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Los países con la inflación más baja y más alta de América Latina en el 2022

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2022 será recordado por muchos como el «año de la gran inflación».

En el primer semestre del año que se acaba, con la guerra de Ucrania en curso, la inflación se disparó en todo el mundo, afectando especialmente a los precios de los alimentos y la energía, hasta alcanzar un punto máximo en América Latina del 8,4% en junio, el mayor nivel registrado desde 2005, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Ese nivel máximo regional no incluye en el cálculo a los países que se considera tienen una «inflación crónica»: Venezuela, Argentina, Cuba, Haití y Surinam.

No solo el aumento en el precio de los combustibles jugó un papel clave en que escalara repentinamente el costo de la vida. También influyó una mayor volatilidad cambiaria, además de las huellas que dejó la pandemia de covid-19, que interrumpió las cadenas de suministro globales e hizo que, en muchos casos, las autoridades pusieran en circulación más dinero del que estaba disponible antes de la crisis de salud.

Pero al llegar a la mitad del año, las cosas comenzaron a mejorar.

La tendencia se revirtió en el segundo semestre en medio de una rápida subida de las tasas de interés adoptada con el objetivo de combatir el aumento de precios, sumada a la fuerte desaceleración de la economía global.

La inflación regional bajó al 6,8% en octubre, comparado con el mismo mes del año anterior (lo que se conoce como inflación anualizada).

Y las proyecciones apuntan a que en 2023 la inflación seguirá disminuyendo.

Panamá, el país con la inflación más baja de la región

El país con la inflación más baja de Latinoamérica fue Panamá: 1,7% en octubre.

Aunque el país está acostumbrado a tener niveles de inflación históricamente bajos (que en los últimos años no han sobrepasado el 2%) Panamá no quedó fuera de la ola alcista que recorrió la región en 2022.

De hecho, el país llegó a registrar más de 5% de inflación en junio, «un aumento gigantesco para Panamá», dice Felipe Argote, profesor de macroeconomía de la Universidad Interamericana, en diálogo con BBC Mundo.

En medio del alza en el costo de la vida, el país del Canal fue escenario de una avalancha de protestas cuando cientos de miles de personas se lanzaron a las calles a manifestarse en julio contra el aumento en el costo de la vida, la desigualdad social y la corrupción.

Fue así como a mitad de ese mes el gobierno accedió a congelar el precio de los combustibles, una política de subsidio inusual en el país centroamericano, acostumbrado a aplicar impuestos a ese tipo de productos.

Lo que sucede en el sector energético internacional es fundamental para la economía panameña, dado que «el país importa todo el combustible que consume», apunta el economista.

Es por eso que en Panamá el aumento de los precios es considerado como una «inflación importada».

A partir de julio el costo de la vida comenzó a disminuir paulatinamente, siguiendo la tendencia de otras economías latinoamericanas.

Son varias las causas que han mantenido el nivel de precios en el país muy por debajo del resto de las economías de la región.

Una de ellas, argumenta Argote, es que «la inflación se ha mantenido baja principalmente porque el país tiene una economía dolarizada», a diferencia de la mayoría de los países de la región.

Y como el dólar se ha fortalecido en 2022 frente al resto de las monedas, hace que los productos importados sean más baratos.

De todos modos, pese a que la inflación es muy baja, advierte el economista, también es cierto que los salarios reales han bajado en los últimos años, el desempleo está en el 10% y los profundos niveles de desigualdad no han disminuido pese al espectacular crecimiento económico registrado en las últimas tres décadas.

Bolivia, el segundo país con una menor inflación

Después de Panamá, Bolivia es el país con la inflación anualizada más baja de América Latina: 2,9%.

Son varias las razones que explican este fenómeno. Al contrario de lo que sucede con las monedas de los países vecinos, sujetas a veces a fuertes variaciones en el tipo de cambio, la moneda nacional de Bolivia tiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar estadounidense, fijado hace más de una década (US$1 = 6,96 bolivianos).

