Nacionales
Los países con la inflación más baja y más alta de América Latina en el 2022
2022 será recordado por muchos como el «año de la gran inflación».
En el primer semestre del año que se acaba, con la guerra de Ucrania en curso, la inflación se disparó en todo el mundo, afectando especialmente a los precios de los alimentos y la energía, hasta alcanzar un punto máximo en América Latina del 8,4% en junio, el mayor nivel registrado desde 2005, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ese nivel máximo regional no incluye en el cálculo a los países que se considera tienen una «inflación crónica»: Venezuela, Argentina, Cuba, Haití y Surinam.
No solo el aumento en el precio de los combustibles jugó un papel clave en que escalara repentinamente el costo de la vida. También influyó una mayor volatilidad cambiaria, además de las huellas que dejó la pandemia de covid-19, que interrumpió las cadenas de suministro globales e hizo que, en muchos casos, las autoridades pusieran en circulación más dinero del que estaba disponible antes de la crisis de salud.
Pero al llegar a la mitad del año, las cosas comenzaron a mejorar.
La tendencia se revirtió en el segundo semestre en medio de una rápida subida de las tasas de interés adoptada con el objetivo de combatir el aumento de precios, sumada a la fuerte desaceleración de la economía global.
La inflación regional bajó al 6,8% en octubre, comparado con el mismo mes del año anterior (lo que se conoce como inflación anualizada).
Y las proyecciones apuntan a que en 2023 la inflación seguirá disminuyendo.
Panamá, el país con la inflación más baja de la región
El país con la inflación más baja de Latinoamérica fue Panamá: 1,7% en octubre.
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Aunque el país está acostumbrado a tener niveles de inflación históricamente bajos (que en los últimos años no han sobrepasado el 2%) Panamá no quedó fuera de la ola alcista que recorrió la región en 2022.
De hecho, el país llegó a registrar más de 5% de inflación en junio, «un aumento gigantesco para Panamá», dice Felipe Argote, profesor de macroeconomía de la Universidad Interamericana, en diálogo con BBC Mundo.
En medio del alza en el costo de la vida, el país del Canal fue escenario de una avalancha de protestas cuando cientos de miles de personas se lanzaron a las calles a manifestarse en julio contra el aumento en el costo de la vida, la desigualdad social y la corrupción.
Fue así como a mitad de ese mes el gobierno accedió a congelar el precio de los combustibles, una política de subsidio inusual en el país centroamericano, acostumbrado a aplicar impuestos a ese tipo de productos.
Lo que sucede en el sector energético internacional es fundamental para la economía panameña, dado que «el país importa todo el combustible que consume», apunta el economista.
Es por eso que en Panamá el aumento de los precios es considerado como una «inflación importada».
A partir de julio el costo de la vida comenzó a disminuir paulatinamente, siguiendo la tendencia de otras economías latinoamericanas.
Son varias las causas que han mantenido el nivel de precios en el país muy por debajo del resto de las economías de la región.
Una de ellas, argumenta Argote, es que «la inflación se ha mantenido baja principalmente porque el país tiene una economía dolarizada», a diferencia de la mayoría de los países de la región.
Y como el dólar se ha fortalecido en 2022 frente al resto de las monedas, hace que los productos importados sean más baratos.
De todos modos, pese a que la inflación es muy baja, advierte el economista, también es cierto que los salarios reales han bajado en los últimos años, el desempleo está en el 10% y los profundos niveles de desigualdad no han disminuido pese al espectacular crecimiento económico registrado en las últimas tres décadas.
Bolivia, el segundo país con una menor inflación
Después de Panamá, Bolivia es el país con la inflación anualizada más baja de América Latina: 2,9%.
Son varias las razones que explican este fenómeno. Al contrario de lo que sucede con las monedas de los países vecinos, sujetas a veces a fuertes variaciones en el tipo de cambio, la moneda nacional de Bolivia tiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar estadounidense, fijado hace más de una década (US$1 = 6,96 bolivianos).
