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Los gobiernos anteriores «nos dejaron jodidos», afirma Noboa tras anuncios de apagones

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Finalmente sucedió. El Gobierno Nacional tuvo que aceptar lo evidente: Ecuador enfrentará nuevos cortes de luz. De momento, el Ejecutivo anunció cuatro fechas para los apagones nacionales, que serán durante ocho horas en las noches.

Sin embargo, los ministros y el mismo presidente Daniel Noboa habían venido negando esta realidad. Apenas la semana pasada, el 9 de septiembre de 2024, el ministro de Gobierno, Arturo Félix, defendió la gestión del Ejecutivo y anunció, vehementemente, que no habría apagones.

Ese mismo día, el Primer Mandatario utilizó las redes sociales para difundir un video en el que anunciaba que el Gobierno se haría cargo de las planillas de electricidad de los hogares, por 180 kilowatts, en diciembre, enero y febrero.

Mientras tanto, el 13 de septiembre, el ministro Félix volvió a escena. Frente a los cuestionamientos sobre la barcaza turca de generación de energía, en radio La Poderosa, llamó para participar en el programa y acusó -entre gritos- a la emisora por permitir, a sus ojos, que se difundan mentiras.

«Esto no lo voy a permitir», insistió Félix y afirmó que ni el Gobierno ni el país son tontos. Finalmente, subrayó que el Ejecutivo no está invirtiendo recursos públicos en «pendejadas», sino en generación eléctrica.

Lamentablemente, todos esos discursos se desmoronaron dos días después. La mañana del 15 de septiembre, ya no hubo video de TikTok. La Presidencia emitió un comunicado silencioso, anunciando «mantenimientos preventivos» en el sistema eléctrico nacional, para «mantener la soberanía energética al mediano plazo».

En otras palabras: llegaba el primer gran apagón nacional, entre las 22:00 del 18 de septiembre y las 06:00 del día siguiente. Pero no fue todo, el discurso oficial continuó desmoronándose. La madrugada del martes 17 de septiembre, el Gobierno se vio obligado a emitir un nuevo comunicado: los extensos apagones continuarán la próxima semana.

Esto ha provocado una ola de preocupaciones sobre las consecuencias comerciales y económicas, así como los problemas de seguridad, que podrían ocasionar los extensos cortes de electricidad. Como respuesta, el presidente Noboa decretó un toque de queda en las localidades más violentas del país, que ya estaban bajo un estado de excepción y militarizados.

Sin embargo, en un evento en Jipijapa, el mismo 17 de septiembre, el Mandatario argumentó que los «sinvergüenzas de gobiernos pasados que prometieron mucho, no cumplieron nada y nos dejaron encima jodidos al siguiente gobierno».

Además, Noboa dijo que si da su palabra no duerme hasta que lo que ha ofrecido se cumpla. Mientras tanto, los asistentes coreaban: reelección, reelección.

Los subibajas energéticos
La crisis energética que enfrenta Ecuador nunca fue un secreto. Las autoridades del sector venían alertando desde enero de 2023 de los problemas que enfrentaría el país debido a los factores que inciden en la generación y el consumo, así como los previstos e intensos estiajes en 2023 y 2024.

Es así que el operador estatal de electricidad (Cenace) ya había anticipado que el país tendría que adquirir 1.080 megavatios de electricidad adicional en firme para cubrir el déficit de demanda y no depender de las costosas importaciones de Colombia en el estiaje de 2024.

Pero, ¿por qué hay un déficit? PRIMICIAS explicó en agosto los cuatro factores clave de la crisis en el sector eléctrico:

De las 14 hidroeléctricas construidas durante la década correísta, ocho están en la cuenca oriental, que sufre año a año con los estiajes. Los gobiernos dejaron en el olvido el obsoleto parque termoeléctrico, que solo tuvo una cuarta parte en funcionamiento en 2023.

No han entrado en operación suficientes centrales de generación eléctrica. El modelo de inversión privada, abierto con Lenin Moreno, no ha dado los resultados esperados.

Entre 2022 y 2023, la demanda de electricidad de Ecuador se disparó y creció en 11%. Es un crecimiento importante considerando que un año antes había crecido al 6%.

El Estado no cuenta con recursos suficientes para invertir en el sector eléctrico, por lo que el mismo holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) anunció un plan para realizar alianzas con el sector privado.

En medio de este escenario, el gobierno de Daniel Noboa recibió un sector eléctrico ya en crisis. Sin embargo, tampoco ha querido decretar apagones cortos hasta concretar soluciones e incluso ha decretado reducciones en los cobros de las planillas.

Pero el extenso e intenso estiaje terminó poniendo al Ejecutivo contra las cuerdas.

Por ejemplo, Daniel Noboa anunció, el 18 de diciembre de 2023, la suspensión de los cortes de luz en todo el país. Pero tres meses después, en marzo de 2024, regresaron las desconexiones en distintas ciudades y las autoridades informaron que se trataba de «una falla en el sistema eléctrico».