El tipo de cambio se ha mantenido gracias a que el gobierno lo sostiene inyectando en el mercado dólares de sus reservas.

La fortaleza del boliviano reduce el costo para Bolivia de importar mercancías y, en un contexto de auge de los precios de los alimentos y del petróleo en los mercados internacionales, una moneda fuerte resulta especialmente ventajosa.

Cómo se ha librado Bolivia de la inflación que recorre América Latina (y por qué no es tan buena noticia como parece)
Por otro lado, el costo de la vida ha subido muy poco por los generosos subsidios que el gobierno aplica a la gasolina y a los productos de la canasta básica.

Otro freno a la subida de precios son los certificados de exportación que se exigen a todos los productos que se venden en el exterior.

Cuando su abastecimiento en Bolivia a un precio que las autoridades consideran justo no está garantizado, pueden negar el certificado para exportar, forzando así un aumento de la oferta en el mercado interno que también alivia las presiones inflacionarias.

Los países con la inflación más alta

Como es fácil de imaginar, los países que por años han registrado niveles de inflación más altos en Latinoamérica son Venezuela y Argentina, seguidos por Cuba.

Clasificados como países con «inflación crónica», han sufrido las consecuencias de un alto costo de vida desde hace muchos años y, desde esa perspectiva, no son un ejemplo representativo de las tendencias que dominaron la ola inflacionaria en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Si la idea es mirar a aquellos países que tradicionalmente mantenían niveles de inflación estables, pero su costo de vida se disparó en 2022, los que lideran la lista hasta octubre sonChile (12,8%) y Colombia (12,2%).

Chile, que solía tener niveles de aumento de precios cercanos al 2% anualizado antes de la pandemia, vivió este año una histórica escalada inflacionaria, que llegó en agosto al 14,1%, el mayor nivel en casi tres décadas.

Expertos consultados por BBC Mundo argumentan que hay causas externas e internas que explican un fenómeno tan inusual en el país sudamericano.

Entre las externas, están las fallas en las cadenas de suministro provocadas por la pandemia y la subida de los combustibles por el conflicto bélico.

Y en el frente interno, citan que en 2021 hubo un fuerte aumento del consumo que «sobrecalentó» la economía hasta el que el PIB creció un 11,7% -su mayor expansión en cuatro décadas-, en medio de extensas ayudas estatales entregadas a los sectores más vulnerables y a masivos retiros anticipados de los fondos privados de pensiones.

En el caso de Colombia, el aumento en el costo de los alimentos es el factor que más ha impulsado la ola inflacionaria.

Tanto así, que un poco más de una cuarta parte del aumento de los precios se explica por este incremento en la canasta familiar.

Otros factores que han contribuido a la escalada en el costo de la vida son la electricidad y el gas, servicios que, pese a tener precios regulados por el Estado, han visto incrementado su coste.

A mediados de septiembre, el gobierno de Gustavo Petro anunció que para el próximo año la autoridad regulatoria de energía y gas hará un ajuste de las formulas con las que se calcula el precio de la electricidad que pagan los hogares, con el fin de reducir tarifas de la energía eléctrica.

Aunque, por otro lado, las políticas que intentan reducir las emisiones contaminantes del país, han generado las condiciones para un leve aumento en el precio de la gasolina.

La inflación bajará en 2023 en Latinoamérica

«La inflación en 2023 será menor que en 2022, pero no tan baja como antes de la pandemia», le dijo a BBC Mundo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

Ese diagnóstico es compartido por otros organismos internacionales que están proyectando no solo una disminución en el costo de la vida en Latinoamérica, sino también a nivel global.

De todos modos, regiones como Europa estarán en graves problemas en los próximos meses debido a la fuerte dependencia que tienen de las importaciones energéticas provenientes de Rusia.

Así como las previsiones apuntan a una reducción de la inflación el próximo año, también avanzan una reducción del crecimiento latinoamericano, que podría llegar a solo el 1,3%, un nivel muy bajo para las necesidades de desarrollo de la región y la precaria situación en la que se encuentran vastos sectores de la población.