El tipo de cambio se ha mantenido gracias a que el gobierno lo sostiene inyectando en el mercado dólares de sus reservas.
La fortaleza del boliviano reduce el costo para Bolivia de importar mercancías y, en un contexto de auge de los precios de los alimentos y del petróleo en los mercados internacionales, una moneda fuerte resulta especialmente ventajosa.
Cómo se ha librado Bolivia de la inflación que recorre América Latina (y por qué no es tan buena noticia como parece)
Por otro lado, el costo de la vida ha subido muy poco por los generosos subsidios que el gobierno aplica a la gasolina y a los productos de la canasta básica.
Otro freno a la subida de precios son los certificados de exportación que se exigen a todos los productos que se venden en el exterior.
Cuando su abastecimiento en Bolivia a un precio que las autoridades consideran justo no está garantizado, pueden negar el certificado para exportar, forzando así un aumento de la oferta en el mercado interno que también alivia las presiones inflacionarias.
Los países con la inflación más alta
Como es fácil de imaginar, los países que por años han registrado niveles de inflación más altos en Latinoamérica son Venezuela y Argentina, seguidos por Cuba.
Clasificados como países con «inflación crónica», han sufrido las consecuencias de un alto costo de vida desde hace muchos años y, desde esa perspectiva, no son un ejemplo representativo de las tendencias que dominaron la ola inflacionaria en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania.
Si la idea es mirar a aquellos países que tradicionalmente mantenían niveles de inflación estables, pero su costo de vida se disparó en 2022, los que lideran la lista hasta octubre sonChile (12,8%) y Colombia (12,2%).
Chile, que solía tener niveles de aumento de precios cercanos al 2% anualizado antes de la pandemia, vivió este año una histórica escalada inflacionaria, que llegó en agosto al 14,1%, el mayor nivel en casi tres décadas.
Expertos consultados por BBC Mundo argumentan que hay causas externas e internas que explican un fenómeno tan inusual en el país sudamericano.
Entre las externas, están las fallas en las cadenas de suministro provocadas por la pandemia y la subida de los combustibles por el conflicto bélico.
Y en el frente interno, citan que en 2021 hubo un fuerte aumento del consumo que «sobrecalentó» la economía hasta el que el PIB creció un 11,7% -su mayor expansión en cuatro décadas-, en medio de extensas ayudas estatales entregadas a los sectores más vulnerables y a masivos retiros anticipados de los fondos privados de pensiones.
En el caso de Colombia, el aumento en el costo de los alimentos es el factor que más ha impulsado la ola inflacionaria.
Tanto así, que un poco más de una cuarta parte del aumento de los precios se explica por este incremento en la canasta familiar.
Otros factores que han contribuido a la escalada en el costo de la vida son la electricidad y el gas, servicios que, pese a tener precios regulados por el Estado, han visto incrementado su coste.
A mediados de septiembre, el gobierno de Gustavo Petro anunció que para el próximo año la autoridad regulatoria de energía y gas hará un ajuste de las formulas con las que se calcula el precio de la electricidad que pagan los hogares, con el fin de reducir tarifas de la energía eléctrica.
Aunque, por otro lado, las políticas que intentan reducir las emisiones contaminantes del país, han generado las condiciones para un leve aumento en el precio de la gasolina.
La inflación bajará en 2023 en Latinoamérica
«La inflación en 2023 será menor que en 2022, pero no tan baja como antes de la pandemia», le dijo a BBC Mundo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.
Ese diagnóstico es compartido por otros organismos internacionales que están proyectando no solo una disminución en el costo de la vida en Latinoamérica, sino también a nivel global.
De todos modos, regiones como Europa estarán en graves problemas en los próximos meses debido a la fuerte dependencia que tienen de las importaciones energéticas provenientes de Rusia.
