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La razón por la que ómicron parece mucho más leve

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Nuevos estudios indican que la nueva variante del coronavirus no tiene una gravedad intrínseca radicalmente menor, sino que es capaz de reinfectar a las personas que ya tienen buenas defensas.

Ómicron no es una versión de fogueo del coronavirus. Los últimos estudios sugieren que la variante que está conquistando el mundo no tiene una gravedad intrínseca radicalmente menor, sino que ómicron está infectando a una población con características singulares. Estos días coexisten la variante delta, identificada hace un año en India, y la pujante ómicron, detectada hace un mes en Sudáfrica. Multitud de científicos intentan comparar el riesgo de hospitalización en un grupo de personas similares, pero la mitad de ellas infectadas por ómicron y la otra mitad, por delta. En esos análisis parece que el riesgo de la nueva variante es menor, pero un estudio del Imperial College de Londres publicado este miércoles muestra la clave: hasta un 40% de los casos de ómicron podrían ser en personas que ya han pasado la covid, frente al 8% de delta. Las dos variantes son muy contagiosas entre los no vacunados, pero ómicron además es capaz de infectar a muchas más personas que ya tienen buenas defensas, por eso parece menos grave.

La gran pregunta es si la nueva variante es realmente más leve que las anteriores. El biólogo estadounidense Marm Kilpatrick es contundente: “La respuesta corta es que todavía no lo sabemos”. El informe del Imperial College muestra que la probabilidad de acabar en el hospital con ómicron es hasta un 45% menor que con delta. Sin embargo, si se descuenta el efecto del mayor número de casos leves fruto de reinfecciones, los autores calculan que la probabilidad de terminar ingresado con ómicron podría ser solo entre un 2% y un 35% menor que con delta. “Esta pequeña diferencia en la gravedad sería largamente superada por la gran cantidad de casos causados por ómicron, que darán lugar a muchas hospitalizaciones. Si realmente es más leve, no es mucho más leve, así que no es un motivo para ser complacientes frente al aumento de casos de ómicron”, advierte Kilpatrick, de la Universidad de California en Santa Cruz (EE UU).

El problema es el tamaño de la ola que viene. Si la probabilidad de acabar en el hospital con ómicron fuera incluso un 50% menor que con delta, pero los casos se duplican cada dos días, en dos días habría el mismo número de ingresados con covid, según ha expuesto la epidemióloga Deepti Gurdasani, de la Universidad Queen Mary de Londres. Y los casos de ómicron, efectivamente, se han estado duplicando cada dos días en muchos países. El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington calculó este miércoles que 3.000 millones de personas se infectarán con la nueva variante en los próximos tres meses. Si estas estimaciones se confirman, en el siguiente trimestre habrá tantos casos como en dos años de pandemia.

Al margen de la incertidumbre sobre la auténtica gravedad intrínseca de ómicron, la buena noticia es que sus efectos en el mundo actual son mucho menores, gracias al efecto combinado de la vacunación, las defensas naturales por infecciones previas y esa posible mayor levedad del virus. Los modelos de la Universidad de Washington calculan que el 90% de los casos de ómicron serán asintomáticos, frente al 40% de las anteriores variantes.

El análisis del Imperial College constata que las personas con al menos dos dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna o AstraZeneca siguen “considerablemente protegidas” frente a la covid grave, aunque ómicron tiene una mayor capacidad que delta para provocar infecciones leves en los vacunados. El estudio muestra que, si una persona vacunada con dos dosis de Pfizer se infecta, su probabilidad de tener síntomas graves es un 80% menor que la de una persona no vacunada infectada con la variante delta. Con dos dosis de AstraZeneca es alrededor de un 65% menor. La tercera dosis, además, eleva la protección, que tiende a reducirse con el tiempo. En España, casi el 100% de los mayores de 70 años están vacunados. Esa es la principal razón de que los casos positivos hayan superado el récord de la pandemia —60.000 casos diarios registrados— sin observarse un aumento paralelo en las hospitalizaciones.

