
En la actualidad es un territorio conflictivo, situándose como el tercer distrito con mayor concentración de violencia criminal solo por detrás de Manta y Portoviejo.
Los registros de violencia se deben a que es territorio con acceso al mar, por lo que existe una pugna entre las organizaciones como Los Lobos y Los Choneros, para el tráfico de drogas.
Según los registros de la Policía Nacional, el Distrito Sucre, que también comprende el cantón de San Vicente, del 10 de enero al 20 de diciembre de 2024, registra 48 muertes violentas. En ese mismo periodo, pero de 2023, hubo 65 asesinatos, es decir, hay una diferencia de 17 crímenes menos.
Sin embargo, a pesar de esta reducción, no ha logrado salir del tercer puesto como el más violento de la provincia. Esto obedecería a la pugna por las acciones del narcotráfico.
A más de los rastros de violencia, este cantón también sufre las consecuencias de la indiferencia del gobierno local y nacional, ya que menos del 60% tiene acceso al agua por la red pública.
En esta zona hay poblados que durante meses no tienen acceso al agua por tubería y han optado por abastecerse mediante tanqueros.
La solución para esta problemática es un proyecto para la construcción de una planta de tratamiento valorado al menos USD 16 millones.
Pero esa solo es una de las odiseas ante la falta de mantenimiento en la obra pública, porque la productiva Bahía de Caráquez, cabecera cantonal de Sucre, ciudad que se destruyó en un 74%, según cifras oficiales, nunca volvió a levantarse después del terremoto de 2016. Fuente: Primicias
Nacionales
Fuerzas Armadas destruyen ‘guaridas del terror’ en Durán durante la primera noche del toque de queda
El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, supervisó durante la madrugada de este lunes operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas en el cantón Durán, provincia del Guayas, en el marco de la primera noche del toque de queda decretado por el Gobierno.
Según informó la cartera de Estado a través de un boletín oficial, las intervenciones permitieron desarticular infraestructuras utilizadas por estructuras criminales para controlar territorios y cometer delitos como secuestro y extorsión.
“Guaridas del terror fueron destruidas en Durán, en la primera noche del toque de queda”, señaló el Ministerio de Defensa en un mensaje difundido en redes sociales.
Las intervenciones forman parte de los operativos desplegados durante el estado de excepción y el toque de queda que rige entre las 23:00 y las 05:00 desde el 15 hasta el 30 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Antes de la entrada en vigor de la medida, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció el despliegue de 35.000 efectivos de la Policía Nacional del Ecuador para ejecutar operativos en estas jurisdicciones.
A su vez, el Ministerio de Defensa informó que más de 30.000 militares se encuentran desplegados en estas provincias para ejecutar acciones contra la minería ilegal, el narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada.
Una de las operaciones se ejecutó en una vivienda ubicada en el sector El Arbolito, que era utilizada como punto estratégico de vigilancia por integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada CK.
El inmueble pertenece a un sujeto conocido con el alias “Bob Marley”, señalado como cabecilla de la facción CK BM y quien actualmente se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, el centro carcelario de máxima seguridad del Estado, ubicado en la provincia de Santa Elena.
En el lugar, las fuerzas militares encontraron infraestructura tecnológica destinada a monitorear accesos y movimientos en el sector, considerado un área hiperfocalizada de violencia dentro del cantón.
Entre los elementos incautados se identificaron cámaras de videovigilancia tipo bala y domo, equipos de comunicación, módems de internet, un repetidor de señal, router, DVR, cableado coaxial y reflectores.
También se encontraron armas blancas, municiones de distintos calibres, una gramera, una pipa artesanal y varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización.
Según las autoridades, este sistema era utilizado por la organización criminal para vigilar los accesos estratégicos del sector y mantener control territorial.
Sitio clandestino para secuestros
En un operativo paralelo, en el sector Fincas Delia, también en Durán, militares localizaron un área utilizada por el mismo grupo delictivo para retener a víctimas de secuestro y extorsión.
En el lugar se identificó una estructura improvisada construida con caña y madera que funcionaba como sitio clandestino de cautiverio.
Posteriormente, personal especializado en demoliciones de las Fuerzas Armadas procedió a destruir e inhabilitar completamente la infraestructura, con el objetivo de impedir que vuelva a ser utilizada por la organización criminal.
Crisis de seguridad
El toque de queda se aplica en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. Desde enero de 2024 rige en el país la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador, con la que el Gobierno busca combatir a organizaciones criminales vinculadas principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.