Así como las previsiones apuntan a una reducción de la inflación el próximo año, también avanzan una reducción del crecimiento latinoamericano, que podría llegar a solo el 1,3%, un nivel muy bajo para las necesidades de desarrollo de la región y la precaria situación en la que se encuentran vastos sectores de la población.
Con la bajada del costo de vida se espera un freno en los aumentos de las tasas de interés que caracterizaron este 2022 y que mermaron las posibilidades de acceder a préstamos de hogares y empresas.
Para muchos, las perspectivas de una inflación más baja en 2023 son una buena noticia, considerando la gran pérdida de poder adquisitivo que ha afectado a los consumidores.
El problema es que, como esa noticia viene acompañada de un bajo crecimiento, los economistas advierten que podría subir el desempleo.
La sombra de la recesión amenaza a un tercio de las economías del mundo, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para América Latina, pese a que el crecimiento económico será más bajo en 2023, al menos las proyecciones apuntan a que los países de la región no decrecerán.
Excepto uno: Chile, el único país latinoamericano que sufriría una contracción. BBC Mundo
Nacionales
Ecuador reabre el catastro minero tras siete años: ¿qué significa este cambio para el país?
El catastro minero volverá a abrirse en Ecuador el lunes 16 de junio de 2025, después de permanecer cerrado por más de siete años. La última vez que el país permitió nuevas concesiones mineras fue en 2018, cuando el entonces presidente Lenín Moreno clausuró el sistema, alegando irregularidades y la necesidad de una evaluación ambiental.
Desde entonces, los siguientes gobiernos anunciaron su reapertura sin concretarla. Incluso, el expresidente Guillermo Lasso la prometió como parte de su agenda de atracción de inversiones, pero no logró implementarla.
Ahora, el gobierno de Daniel Noboa ha dado el paso definitivo: el lunes 2 de junio, la vocera Carolina Jaramillo, anunció –entre otras medidas- la reactivación del sistema en fases, empezando por la mediana y gran minería. Esto se suma a una estrategia más amplia de posicionar al país como un destino atractivo para la inversión minera. De hecho, el mandatario viajó en 2024 a Canadá para promocionar al país en The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la mayor feria minera del mundo.
El catastro minero es una herramienta técnica y jurídica: un registro oficial que delimita las áreas del país disponibles -o no- para actividades mineras. Es, en palabras de Rodrigo Darquea, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, “el mapa del país” que establece dónde puede operar una empresa, y bajo qué condiciones.
El cierre del catastro, según el experto, provocó un fuerte freno en la inversión extranjera. Mientras en 2024 países como Chile, Perú y Argentina captaron entre 493 y 637 millones de dólares solo en exploración, Ecuador no accedió a ese capital. Además, advierte que la minería ilegal se ha expandido de forma alarmante durante este período de inactividad.
Para el consultor minero Santiago Yépez, el catastro es más que un software de geolocalización:
Yépez destaca también que no todas las concesiones terminan en minas: apenas 3 de cada 1.333 proyectos exploratorios llegan a etapa de producción. De ahí que reabrir el sistema sea solo el primer paso de un proceso largo, complejo y costoso.
Para noviembre de 2024, se habían exportado 689 toneladas de minerales de Ecuador, equivalente a 2.814 millones de dólares. Esto representó una caída de 9% en comparación con el mismo periodo de 2023, debido principalmente a apagones y mayor control fiscal e investigativo a causas de irregularidades
Reacciones a la nueva tasa minera: ¿oportunidad o freno?
La reapertura del catastro llega acompañada de una nueva tasa minera, anunciada por el gobierno como parte del esfuerzo por financiar la lucha contra la minería ilegal. Se espera que esta recaudación supere los 200 millones de dólares solo en el primer año, con pagos exigidos en junio y diciembre.
El sector, sin embargo, ha reaccionado con cautela.
Yépez, por su parte, considera que cualquier esfuerzo conjunto para ordenar el sector es bienvenido, pero cuestiona la magnitud de la nueva carga fiscal.
