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Los gobiernos anteriores «nos dejaron jodidos», afirma Noboa tras anuncios de apagones

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Finalmente sucedió. El Gobierno Nacional tuvo que aceptar lo evidente: Ecuador enfrentará nuevos cortes de luz. De momento, el Ejecutivo anunció cuatro fechas para los apagones nacionales, que serán durante ocho horas en las noches.

Sin embargo, los ministros y el mismo presidente Daniel Noboa habían venido negando esta realidad. Apenas la semana pasada, el 9 de septiembre de 2024, el ministro de Gobierno, Arturo Félix, defendió la gestión del Ejecutivo y anunció, vehementemente, que no habría apagones.

Ese mismo día, el Primer Mandatario utilizó las redes sociales para difundir un video en el que anunciaba que el Gobierno se haría cargo de las planillas de electricidad de los hogares, por 180 kilowatts, en diciembre, enero y febrero.

Mientras tanto, el 13 de septiembre, el ministro Félix volvió a escena. Frente a los cuestionamientos sobre la barcaza turca de generación de energía, en radio La Poderosa, llamó para participar en el programa y acusó -entre gritos- a la emisora por permitir, a sus ojos, que se difundan mentiras.

«Esto no lo voy a permitir», insistió Félix y afirmó que ni el Gobierno ni el país son tontos. Finalmente, subrayó que el Ejecutivo no está invirtiendo recursos públicos en «pendejadas», sino en generación eléctrica.

Lamentablemente, todos esos discursos se desmoronaron dos días después. La mañana del 15 de septiembre, ya no hubo video de TikTok. La Presidencia emitió un comunicado silencioso, anunciando «mantenimientos preventivos» en el sistema eléctrico nacional, para «mantener la soberanía energética al mediano plazo».

En otras palabras: llegaba el primer gran apagón nacional, entre las 22:00 del 18 de septiembre y las 06:00 del día siguiente. Pero no fue todo, el discurso oficial continuó desmoronándose. La madrugada del martes 17 de septiembre, el Gobierno se vio obligado a emitir un nuevo comunicado: los extensos apagones continuarán la próxima semana.

Esto ha provocado una ola de preocupaciones sobre las consecuencias comerciales y económicas, así como los problemas de seguridad, que podrían ocasionar los extensos cortes de electricidad. Como respuesta, el presidente Noboa decretó un toque de queda en las localidades más violentas del país, que ya estaban bajo un estado de excepción y militarizados.

Sin embargo, en un evento en Jipijapa, el mismo 17 de septiembre, el Mandatario argumentó que los «sinvergüenzas de gobiernos pasados que prometieron mucho, no cumplieron nada y nos dejaron encima jodidos al siguiente gobierno».

Además, Noboa dijo que si da su palabra no duerme hasta que lo que ha ofrecido se cumpla. Mientras tanto, los asistentes coreaban: reelección, reelección.

Los subibajas energéticos
La crisis energética que enfrenta Ecuador nunca fue un secreto. Las autoridades del sector venían alertando desde enero de 2023 de los problemas que enfrentaría el país debido a los factores que inciden en la generación y el consumo, así como los previstos e intensos estiajes en 2023 y 2024.

Es así que el operador estatal de electricidad (Cenace) ya había anticipado que el país tendría que adquirir 1.080 megavatios de electricidad adicional en firme para cubrir el déficit de demanda y no depender de las costosas importaciones de Colombia en el estiaje de 2024.

Pero, ¿por qué hay un déficit? PRIMICIAS explicó en agosto los cuatro factores clave de la crisis en el sector eléctrico:

De las 14 hidroeléctricas construidas durante la década correísta, ocho están en la cuenca oriental, que sufre año a año con los estiajes. Los gobiernos dejaron en el olvido el obsoleto parque termoeléctrico, que solo tuvo una cuarta parte en funcionamiento en 2023.

No han entrado en operación suficientes centrales de generación eléctrica. El modelo de inversión privada, abierto con Lenin Moreno, no ha dado los resultados esperados.

Entre 2022 y 2023, la demanda de electricidad de Ecuador se disparó y creció en 11%. Es un crecimiento importante considerando que un año antes había crecido al 6%.

El Estado no cuenta con recursos suficientes para invertir en el sector eléctrico, por lo que el mismo holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) anunció un plan para realizar alianzas con el sector privado.