Con la bajada del costo de vida se espera un freno en los aumentos de las tasas de interés que caracterizaron este 2022 y que mermaron las posibilidades de acceder a préstamos de hogares y empresas.

Para muchos, las perspectivas de una inflación más baja en 2023 son una buena noticia, considerando la gran pérdida de poder adquisitivo que ha afectado a los consumidores.

El problema es que, como esa noticia viene acompañada de un bajo crecimiento, los economistas advierten que podría subir el desempleo.

La sombra de la recesión amenaza a un tercio de las economías del mundo, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para América Latina, pese a que el crecimiento económico será más bajo en 2023, al menos las proyecciones apuntan a que los países de la región no decrecerán.

Excepto uno: Chile, el único país latinoamericano que sufriría una contracción. BBC Mundo

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Cómo gastan el dinero los municipios y las prefecturas y qué cambiaría con la reforma que plantea Noboa

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Una nueva reforma legal pone la lupa sobre lo que están haciendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con los recursos que reciben del Presupuesto General del Estado.

Según el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deben recibir:

21% de los ingresos permanentes  del Presupuesto General del Estado, que son los generados por recaudación de impuestos y tasas.
Y un 10% de los ingresos no permanentes del Estado, es decir, aquellos por venta de petróleo o venta de bienes del Estado o concesiones.
Pero esto podría cambiar con el Proyecto de Ley Reformatoria al Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, presentado el 28 de enero de 2026, con carácter económico urgente.

El proyecto plantea que los GAD destinen el 70% de sus presupuestos anuales a inversión y obra pública. Y da plazo para conseguir este objetivo: hasta 2029 para los municipios y prefecturas y hasta 2030 para las juntas parroquiales rurales.

El proyecto advierte que, si no cumplen ese porcentaje de inversión, las asignaciones bajarían a los mínimos que dispone la Constitución:

15% por ingresos permanentes.
5% de asignaciones no permanentes.
Según el Gobierno, las actas de la Asamblea Constituyente muestran que las asignaciones a los GAD buscaban evitar el gasto en actividades vitrina y priorizar servicios públicos urgentes.

De ahí que el Ejecutivo cuestione que buena parte del dinero que manejan los gobiernos seccionales se destina al pago de sueldos y salarios. Y, aún peor, para eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento.

«Estos gastos no promueven la dinamización de la economía en contextos donde persisten brechas significativas en la provisión de servicios básicos e infraestructura esencial». Proyecto de ley para reformar el Cootad.

¿En qué gastan los gobiernos seccionales en Ecuador?
Resulta complejo conocer a detalle en qué gastan todos los GAD, pues en el país hay 221 municipios, 24 prefecturas y 797 juntas parroquiales. La mayoría no publica el detalle de sus presupuestos y su ejecución de forma actualizada y transparente.

El Banco Central de Ecuador (BCE) consolida información financiera de todos los GAD. Según esos datos, de los USD 5.497 millones que manejaron en 2024, el 24% se destinó a inversión, que incluye formación bruta de capital fijo, obra pública y la adquisición de bienes de larga duración.  En 2025, el porcentaje para inversión fue similar, del 25%.

Por ejemplo, en GAD como el Municipio de Guayaquil, de un presupuesto total de USD 1.608 millones en 2025, USD 439 millones o el 27% fue para inversión y obra pública, según los rubros que el Gobierno central plantea que se pueden considerar como tal.

En Quito, de un presupuesto de USD 1.744 millones, unos USD 398 millones, o el 23%, se dirigieron a ese mismo fin. Mientras que en la Prefectura de Pichincha, el 47% de su presupuesto de USD 275 millones se destinó a inversión y obra pública.

¿Cuánto reciben los GAD del Estado?
En el proyecto de ley, el Gobierno de Noboa menciona que la reforma es necesaria por el problema de desequilibrio fiscal del país; es decir, porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos del Estado y, como resultado, Ecuador tiene que endeudarse cada vez más.

