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Las Fuerzas Armadas tendrán amparo legal en caso de usar armas letales

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Entre los cambios que plantea la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, están incluir a las Fuerzas Armadas en las entidades que tendrán amparo legal cuando usen armas letales, es decir:

«… ante amenaza inminente de muerte o lesiones graves de terceras personas o de la servidora o servidor…»

En el caso de que alguien pudiera acusarlos de uso indebido de la Fuerza, la ley les garantiza:

«… patrocinio institucional por parte de profesionales del derecho de su respectiva entidad…»

La Fiscalía deberá contar con una Unidad Especializada para la investigación de casos donde se hayan producido lesiones o muerte causadas por la Policía o Fuerzas Armadas, y en el caso de los jueces la ley les pide que procuren que en:

«…en las investigaciones por uso indebido de la fuerza, la servidora o servidor pueda defenderse en libertad utilizando medidas alternativas a la prisión».

Esta norma se conecta con otra aprobada recientemente sobre la seguridad integral que confirma la facultad de los militares de en cualquier momento y lugar del país realizar controles de armas explosivos como parte de las labores de seguridad.

A lo que la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza incorpora que con ese mismo fin de control pueden ingresar al interior de los Centros de Rehabilitación, esto sin necesidad de un estado de excepción.

Además, las dos normas ratifican la coordinación que en temas de seguridad deberán tener Policía y Fuerzas Armadas bajos sus respectivas competencias constitucionales.

El reglamento para el uso legítimo de la fuerza respalda el accionar de las fuerzas del orden

El Reglamento a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, según indicó el presidente Guillermo Lasso, es para respaldar el accionar de las fuerzas del orden y precautelar la seguridad ciudadana.

La suscripción del instrumento se suma a otras acciones que ya implementa el Gobierno para la seguridad del país. El pasado 27 de abril, el COSEPE resolvió declarar al terrorismo como una amenaza que atenta contra el Estado y su seguridad integral.

Nacionales

Chinapintza: la frontera donde el oro ilegal cruza sin control

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Fuente: Ecuavisa

Chinapintza, en la parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha, Zamora Chinchipe, es uno de los principales focos auríferos del sur del país: más de 30 años de explotación ha dejado el cerro devastadoExisten 120 labores mineras identificadas desde 2010 que aún no han sido regularizadas, en medio de la suspensión del catastro minero.

Pero Chinapintza no es solo extracción: es un corredor clave donde circula material ilegal, incluso desde Perú.

Llegar no es fácil. Desde Zamora son casi dos horas en vehículo y luego una caminata entre lodo, selva y pendientes hasta llegar a los 2 000 metros de altura.

«Esas bocas minas que están en lado peruano no solamente extraen material aurífero de Perú sino también de Ecuador. Inicia en el territorio peruano, pero subterráneamente ya están atravesando suelo ecuatoriano más o menos se extienden entre 500 y 800 metros», revela un minero

Ante la falta de vías y plantas de procesamiento en el país del sur, el material aurífero cruza hacia Ecuador, donde termina siendo blanqueado.

La frontera, extensa y cubierta de vegetación, permite que cualquier sendero se convierta en una ruta clandestina, las huellas quedan en el camino: restos de maquinaria destruida, canecas de combustible y campamentos inhabilitados.

En Ecuador están Los Choneros; en el lado peruano, Los Trujillanos. Ambos disputan el tránsito del material aurífero, con cobros que alcanzan hasta USD 10 mil por cada volqueta. También exigen pagos por combustible, alimentos, armas y explosivos.

“La minera Las ansias sería una fachada de Los Trujillanos se hacen base para enfrentarse contra Los Choneros”, explica un minero

En septiembre de 2025, esta disputa entre bandas dejó cinco muertos. Ese mismo mes, el Ejército incautó cuatro fusiles, dos mil municiones y 25 explosivos.

Aquí arranca la ruta del oro ilegal y su blanqueo en el sur del país. ¿Cuántas volquetas pasan al día? Nadie responde.