Ambos expertos coinciden en que el sector está abierto al diálogo, pero insisten en la necesidad de seguridad jurídica y una política tributaria razonable para atraer inversión sostenible.
Crítica desde la sociedad civil
Si bien algunos expertos consideran que la reapertura del catastro minero es una oportunidad para atraer inversión formal y frenar el avance del crimen organizado, desde sectores sociales y ambientalistas la reacción ha sido radicalmente distinta.
David Fajardo, representante del colectivo Cabildo por el Agua, sostiene que la medida es “preocupante, irresponsable e incluso inconstitucional”. Según explica, el regreso del catastro implica “la reactivación de procesos de concesión de territorios ecuatorianos para los intereses mineros, sobre todo de empresas transnacionales”.
“No se puede abrir un catastro sin que previamente existan leyes orgánicas que regulen la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, afrodescendientes, montubios y campesinos”, afirma.
Fajardo subraya que estas leyes son condiciones indispensables para que cualquier concesión sea legal, y advierte que sin ellas no se puede garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios. En su lectura, sin esos instrumentos legales, la apertura del catastro vulnera derechos constitucionales y colectivos.
Además, critica el argumento del gobierno de que la nueva tasa minera servirá para financiar la lucha contra la minería ilegal. “Esa justificación no tiene sustento legal ni operativo. No hay certeza de que ese dinero se use para lo que se promete y, además, es parte de un entendimiento erróneo del problema”, señala.
Desde su visión, en Ecuador no existe minería plenamente legal, ya que la mayoría de los proyectos no cumple con todos los requisitos constitucionales, particularmente los relacionados con la consulta y los derechos de la naturaleza. Para Fajardo, lo que el Estado y el sector privado llaman “minería ilegal” incluye tanto actividades informales como operaciones criminales, pero también aquellas que no respetan los procesos de legalización en sentido estricto.
Finalmente, anticipa que la medida generará resistencia.
Nacionales
Presidente Noboa presentó su tercer proyecto económico urgente: Ley para la Recuperación de Áreas Protegidas y Desarrollo Local
El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, envió a la Asamblea Nacional su tercer proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de gestión para las áreas naturales protegidas del país y fomentar el desarrollo económico local de manera sostenible.
El proyecto, denominado Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, propone ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que han sido afectados por economías ilegales, actividades criminales y abandono institucional, pese a estar legalmente reconocidos como zonas protegidas.
La propuesta incluye mecanismos contractuales que permitirían la participación del sector privado, nacional e internacional, en la administración, operación y protección de estas áreas bajo estrictos lineamientos ambientales. Además, promueve actividades sostenibles como el turismo ecológico, la investigación científica, la prestación de servicios ambientales y la generación de empleo digno, en especial para comunidades locales.
Entre las medidas destacadas también se incluye la remisión del 100% de deudas vencidas por uso de infraestructura pesquera artesanal, como parte de un paquete de acciones para apoyar a sectores históricamente excluidos y fomentar la economía popular y solidaria.
El Gobierno justifica la urgencia del proyecto debido al deterioro de las condiciones de seguridad y conservación en los ecosistemas estratégicos del país, agravado por la minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico y el conflicto armado interno. Según el proyecto, estas amenazas han convertido a las áreas protegidas en blancos de grupos criminales, afectando también al sector turístico y a las comunidades que dependen de él.
Con este tercer proyecto de ley urgente, el presidente Noboa continúa impulsando una agenda legislativa enfocada en dinamizar la economía, garantizar la seguridad y atraer inversión responsable. La Asamblea Nacional deberá tramitar y pronunciarse sobre esta propuesta en un plazo máximo de 30 días. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Un inicio movido: lo que dejó el primer mes de la Asamblea entre leyes, expulsiones, deserciones y sanciones
Por el vértigo de los acontecimientos, parecería que los actuales legisladores llevan ya mucho tiempo en sus cargos. Pero, lo cierto es que, este 14 de junio, la Asamblea Nacional cumple recién su primer mes de funcionamiento.
