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Legislador Héctor Balladares Denuncia Desvío de Fondos Amazónicos

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El legislador Héctor Balladares, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, denunció públicamente en una rueda de prensa realizada en las afueras de la Asamblea Nacional, un grave desvío de fondos destinados al desarrollo de la Amazonía ecuatoriana. Según el legislador, gobiernos anteriores han incumplido la Ley Especial Amazónica, perjudicando a las comunidades de la región.

Un Informe Alarma Sobre la Situación

Balladares presentó un informe final de fiscalización, aprobado el 16 de octubre, donde se detallan las irregularidades en la distribución de los fondos amazónicos. La investigación, llevada a cabo por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Centralización, Competencias y Organización Territorial, reveló que gobiernos de Moreno, Lasso y Novoa habrían eludido la ley, privando a la Amazonía de aproximadamente 1.500 millones de dólares en los últimos cinco años.

Fondos Desviados y Consecuencias

Los fondos desviados corresponden principalmente a dos fuentes:

  • Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico: Este fondo, destinado directamente a los gobiernos autónomos descentralizados, ha sido perjudicado en alrededor de 1.000 millones de dólares debido a una interpretación errónea de la ley por parte de los gobiernos anteriores.
  • Fondo Común: Alimentado por regalías mineras y utilidades de empresas estratégicas, este fondo ha sido despojado de aproximadamente 500 millones de dólares que debían ser destinados al desarrollo de la Amazonía.

Las consecuencias de este desvío son evidentes en la situación actual de la región amazónica, que enfrenta graves problemas como la falta de inversión en infraestructura, salud, educación y el deterioro ambiental. La minería ilegal, la deforestación y la contaminación son solo algunos de los problemas que afectan a esta región.

La Lucha Continúa

El legislador Balladares destacó la importancia de la creación de una comisión ocasional en la Asamblea Nacional para investigar a fondo este caso y exigir el cumplimiento de la Ley Especial Amazónica. Además, resaltó la necesidad de que los gobiernos se comprometan a entregar los recursos que por ley corresponden a la Amazonía.

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Las ventas crecieron 16,7% en julio de este año

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El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que en julio pasado las ventas registradas mediante comprobantes electrónicos alcanzaron los USD 25.607,3 millones, lo que representa un crecimiento del 16,7% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se reportaron USD 21.939,8 millones.

La entidad indicó que dichas cifras evidencian el dinamismo de la actividad productiva y el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional para fortalecer la inversión, fomentar la generación de empleo y consolidar un entorno de mayor estabilidad.

El SRI señaló que el crecimiento de julio también se vio reflejado en sectores estratégicos de la economía, como la construcción, que lideró el desempeño con un incremento del 38,1%, seguida por las actividades de salud, que crecieron 33,8%, y el sector de transporte y almacenamiento, con un aumento del 26,9%.

A escala territorial, el comportamiento de las ventas también fue positivo en varias provincias. Orellana registró el mayor crecimiento, con un 42%, seguida de Zamora Chinchipe, con 27%; Santa Elena, con 25,6%; y Chimborazo, con 24,6%, consolidándose como las jurisdicciones con mayor dinamismo económico durante el mes.

En términos de volumen de ventas, Pichincha y Guayas concentraron el 72% del total registrado en julio, al alcanzar USD 9.516,2 millones y USD 8.933,3 millones, respectivamente, lo que refleja el peso de ambas provincias en la actividad económica nacional.

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Hasta dos minutos de sismo que se sintieron eternos: cuánto duró el terremoto en Colombia

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El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

“El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento”, explicó la institución.

¿Cuánto duró?

El Servicio Geológico Colombiano, explicó en su cuenta de X, que no hay una sola respuesta. “Cuando hablamos de la duración de un sismo podemos estar hablando de tres cosas diferentes: cuánto tiempo lo sentimos las personas, cuánto tiempo lo registran nuestros instrumentos o cuánto dura el movimiento de la falla que lo origina”, indica.

La institución señala que, para monitorear la actividad sísmica, se usan sismómetros que son capaces de registrar movimientos del suelo que nosotros no alcanzamos a percibir.

“Por eso, mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos. De hecho, en Colombia todos los días ocurren sismos que nuestros instrumentos detectan, pero que nosotros no sentimos”, asegura.

¿ ́ ? Eso puede cambiar de una persona a otra. Depende de factores como la distancia al hipocentro (el lugar en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura), las características del terreno y la construcción en la que nos encontremos.