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Cine amazónico ecuatoriano llega a Suiza

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La película ‘El Río de los Espíritus’, dirigida por el Colectivo Tawna y producida por Tawna, the Honnold Foundation y Fundación Kara Solar tendrá su estreno mundial en la edición 57 del Festival Visions du Réel en Nyon, Suiza.

El documental competirá en la selección internacional de mediometrajes y cortometrajes los días 23 y 25 de abril de 2026.

La obra ‘El Río de los Espíritus’ se convierte en la primera producción amazónica ecuatoriana en alcanzar esta categoría dentro del festival .

Una historia desde la selva y sus tensiones

La narrativa se construye desde el territorio Achuar, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago.

El relato sigue a Luciano Peas, un joven técnico que impulsa transporte fluvial con energía solar en medio de una amenaza latente. La posible construcción de una carretera podría fracturar su territorio, dividir comunidades y alterar la selva.

El documental articula:

  • Una tensión concreta entre desarrollo y conservación.
  • La figura del río, atravesada por una leyenda ancestral, guía el recorrido del protagonista.

Energía solar frente al avance extractivo

La propuesta del filme no se limita a la denuncia. Expone una alternativa. Las canoas impulsadas por energía solar aparecen como respuesta para conectar comunidades sin afectar el ecosistema ni contaminar el río Kapawi.

El proyecto plantea una transición tecnológica que busca sostener la vida comunitaria y evitar la fragmentación territorial.

Tawna y la construcción de una narrativa propia

El colectivo Tawna, fundado en 2017, reúne artistas sáparas, kichwas y mestizos que producen desde la Amazonía como territorio político y simbólico.

Su trabajo se desplaza entre el video, la fotografía y el archivo vivo. En los últimos años, sus obras han circulado en festivales internacionales y espacios como la Bienal de Cuenca y la Bienal de las Amazonías.

Un cine que conecta territorios

El estreno en Suiza proyecta una historia local hacia audiencias internacionales. El documental abre un espacio de diálogo entre territorios amazónicos y plataformas globales, con una narrativa que mezcla memoria, resistencia y tecnología.

¿Cómo llegó al festival?

  • Más de 3.700 películas compitieron por un lugar en uno de los festivales documentales más influyentes del mundo.
  • Solo 160 obras lograron entrar. Entre ellas, una historia nacida en la selva ecuatoriana.
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Mayra Salazar dice que ya pagó su error y exige devolución de sus bienes

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Mayra Salazar, sentenciada por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis bajo un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, aseguró que ya cumplió con la justicia ecuatoriana y ahora exige la devolución de sus bienes, al sostener que estos no tienen origen ilícito. Salazar afirmó que ya cumplió su pena reducida y pagó la reparación correspondiente.

La relacionista reapareció públicamente con ese pronunciamiento luego de haber sido una de las piezas clave en la investigación del caso. En sus declaraciones, sostuvo que el error que cometió ya fue sancionado y que, tras haber colaborado con la Fiscalía y cumplir la condena impuesta, corresponde que se le restituyan los bienes que —según su versión— no provienen de actividades ilegales.

En julio de 2024, un juez acogió el procedimiento abreviado y la sentenció a 15 meses de prisión, tras aceptar su responsabilidad y formalizar un acuerdo de cooperación eficaz con el Ministerio Público. En ese momento, la justicia destacó que la reducción de la pena respondía justamente a su colaboración dentro del proceso.

El caso Metástasis investiga una presunta red de corrupción, delincuencia organizada y favores judiciales articulada alrededor del narcotraficante Leandro Norero, y el testimonio anticipado de Salazar fue uno de los insumos más sensibles para abrir nuevas líneas investigativas, incluidas derivaciones como el caso Purga.

Tras recuperar su libertad en 2025, Salazar salió de Ecuador bajo resguardo, en un contexto de seguridad delicado por su condición de colaboradora del proceso. Su reciente pedido de devolución de bienes vuelve a colocar su nombre en el centro del debate público, esta vez no por sus revelaciones judiciales, sino por las consecuencias patrimoniales de su condena.

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