El Instituto Nacional para las Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica calculó este martes que el riesgo de hospitalización por ómicron es un 80% menor que con delta, pero su estudio compara la ola actual con la de hace cinco meses, cuando el porcentaje de vacunados era menor y además había una menor inmunidad natural por infecciones previas. El análisis sudafricano no compara la gravedad de los casos actuales de ómicron y delta, como sí hace el informe del Imperial College.

Un análisis preliminar de los datos de Escocia apunta en la misma dirección. Los casos de ómicron tienen un riesgo de acabar en el hospital que es un 60% inferior al de los de delta, un efecto atribuible a la mayor capacidad de la nueva variante para infectar a personas que ya tienen defensas naturales. El estudio escocés, publicado por la Universidad de Edimburgo este miércoles, sugiere que la tercera dosis de la vacuna reduce un 57% el riesgo de tener una infección sintomática respecto a tener solo dos dosis puestas hace más de seis meses. Los autores también calculan que la capacidad de ómicron para reinfectar a personas que ya han pasado la covid multiplica por 10 la de delta.

Uno de los brotes de ómicron mejor estudiados ocurrió el 26 de noviembre en una fiesta en Oslo (Noruega). Al menos 81 de los 117 participantes acabaron infectados y solo hubo un caso asintomático. El resto, con una media de 38 años y la pauta completa de vacunación, tuvo sobre todo tos, fatiga, mocos, dolor de garganta y fiebre. El médico noruego Frode Forland explica que no consta ningún ingreso en el hospital, pero subraya que es pronto para sacar conclusiones. “No hay datos suficientes para saber si ómicron es intrínsecamente menos grave que delta”, advierte Forland, del Instituto Noruego de Salud Pública.

El médico se declara “muy preocupado” por la abrumadora transmisibilidad de la nueva variante. “Tanta gente infectada en tan poco tiempo provocará un pico muy alto y tendremos dificultades para tratar a tanta gente, aunque ómicron fuera realmente más leve”, alerta. El epidemiólogo William Hanage, de la Universidad de Harvard (EE UU), lo ha resumido con una frase muy gráfica en el diario británico The Guardian: “La diferencia entre una caricia y una bofetada es, en gran medida, la velocidad”.

Dos epidemiólogos del hospital madrileño de La Princesa, Joan Soriano y Julio Ancochea, y dos colegas italianos han calculado que el pico de esta ola en Europa se alcanzará el 15 de enero, con 400.000 casos diarios. “El debate sobre si ómicron es más o menos grave es estéril, porque el virus sigue siendo muy malo. Te puede llevar a la UCI y matarte”, opina Soriano. “Además, la atención primaria y las consultas externas de los hospitales ya estaban muy saturadas, pero ahora están colapsadas”, advierte. Ese es uno de los efectos de la gran transmisibilidad de ómicron: en Londres, el 7% de los médicos está de baja por covid o por haber sido contacto estrecho de algún caso.

A Soriano le preocupa, además, la covid persistente: los síntomas que pueden permanecer durante meses, ya sean problemas respiratorios, cansancio o una niebla mental que dificulta la lectura. “Una de cada seis infecciones sintomáticas acaba en covid persistente”, señala Soriano, citando datos de las anteriores variantes, porque todavía es pronto para conocer los efectos de ómicron a largo plazo. “La gente juega a la lotería de Navidad pensando que le va a tocar, aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es una entre 100.000. Sin embargo, piensa que no le va a tocar la covid persistente, que es una de cada seis. Los humanos evaluamos muy mal el riesgo”, zanja el epidemiólogo. I Fuente: El País

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Álvaro Uribe es declarado culpable por manipulación de testigos en juicio ligado a paramilitares

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Una jueza de Colombia declaró este lunes culpable al expresidente Álvaro Uribe de manipulación de testigos, en un juicio que lo convirtió en el primer exjefe de Estado en enfrentar un proceso penal en la historia del país sudamericano.

El político de derecha de 73 años, que gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado de presionar y pagar a paramilitares encarcelados para que cambiaran testimonios que lo enlodaban.

Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en la década de 1980 para combatir a las guerrillas marxistas.

