Nacionales
Los Comandos de la Frontera ‘imponen su ley’ a punta de sangre y fuego en Sucumbíos

Pese a ser una de las provincias con una mayor tasa de muertes violentas en el país, caminar por las calles de Sucumbíos es relativamente tranquilo. A diferencia de lo que ha ocurrido en Esmeraldas o Durán con la crisis de inseguridad, el comercio de esta provincia se ha mantenido activo.
Incluso en medio de los cortes de energía, durante las noches, jóvenes hacen deporte en las calles y parques de Lago Agrio, capital provincial y la ciudad más violenta de la jurisdicción. Los negocios abren hasta tarde, pese a la oscuridad.
Dispositivos de militares y policías realizan operativos y controles a toda hora y en varias calles y barrios de ciudades como Lago Agrio y Shushufindi. Así lo constató un equipo de PRIMICIAS que recorrió esa provincia durante la última semana de octubre de 2024.
Sin embargo, en plena guerra interna declarada por el presidente Daniel Noboa contra 22 bandas terroristas ecuatorianas, Sucumbíos es una de las seis provincias en las que las muertes violencias crecieron en 2024.
Entre enero y septiembre de 2024, en esta provincia -fronteriza con Colombia- se cometieron 84 asesinatos, 22 más que en el mismo período de 2023. Lo que significa un incremento del 34%.
Fuentes de inteligencia militar, al igual que moradores de la zona, atribuyen la violencia a la guerrilla colombiana. Específicamente, señalan a los denominados Comandos de la Frontera (CDF), una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera en Putumayo, departamento colombiano que colinda con Sucumbíos.
Incluso, en abril de 2024, el Gobierno de Ecuador ubicó al colombiano Giovanny Rojas, alias ‘Araña’, cabecilla de los CDF, como el principal objetivo militar del Estado, en medio del conflicto armado interno.
La evolución de los CDF
En enero de 2019, un agente policial fue emboscado y asesinado en Sucumbíos. En esas épocas, la inteligencia ecuatoriana empezó a rastrear a los responsables y dio con una organización colombiana conocida como La Constru.
Esta es una banda criminal que empezó como una oficina de cobro de los carteles colombianos del narcotráfico y que en la década de 2010, arovechando la desmovilización del Frente Sur Putumayo de las FARC, se fortaleció con el reclutamiento de disidentes y se convirtió en la agrupación delictiva con mayor influencia en el narcotráfico de esa zona.
La Constru era liderada por Miguel Bastidas, alias ‘Gargola’. Posteriormente, se aliaron con las disidencias del Frente 48 de las FARC, que eran lideradas por Pedro Goyes, alias ‘Sinaloa’, a quien se le atribuía el control de las rutas del narcotráfico en Sucumbíos. Empezaron a llamarse La Mafia.
En 2019, ‘Gargola’ fue detenido y ‘Sinaloa’ asesinado por sus propios hombres. Entonces, asume el control total de la organización alias ‘Araña’, quien rebautiza al grupo y lo empieza a denominar Comandos de la Frontera.
Al mando de ‘Araña’, quien fue detenido en Colombia y luego liberado por ser parte del proceso de paz, los CDF asentaron su operación entre Putumayo (Colombia) y Sucumbíos (Ecuador). Sus lugartenientes, como ‘Popeye’, se encargan del cultivo de la coca, la producción de pasta base y cocaína.
Finalmente, esta organización delineó una ruta para mover esa droga a través de Sucumbíos hasta los puertos ecuatorianos, específicamente hacia Manabí. Al frente de ese transporte estaba alias ‘Chabalo’, recientemente detenido en Ecuador.
La ‘ley’ de los Comandos de la Frontera
Por la formación guerrillera de sus cabecillas -pese a que ahora son una organización narcodelictiva-, los CDF mantienen varias tradiciones de las FARC. Por ejemplo, sus integrantes viven en un régimen militar y reciben formación de ese tipo.
Lo que ha cambiado es que sus integrantes ya no son reclutados bajo un discurso ideológico revolucionario. Ahora campesinos ecuatorianos y colombianos son contratados y reciben un sueldo por distintas labores de siembra, producción, transporte y almacenamiento de la droga. Así como para labores de seguridad y logística.
Esto le ha permitido a la agrupación ampliar su control en toda la línea de frontera entre Ecuador y Colombia, en Sucumbíos. Controlan el narcotráfico, el comercio ilegal de combustibles y otros precursores químicos y están incursionando en la minería ilegal en Orellana, otra provincia amazónica ecuatoriana.
Su manera de operar, según inteligencia militar, se basa en el fuego, el miedo y la sangre. Sus enemigos son torturados y asesinados. Luego dejan los cuerpos en estados deplorables para enviar un mensaje a posibles agrupaciones antagónicas.
El ascenso de los CDF ha coincidido con la crisis de seguridad que vive Ecuador, donde bandas como Choneros, Lobos y Tiguerones controlan las economías ilegales en territorios como Esmeraldas, Guayas, El Oro y Manabí.
Estos grupos han intentado ampliar sus operaciones a Sucumbíos, ya que es una zona clave en las rutas de la droga hacia Europa y Norteamérica. Pero han sido esfuerzos en vano.
Cualquier miembro de estas bandas que ha sido detectado en Sucumbíos o sus alrededores es asesinado de inmediato. Incluso, algunas víctimas han sido delincuentes comunes que intentaron robar cacao de haciendas donde los CDF albergarían sus drogas.
‘Araña’ domina esta operación desde la clandestinidad, en Colombia. Pero, generalmente, su segundo al mando está en Ecuador. Es el caso de alias ‘Cejas’, quien fue detenido en abril de 2024 en Orellana y ahora está en una prisión nacional.
Las Fuerzas Armadas creen que un nuevo emisario de ‘Araña’ ya está en la zona. Sin embargo, la información se maneja con mucho recelo. Ya que el nivel influencia del capo colombiano es tal, que luego de la captura de ‘Cejas’, un oficial del Ejército que estuvo a cargo del operativo recibió una llamada directa del guerrillero, amenazándolo. Fuente: Primicias
Nacionales
Daniel Noboa en Japón: Suzuki confirma donación de becas y vehículos para jóvenes ecuatorianos

