El biólogo César Garzón buscaba una pequeña cotorra en peligro de extinción. Hasta que una amenaza contra su seguridad tocó a su puerta. En uno de los países más biodiversos del mundo, las bandas narco interfieren en la ciencia con sangre y terror. La advertencia de un posible secuestro obligó a Garzón a suspender la búsqueda del periquito de Orcés (Pyrrhura orcesi) en la localidad de Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay.

«Hagan su trabajo en otro sitio porque aquí sí es peligroso«, le dijo un sujeto con apariencia de minero que lo detuvo a medio camino. Esa noche de abril, mataron a tiros a José Sánchez, alcalde de Camilo Ponce Enríquez. El 13 de agosto se desató un enfrentamiento entre grupos criminales que dejó cinco muertos. Las autoridades hallaron dos cuerpos decapitados y otro incinerado.

Garzón, experto en aves del estatal Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), intentó continuar su investigación en el cantón vecino de Balsas, donde en una coincidencia macabra también mataron al alcalde. Entonces hizo sus maletas y regresó a Quito.

El científico cree que en la localidad de Ponce Enríquez habita el periquito de Orcés, del que se estima que hay unos 1.000 ejemplares y se encuentra en peligro de extinción según la UICN. Por su riqueza aurífera, la localidad es enclave de la banda narco Los Lobos. La organización también se financia de la minería ilegal, que en el país genera hasta 1.000 millones de dólares anuales.

Sumido en la violencia de numerosos grupos vinculados a carteles internacionales, Ecuador alcanzó en 2023 el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Garzón estudia desde hace 20 años a esa pequeña ave, trabaja para su conservación y apuesta por el manejo sostenible de sus hábitats, pero el cantón Ponce Enríquez ahora es una zona vedada para él. «Nos quedamos con la incertidumbre y la frustración (…) Queda un vacío de información en ese sitio«, comenta a la AFP.

Además se crea «un sesgo para la conservación, porque pueden ser áreas importantes (en las) que estén especies endémicas o amenazadas y no podemos hacer nada«, lamenta.

Mario Yánez, otro biólogo del Inabio, asegura que el trabajo actual incluye explorar «ventanas de oportunidad» para seguir investigando pese a la violencia. La ferocidad del narco ha llevado a los científicos a trabajar en estrecha relación con las comunidades y autoridades locales. Las salidas de campo ahora son más cortas o se ubican en zonas «espejo», donde puedan encontrar especies similares con menos riesgos.

La reserva privada Lalo Loor en la provincia de Manabí es uno de los últimos remanentes intactos de bosque seco en la localidad, que es otro bastión de los grupos narco. Debido a la crisis de seguridad, universidades estadounidenses cancelaron la visita anual de investigadores y estudiantes, una fuente de recursos para Lalo Loor.

De extenderse la ausencia de expertos y alumnos, la «oficina tendría que cerrar porque no podemos cubrir con sueldos ni con servicios básicos«, señala Mariela Loor, administradora de la reserva. Aunque el panorama es desolador, Yánez destaca la valentía de algunas ONG y comunidades, que facilitan la labor científica en zonas conflictivas.

Judith Denkinger, bióloga de la Universidad San Francisco de Quito, dejó en pausa su investigación sobre ballenas. En 2022 interrumpió su labor de dos décadas en la costa de la conflictiva provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Desde ese año no tiene registros fotográficos ni acústicos de las ballenas jorobadas que llegan al Pacífico ecuatorial para aparearse y parir. Tampoco ha podido continuar con la limpieza del fondo marino.

A la experta también le duele la situación que afrontan los pescadores. «Vienen los piratas, que normalmente son narcotraficantes, y les amenazan, les secuestran la lancha o les roban el motor o les secuestran a ellos» para ser forzados al tráfico de drogas, cuenta Denkinger a la AFP desde su natal Alemania.

Para Daniel Vizuete, especialista en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología de la Flacso, las investigaciones relacionadas con el ambiente «son quizás las más erosionadas precisamente porque ocurren (…) en lugares donde la institucionalidad es más débil«. «Eso significa que incluso la vida de los investigadores puede estar en riesgo«, refiere. Fuente: Vistazo