En el caso del ́ , ́ de movimiento significativo. Sin embargo, algunos ciudadanos contaron que lo sintieron durante mucho tiempo y otros, por menos tiempo. “Esto es posible porque nuestra percepción del movimiento depende de todas las condiciones que mencionamos anteriormente”, apunta. (I) El Universo

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Una sentencia, otra en proceso y un juicio por definir: así avanzan los tres procesos judiciales de Aquiles Alvarez

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Una condena, una sentencia pendiente y un tercer proceso a punto de definir si llega a juicio. Ese es el panorama judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien en menos de una semana quedó condenado, en primera instancia, a tres años de prisión en el caso Grillete; espera el veredicto del tribunal en el caso Triple A y se prepara para que desde este martes 11 de agosto se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada, que ha enfrentado dilaciones por una serie de incidentes procesales.

Los tres expedientes avanzan de manera independiente, pero tienen un punto en común: todos se desprenden de investigaciones relacionadas con la actividad empresarial del alcalde o con las medidas judiciales que enfrentó durante esos procesos.

El primer fallo: el caso Grillete

El único proceso que ya tiene una sentencia es el denominado caso Grillete.

El Tribunal de Garantías Penales declaró, el pasado 3 de agosto, culpable a Alvarez como autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de concluir que incumplió la obligación de portar permanentemente el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A.

La Fiscalía sostuvo que el 10 de febrero de 2026, durante un allanamiento en su domicilio de Samborondón, agentes policiales encontraron al alcalde sin el grillete electrónico colocado.

En su resolución, el tribunal consideró determinantes los testimonios de los policías Byron Yacometi, Justin Yepes y Luis Caisa Quispe, quienes participaron en ese operativo y declararon haber observado que Alvarez no portaba el dispositivo.

Por ese motivo, la sentencia se sustentó exclusivamente en el incumplimiento de portar el dispositivo y no en una supuesta manipulación del equipo.

El tribunal impuso tres años de prisión —la pena máxima prevista para ese delito—, una multa equivalente a diez salarios básicos unificados ($ 4.820), disculpas públicas y la publicación de la sentencia en un medio de comunicación de circulación nacional.

La defensa, a cargo del abogado Julio César Cueva, anunció que apelará el fallo una vez que reciba la sentencia escrita.

El único proceso que ya tiene una sentencia es el denominado caso Grillete.

Triple A espera el veredicto

Mientras tanto, el proceso más antiguo, conocido como Triple A, ya concluyó su etapa de juicio y permanece en fase de deliberación.

En esta causa, la Fiscalía acusa a Alvarez y a otros 21 procesados de presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

Después de varios meses de audiencia, el tribunal cerró, el pasado 2 de agosto, el debate y ahora debe resolver si dicta una sentencia condenatoria o absolutoria.

La Fiscalía solicitó que se imponga la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión, al considerar que existen agravantes en la comisión del delito, además de multas, reparaciones al Estado y la clausura definitiva de varias empresas procesadas.

Durante el juicio comparecieron decenas de testigos y peritos, quienes sustentaron informes financieros, tributarios y técnicos elaborados con información de Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

La defensa, en cambio, rechazó la acusación y sostuvo que la responsabilidad penal no puede fundamentarse únicamente en la calidad de Alvarez como representante legal de las empresas investigadas.

El tribunal aún no ha fijado la fecha en la que dará a conocer su decisión. Pero, según la fiscal del caso Ruth Amoroso, debería conocerse antes de que caduque la prisión preventiva de Alvarez en este caso, el próximo 7 de septiembre.

Goleada intentará instalarse este 11 de agosto

El tercer frente judicial corresponde al caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga a Aquiles Alvarez y otras 25 personas por el presunto delito de lavado de activos, entre ellas sus hermanos Antonio y Xavier; su esposa, Fiorella Icaza; y, su madre, Gioconda Henriques.

Tras varios diferimientos, el juez anticorrupción Jairo García fijó un nuevo calendario para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se desarrollará entre el 11 y el 28 de agosto, en jornadas presenciales y virtuales.

La diligencia llega después de que tres convocatorias anteriores no pudieran instalarse: la primera fue suspendida por una recusación presentada por la defensa del alcalde; la segunda se aplazó porque coincidía con el juicio del caso Grillete; y la tercera fue declarada fallida por la inasistencia del abogado de uno de los procesados, Andrés Viteri, primo de Alvarez. El jurista fue sancionado.

Con el objetivo de evitar nuevas dilaciones, el juez dispuso que la audiencia tendrá carácter improrrogable, advirtió que aplicará medidas correctivas ante cualquier inasistencia y ordenó que la defensora pública Paulina Carvajal asuma la representación de cualquier procesado que se quede sin abogado particular durante la diligencia.

Además, negó un pedido de la defensa de Xavier Alvarez para ausentarse por una intervención médica programada en Estados Unidos, al considerar que el proceso debe tramitarse con celeridad.

En esta audiencia, la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio y las defensas expondrán sus argumentos antes de que el juez resuelva si llama o no a juicio a los 26 procesados. La Fiscalía sostiene que conformaron una presunta estructura empresarial utilizada para lavar activos provenientes de operaciones relacionadas con combustibles, acusación que las defensas rechazan. Fuente: El Universo

(I)

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