En medio de este escenario, el gobierno de Daniel Noboa recibió un sector eléctrico ya en crisis. Sin embargo, tampoco ha querido decretar apagones cortos hasta concretar soluciones e incluso ha decretado reducciones en los cobros de las planillas.

Pero el extenso e intenso estiaje terminó poniendo al Ejecutivo contra las cuerdas.

Por ejemplo, Daniel Noboa anunció, el 18 de diciembre de 2023, la suspensión de los cortes de luz en todo el país. Pero tres meses después, en marzo de 2024, regresaron las desconexiones en distintas ciudades y las autoridades informaron que se trataba de «una falla en el sistema eléctrico».

Sin embargo, el 16 de abril, el Ejecutivo tuvo que decretar cortes de luz programados, porque el embalse de Mazar (el más grande del país) perdió casi toda su reserva de agua. Ahí llegó la primera declaratoria de emergencia y la teoría de conspiración del Gobierno, que argumentó que se trataba de un sabotaje, a puertas de la consulta popular.

Pese a todo, en junio sucedió el primer apagón nacional, por una falla en la línea de transmisión. A eso se sumaron otros factores como que Colombia dejó de vender energía a Ecuador y empezó la sequía. En agosto el Gobierno tuvo que declarar otra emergencia en el sector.

Después, el 7 de septiembre de 2024, sucedió el segundo apagón nacional del año. Aunque el ministro de Gobierno, insistió en que no volverían los apagones, la generación de electricidad en el país sigue sin satisfacer la demanda.

Sin embargo, el Ejecutivo ha tomado varias medidas para intentar paliar la crisis a corto plazo. Se han realizado contrataciones de emergencia, como la compra de motores y el alquiler de una barcaza turca. También está prevista la compra de hasta 1.200 megavatios adicionales. Fuente: Primicias

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Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y otras medidas cautelares

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La Fiscalía General del Estado pidió que se imponga prisión preventiva contra el alcalde de MachalaDarío Macas, y su esposa Carmen Ch. P., por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito.

La audiencia de formulación de cargos se instaló la mañana de este martes 7 de julio, de forma telemática, ante un juez de la provincia de Pichincha.

Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el burgomaestre y su esposa, quienes fueron aprehendidos el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.

Como medida cautelar de carácter real, la institución también solicitó la retención de los valores que ambos mantienen en entidades del sistema financiero.

Presuntos movimientos millonarios del alcalde

Las indagaciones apuntan a que el alcalde y su esposa habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.

Entre los hallazgos, el ministro del Interior, John Reimberg detalló que se detectaron empresas ‘fantasma‘ utilizadas para el movimiento de recursos y mencionó el caso de una compañía creada en 2025, en la que, según dijo, Darío Macas posee el 90 % de las acciones y que habría prestado servicios al Municipio de Machala.

Asimismo, indicó que los investigadores detectaron movimientos financieros superiores a los USD 6 millones, además de cheques y retiros en efectivo por cerca de USD 750.000, que eran cobrados directamente en ventanilla.

Reimberg también afirmó que se identificaron depósitos de USD 400.000 y USD 500.000 en distintas cuentas bancarias.

La Fiscalía General del Estado informó que durante los allanamientos se levantaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, para incorporar a la investigación. Fuente: Vistazo

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La penalista Marie Ruiz alerta sobre riesgos de responsabilidad objetiva en Ecuador

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En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista Marie Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.

Marie Ruiz, profesional “abogada máster en derecho penal y ciencias penales por España y por Francia” y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Barcelona (Universitat Pompeu Fabra), explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.

“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.

En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.

La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.

En este contexto, Marie Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.

Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.

La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.

Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.

El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.

La participación de Marie Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.

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Condenan a siete años de prisión para exalcalde de Taisha por enriquecimiento ilícito

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La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo impuso la pérdida de los derechos políticos del exfuncionario, lo cual significa que no podrá postularse a cargos de elección popular, ejercer funciones públicas ni contratar con el Estado.

Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.

Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado

De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.

Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.

La Fiscalía expuso que, mientras ejercía el cargo, el exalcalde recibió depósitos que excedían los ingresos correspondientes a su remuneración, adquirió un vehículo y un inmueble, además de cancelar diversas obligaciones económicas.

Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.

Asimismo, incorporó 28 pruebas documentales, entre ellas el informe con indicios de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría, pericias contables y financieras, reportes de la UAFE, roles de pago, declaraciones patrimoniales y certificaciones relacionadas con la propiedad de bienes muebles e inmuebles.
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