Nacionales
Las Fuerzas Armadas tendrán amparo legal en caso de usar armas letales
Entre los cambios que plantea la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, están incluir a las Fuerzas Armadas en las entidades que tendrán amparo legal cuando usen armas letales, es decir:
«… ante amenaza inminente de muerte o lesiones graves de terceras personas o de la servidora o servidor…»
En el caso de que alguien pudiera acusarlos de uso indebido de la Fuerza, la ley les garantiza:
«… patrocinio institucional por parte de profesionales del derecho de su respectiva entidad…»
La Fiscalía deberá contar con una Unidad Especializada para la investigación de casos donde se hayan producido lesiones o muerte causadas por la Policía o Fuerzas Armadas, y en el caso de los jueces la ley les pide que procuren que en:
«…en las investigaciones por uso indebido de la fuerza, la servidora o servidor pueda defenderse en libertad utilizando medidas alternativas a la prisión».
Esta norma se conecta con otra aprobada recientemente sobre la seguridad integral que confirma la facultad de los militares de en cualquier momento y lugar del país realizar controles de armas y explosivos como parte de las labores de seguridad.
A lo que la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza incorpora que con ese mismo fin de control pueden ingresar al interior de los Centros de Rehabilitación, esto sin necesidad de un estado de excepción.
El Reglamento que regula el uso legítimo de la fuerza rige desde hoy. Es una guía clave para que @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR puedan hacer su trabajo con mayor seguridad jurídica. El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano… pic.twitter.com/Lq9XP4FcGd
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 1, 2023
Además, las dos normas ratifican la coordinación que en temas de seguridad deberán tener Policía y Fuerzas Armadas bajos sus respectivas competencias constitucionales.
El reglamento para el uso legítimo de la fuerza respalda el accionar de las fuerzas del orden
El Reglamento a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, según indicó el presidente Guillermo Lasso, es para respaldar el accionar de las fuerzas del orden y precautelar la seguridad ciudadana.
La suscripción del instrumento se suma a otras acciones que ya implementa el Gobierno para la seguridad del país. El pasado 27 de abril, el COSEPE resolvió declarar al terrorismo como una amenaza que atenta contra el Estado y su seguridad integral.
Nacionales
Las ventas crecieron 16,7% en julio de este año
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que en julio pasado las ventas registradas mediante comprobantes electrónicos alcanzaron los USD 25.607,3 millones, lo que representa un crecimiento del 16,7% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se reportaron USD 21.939,8 millones.
La entidad indicó que dichas cifras evidencian el dinamismo de la actividad productiva y el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional para fortalecer la inversión, fomentar la generación de empleo y consolidar un entorno de mayor estabilidad.
El SRI señaló que el crecimiento de julio también se vio reflejado en sectores estratégicos de la economía, como la construcción, que lideró el desempeño con un incremento del 38,1%, seguida por las actividades de salud, que crecieron 33,8%, y el sector de transporte y almacenamiento, con un aumento del 26,9%.
A escala territorial, el comportamiento de las ventas también fue positivo en varias provincias. Orellana registró el mayor crecimiento, con un 42%, seguida de Zamora Chinchipe, con 27%; Santa Elena, con 25,6%; y Chimborazo, con 24,6%, consolidándose como las jurisdicciones con mayor dinamismo económico durante el mes.
En términos de volumen de ventas, Pichincha y Guayas concentraron el 72% del total registrado en julio, al alcanzar USD 9.516,2 millones y USD 8.933,3 millones, respectivamente, lo que refleja el peso de ambas provincias en la actividad económica nacional.
Nacionales
Hasta dos minutos de sismo que se sintieron eternos: cuánto duró el terremoto en Colombia
El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
“El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento”, explicó la institución.
¿Cuánto duró?
El Servicio Geológico Colombiano, explicó en su cuenta de X, que no hay una sola respuesta. “Cuando hablamos de la duración de un sismo podemos estar hablando de tres cosas diferentes: cuánto tiempo lo sentimos las personas, cuánto tiempo lo registran nuestros instrumentos o cuánto dura el movimiento de la falla que lo origina”, indica.
La institución señala que, para monitorear la actividad sísmica, se usan sismómetros que son capaces de registrar movimientos del suelo que nosotros no alcanzamos a percibir.
“Por eso, mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos. De hecho, en Colombia todos los días ocurren sismos que nuestros instrumentos detectan, pero que nosotros no sentimos”, asegura.
