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La Tertulia Jurídica abordó el derecho a la pensión de alimentos desde el embarazo

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El pasado miércoles 29 de octubre, el programa La Tertulia Jurídica desarrolló un espacio de análisis académico con la participación de la doctora Alejandra Santamaría Cedeño, destacada constitucionalista, abogada de los Tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y maestrante en Derecho Constitucional en la Universidad Casa Grande de Guayaquil.

El tema central del diálogo fue “La pensión de alimentos, un derecho desde el embarazo”, una reflexión jurídica y social sobre la protección integral de la mujer gestante y del niño o niña por nacer.

Durante la entrevista, la doctora Santamaría explicó que el derecho a los alimentos no se limita a la etapa posterior al nacimiento, sino que se reconoce desde el momento de la concepción, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, y la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, especialmente en la sentencia N.º 325-23-EP/23.

“La pensión de alimentos desde el embarazo no es solo un asunto legal, sino una medida de protección integral. Garantiza que la mujer gestante tenga condiciones adecuadas de salud, seguridad y estabilidad, y que el niño o niña que está por nacer cuente con una base de bienestar desde el inicio de su vida”, enfatizó la jurista.

La experta detalló que este derecho cubre cuatro etapas fundamentales: el embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia, con una extensión de hasta 12 meses posteriores al nacimiento. Además, subrayó que el proceso judicial correspondiente se tramita bajo el procedimiento sumario, dada la naturaleza urgente del derecho que se protege.

En el ámbito procesal, Santamaría precisó que la demanda de pensión de alimentos para la mujer embarazada se presenta ante las unidades judiciales de familia, niñez y adolescencia, y debe contener información esencial como la identidad de la madre gestante, la del presunto progenitor, el domicilio de citación, la relación entre las partes y la solicitud de fijación provisional de alimentos desde la concepción.

Asimismo, explicó que es indispensable acompañar la demanda con certificados médicos o ecografías que acrediten el estado de gestación, informes de gastos estimados del embarazo y documentos que reflejen la capacidad económica del alimentante. En caso de desconocerse los ingresos del padre, se puede solicitar al juez el auxilio judicial para obtener esta información a través de instituciones públicas o privadas.

La especialista también aclaró que, actualmente, no existe una tabla específica de pensiones para mujeres embarazadas, por lo que los jueces aplican los parámetros de la tabla general de pensiones alimenticias vigente, siendo el monto provisional mínimo de 130 dólares. No obstante, este valor puede variar dependiendo de los gastos médicos, alimenticios o de salud que demande el embarazo.

En cuanto a la responsabilidad subsidiaria, Santamaría explicó que, si no se conoce el paradero del progenitor, el juez puede requerir información migratoria o consular y, de ser necesario, determinar la responsabilidad de otros familiares directos, siempre que cumplan con las condiciones económicas y legales establecidas.

Otro punto de análisis fue la posibilidad de que el padre solicite una rendición de cuentas sobre el uso de la pensión alimenticia. Sobre este tema, la doctora Santamaría aclaró que la normativa ecuatoriana no contempla la obligación de la madre de justificar los gastos. Sin embargo, el juez puede disponer una inspección o informe técnico social cuando existan indicios de que los recursos no se están destinando al bienestar del niño o niña.

Finalmente, la jurista resaltó que el interés superior del niño o niña debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.
“El derecho a los alimentos es un derecho humano fundamental, ligado al derecho a la vida, a la salud y al desarrollo integral. Desde el embarazo, el Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de garantizar que este derecho se cumpla de manera efectiva”, concluyó Santamaría.

El programa La Tertulia Jurídica que se emite todos los miércoles en el horario de 07:00 a 08:00 PM es un espacio de formación académica que promueve el conocimiento jurídico sobre los derechos y garantías que sustentan la justicia en el Ecuador.

