Nacionales
Los presidentes de la Asamblea de los últimos años: polémicas, baja aceptación, destituciones y cuentas pendientes
La Asamblea Nacional se prepara para iniciar un nuevo periodo. Entre las cartas para dirigir el Legislativo la bancada de gobierno ADN tiene dos opciones: Niels Olsen, exministro de Turismo, y Annabella Azin, madre del Daniel Noboa. Mientras el correísmo propone a Viviana Veloz, quien actualmente es presidenta del Parlamento y logró la reelección.
Pero, ¿quiénes fueron los anteriores presidentes y qué dejaron? La Asamblea ha tenido nueve presidentes desde el 2008 cuando empezó a regir la Constitución de Montecristi. Desde entonces, las características principales de las diferentes legislaturas de estos 17 años han sido la polémica y la baja aceptación ciudadana.
El correísmo logró el dominio de la Asamblea con un total de tres presidentes en esa función del Estado, entre 2008 y 2018. De hecho, habría ostentando ese poder hasta al menos el 2021, pero Lenín Moreno rompió con Rafael Correa y eso cambió la correlación de fuerzas en el Parlamento.
Desde 2018, las alianzas entre los bloques legislativos para hacer mayoría frente al correísmo marcaron la dirección de la Asamblea: así llegaron a ese puesto miembros de lo que quedó de la ruptura de Alianza País, Pachakutik, un independiente, PSC y Revolución Ciudadana (RC). Mientras al mando del país estaban gobiernos de derecha como CREO de Guillermo Lasso y ADN de Daniel Noboa.
A continuación, hacemos un breve repaso por los presidentes que ha tenido la Legislatura desde el 2008 y las características de su administración.

LA ERA DE ALIANZA PAÍS
-Fernando Cordero (2008-2013)
El cuencano Fernando Cordero asumió la presidencia de la Asamblea Constituyente en reemplazo de Alberto Acosta en 2008 y logró terminar la Carta Magna, que posteriormente fue aprobada en referéndum. Después, siguió en ese mismo puesto y lideró la Asamblea Nacional hasta el 2013.
Este periodo legislativo fue caracterizado por la hegemonía correísta. Por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa presentó 62 proyectos de Ley, de los cuales el 96,7% fueron aprobados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Mientras, los procesos de fiscalización fueron prácticamente nulos, según un informe del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Mientras que Cedatos contabilizó un nivel de aprobación del 45% hasta mayo del 2013.

–Gabriela Rivadeneira (2013-2017)
Asumió la presidencia de la Asamblea Nacional con 29 años, convirtiéndose en la política más joven en obtener este cargo.
Durante su gestión de cuatro años, se aprobaron más de 60 leyes, en su mayoría provenientes del Ejecutivo. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que integró por primera vez el femicidio como una figura penal y la Ley de Comunicación, catalogada por la oposición como una norma mordaza.
Rivadeneira también se mostró a favor de la reelección indefinida, que planteó Rafael Correa a través de Enmiendas Constitucionales.
Y como presidenta de la Asamblea pronunció una frase que causó el rechazo nacional: “Que los pobres coman pan y los ricos mierda”. Al finalizar el 2016, Rivadeneira obtuvo un 61,6% de desaprobación, según Cedatos.

LA RUPTURA DE ALIANZA PAÍS
-Serrano, Cabezas y Litardo (2017-2021)
Este período legislativo fue quizás uno de los más polémicos, ya que estuvo caracterizado por la división de las bancadas y destitución de asambleístas. De hecho, la credibilidad del Legislativo terminó en 7.6%.
José Serrano presidió el órgano legislativo en 2017, pero fue destituido un año más tarde en medio de un escandaloso audio difundido por el entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno. “Tenemos que bajarle”, decía Serrano en contra del líder del Ministerio Público en una conversación con Carlos Pólit.
Para ese entonces, Alianza País se dividió entre los que apoyaban a Lenín Moreno y los asambleístas afines a Rafael Correa. La bancada inició con 74 legisladores y terminó con 37.

Posteriormente, Elizabeth Cabezas, cercana a Moreno, asumió la presidencia del Parlamento, pero tampoco estuvo exenta de polémica. Asimismo, se filtró una llamada con la entonces ministra, María Paula Romo, en la que hablaban sobre las negociaciones para el inicio de una investigación en el caso INA Papers.
Este y otros hechos provocaron que Cabezas no sea considerada para la renovación de autoridades y en su lugar quedó César Litardo.
En esos cuatro años, varios asambleístas fueron destituidos por distintos escándalos: Sofía Espín, Norma Vallejo, Ana Galarza y Fabricio Villamar.

ASAMBLEA INCONCLUSA POR LA MUERTE CRUZADA
-Llori y Saquicela (2021-2023)
Cuando Guillermo Lasso ganó la Presidencia hizo un pacto de “gobernabilidad” con Rafael Correa y Jaime Nebot, con lo cual el primer paso era ceder la presidencia de la Asamblea al PSC. No obstante, ante las críticas Lasso rompió el pacto e hizo una alianza con Pachakutik y la Izquierda Democrática para hacer mayoría en la Asamblea. Así, Guadalupe Llori, del movimiento indígena, se hacía cargo de la presidencia del Parlamento.
Sin embargo, el trabajo de Llori estuvo marcado por numerosos escándalos como la suspensión de sesiones y presuntos cobros de diezmos y gestiones de cargos, lo cual desembocó en su destitución por incumplimiento de funciones, aunque siguió ejerciendo como asambleísta.

