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Las Fuerzas Armadas tendrán amparo legal en caso de usar armas letales

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Entre los cambios que plantea la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, están incluir a las Fuerzas Armadas en las entidades que tendrán amparo legal cuando usen armas letales, es decir:

«… ante amenaza inminente de muerte o lesiones graves de terceras personas o de la servidora o servidor…»

En el caso de que alguien pudiera acusarlos de uso indebido de la Fuerza, la ley les garantiza:

«… patrocinio institucional por parte de profesionales del derecho de su respectiva entidad…»

La Fiscalía deberá contar con una Unidad Especializada para la investigación de casos donde se hayan producido lesiones o muerte causadas por la Policía o Fuerzas Armadas, y en el caso de los jueces la ley les pide que procuren que en:

«…en las investigaciones por uso indebido de la fuerza, la servidora o servidor pueda defenderse en libertad utilizando medidas alternativas a la prisión».

Esta norma se conecta con otra aprobada recientemente sobre la seguridad integral que confirma la facultad de los militares de en cualquier momento y lugar del país realizar controles de armas explosivos como parte de las labores de seguridad.

A lo que la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza incorpora que con ese mismo fin de control pueden ingresar al interior de los Centros de Rehabilitación, esto sin necesidad de un estado de excepción.

Además, las dos normas ratifican la coordinación que en temas de seguridad deberán tener Policía y Fuerzas Armadas bajos sus respectivas competencias constitucionales.

El reglamento para el uso legítimo de la fuerza respalda el accionar de las fuerzas del orden

El Reglamento a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, según indicó el presidente Guillermo Lasso, es para respaldar el accionar de las fuerzas del orden y precautelar la seguridad ciudadana.

La suscripción del instrumento se suma a otras acciones que ya implementa el Gobierno para la seguridad del país. El pasado 27 de abril, el COSEPE resolvió declarar al terrorismo como una amenaza que atenta contra el Estado y su seguridad integral.

Nacionales

Gobierno extiende un mes más compensaciones a transportistas

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El Gobierno ha tenido más de 50 reuniones con los gremios de transporte por el tema de las compensaciones tras la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida se tomó en septiembre de 2025.

Se analiza un mes más de compensaciones

Byron Franco, viceministro de Servicios y Transporte -en entrevista a Ecuador tv-, señaló que las reuniones incluyeron a los transportistas inter e interprovinciales que están a cargo de las cartera de Estado; más los automotores pesados. También se sumaron los que no están bajo sus competencias, entre ellos los urbanos.

En esos espacios hablaron de las posibilidades para la compensación, con base en estudios técnicos. En ese marco se habló de extender un mes más el pago de un monto de ayuda.

Es decir, la retribución finalizó el 15 de abril, por lo que se amplió hasta el 15 de mayo (un mes más). El pago se espera para la siguiente semana.

También se habló de una compensación más que iría desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio. Está bajo análisis.

Franco dijo que el problema de los transportistas inter e interprovinciales es que la tarifa de los pasajes no ha sido actualizada durante años. “Buscamos llevar a cabo un estudio para la capacidad de pago de los ecuatorianos”, detalló el funcionario público.

¿Cuál será el monto de compensación? Franco señaló que el monto será menor, porque esta es una temporada más baja. En diciembre de 2025 fue más alta, porque las unidades circulaban más debido a las festividades de Fin de Año y Navidad. 

Más compensaciones a los transportistas

Ante la pregunta si se puede extender la medida a un año más, el funcionario mencionó que se descarta esa posibilidad. Sin embargo no se la ha puesto sobre la mesa. “Estamos prestos a recibir a los gremios para llegar a consensos”.

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Lundin Gold se posiciona entre las mejores empresas para trabajar en Ecuador

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Lundin Gold fue reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en Ecuador, de acuerdo con el ranking Great Place to Work (GPTW), en la categoría de más de 500 colaboradores, donde se ubicó en el puesto 15. Este resultado forma parte de una trayectoria sostenida desde la obtención de la primera certificación en 2022, año a partir del cual la Compañía se ha mantenido en el ranking, fortaleciendo de manera progresiva su cultura organizacional y su enfoque en las personas.

