Así habría operado la estructura, según John Reimberg

Explosivos utilizados en atentados

Seis detenidos y más de USD 245.000 incautados

• Seis personas detenidas.
• Cuatro empresas allanadas.
• Más de USD 245.000 en efectivo decomisados.
• Dos vehículos incautados.
• Once teléfonos celulares.
• Siete computadoras.
• Armas de fuego y municiones.
• Dispositivos electrónicos de almacenamiento.
• Joyas.
• Equipos de videovigilancia y radios de comunicación.

El 18 de junio de 2026, el capo Celso Miguel Moreira Heredia, alias ‘Patucho Celso’, fue extraditado a Nueva York. El proceso que afronta este líder de Los Choneros en la Corte del Distrito Sur de Nueva York avanza bajo un gran hermetismo.

El acusado ecuatoriano enfrenta cargos por conspiración para enviar cocaína hacia Estados Unidos y uso de ametralladoras.

Su equipo de defensa legal sufrió demoras para poder acreditar a su nueva abogada. Ya que Silvia Pinera-Vazquez no litiga normalmente en Nueva York, sino en Florida, y tuvo que tramitar una licencia pro hac vice para revalidar su accionar en esta zona del país norteamericano.

El avance federal del caso de Moreira en Estados Unidos tuvo su primera definición el 6 de julio de 2026, durante la comparecencia inicial ante la jueza Laura Taylor Swain. El líder criminal decidió renunciar a su derecho a la lectura pública de la acusación impuesta.

Inmediatamente después, se declaró no culpable frente a los tres cargos por conspiración para el narcotráfico y posesión de ametralladoras.

La Corte de Nueva York ordenó la ratificación de su prisión preventiva y fijó la conferencia previa al juicio para el 8 de octubre de 2026 a las 11:00.

Un cerco documento y sin IA
Debido a la alta peligrosidad de la red criminal de Moreira, la Fiscalía de Estados Unidos y su defensa firmaron una orden de protección que fue aprobada el 22 de julio de 2026. Este documento revela el nivel de amenaza que rodea actualmente a los colaboradores del gobierno en este proceso.

La resolución evidencia que las evidencias recopiladas hasta ahora contienen información que permitiría identificar a los testigos protegidos.

Para neutralizar estas amenazas inminentes, las pruebas fueron blindadas bajo clasificaciones extremas y reservadas. El material fue designado exclusivamente para la posesión del abogado titular, lo que impide que los expedientes salgan del control del equipo.

Esta rigurosa medida legal prohíbe incluso que el propio procesado pueda revisar libremente los documentos, para evitar que memorice las identidades.

Medida de seguridad en el caso de ‘Patucho Celso’ en Estados Unidos.Captura de pantalla / Pacer

Dentro de estas estrictas medidas de seguridad documentales, la justicia norteamericana implementó una cláusula tecnológica innovadora. La Corte busca adaptar sus normas de confidencialidad a la inclusión de la tecnología.

La resolución judicial prohíbe a todo el equipo de defensa del ‘Patucho Celso’ procesar la evidencia mediante modelos de inteligencia artificial fácilmente accesibles al público. Los abogados defensores no pueden utilizar herramientas como ChatGPT para analizar los expedientes.

El objetivo de este veto es impedir que los algoritmos absorban o retengan los datos confidenciales durante su uso.

El escurridizo ‘Patucho Celso’
Los registros judiciales ecuatorianos evidencian la capacidad de Moreira para evadir las prisiones. Su trayectoria criminal despuntó formalmente en 2009 al intentar enviar cargamentos de droga desde el puerto de Manta, pero un año después logró una polémica sentencia absolutoria.

Según la acusación en Estados Unidos, luego de esa liberación, Moreira siguió aumentando su operación ilegal.

Mientras tanto, a nivel judicial, en un intento por borrar sus delitos, en diciembre de 2023 el criminal y su exesposa exigieron a un juez que eliminara todo su pasado judicial del sistema informático nacional. La petición fue negada.

El narcotraficante, además, empleaba múltiples recursos de habeas corpus, en los que alegaba sufrir padecimientos físicos como hipertensión y dolorosos cálculos renales. Su único objetivo era forzar traslados inmediatos o presionar al sistema de salud para ser liberado.

Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, y Celso Miguel Moreira Heredia, alias “Patucho Celso”, extraditados a Estados Unidos, el 18 de junio de 2026.X/@JohnReimberg

Su último intento de liberación ocurrió en junio de 2026 mientras permanecía recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Sin embargo, desistió de la acción un día antes de ser enviado a territorio norteamericano junto a ‘Topo’, el lugarteniente de ‘Fito’: todos parte de la cúpula de Los Choneros. Fuente: Primicias

Durante una entrevista difundida en la cuenta Fabián Armijos Informa, el abogado Jorge Jaramillo se pronunció sobre la situación jurídica del exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, y sostuvo que, conforme a la normativa vigente, no existe impedimento legal que le impida participar como candidato en las próximas elecciones seccionales, cuyo proceso de inscripción de candidaturas se desarrollará durante el mes de agosto.

Al ser consultado sobre si una presunta mora con el Estado impediría la participación política de Castillo, Jaramillo explicó que ni la Constitución de la República del Ecuador ni el Código de la Democracia contemplan la mora ordinaria con el Estado como una causal para suspender los derechos políticos.

En ese sentido, precisó que el derecho constitucional de elegir y ser elegido permanece vigente, por lo que, desde su interpretación jurídica, José Bolívar Castillo podría inscribirse como candidato sin que exista una prohibición legal que limite su participación electoral.

Respecto a la polémica generada en torno al tema, el abogado señaló que el debate público debe desarrollarse con objetividad y buena fe, reconociendo el papel de los medios de comunicación en la fiscalización de asuntos de interés ciudadano. No obstante, manifestó que también debe respetarse el debido proceso y evitar que las discusiones públicas se conviertan en mecanismos de descalificación política.

Jaramillo indicó que el exalcalde ha sido objeto de diversos actos administrativos y procesos de control por parte de organismos competentes, situación que —afirmó— forma parte de los mecanismos de fiscalización previstos para quienes ejercen funciones públicas.

Asimismo, sostuvo que José Bolívar Castillo ha enfrentado dichas actuaciones administrativas «con valentía, determinación, claridad y transparencia», señalando que, hasta el momento, los resultados de esos procesos han sido favorables para el exalcalde. En ese contexto, añadió que la revisión de las actuaciones públicas por parte de los medios de comunicación resulta legítima siempre que se realice con responsabilidad y permita explicar los antecedentes de cada caso.

Durante la entrevista también hizo referencia a los cuestionamientos existentes sobre determinadas actuaciones de organismos de control en administraciones anteriores, señalando que algunas de las resoluciones emitidas en esos períodos han sido objeto de controversia jurídica y pública, aspecto que, a su criterio, también debe considerarse al analizar este tipo de procesos.

Finalmente, Jorge Jaramillo reiteró que, desde el punto de vista jurídico, José Bolívar Castillo no registra ninguna causal que suspenda sus derechos políticos, por lo que considera que puede ejercer plenamente su derecho constitucional a participar como candidato en las próximas elecciones seccionales.

Además, afirmó que existe un importante grupo de ciudadanos lojanos que respaldan el proyecto político encabezado por el exalcalde, el cual —según indicó— busca impulsar propuestas orientadas al progreso y a la transformación del cantón Loja.