«El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado«, dijo la jueza Sandra Heredia tras evaluar los contactos del abogado Diego Cadena, que representó a Uribe, con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en una cárcel de Bogotá, para que éste no declarara sobre los supuestos vínculos del expresidente con esos grupos armados ilegales.

¿CÓMO EMPEZÓ EL JUICIO?

El juicio contra Uribe inició en mayo de 2024. El líder de la derecha se defendió de acusaciones de presionar y pagar a paramilitares encarcelados.

En el inédito y muy politizado proceso contra el político de 73 años, desfilaron más de 90 testigos.

Entre ellos estaba Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que asegura que el expresidente y su hermano Santiago Uribe participaron en los años 90 en la fundación de un bloque de los escuadrones de ultraderecha que operaron, a veces con ayuda del Ejército, contra las guerrillas.

Todo empezó en 2012. Uribe demandó al senador izquierdista Iván Cepeda ante la corte suprema por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con paramilitares. Pero en 2018, un bumerán judicial convirtió al exmandatario en el investigado por presuntamente forzar a paramilitares para atestiguar a su favor y desmarcarlo de la organización.

El exmandatario defiende su inocencia y asegura que es víctima de una «venganza» de la izquierda, de la extinta guerrilla FARC y el expresidente Juan Manuel Santos, su antiguo aliado convertido en enemigo.

Es una «persecución política», dijo el viernes en un video que compartió en la red X. Fuente: Vistazo

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La nueva ley fiscal de Donald Trump añade más presupuesto al proyecto antimigratorio

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La nueva ley fiscal y presupuestaria aprobada este jueves por el Congreso de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente Donald Trump.

La mayoría republicana en ambas Cámaras apoyó un mayor gasto del Gobierno en materia de agencias de seguridad, que se destinará, por amplio margen, al manejo de la inmigración.

Las voces críticas de esta legislación han calificado el gasto de «inédito» y alertan que acelerará la agenda de deportaciones masivas de la Administración, con consecuencias «caóticas» para la población migrante de EE.UU. y la economía del país.

La votación de este jueves en la Cámara de Representantes dio el último visto bueno al proyecto, que pasará ahora al escritorio de Trump, quien planea firmarlo en un acto en la Casa Blanca este viernes 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense.

Más agentes de miración y muro fronterizo

Con un gasto de casi 170.000 millones de dólares en cuatro años, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración —con unos 20.000 nuevos puestos—, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.

En concreto, la ley contempla más de 46.500 millones para la construcción del muro fronterizo y más de 45.000 millones destinados a la detención de migrantes, incluyendo la construcción y mantenimiento de los centros y el transporte de deportados.

Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas encerradas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.

Este aumento drástico en las detenciones, señaló la directora del centro American Immigration Council (AIC), Nancy Gupta, en un informe, socavará la seguridad pública y creará caos en diferentes comunidades en todo el país.

El AIC estima que el nuevo presupuesto podrá traducirse en unos 116.000 arrestos diarios de migrantes y personas que no tienen ciudadanía estadounidense.

Esta escalada en la expulsión de personas y la presión sobre las comunidades traería también consecuencias negativas para la economía del país, según detalló un análisis del Economic Policy Institute.

Si el Gobierno consigue su objetivo de deportar a un millón de personas por año, unas 6 millones de personas podrían perder sus trabajos, incluyendo 3,3 millones de migrantes y 2,6 millones de trabajadores nacidos en EE.UU., de acuerdo con este informe.

Aumento de los costos de trámites migratorios y humanitarios

La ley también busca aumentar los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de 100 dólares por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países.

El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares, y este solo tendrá una validez de seis meses. Además, se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente.

Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares (antes se cobraban 110), y también se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS). Fuente: Vistazo

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Estalla crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia por presunto complot para derrocar a Gustavo Petro

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Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llamaron el jueves a consultas a sus máximos representantes diplomáticos, en un nuevo episodio de tensiones que fractura aún más la relación entre ambos países históricamente aliados.