La tónica en este tiempo ha sido el dominio absoluto de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, y que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) haya quedado relegada a un plano casi de espectador.
Este ha sido el principal motivo de roces, tensiones y reclamos sin éxito desde el lado del correísmo frente a un bloque de Gobierno que, con la fuerza de los votos, se ha impuesto en la designación de autoridades, aprobación de leyes y resoluciones polémicas.
Pese a los grandes bloques de ADN y el correísmo, otros 19 legisladores dirimirán las votaciones en la Asamblea
Estos son los siete momentos que han marcado a la Asamblea Nacional en los primeros 30 días de gestión:
1Surge la aplanadora
A la sesión inaugural de la Asamblea se llegó con la incertidumbre sobre cuál de las fuerzas política, ADN o RC, logró la mayoría de acuerdos para elegir las autoridades del legislativo. Las dos decían contar con más de 77 votos.
La duda se despejó pronto. En la práctica, fue el gobierno el que logró convencer a la mayoría de independientes y fraccionar a su favor a seis de los nueve legisladores de Pachakutik.
Con eso, más el apoyo parcial de los tres asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), ADN logró captar la presidencia y vicepresidencias de la Asamblea, todas las vocalías del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la mayoría de comisiones permanentes.
Asamblea: ADN y sus aliados logran presidencia y control total del CAL; el correísmo se queda fuera
En estos 30 días, prácticamente ninguna de las propuestas de ADN ha sufrido un revés en el Pleno de la Asamblea. Siempre ha contado con, al menos, 77 votos para su aprobación y en otras ocasiones ha llegado a los 84 votos.
2Leyes urgentes del Ejecutivo
Con el impulso de saber que son mayoría, el presidente Daniel Noboa envió el 17 de mayo el primer proyecto de ley urgente en materia económica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno.
En la Comisión de Desarrollo Económico la propuesta pasó a llamarse Ley de Solidaridad Nacional y, entre el primer y segundo debate, la ley cambió desde los objetivos hasta el articulado original.
En esta se incluyeron reformas al Código Penal, a la Ley de Hidrocarburos y de Compañías. La oposición correísta en la Asamblea advirtió que en el proyecto habría algunas inconstitucionalidades.
Pero en la votación del 8 de junio, ADN contó con el respaldo de los independientes y Pachakutik y dos días después el presidente Noboa dispuso su publicación en el Registro Oficial sin hacer observaciones a la normativa.
El 27 de mayo, el presidente Daniel Noboa remitió el segundo proyecto de ley urgente en materia económica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
El informe para primer debate fue aprobado el 12 de junio por la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por el oficialismo, y se prevé que el lunes 16 de junio sea conocido por el Pleno.
3Reforma constitucional y ley polémicas
El 3 de junio el Pleno de la Asamblea se reunió para votar la reforma constitucional para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, planteada por Noboa.
La incógnita era cómo iban a votar los seis legisladores de Pachakutik, agrupación que históricamente se ha opuesto a este tipo de iniciativas, por considerar que es una violación a la soberanía nacional.
Pero no solo que esa facción ratificó su apoyo ‘incondicional’ a ADN, sino que además sumó un voto más: el de la asambleísta Dina Farinango, que hasta entonces se mantenía alejada de las tesis oficialistas.
En esa ocasión el gobierno tuvo 82 votos favorables, incluyendo los del PSC, partido político que históricamente ha defendido este tipo de iniciativas.
Pero quizás, uno de los momentos más críticos que ha tenido la Asamblea ha sido la aprobación de la Ley de Inteligencia promovida por la Comisión de Seguridad liderada por Inés Alarcón, de ADN.
En esta se propone, entre otras cosas, la interceptación de comunicaciones y el acceso a información privada, de cualquier ciudadano que los servicios de inteligencia consideren ‘sospechoso’, sin orden judicial alguna.