En el caso del ́ , ́ de movimiento significativo. Sin embargo, algunos ciudadanos contaron que lo sintieron durante mucho tiempo y otros, por menos tiempo. “Esto es posible porque nuestra percepción del movimiento depende de todas las condiciones que mencionamos anteriormente”, apunta. (I) El Universo
Nacionales
Una sentencia, otra en proceso y un juicio por definir: así avanzan los tres procesos judiciales de Aquiles Alvarez
Una condena, una sentencia pendiente y un tercer proceso a punto de definir si llega a juicio. Ese es el panorama judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien en menos de una semana quedó condenado, en primera instancia, a tres años de prisión en el caso Grillete; espera el veredicto del tribunal en el caso Triple A y se prepara para que desde este martes 11 de agosto se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada, que ha enfrentado dilaciones por una serie de incidentes procesales.
Los tres expedientes avanzan de manera independiente, pero tienen un punto en común: todos se desprenden de investigaciones relacionadas con la actividad empresarial del alcalde o con las medidas judiciales que enfrentó durante esos procesos.
El primer fallo: el caso Grillete
El único proceso que ya tiene una sentencia es el denominado caso Grillete.
El Tribunal de Garantías Penales declaró, el pasado 3 de agosto, culpable a Alvarez como autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de concluir que incumplió la obligación de portar permanentemente el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A.
La Fiscalía sostuvo que el 10 de febrero de 2026, durante un allanamiento en su domicilio de Samborondón, agentes policiales encontraron al alcalde sin el grillete electrónico colocado.
Por ese motivo, la sentencia se sustentó exclusivamente en el incumplimiento de portar el dispositivo y no en una supuesta manipulación del equipo.
El tribunal impuso tres años de prisión —la pena máxima prevista para ese delito—, una multa equivalente a diez salarios básicos unificados ($ 4.820), disculpas públicas y la publicación de la sentencia en un medio de comunicación de circulación nacional.
La defensa, a cargo del abogado Julio César Cueva, anunció que apelará el fallo una vez que reciba la sentencia escrita.
Triple A espera el veredicto
Mientras tanto, el proceso más antiguo, conocido como Triple A, ya concluyó su etapa de juicio y permanece en fase de deliberación.
En esta causa, la Fiscalía acusa a Alvarez y a otros 21 procesados de presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.
Después de varios meses de audiencia, el tribunal cerró, el pasado 2 de agosto, el debate y ahora debe resolver si dicta una sentencia condenatoria o absolutoria.
La Fiscalía solicitó que se imponga la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión, al considerar que existen agravantes en la comisión del delito, además de multas, reparaciones al Estado y la clausura definitiva de varias empresas procesadas.
Durante el juicio comparecieron decenas de testigos y peritos, quienes sustentaron informes financieros, tributarios y técnicos elaborados con información de Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
La defensa, en cambio, rechazó la acusación y sostuvo que la responsabilidad penal no puede fundamentarse únicamente en la calidad de Alvarez como representante legal de las empresas investigadas.
El tribunal aún no ha fijado la fecha en la que dará a conocer su decisión. Pero, según la fiscal del caso Ruth Amoroso, debería conocerse antes de que caduque la prisión preventiva de Alvarez en este caso, el próximo 7 de septiembre.
Goleada intentará instalarse este 11 de agosto
El tercer frente judicial corresponde al caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga a Aquiles Alvarez y otras 25 personas por el presunto delito de lavado de activos, entre ellas sus hermanos Antonio y Xavier; su esposa, Fiorella Icaza; y, su madre, Gioconda Henriques.
Tras varios diferimientos, el juez anticorrupción Jairo García fijó un nuevo calendario para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se desarrollará entre el 11 y el 28 de agosto, en jornadas presenciales y virtuales.
La diligencia llega después de que tres convocatorias anteriores no pudieran instalarse: la primera fue suspendida por una recusación presentada por la defensa del alcalde; la segunda se aplazó porque coincidía con el juicio del caso Grillete; y la tercera fue declarada fallida por la inasistencia del abogado de uno de los procesados, Andrés Viteri, primo de Alvarez. El jurista fue sancionado.
Con el objetivo de evitar nuevas dilaciones, el juez dispuso que la audiencia tendrá carácter improrrogable, advirtió que aplicará medidas correctivas ante cualquier inasistencia y ordenó que la defensora pública Paulina Carvajal asuma la representación de cualquier procesado que se quede sin abogado particular durante la diligencia.
Además, negó un pedido de la defensa de Xavier Alvarez para ausentarse por una intervención médica programada en Estados Unidos, al considerar que el proceso debe tramitarse con celeridad.
En esta audiencia, la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio y las defensas expondrán sus argumentos antes de que el juez resuelva si llama o no a juicio a los 26 procesados. La Fiscalía sostiene que conformaron una presunta estructura empresarial utilizada para lavar activos provenientes de operaciones relacionadas con combustibles, acusación que las defensas rechazan. Fuente: El Universo
(I)
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