Por: Lenin Santiago Jara Viñan. Mgtr.
El Estado, de acuerdo a las leyes vigentes, está facultado para actuar y resolver situaciones que generen caos y desorden en el país. De igual forma tiene que investigar la participación de los ciudadanos que aprovechándose de las manifestaciones causaron temor en la ciudadanía, intimidaron y cometieron delitos e iniciarles una investigación para de hallarlos culpables sancionarlos legalmente, los delitos que se cometieron en las manifestaciones y se hicieron virales a través de las redes sociales son por citarlos de ejemplo; privación de la libertad; daño al bien público y privado entre otros como el impedir el paso de medicamentos y dotaciones para los centros de salud; prohibir el paso de productos de primera necesidad; el obligar a propietarios de los locales comerciales que cierren y forzarlos a que participen de las manifestaciones, ocasionar daños a los vehículos del Estado que están destinados para el servicio a la ciudadanía como son los patrulleros de la Policía Nacional, unidades que se adquieren con el dinero del pago de los impuestos de todos los ecuatorianos. No se tiene un cálculo exacto, pero se estima un total de 6 a 7 millones de dólares diarios de pérdidas para el Ecuador.
Estamos de acuerdo en que, por parte de la fuerza pública y de los manifestantes, la situación se salió de control y es deber del Estado investigar el accionar del ejército y de la Policía Nacional en las manifestaciones y evitar sanciones internacionales. No olvidemos las dos muertes que presuntamente fueron ocasionadas por el ejército ecuatoriano, que se encuentran en investigación por parte de la fiscalía, y es preciso determinar con los responsables de estas muertes.
Se debe investigar quiénes lideraron estas manifestaciones violentas y cómo se financiaron, ya que fueron un aproximado de 31 días de protestas. Los movimientos indígenas actualmente están desarrollando un papel diferente al político; únicamente velan por sus intereses personales utilizando a su gente como escudo.
El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, anunció a través de las redes sociales el cese del paro bajo cuatro pedidos, como son: Desmilitarizar los territorios; liberación de detenidos; atención a las víctimas y no criminalización de dirigentes. En mi opinión personal, las peticiones de la CONAIE son inaceptables cada una de ellas, ya que no está en manos del presidente de la república resolver las peticiones; tiene que intervenir directamente la justicia.
El Estado, de igual forma, está en la obligación de ayudar a las personas que sufrieron pérdidas económicas en los diferentes sectores de producción a nivel nacional a causa de las manifestaciones.