La normativa fue aprobada con 77 votos, el 10 de junio, nuevamente con el respaldo de la facción de Pachakutik leal a ADN. El 11 de junio, Noboa dispuso su publicación, al igual que con la primera ley urgente, sin hacer ninguna observación.
Varios actores políticos y sociales han advertido que la normativa podría contener algunas inconstitucionalidades, pero el oficialismo lo niega y dice que cumple los ordenamientos de la Constitución.
4Borrón a decisión de la anterior Asamblea
En la sesión del Pleno del jueves 5 de junio se produjo una triple polémica. Todo empezó cuando el excorreísta y ahora oficialista Henry Bosquez pidió un cambio del orden del día.
Su objetivo era revisar toda la terna que la Asamblea liderada por Viviana Veloz (RC) envió al Consejo de Participación Ciudadana para integrar el Consejo de la Judicatura.
En principio, la moción no pasó porque la segunda vicepresidenta, Carmen Tiupul, decidió abstenerse. Eso provocó que ADN vaya con todo hacia ella para convencerla y una vez logrado el objetivo, Bosquez pidió la rectificación de la votación.
El correísmo reclamó alegando que eso violaba el procedimiento parlamentario, porque no se puede aplicar ni la reconsideración ni la rectificación en cambios del orden del día. Pero la fuerza de los votos se impuso nuevamente.
Fernando Cedeño de RC, apeló la presidencia de Niels Olsen, pero nuevamente la mayoría funcionó y no fue aceptada.
Luego se propuso dejar sin efecto lo actuado por los anteriores legisladores y notificar al Consejo de Participación Ciudadana que dejaban inválida la terna, pero Bosquez no propuso una nueva con lo que siguen pendientes los listados del Ejecutivo y el Legislativo para la renovación del CJ.
6¿Desgrane del correísmo?
Con todo este panorama, varios legisladores de la Revolución Ciudadana han optado por alejarse de la línea del movimiento que otrora era conocido por ser orgánico, especialmente cuando eran mayoría.
La primera en irse, incluso antes de que se instale el nuevo periodo, fue la asambleísta por Los Ríos, Mónica Salazar, que luego apareció con el ministro de Gobierno, José De La Gasca y muchas veces opera por ADN para convencer a otros legisladores, cuando las votaciones se ponen difíciles.
También, se alejó de la línea correísta el legislador Sergio Peña que primero fue propuesto por ADN para integrar el CAL, luego el Comité de Ética y que votó a favor del primer y segundo informe de la Ley de Solidaridad Nacional. El correísmo decidió su expulsión.
Camino similar siguió el legislador electo por Galápagos, David Arias, que aunque también votó por el primer y segundo informe de la Ley de Solidaridad Nacional no fue sacado, en primera instancia. La gota que derramó el vaso y causó su expulsión fue su apoyo a la Ley de Inteligencia.
7Primera sanción administrativa
A eso se suma que el viernes 13 de junio, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) impuso una sanción de 30 días de suspensión, sin remuneración, para el legislador Ronal González, de RC.
¿La causa? Una queja de la asambleísta de ADN, Diana Jácome, que lo acusó de haber cometido una infracción administrativa grave.
Esto, porque el 26 de mayo, el correísta llegó a la Asamblea con un megáfono y se ubicó en los exteriores del Pleno y emitió frases como «¿sí me escuchas, sinvergüenza?».
Esa fue la forma en la que González intentaba protestar contra Olsen al que acusa de haberles relegado y no darles la palabra en los debates del Pleno de la Asamblea.
Incluso, parte de la bancada correísta interpuso una acción de protección contra el presidente de la Asamblea con la que pretendían que un juez deje sin efecto la sesión en la que se integró el CAL, llame a una nueva sesión y exija que se permita hablar a RC.
El 12 de junio, el juez Santiago Altairano declaró improcedente el reclamo de la Revolución Ciudadana y ratificó lo actuado por el Pleno de la Asamblea en la sesión inaugural del 14 de mayo. Fuente: Primicias
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