Y añade que las asignaciones que hace el Estado para los GAD son muy rígidas; es decir, es muy difícil hacer ajustes cuando los ingresos no alcanzan.

Si bien los municipios, las alcaldías y las juntas parroquiales tienen ingresos propios de las tasas y de los impuestos que cobran, una buena parte de su presupuesto se cubre con las asignaciones del Estado.

Y este no es un gasto menor. Por ejemplo, en 2025, el Presupuesto del Estado alcanzó los USD 34.949  millones y, de ese valor, unos USD 3.455 millones fueron transferencias estatales para los GAD; esto es, casi el 10%.

Esto es 17 veces más que lo que se destinó a obra pública en el Presupuesto General del Estado.

Por la fuerte presión, año a año se acumulan millonarios atrasos en las asignaciones a los gobiernos seccionales, como en 2025 cuando sumaron USD 875 millones.

El economista Daniel Lemus, director del centro de políticas públicas de la ESPOL, explica que las asignaciones del Presupuesto del Estado representan entre el 48% y 54% de los ingresos que tienen los GAD, aunque hay algunos que dependen más del Gobierno central.

Por ejemplo, estas transferencias estatales representan menos del 50% de los presupuestos de algunos municipios, mientras que en las prefecturas son del 70%, añade Lemus.

Para Lemus, la reforma es positiva, pero hace falta aclarar detalles sobre cómo se hará el cómputo de ese 70%.

«¿Se computará sobre lo que el GAD haya planificado en el presupuesto o lo que realmente se haya ejecutado? Porque hay obras que se contratan en un año, pero la ejecución ocurre en el siguiente. Y con los anticipos de las obras, ¿qué pasará?», añade.

Para Lemus es importante hacer estas aclaraciones para evitar que solo se asienten cifras en el papel y al final del año, la ejecución real esté lejos de la meta.

¿Qué cambia el proyecto de ley?
Hoy, el Cootad ya pone un candado, pues su artículo 198 dice que las transferencias que se hagan a los GAD podrán financiar hasta el 30% de gastos permanentes (como sueldos de funcionarios), y un mínimo del 70% de gastos de inversión y obra pública.

Además, especifica que las transferencias provenientes principalmente de la venta del petróleo deberán financiar solo inversión y obra pública.

Sin embargo, ahora el Gobierno propone que el 70% de todo el presupuesto de los GAD  —  no solo de la asignación estatal—  sea para inversión y obra pública.

«La reforma es positiva, para mejorar la calidad de gasto y aumentar la inversión, pero tampoco debe servir para ahogar a algunos GAD con porcentajes imposibles de cumplir». Daniel Lemus, economista

Lemus destaca que el proyecto ya define qué rubros son los que se pueden considerar inversión y obra pública, para evitar diferentes interpretaciones. Fuente: Primicias

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Cynthia Jacho: sacó una baja calificación, pero ahora es presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal

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Cynthia Alexandra Jacho Tipán fue designada como presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. La joven fungió como abogada junior de un bufete quiteño y sacó una de las calificaciones más bajas en la etapa de méritos.

Esta comisión fue creada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en medio de cuestionamientos sobre los requisitos de los postulantes y sus calificaciones.

En total son 10 personas las que tienen la misión de encontrar al nuevo líder del Ministerio Público. Entre los integrantes de la comisión hay representantes de la ciudadanía y de las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social).

Jacho arrancó en su cargo solicitando al presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, que remita hasta el 29 de enero la terna para elegir al secretario de la comisión. Además, solicitó un equipo técnico.

Tras completar esos requerimientos, los comisionados podrán convocar oficialmente al concurso para escoger al nuevo fiscal.

$!Comisión que designará al nuevo fiscal.

¿QUIÉN ES CYNTHIA JACHO?

Tiene 26 años, nació en Quito y se graduó como abogada en la Universidad Central del Ecuador en diciembre del 2023, pero su título quedó registrado en la Senescyt en febrero del 2024.

Según la hoja de vida presentada al Cpccs, posee cursos en dignidad humana desde la jurisprudencia constitucional, habeas corpus privación de la libertad legal, arbitraje e ilegítima, teoría del delito y la pena y la prueba en materia laboral.

