El legislador Héctor Balladares, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, denunció públicamente en una rueda de prensa realizada en las afueras de la Asamblea Nacional, un grave desvío de fondos destinados al desarrollo de la Amazonía ecuatoriana. Según el legislador, gobiernos anteriores han incumplido la Ley Especial Amazónica, perjudicando a las comunidades de la región.
Un Informe Alarma Sobre la Situación
Balladares presentó un informe final de fiscalización, aprobado el 16 de octubre, donde se detallan las irregularidades en la distribución de los fondos amazónicos. La investigación, llevada a cabo por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Centralización, Competencias y Organización Territorial, reveló que gobiernos de Moreno, Lasso y Novoa habrían eludido la ley, privando a la Amazonía de aproximadamente 1.500 millones de dólares en los últimos cinco años.
Fondos Desviados y Consecuencias
Los fondos desviados corresponden principalmente a dos fuentes:
- Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico: Este fondo, destinado directamente a los gobiernos autónomos descentralizados, ha sido perjudicado en alrededor de 1.000 millones de dólares debido a una interpretación errónea de la ley por parte de los gobiernos anteriores.
- Fondo Común: Alimentado por regalías mineras y utilidades de empresas estratégicas, este fondo ha sido despojado de aproximadamente 500 millones de dólares que debían ser destinados al desarrollo de la Amazonía.
Las consecuencias de este desvío son evidentes en la situación actual de la región amazónica, que enfrenta graves problemas como la falta de inversión en infraestructura, salud, educación y el deterioro ambiental. La minería ilegal, la deforestación y la contaminación son solo algunos de los problemas que afectan a esta región.
La Lucha Continúa
El legislador Balladares destacó la importancia de la creación de una comisión ocasional en la Asamblea Nacional para investigar a fondo este caso y exigir el cumplimiento de la Ley Especial Amazónica. Además, resaltó la necesidad de que los gobiernos se comprometan a entregar los recursos que por ley corresponden a la Amazonía.