Luego, fue el turno de Virgilio Saquicela, quien llegó con el movimiento Democracia Sí, pero se autodenominó independiente. Las alianzas de los bloques legislativos lo pusieron como presidente. No pudo terminar su periodo porque Guillermo Lasso disolvió el Parlamento con la firma del decreto de la denominada ‘muerte cruzada’.
Este periodo legislativo también tuvo alta desaprobación de la ciudadanía por los escándalos. La entonces segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, fue destituida bajo acusaciones de gestión de cargos públicos y cobros indebidos. Mientras que la integrante de Pachakutik, Rosa Cerda, se volvió tendencia con su frase: “Si roban, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver”.
Los asambleístas del movimiento indígena, Rafael Lucero y Peter Calo fueron procesados por delitos de violencia de género. Al primero lo acusaron de presunta violencia intrafamiliar y el segundo fue sentenciado por violación.

UNA ASAMBLEA QUE NO LOGRA ENCAUSAR SU CAMINO
-Kronfle y Veloz (2023-2025)
Tras la muerte cruzada, arribaron nuevos asambleístas que debían terminar el periodo antes cesado. Un nuevo pacto de Daniel Noboa con el correísmo y el socialcristianismo hizo que Henry Kronfle, del PSC, asumiera la presidencia de la Asamblea, mientras Viviana Veloz (RC) se quedaba con la vicepresidencia, y Ecknner Recalde, de ADN, con la segunda vicepresidencia.
El acuerdo aseguro la coordinación entre el Legislativo y el Gobierno de Daniel Noboa en la aprobación de leyes para resolver varios temas como la seguridad y la crisis energética en los primeros meses, pero al poco tiempo empezó la disputa de poderes. Noboa y el correísmo se declararon la guerra, no se sabe si antes o después de la incursión policial en la embajada de mexicana en Quito para arrestar a Jorge Glas.

Luego, Kronfle abandonó el cargo para candidatizarse a la Presidencia del Ecuador y le sucedió Viviana Veloz.
Al igual que las anteriores administraciones, la Asamblea saliente también deja deudas pendientes. Según el Observatorio Legislativo, la agenda que impuso Kronfle solo avanzó en un 38% y la de Veloz bordea el 50% de los temas previstos para sus periodos. Quedaron fuera normas importantes como el Código de la Niñez o la Ley de Minería. Fuente: Vistazo
Nacionales
Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum
Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.
Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)
Nacionales
Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.
La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.
Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».
«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,
Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.
«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.
Nacionales
EE.UU. pide la extradición del narco ecuatoriano ‘Pipo’ a la justicia española
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado a la justicia española la extradición del narco ecuatoriano Wilmer Geovanny Chavarría, alias ‘Pipo’, para ser juzgado por su presunta implicación en el intento de introducir de forma ilegal en ese país cinco kilos de cocaína.
Esta petición se realiza después que ‘Pipo’, líder de ‘Los Lobos’, la banda criminal más poderosa de Ecuador, inculpara el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Zaragoza al actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.
En su escrito de alegaciones, al que también ha tenido acceso EFE, el letrado del narcotraficante ecuatoriano considera «incompleta» la declaración jurada hecha por el agente especial de la DEA que incriminó a ‘Pipo’ al no describir la prueba que sustenta la acusación por asociación delictiva.
Señala a este respecto que la documentación de este agente no contiene información sobre intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos, informes de vigilancia o análisis financieros que respalden la acusación por unos hechos que, añade, no se produjeron en ningún momento en territorio estadounidense.
Además, advierte de que el interés de la justicia ecuatoriana en instar la ocultación de las declaraciones hechas en Zaragoza por Chavarría «refuerza la sospecha» de un «interés político» del gobierno del país andino de que sea extraditado a Estados Unidos, ante la resistencia de la justicia española de aceptar la petición de extradición a Ecuador debido a la falta de garantías respecto a la seguridad de los narcos.
Resulta imperativo verificar si la solicitud de extradición de los Estados Unidos responde a un genuino interés de la justicia de ese país o si, por el contrario, puede constituir un instrumento de una estrategia coordinada entre las autoridades de este país y las ecuatorianas para eludir las garantías del sistema de extradicion español», advierte el abogado en su escrito de oposición.
Unos días después de la declaración del narco ‘Pipo’ en Zaragoza, el expresidente de Ecuador Rafael Correa exigió la apertura de una investigación contra el actual mandatario Daniel Noboa, incriminado por Chavarría, aunque sin aportar pruebas, por haber ordenado el asesinato del candidato Villavicencio y de traficar con drogas.
Correa, en una entrevista concedida a EFE, admitió entonces que aunque «no se le puede creer a un tipo así», que fingió su muerte en Ecuador y se sometió a numerosas cirugías estéticas para evitar ser atrapado, «por lo menos merece una investigación». EFE
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