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Daniel Noboa expone fotos con precandidatos de ADN: «Como un buen encebollado, completos»

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El presidente de la República, Daniel Noboa, difundió este viernes 24 de julio una serie de fotos con sus precandidatos para las elecciones seccionales en la provincia del Guayas.

A través de Instagram, el mandatario publicó unas imágenes en las que se lo observa compartiendo una comida junto a Cynthia Viteri, Niels Olsen, Francisco Andrés Cevallos y Andrés Guschmer.

Ellos correrán por las alcaldías de Guayaquil, Samborondón, Milagro, así como por la prefectura del Guayas, respectivamente.

En las imágenes se ve que todos comieron en un restaurante en compañía de un trío musical.

Como un buen encebollado: completos”, escribió Noboa al describir las fotos.

Esta reunión habría ocurrido previo a la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil.

$!Precandidatos de ADN junto a Daniel Noboa.

¿Por qué Noboa incorporó a Viteri a ADN?

Inicialmente, Cynthia Viteri iba a participar por la Alcaldía de Guayaquil junto al movimiento Centro Democrático, pero luego Acción Democrática Nacional (ADN), la organización del presidente, informó que la exfuncionaria se incorporá a sus filas.

Esto sucedió pese a que Viteri no participó en las elecciones primarias de ADN. De hecho, el Gobierno contemplaba poner a Niels Olsen, ahora el expresidente de la Asamblea participará para la Alcaldía de Samborondón.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Radio Centro, Noboa explicó que la elección de Viteri responde tanto a su posicionamiento político como a la necesidad de impulsar una administración coordinada con el Ejecutivo.

Creo que es una buena candidata, está en contacto con las necesidades de la gente y está lejos de la discusión de los políticos; está cerca de la discusión de la gente”, manifestó.

Agregó que, según las encuestas que maneja su organización política, Viteri es la aspirante con mayores opciones en Guayaquil. Fuente: Vistazo

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Fiscalización aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio político contra Inés Manzano

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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó este viernes, 24 de julio de 2026, el informe que recomienda el archivo del juicio político contra la exministra Inés Manzano.

La mesa legislativa sesionó en Guayaquil para debatir el documento realizado tras las comparecencias y presentación de pruebas.

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) acusa a la exfuncionaria por presunto incumplimiento de funciones alrededor del fallido contrato con Austral Technical Management (ATM).

“Existiendo una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política”, dice el documento.

Esta conclusión tuvo el apoyo de seis legisladores, mientras que otros cuatro votaron en contra. Ahora el informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional.

Correístas reaccionan al archivo

La bancada de la RC había advertido un día antes que la mayoría de la Comisión de Fiscalización pretendía archivar el juicio.

No les bastaron las pruebas presentadas, ni las inconsistencias de la exministra, ni el millonario perjuicio para el país”, manifestaron los correístas en contra de ADN.

Mientras tanto, Mónica Palacios, una de las proponentes, anunció que su grupo político “irá hasta las últimas consecuencias” para que Manzano y otros ministros del Gobierno “le den la cara a todos los ecuatorianos”.

“Ella sabía que el contrato tenía problemas y aceptó el pago de USD 71 millones a esta empresa”, denunció Palacios.

Mientras tanto, el informe aprobado dice que el contrato con ATM y el pago mencionado ocurrieron antes de que Manzano asuma su puesto como ministra de Energía. Fuente: Vistazo

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Partidos y movimientos calculan sus alianzas e inscripción de candidaturas para esquivar el riesgo de otra suspensión

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La sorpresiva suspensión del movimiento Amigo, que había decidido acoger a múltiples candidatos de la también suspendida Revolución Ciudadana, sacudió el tablero electoral. Y ahora las organizaciones políticas temen que haya nuevas acciones contra los partidos y movimientos o sus futuros candidatos.

Ese fue el principal tema que atravesó el extenso primer consejo consultivo, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, este 23 de julio de 2026. En la cita participaron representantes de Unidad Popular (UP), Sociedad Patriótica (PSP), Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Partido Social Cristiano (PSC), Avanza, Izquierda Democrática (ID) Partido Socialista (PSE), Pachakutik (PK), Futuro y Creo.

