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Las Fuerzas Armadas tendrán amparo legal en caso de usar armas letales

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Entre los cambios que plantea la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, están incluir a las Fuerzas Armadas en las entidades que tendrán amparo legal cuando usen armas letales, es decir:

«… ante amenaza inminente de muerte o lesiones graves de terceras personas o de la servidora o servidor…»

En el caso de que alguien pudiera acusarlos de uso indebido de la Fuerza, la ley les garantiza:

«… patrocinio institucional por parte de profesionales del derecho de su respectiva entidad…»

La Fiscalía deberá contar con una Unidad Especializada para la investigación de casos donde se hayan producido lesiones o muerte causadas por la Policía o Fuerzas Armadas, y en el caso de los jueces la ley les pide que procuren que en:

«…en las investigaciones por uso indebido de la fuerza, la servidora o servidor pueda defenderse en libertad utilizando medidas alternativas a la prisión».

Esta norma se conecta con otra aprobada recientemente sobre la seguridad integral que confirma la facultad de los militares de en cualquier momento y lugar del país realizar controles de armas explosivos como parte de las labores de seguridad.

A lo que la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza incorpora que con ese mismo fin de control pueden ingresar al interior de los Centros de Rehabilitación, esto sin necesidad de un estado de excepción.

Además, las dos normas ratifican la coordinación que en temas de seguridad deberán tener Policía y Fuerzas Armadas bajos sus respectivas competencias constitucionales.

El reglamento para el uso legítimo de la fuerza respalda el accionar de las fuerzas del orden

El Reglamento a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, según indicó el presidente Guillermo Lasso, es para respaldar el accionar de las fuerzas del orden y precautelar la seguridad ciudadana.

La suscripción del instrumento se suma a otras acciones que ya implementa el Gobierno para la seguridad del país. El pasado 27 de abril, el COSEPE resolvió declarar al terrorismo como una amenaza que atenta contra el Estado y su seguridad integral.

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Superintendencia de Bancos alerta sobre 14 entidades no autorizadas para captar dinero en 2026

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La Superintendencia de Bancos informó que, durante los primeros cuatro meses de 2026, ha identificado 14 entidades que operan sin autorización para captar dinero de la ciudadanía, lo que representa un riesgo para los intereses económicos de quienes confían sus recursos a estos centros.

Ante esta situación, la entidad de control hizo un llamado a la población a extremar precauciones y evitar entregar dinero a organizaciones que no forman parte del sistema financiero nacional.

Las entidades señaladas son: PLATA PUNTUAL-PRÉSTAMO LISTO, RICO-CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, DINEROFÁCIL-PRÉSTAMO FÁCIL, CREDITO SMART, PRESTAMOS ECUADOR, CRECE CREDIT, CREDIPAGUITOS, COOPERATIVA PRO CREDIT, CREDIALIANZA S.A.S., CRÉDITOFAST-PRÉSTAMO FAST, FINANCIAHORA-PRÉSTAMO SEGURO, CREDICER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, CREDIQUITO y CONSULTING GLOBAL ECUADOR LMJP S.A.

El organismo recordó que tanto personas naturales como jurídicas que no están autorizadas tienen prohibido captar recursos de terceros o realizar actividades financieras de manera habitual. Asimismo, advirtió que estas entidades tampoco pueden promocionarse mediante publicidad, avisos o cualquier otro mecanismo que sugiera que operan como instituciones financieras.

En 2025, la Superintendencia detectó un total de 60 entidades no autorizadas, lo que evidencia la persistencia de este tipo de prácticas en el país.

Generalmente, estas organizaciones ofrecen altos rendimientos en plazos cortos, con tasas muy superiores a las de bancos y cooperativas, lo que suele ser una señal de alerta.

La Superintendencia de Bancos instó a la ciudadanía a denunciar este tipo de actividades a través de sus canales oficiales, con el fin de prevenir posibles estafas y proteger el sistema financiero.

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Aquiles Álvarez acude a la CIDH y denuncia prisión con fines políticos

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La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.

En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.

Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.

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Un cadáver maniatado y en estado de descomposición fue hallado en la vía Loja-Zamora

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Alrededor de las 06:15 de este miércoles 29 de abril, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado a un costado de la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como La Cordillera.

Según los reportes preliminares, el cuerpo fue localizado con signos de haber sido maniatado con cinta de embalaje y tenía la cabeza cubierta con una funda.

Tras el reporte, personal de la Policía y unidades especializadas acudieron al sitio para tomar procedimiento. Actualmente, las autoridades investigan el caso y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a una morgue, con el objetivo de identificar a la víctima.

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