Pese a estas medidas, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con 9.235 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior de Ecuador. Fuente: Vistazo
Nacionales
‘Yo no quería irme, tenía mi vida en Ecuador’: las extorsiones generan que ecuatorianos huyan a los Estados Unidos
NUEVA YORK. En Machala, Ana había empezado a construir algo que para ella significaba mucho más que un trabajo. Tenía poco más de veinte años, dos hijos pequeños y un puesto en una tienda de electrodomésticos donde había aprendido a detalle sobre televisores, refrigeradoras, o cualquier otro aparato. Primero fue secretaria, luego pasó a atender clientes en el almacén y finalmente pidió una oportunidad en ventas. Nadie esperaba demasiado de una vendedora sin experiencia, pero las cifras comenzaron a hablar por ella. Vendía más que muchos de sus compañeros y, al cabo de dos años, ya supervisaba a un pequeño equipo. En su vida empezaban a aparecer señales de estabilidad que antes no había conocido.
Sus ojos se llenan de emoción cuando habla de esa época. “Yo no vendía electrodomésticos”, dice. “Vendía la ilusión de lo que la gente podía hacer con ellos. Persona que entraba por esa puerta, persona que salía con deuda”, admite sonriendo. A los clientes les hablaba del partido del Mundial que podrían ver en una pantalla nueva o de la novela que seguirían cada noche. Después desarmaba el precio en cuotas pequeñas hasta que la compra parecía alcanzable. El sueldo base era modesto, pero las comisiones cambiaban el ritmo de la vida. Los viernes a veces pedían pizza con sus hijos. De vez en cuando podían ir al cine. En el supermercado ya no tenía que mirar cada centavo. Incluso pensaba comprar un carro. También ayudaba a sus padres cuando podía.
‘Podemos pasar por tus hijos’
Un día, las primeras señales de peligro llegaron como comentarios sueltos dentro del almacén. Un compañero dejó de ir a trabajar. Luego otro. Algunos decían que habían recibido llamadas de extorsión. Otros simplemente desaparecían del turno y nadie volvía a saber de ellos. Un integrante de su equipo le sugirió que tuviera cuidado. Ana siguió trabajando. En ese momento todavía creía que esas historias les ocurrían a otros.
Hasta que empezaron las llamadas. Al principio eran números desconocidos. Luego llegaron mensajes de texto con insultos y amenazas. Uno de ellos mencionaba el lugar donde trabajaba. Otro describía la ropa que llevaba ese día. Los mensajes parecían escritos por alguien que la estaba mirando. Durante un tiempo decidió ignorarlos. No respondió, no cambió su rutina. Intentó convencerse de que todo pasaría si no les prestaba atención.
El día en que el miedo se volvió real, fue cuando recibió una imagen en su teléfono. Era una foto tomada a la salida de la escuela. Sus hijos aparecían en la puerta. El mensaje decía que no tenía que preocuparse por recogerlos. “Nosotros podemos pasar por ellos”. Ana dejó el almacén sin avisar y corrió hasta la escuela. Los encontró allí, sanos y salvos. Pero la advertencia había cruzado una línea imposible de ignorar. “Ese día entendí que esto no era un juego”, recuerda. “Sentí que tenía que escoger entre mi sueño allá o nuestras vidas”.
Huir y dejar su proyecto en Ecuador
Hasta ese momento no había imaginado salir del país. Su plan estaba en Machala. Quería seguir creciendo en la empresa, ahorrar, estudiar administración en la universidad. La decisión de irse significaba abandonar todo eso de un día para otro. También significaba dejar a sus padres sin saber cuándo volvería a verlos. “Yo no quería irme”, dice. “Yo tenía mi vida allá”.
Tenía algo de dinero guardado gracias a las comisiones. Empezó a buscar contactos que pudieran ayudarla a salir. Tomó un vuelo hacia Centroamérica y desde allí comenzó el trayecto hacia el norte. El viaje duró casi 30 días. A veces dormían en hoteles improvisados, otras noches en habitaciones más decentes. En los tramos más duros caminaron por zonas desérticas durante horas. Nunca se separó de sus hijos. En buena parte del recorrido los acompañó un hombre ecuatoriano de la sierra, de unos cuarenta o cincuenta años, que también huía de amenazas. Él la ayudaba a vigilar a los niños cuando el cansancio la superaba.
“¿Qué si me arrepiento de haber migrado?” Hace una pausa larga antes de responder. “Es una pregunta difícil de contestar, porque no tenía otra opción. No podía ayudarme la Policía, ni nadie”.