El gran ausente fue Acción Democrática Nacional (ADN), dirigido por la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert. Pero tampoco acudieron SUMA, Renovación Total (RETO), ni Centro Democrático. Mientras que RC y Amigo no fueron invitados, ya que después de la intervención de la Fiscalía General no pueden participar en las elecciones seccionales 2027, adelantadas para el 29 de septiembre de 2026.

El tema oficial de análisis iba a ser la inscripción de candidaturas y alianzas, a través del sistema del CNE. Sin embargo, la tónica la marcó el temor de las organizaciones políticas a que se repita la suspensión de un participante activo en el periodo electoral.

Eso se evidenció cuando Juan Fernando Flores, representante de Creo, se abstuvo de nombrar posibles aliados, candidatos y hasta jurisdicciones en sus ejemplos, porque «no voy a mencionar ninguna aquí, porque cuidado terminamos todos fuera».

El exasambleísta por la lista 21 advirtió, además, que el sistema del CNE impone un orden y continuidad en la inscripción de sus candidatos. Y explicó que esto es «sumamente delicado» porque eso implica que las delegaciones provinciales del Consejo y «otros interesados» conozcan de antemano a los postulantes y esto abra la puerta a que «los empiecen a bajar».

El punto de Flores fue que el movimiento Creo prefiere «jugar a carta tapada», para no exponer a sus candidatos. Rechazó que el sistema del CNE les impida a las organizaciones políticas mantener una estrategia de mantener en secreto los perfiles de sus candidatos definitivos. Y afirmó que esas listas deberían conocerse solo a partir del 17 de agosto, cuando termina el plazo de inscripción.

Este temor de quedar fuera de las seccionales a última hora, sea como organizaciones políticas o candidatos, también tuvo eco en los cuestionamientos y dudas de Pachakutik, Sociedad Patriótica, Futuro, Unidad Popular y el Partido Socialista.

«No puede utilizarse la Fiscalía ni la Función Electoral para eliminar adversarios políticos, eso no es democracia». Giovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular

Este último debido a sus negociaciones con el correísmo para ser el nuevo auspiciante de sus candidatos y a los comentarios del presidente Daniel Noboa de que la RC «se lancen con el partido que quieran, que haya cumplido con la legalidad», pero bajo la advertencia de que otros movimientos no habrían cumplido con sus primarias, presentación de cuentas y reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Al final todos los presentes concordaron en la petición de que el CNE elimine los limitantes para la libre inscripción de candidatos, sin obligaciones de continuidad, género, edad, lista, ni fechas. Así como la garantía de que el sistema de inscripción no colapsará el último día del plazo, ya que eso pondría en riesgo el derecho de participación de aquellos que guardarán la confidencialidad de sus listas hasta último momento.

¿Qué dice el CNE?
Dentro del CNE, las visiones son divididas. Los técnicos se encargaron de recordar a las organizaciones los artículos del Código de la Democracia que validaron la suspensión de la Revolución Ciudadana y, posteriormente, de Amigo. Reiteraron que se trata de decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y afirmaron que, «de momento», el Consejo «no está realizando ningún examen relacionado con las causales de cancelación» de agrupaciones.

La consejera Elena Nájera cuestionó el papel del TCE y comentó la posibilidad de que el pleno del Consejo debata «si tenemos que cumplir a rajatabla las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral», porque violentan el principio universal de la presunción de inocencia. Y lamentó que no haya habido una votación dentro del CNE para decidir el futuro de la suspensión de Amigo.

Mientras tanto, el consejero Enrique Pita compartió su inquietud por la «ligereza» de quienes afirman que el CNE podría estar por encima del TCE y no hacer caso a sus decisiones, menos aún con una simple votación del pleno del Consejo. «No es posible», afirmó. Fuente: Primicias

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