El presidente de la República, Daniel Noboa, encabezó este miércoles 27 de agosto en Tokio, Japón, el Seminario de Promoción de Comercio e Inversiones del Ecuador, acompañado por el ministro nipón de Economía, Comercio e Industria, Yoji Muto. El encuentro tuvo como objetivo atraer nuevas inversiones para el país.
Durante el evento, se concretó además una donación de la empresa Suzuki, que incluye becas y vehículos destinados a jóvenes ecuatorianos.
Durante la segunda jornada de esta gira, Noboa se reunió con el ministro Muto y con el extitular de la cartera y presidente de la Liga Parlamentaria nipona, Yasutoshi Nishimura, con el objetivo de impulsar la consolidación de un acuerdo comercial bilateral.
«Este es un momento clave para ampliar nuestro comercio con naciones que valoran las relaciones a largo plazo», declaró Noboa ante Muto y Nishimura, destacando la importancia de «eliminar cualquier barrera que haya bloqueado la posibilidad de trabajar juntos».
Por su parte, el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón resaltó la importancia del Ecuador como sexto proveedor de crudo, así como su potencial en otros sectores, “lo que lo convierte en un socio indispensable para Japón en materia de recursos y energía”, expresó.
Donación de Suzuki
En este acto, el fabricante japonés de vehículos Suzuki oficializó la donación de USD 1.1 millones para impulsar a la juventud ecuatoriana, correspondiente al Proyecto Social “Jóvenes al Volante” (2025–2026), enfocado en tres ejes:
• Desarrollo: entrega de 10 vehículos Suzuki Swift Híbrido a jóvenes líderes comunitarios (USD 185.000).
• Educación: becas académicas por USD 800.000 y un programa dual de estudios y prácticas en coordinación con Cancillería y Suzuki del Ecuador.
• Sostenibilidad: exoneración del valor de matrícula vehicular (USD 80.000) para jóvenes de hasta 29 años 11 meses que adquieran un Suzuki Swift Híbrido.
Además, la empresa anunció una inversión productiva de USD 5 millones para promover la generación de empleo.
En su agenda, Noboa tiene programada una reunión con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, el jueves, tras la cual participará con una comida ofrecida por el jefe del Gobierno japonés. Fuente: Vistazo
Nacionales
Yaku Pérez presenta denuncia en Fiscalía contra Daniel Noboa, su esposa y una minera canadiense

El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.
A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.
Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».
Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.
Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.
Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.
Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas
Nacionales
Ley de Transparencia Social: Asamblea aprueba cuarta económica urgente de Noboa contra el lavado de dinero

Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.
Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.
“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.
Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.
No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.
El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.
Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.
Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.
El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.
El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo
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