Cuando finalmente cruzó la frontera decidió entregarse a las autoridades. Les explicó por qué había salido de Ecuador. Después de escuchar su historia le dijeron que podría continuar su proceso dentro del país y que más adelante tendría que presentarse ante un juez de inmigración.
Un tío que vive en Nueva Jersey fue a recogerla. Durante los primeros meses vivió en un apartamento donde convivían cerca de ocho personas entre familiares y conocidos. No pagaba renta. A cambio ayudaba en la cocina, cuidaba a los hijos de los demás o hacía pequeños trabajos dentro del departamento.
Los primeros empleos fueron trabajos de limpieza o ayudando en pequeñas tiendas ecuatorianas. Con el tiempo consiguió trabajo en una gran bodega que distribuye paquetería. Sus jornadas pueden durar hasta doce horas. Sale temprano, regresa tarde y a veces siente que el día se le escapa entre cajas y turnos largos. Ya tiene permiso de trabajo y número de seguro social mientras espera la cita en la corte de inmigración. No pudo pagar un abogado y alguien que hace trámites migratorios más baratos la ayudó a presentar el caso de asilo.
Cuando piensa en Ecuador no recuerda solo el miedo. También recuerda la vida que estaba empezando a tomar forma. El almacén donde trabajaba llegó a cerrar temporalmente porque varios empleados dejaron de ir por temor. Muchos de sus antiguos compañeros también se marcharon. “Sueño con volver a Ecuador y abrazar a mi madre. Ver a mis amigos. No sé si lo haría para quedarme allá. Creo que no”.
Aun así, su historia tampoco termina en ese almacén de Nueva Jersey donde pasa buena parte del día. Ana sigue hablando de estudios cuando imagina el futuro. Quiere ahorrar lo suficiente para estudiar una carrera técnica relacionada con negocios o administración. Algo que le permita volver a acercarse a la persona que era antes de que el miedo cambiara el rumbo de su vida. Porque lo que dejó atrás no fue solamente un país. Fue también la versión de sí misma que estaba empezando a construir.
LEA MAÑANA: La historia de Ernesto, el ecuatoriano que dejó su carrera y su vida en Guayaquil después de una llamada de extorsión. Fuente: Primicias
Nacionales
Los primeros resultados del toque de queda en Ecuador | 253 detenidos en cuatro provincias
Ecuador empezó sus 15 días de operaciones contra el narcotráfico con un toque de queda focalizado en cuatro provincias, y en medio de la colaboración militar y de Inteligencia prometida por Estados Unidos.
El primer día de este toque de queda arrancó a las 23:00 del 15 de marzo, tal como se había anticipado por las autoridades ecuatorianas en días anteriores.
Del lado del Ministerio del Interior se ha indicado que las fuerzas militares ecuatorianas lanzarán una «ofensiva muy fuerte» con «asesoramiento» de Estados Unidos, y por ello, han pedido a los ciudadanos que se quedan en casa para evitar víctimas colaterales.
Lo cierto es que no todos obedecieron las normas y en el primer día de la medida ordenada por el gobierno de Daniel Noboa hubo cientos de detenidos, como cinco hombres que instalaron una piscina inflable en Durán durante la madrugada.
Este es el informe preliminar de la Policía mientras duró la emergencia en la noche del domingo y la madrugada del 16 de marzo:
253 detenidos en el toque de queda a nivel de las cuatro provincias, es decir, Guayas, Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas, según el ministerio del Interior.
- En la Zona 8, que abarca a Guayaquil, Durán y Samborondón, se registraron 112 aprehensiones.
- De este total en la Zona 8, 109 son por violar el toque de queda, dos por posesión de drogas, y uno por porte ilegal de armas, según informó la Policía de forma preliminar
- Hasta ahora, ni el Ministerio del Interior ni la Policía han dado una declaración oficial sobre los resultados totales del toque de queda en estas cuatro provincias, puesto que se informó que el ministro del ramo, John Reimberg, continúa en territorio.
Por otra parte, lo que sí difundió la Cartera del Interior fue un corto video en redes sociales sobre los operativos realizado en la madrugada.
Son 75.000 militares y policías los que participan en las operaciones, acompañados de caravanas de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros.
El gobierno se ha mantenido hermético sobre el detalle de la misión y si desplegará efectivos estadounidenses en su territorio como ha ocurrido durante el mandato de Noboa.
A lo largo de dos semanas los ecuatorianos en las provincias donde se aplica la medida tienen prohibido salir entre las 23H:00 y las 05:00. Fuente: Primicias
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