Todas estas capacitaciones se dieron en julio del 2025, a excepción de la última que tiene como fecha a julio del 2024.

En cuanto a experiencia laboral, Jacho trabajó dos años y 11 meses en el bufete Martínez & Martínez como asistente legal y abogada junior.

Además, la joven destacó que posee experiencia específica en derecho institucional, erradicación para la violencia y relaciones comunitarias.

$!Cynthia Jacho fue designada como presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal.

CUESTIONAMIENTOS

Sin embargo, ha sido cuestionada por sacar 17,5 sobre 50 en el concurso de méritos. Esta fue una de las notas más bajas del grupo por varios motivos: su reciente titulación, su escasa experiencia laboral y la falta de publicaciones académicas.

Aunque justificó dos premios, logrados en junio del 2025, por su defensa en derechos de la mujer y causas sociales y comunitarias.

Por su parte, el asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), recordó en la red social X que alrededor de la nota de Jacho hubo un curioso incidente.

El equipo técnico tuvo un ‘lapsus calami’ y la calificó con 37,5/50. Ante ello, el Cpccs pidió rectificar la votación para colocar la nota real. La corrección se hizo entre finales de noviembre e inicios de diciembre. ¿El resultado? Con una de las peores calificaciones, terminó dirigiendo la Comisión que decidirá quién será la o el nuevo Fiscal General del Estado”, apuntó el legislador.

$!Cuadro presentado por Luis Fernando Molina.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez que tengan un secretario y un equipo técnico, los comisionados deben hacer un cronograma de trabajo y convocar a los abogados que deseen participar en el concurso. En total son cinco fases:

  • Convocatoria y postulación
  • Admisibilidad y reconsideración
  • Méritos y recalificación
  • Escrutinio público e impugnación
  • Oposición y recalificación.

Este proceso debe durar cuatro meses, aunque también hay la posibilidad de una prórroga de dos meses más para concluir el concurso que designe al nuevo fiscal. Fuente: vistazo 

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Ecuador consolida la cooperación con la CAF para los sectores energético, aéreo y bananero

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El Gobierno ecuatoriano informó este jueves de que suscribió un instrumento de cooperación técnica no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a fortalecer los sectores energético y aéreo.

Además, en el marco del Foro Económico Internacional, en Panamá, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) firmó una carta de intención con el multilateral para implementar un programa de mejoramiento genético del banano.

El instrumento forma parte de la relación estratégica que mantiene el Ecuador con CAF, organismo que ha acompañado al país mediante mecanismos financieros asistencia técnica en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Su objetivo es fortalecer las capacidades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, así como acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión, en favor de la seguridad energética y una transición sostenible.

La cooperación incluye la realización de análisis técnicos y socioambientales, así como la preparación de una cartera de proyectos estratégicos, con estudios de ingeniería y perfiles para financiamiento.

Además, prevé acciones de fortalecimiento institucional orientadas a optimizar procesos, gestión y herramientas tecnológicas, y a destrabar cuellos de botella en la ejecución de proyectos.

En el área aeronáutica, el instrumento, suscrito por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, contempla la asistencia no reembolsable de dos millones de dólares, destinada a fortalecer integralmente la conectividad aérea y la seguridad operacional.

Para ello, se contemplan estudios de factibilidad, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la adquisición de equipamiento, alianzas público-privadas y acciones de fortalecimiento institucional, con énfasis en el rol del Estado como planificador y regulador del sistema aéreo nacional.

La carta de intención suscrita entre la CAF y AEBE, apunta a financiar el mejoramiento fitogenético del banano productivo, de tal manera que sea resistente a las plagas que regularmente afectan a este cultivo.

La suscripción de estos instrumentos reafirmó el acceso del Ecuador a asistencia técnica especializada de alto nivel, orientada a fortalecer la planificación y la capacidad del Estado en sectores clave para el desarrollo sostenible. Fuente: Vistazo

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