Washington dio el primer golpe con el llamado a «consultas urgentes» del encargado de negocios estadounidense en Bogotá, John McNamara, «luego de repudiables e infundadas declaraciones de los más altos cargos del gobierno de Colombia».

Así lo afirmó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, sin aclarar a qué se refería.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, convocó de su lado a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

La relación bilateral está en sus horas más bajas. En los últimos meses el mandatario izquierdista y su homólogo estadounidense, Donald Trump, chocaron por temas como la deportación de migrantes y la guerra arancelaria.

El fin de semana se sumó la revelación de un presunto complot para derrocar a Petro con ayuda de políticos colombianos y estadounidenses. El diario español El País publicó audios que sugieren una trama golpista liderada por el excanciller de Petro, Álvaro Leyva, en un caso que investiga la Fiscalía.

Petro había denunciado en junio un supuesto intento golpista organizado por la «extrema derecha» colombiana y estadounidense. Entonces, afirmó que un «líder», a quien no identificó, había hablado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El mandatario descartó durante un discurso el jueves en Bogotá que Rubio «esté en un golpe de Estado» contra su gobierno. «No creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando (…) se ponga a pendejear con un golpe de Estado» en Colombia, agregó.

Renuncia canciller colombiana

Aunque por razones distintas, la canciller colombiana, Laura Sarabia, anunció su renuncia el jueves en la mañana alegando «diferencias» con Petro.

La dimisión supuestamente no está relacionada de forma directa con la tormenta con Estados Unidos, pero la vacancia del Ministerio de Relaciones Exteriores dificulta aún más los posibles acercamientos que moderen la tirante relación entre ambos países.

Sarabia se distanció del presidente por desacuerdos en varios temas, el último de ellos sobre la extensión del contrato a la empresa que fabrica y distribuye pasaportes colombianos.

En una carta al mandatario, la ministra aseguró que no comparte «decisiones» que se han tomado «en los últimos días» y que le impiden «acompañar» el proyecto de izquierda.

El gobierno de Petro sufre una crisis de gabinete por el que han pasado más de 50 ministros, para 19 carteras, en tres años.

Sarabia, de 31 años y sin una carrera política previa, fue una figura clave en la campaña presidencial de Petro en 2022. Tras su victoria, se convirtió en jefa de gabinete, luego ocupó dos altos cargos en el gobierno y en enero fue nombrada canciller, la más joven en la historia moderna de Colombia.

«Fue vital en la campaña por su orden y disciplina», dijo Petro en la red social X tras la renuncia, llamándola «hormiguita organizadora».

Sarabia buscaba que Washington renueve la certificación a Colombia como aliado antidrogas. La decisión se conocerá en los próximos meses, en momentos en los que el país rompe récords mundiales de producción de cocaína.

Relaciones tensas

Además del llamado a consultas a McNamara, Estados Unidos tomará otras medidas «para que quede clara» su «profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral», dijo la portavoz del Departamento de Estado.

Bruce no detalló qué acciones tomará Washington, pero subrayó que Colombia sigue siendo «un socio estratégico esencial».

El jueves, 30 legisladores colombianos pidieron en una carta al Congreso estadounidense que investigue a los parlamentarios republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez por «acciones injerencistas», supuestamente al haber «mantenido reuniones» con Leyva.

«Petro no puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego pensar que puede salirse con la suya», escribió el jueves en X Giménez, y calificó al mandatario como un «socialista narcoterrorista».

«Escojan el enemigo, nosotros no somos», respondió el jueves Petro. «Yo no me arrodillo ni me dejo presionar, ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista».

El ingreso de Colombia en el megaproyecto chino Nuevas Rutas de la Seda y su búsqueda de nuevos socios comerciales también irritan a Estados Unidos.

Además, el gobierno colombiano rechazó extraditar a Estados Unidos a dos guerrilleros requeridos por delitos de narcotráfico.

Petro discrepa con Washington sobre el enfoque de la lucha antidrogas, que considera un «fracaso». A poco más de un año de dejar el poder, el izquierdista apuesta por atacar el consumo en las grandes potencias y negociar la paz con los grupos armados. Fuentes: Vistazo

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