“En Lundin Gold construimos un entorno donde las personas quieran quedarse, crecer y proyectar su futuro. Impulsamos una cultura sustentada en la confianza, la inclusión y el desarrollo, que se refleja en equipos comprometidos y en un fuerte sentido de pertenencia”, señaló José Manuel Aggio, director de Recursos Humanos de Lundin Gold.

Este compromiso se traduce en programas de formación continua, desarrollo de talento interno y espacios orientados al bienestar integral, que promueven una cultura organizacional centrada en el respeto, la inclusión y la colaboración.

A marzo de este año, la compañía registró cerca de 2000 empleos directos, con más del 90% de talento ecuatoriano. De este porcentaje, más del 50% proveniente de la provincia de Zamora Chinchipe, lo que evidencia el enfoque en el desarrollo de capacidades locales y en la generación de oportunidades sostenibles en territorio.

El ranking GPTW evalúa la experiencia de los colaboradores y las prácticas culturales de las organizaciones, posicionándose como un referente global en gestión de talento. Este resultado reafirma el compromiso de Lundin Gold de construir una organización donde el desarrollo de las personas y la excelencia operativa avanzan de manera integrada.

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Comunidad Andina ordena a Ecuador y Colombia eliminar aranceles que afectan comercio regional: esto dice la resolución

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La Comunidad Andina (CAN) ordenó a Ecuador y Colombia eliminar una serie de medidas comerciales y fronterizas que fueron calificadas como restricciones al comercio subregional andino.

Las tensiones entre los dos países se han intensificado en los últimos meses por los cruces de acusaciones entre ambos presidentes, Daniel Noboa y Gustavo Petro, sobre el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera común

En las resoluciones emitidas en Lima el 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la CAN concluyó que tanto las disposiciones adoptadas por Ecuador como las impuestas por Colombia vulneran el Acuerdo de Cartagena y afectan el libre comercio dentro de la comunidad andina.

En el caso ecuatoriano, la CAN determinó que la decisión de habilitar exclusivamente el paso internacional de Rumichaca como único punto de ingreso terrestre para mercancías de origen colombiano constituye una restricción al comercio subregional andino. Por ello, otorgó a Ecuador un plazo de diez días hábiles para retirar la medida e informar oficialmente sobre su levantamiento.

Además, el organismo regional exhortó a ambos países a fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia de control fronterizo, con el objetivo de enfrentar los problemas de seguridad en las zonas limítrofes, sin afectar el flujo normal del comercio.

Por otro lado, la CAN también falló contra Colombia al considerar que el denominado “arancel recíproco” constituye un gravamen ilegal a las importaciones provenientes de Ecuador y vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina.

La Secretaría General igualmente calificó como restricciones al comercio andino las medidas colombianas que limitaron el ingreso de mercancías por las direcciones seccionales de Impuestos y Aduanas de Ipiales y Puerto Asís.

En consecuencia, Colombia deberá retirar dichas medidas en un plazo máximo de diez días hábiles y reportar el cumplimiento de la decisión ante la CAN.

Escalada de aranceles

El Gobierno de Ecuador anunció en febrero la imposición de un arancel inicial del 30 % a varios productos colombianos, medida que fue ampliándose de forma escalonada hasta alcanzar el 100 % para un amplio grupo de bienes desde el 1 de mayo.

Noboa justificó la medida al considerar que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, no combate con contundencia el narcotráfico en la frontera, en la que proliferan distintos grupos de las disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes.

No obstante, el Gobierno ecuatoriano anunció este lunes una reducción de los aranceles del 100 % al 75 %, apenas cuatro días después de la entrada en vigor de la tarifa máxima.

La reacción de Bogotá no se hizo esperar. El Gobierno colombiano expresó su intención de dialogar con Ecuador. Fuente: Vistazo

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