Sin embargo, el 16 de abril, el Ejecutivo tuvo que decretar cortes de luz programados, porque el embalse de Mazar (el más grande del país) perdió casi toda su reserva de agua. Ahí llegó la primera declaratoria de emergencia y la teoría de conspiración del Gobierno, que argumentó que se trataba de un sabotaje, a puertas de la consulta popular.

Pese a todo, en junio sucedió el primer apagón nacional, por una falla en la línea de transmisión. A eso se sumaron otros factores como que Colombia dejó de vender energía a Ecuador y empezó la sequía. En agosto el Gobierno tuvo que declarar otra emergencia en el sector.

Después, el 7 de septiembre de 2024, sucedió el segundo apagón nacional del año. Aunque el ministro de Gobierno, insistió en que no volverían los apagones, la generación de electricidad en el país sigue sin satisfacer la demanda.

Sin embargo, el Ejecutivo ha tomado varias medidas para intentar paliar la crisis a corto plazo. Se han realizado contrataciones de emergencia, como la compra de motores y el alquiler de una barcaza turca. También está prevista la compra de hasta 1.200 megavatios adicionales. Fuente: Primicias

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Policía decomisa media tonelada de droga escondida en una volqueta

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Un operativo ejecutado por la Policía Nacional permitió la captura del conductor de una volqueta en la que se encontró droga.

En su cuenta de X, la Policía informó que en el vehículo, que se movilizaba por la localidad de Ahuano, en la provincia de Napo, encontró media tonelada de droga. «Mediante técnicas de observación y perfilamiento, se detuvo la marcha de una volqueta, en la se identificó una estructura de doble fondo, dentro de la cual se encontraron 500 envolturas de bloques rectangulares, con 499.000 gramos de pasta base de cocaína», detalló la autoridad.

Además de esta sustancia, la Policía encontró un celular, que fue democisado. El sujeto detenido fue puesto a las órdenes de la justicia.

Fuente: Primicias

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Ecuador reabre el catastro minero tras siete años: ¿qué significa este cambio para el país?

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El catastro minero volverá a abrirse en Ecuador el lunes 16 de junio de 2025, después de permanecer cerrado por más de siete años. La última vez que el país permitió nuevas concesiones mineras fue en 2018, cuando el entonces presidente Lenín Moreno clausuró el sistema, alegando irregularidades y la necesidad de una evaluación ambiental.

Desde entonces, los siguientes gobiernos anunciaron su reapertura sin concretarla. Incluso, el expresidente Guillermo Lasso la prometió como parte de su agenda de atracción de inversiones, pero no logró implementarla.

Ahora, el gobierno de Daniel Noboa ha dado el paso definitivo: el lunes 2 de junio, la vocera Carolina Jaramillo, anunció –entre otras medidas- la reactivación del sistema en fases, empezando por la mediana y gran minería. Esto se suma a una estrategia más amplia de posicionar al país como un destino atractivo para la inversión minera. De hecho, el mandatario viajó en 2024 a Canadá para promocionar al país en The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la mayor feria minera del mundo.

Pero, ¿qué implica exactamente reabrir el catastro minero?

El catastro minero es una herramienta técnica y jurídica: un registro oficial que delimita las áreas del país disponibles -o no- para actividades mineras. Es, en palabras de Rodrigo Darquea, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, “el mapa del país” que establece dónde puede operar una empresa, y bajo qué condiciones.

“Tú puedes tener la concesión, pero haber explorado es otra cosa. De todo el territorio nacional, efectivamente se ha explorado menos del 2%. Y con eso ya se han encontrado importantes yacimientos de oro y cobre”, asegura Darquea.

El cierre del catastro, según el experto, provocó un fuerte freno en la inversión extranjera. Mientras en 2024 países como Chile, Perú y Argentina captaron entre 493 y 637 millones de dólares solo en exploración, Ecuador no accedió a ese capital. Además, advierte que la minería ilegal se ha expandido de forma alarmante durante este período de inactividad.

Para el consultor minero Santiago Yépez, el catastro es más que un software de geolocalización:

“Es la piedra angular del crecimiento del sector. Transparenta la información, brinda seguridad jurídica y permite planificar seriamente las inversiones. Sin él, el país queda en desventaja.”

Yépez destaca también que no todas las concesiones terminan en minas: apenas 3 de cada 1.333 proyectos exploratorios llegan a etapa de producción. De ahí que reabrir el sistema sea solo el primer paso de un proceso largo, complejo y costoso.

Para noviembre de 2024, se habían exportado 689 toneladas de minerales de Ecuador, equivalente a 2.814 millones de dólares. Esto representó una caída de 9% en comparación con el mismo periodo de 2023, debido principalmente a apagones y mayor control fiscal e investigativo a causas de irregularidades

Reacciones a la nueva tasa minera: ¿oportunidad o freno?

La reapertura del catastro llega acompañada de una nueva tasa minera, anunciada por el gobierno como parte del esfuerzo por financiar la lucha contra la minería ilegal. Se espera que esta recaudación supere los 200 millones de dólares solo en el primer año, con pagos exigidos en junio y diciembre.

El sector, sin embargo, ha reaccionado con cautela.

“Estamos hablando de una industria que toma entre 10 y 15 años en producir desde que empieza a explorar. Si le sumas más tasas e impuestos desde el inicio, matas una oportunidad que aún está naciendo”, advierte Rodrigo Darquea.

Yépez, por su parte, considera que cualquier esfuerzo conjunto para ordenar el sector es bienvenido, pero cuestiona la magnitud de la nueva carga fiscal.

“Pretender recaudar más que toda la inversión extranjera directa del país en un año es desproporcionado. Ya pagamos las patentes de conservación más altas de la región. Cobrar una tasa adicional por un servicio que aún no se ha recibido parece incoherente».

Ambos expertos coinciden en que el sector está abierto al diálogo, pero insisten en la necesidad de seguridad jurídica y una política tributaria razonable para atraer inversión sostenible.

Crítica desde la sociedad civil

Si bien algunos expertos consideran que la reapertura del catastro minero es una oportunidad para atraer inversión formal y frenar el avance del crimen organizado, desde sectores sociales y ambientalistas la reacción ha sido radicalmente distinta.

David Fajardo, representante del colectivo Cabildo por el Agua, sostiene que la medida es “preocupante, irresponsable e incluso inconstitucional”. Según explica, el regreso del catastro implica “la reactivación de procesos de concesión de territorios ecuatorianos para los intereses mineros, sobre todo de empresas transnacionales”.

“No se puede abrir un catastro sin que previamente existan leyes orgánicas que regulen la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, afrodescendientes, montubios y campesinos”, afirma.

Fajardo subraya que estas leyes son condiciones indispensables para que cualquier concesión sea legal, y advierte que sin ellas no se puede garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios. En su lectura, sin esos instrumentos legales, la apertura del catastro vulnera derechos constitucionales y colectivos.

Además, critica el argumento del gobierno de que la nueva tasa minera servirá para financiar la lucha contra la minería ilegal. “Esa justificación no tiene sustento legal ni operativo. No hay certeza de que ese dinero se use para lo que se promete y, además, es parte de un entendimiento erróneo del problema”, señala.

Desde su visión, en Ecuador no existe minería plenamente legal, ya que la mayoría de los proyectos no cumple con todos los requisitos constitucionales, particularmente los relacionados con la consulta y los derechos de la naturaleza. Para Fajardo, lo que el Estado y el sector privado llaman “minería ilegal” incluye tanto actividades informales como operaciones criminales, pero también aquellas que no respetan los procesos de legalización en sentido estricto.

Finalmente, anticipa que la medida generará resistencia.

“Los sectores que defienden el agua, los territorios y los derechos de la naturaleza van a rechazar esta decisión. Usarán recursos judiciales, y si es necesario, ejercerán su derecho a la resistencia”. Fuente: Vistazo
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Presidente Noboa presentó su tercer proyecto económico urgente: Ley para la Recuperación de Áreas Protegidas y Desarrollo Local

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El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, envió a la Asamblea Nacional su tercer proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de gestión para las áreas naturales protegidas del país y fomentar el desarrollo económico local de manera sostenible.

El proyecto, denominado Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, propone ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que han sido afectados por economías ilegales, actividades criminales y abandono institucional, pese a estar legalmente reconocidos como zonas protegidas.

La propuesta incluye mecanismos contractuales que permitirían la participación del sector privado, nacional e internacional, en la administración, operación y protección de estas áreas bajo estrictos lineamientos ambientales. Además, promueve actividades sostenibles como el turismo ecológico, la investigación científica, la prestación de servicios ambientales y la generación de empleo digno, en especial para comunidades locales.

Entre las medidas destacadas también se incluye la remisión del 100% de deudas vencidas por uso de infraestructura pesquera artesanal, como parte de un paquete de acciones para apoyar a sectores históricamente excluidos y fomentar la economía popular y solidaria.

El Gobierno justifica la urgencia del proyecto debido al deterioro de las condiciones de seguridad y conservación en los ecosistemas estratégicos del país, agravado por la minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico y el conflicto armado interno. Según el proyecto, estas amenazas han convertido a las áreas protegidas en blancos de grupos criminales, afectando también al sector turístico y a las comunidades que dependen de él.

Con este tercer proyecto de ley urgente, el presidente Noboa continúa impulsando una agenda legislativa enfocada en dinamizar la economía, garantizar la seguridad y atraer inversión responsable. La Asamblea Nacional deberá tramitar y pronunciarse sobre esta propuesta en un plazo máximo de 30 días. Fuente: El Telégrafo

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