Con profunda preocupación y sentido de urgencia, representantes de las organizaciones mineras de la provincia de Zamora Chinchipe, incluidos los perjudicados del Caso Cumbaratza, han decidido autoconvocarse a una gran asamblea provincial este lunes 10 de junio a las 10h00, en las instalaciones de la Cámara de Minería de Zamora.

El motivo de esta convocatoria es claro y contundente: defender la permanencia y legalidad de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), frente a la inminente reapertura del catastro minero y el anuncio del Gobierno Nacional sobre el cobro de nuevas tasas de fiscalización que podrían significar un golpe letal para cientos de familias que viven de esta actividad histórica y productiva.

Entre los principales temas que se abordarán en esta asamblea se encuentran:

• La búsqueda de consenso entre los actores del sector afectados por el fallo judicial que involucra a la empresa Cumbaratza, para retomar el proceso de mediación y evitar la pérdida de títulos y territorios mineros ya asignados.

• El análisis técnico y jurídico de los impactos que la reapertura del catastro podría ocasionar sobre la MAPE, incluyendo el riesgo de exclusión y desplazamiento por parte de grandes concesiones.

• La discusión sobre las altas tasas de fiscalización anunciadas por el Gobierno, consideradas inalcanzables para los pequeños mineros que trabajan en condiciones de subsistencia.

“El Estado no puede seguir excluyendo a los mineros artesanales, que han sostenido la economía de nuestras comunidades. No vamos a permitir que se nos imponga una normativa que favorezca a los grandes grupos económicos”, sostuvo con firmeza James Salcedo, dirigente del sector.

Por su parte, Paul Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, manifestó su preocupación por el futuro del sector:

“Si se imponen tasas que no podemos pagar, nos veríamos obligados a desistir de nuestra actividad. Es una decisión injusta que contradice los principios de equidad territorial y desarrollo sustentable”.

Desde distintos frentes mineros y sociales se ha denunciado que la política minera nacional carece de mecanismos de inclusión real para los trabajadores de la MAPE, quienes han sido históricamente marginados del diseño de la normativa. En ese sentido, esta asamblea busca establecer una posición unificada y propositiva para exigir al Estado ecuatoriano políticas diferenciadas, justas y sostenibles.

Los organizadores hacen un llamado urgente a todos los mineros artesanales, pequeños productores, asociaciones y colectivos ciudadanos involucrados en la actividad minera responsable, para que asistan de forma masiva a esta asamblea y contribuyan con su voz y experiencia en la construcción de una agenda común.

La paciencia se agota y la indignación crece. Diecinueve guardias de seguridad, hombres y mujeres trabajadores de la provincia de Zamora Chinchipe, levantan su voz frente a una situación que consideran un atropello a su dignidad laboral. Denuncian que la empresa ARMILET, anteriormente contratada para brindar seguridad a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), les adeuda entre tres y cinco meses de sueldo, poniendo en jaque la economía de familias enteras.

Según los testimonios recogidos de manera anónima —por temor a represalias—, cinco de los trabajadores se vieron obligados a renunciar tras meses de incumplimientos. Otros catorce aún siguen laborando bajo la sombra de la incertidumbre y el silencio cómplice de la empresa, esperando que se les reconozca lo que por ley y justicia les corresponde.

“No me importa que no me paguen la liquidación, pero que me paguen mi sueldo. Esa es la realidad”, expresó con pesar uno de los trabajadores afectados, quien asegura que ARMILET le adeuda alrededor de 2.000 dólares.

Además del retraso salarial, los denunciantes relatan haber enfrentado maltrato laboral, explotación mediante turnos extras no reconocidos, y una total ausencia de canales de diálogo con los supervisores regionales. Intentaron dialogar con el coordinador regional en Loja, pero afirman que sus reclamos fueron ignorados.

El hecho cobra una gravedad aún mayor al conocerse que ARMILET podría volver a ofrecer servicios de seguridad a entidades públicas como CNT, sin haber cumplido con sus obligaciones anteriores. “Nos preocupa que se premie a empresas que incumplen y maltratan a sus trabajadores. No es justo, ni legal, ni moral”, enfatizó uno de los afectados.

Frente a este escándalo, los trabajadores demandan de forma categórica:

El pago inmediato de los salarios pendientes.

La intervención firme y urgente del Ministerio de Trabajo y otras autoridades de control.

La prohibición de contratos públicos con empresas que han vulnerado los derechos laborales.

Este caso no solo revela una crisis de carácter local, sino que también expone las grietas del sistema nacional de control y regulación de contratistas privados, especialmente aquellos que operan en instituciones públicas. En un país que proclama justicia y derechos, no puede permitirse que los guardianes del orden y la seguridad vivan en condiciones de abuso y precariedad.

La deuda no es solo económica: es moral, es institucional y es profundamente humana.

Este medio de comunicación buscó dialogar con delegados del CNT en esta provincia, pero un guardia de seguridad dijo que luego de las 16:30 no atienden a los clientes. Nos trasladamos al edificio donde funciona la planta administrativa tampoco se pudo obtener la entrevista, pese a haber intentado comunicarse la guardia de seguridad internamente por el call center de la institución.

La prefecta Karla Reátegui recorrió el pasado 29 de mayo el cantón Palanda para constatar el avance físico de dos obras estratégicas que marcan un punto importante en el desarrollo rural de esta jurisdicción: la construcción del puente vehicular sobre el río Palanda, en la vía hacia la parroquia San Francisco del Vergel, y la reconstrucción integral del coliseo “Ciudad de Palanda”.

Con una inversión superior a los 582.000 dólares, la Prefectura de Zamora Chinchipe reafirma su compromiso con el bienestar de las familias rurales, promoviendo infraestructura segura, moderna y funcional para el fortalecimiento del tejido productivo, comercial y social del territorio.

“Estas obras son parte de una visión de desarrollo rural integral, que coloca al cantón Palanda en una nueva etapa de conectividad, movilidad y oportunidades para su gente”, enfatizó la prefecta Reátegui durante el recorrido.

Puente vehicular sobre el río Palanda: conexión segura y desarrollo económico

Esta infraestructura de 38 metros de longitud y 6.5 metros de ancho, diseñada para doble carril y con aceras laterales de 1 metro, tendrá capacidad para soportar hasta 48 toneladas. Actualmente, el proyecto registra un avance del 35%, con el estribo derecho concluido, pilas y vigas cabezales construidas, y trabajos de excavación en el estribo izquierdo en curso. La estructura metálica del puente se encuentra en fabricación.

La obra beneficiará a las parroquias San Francisco del Vergel, La Canela, El Porvenir del Carmen y diversas comunidades, al garantizar un acceso seguro y permanente que impulsará el desarrollo agroproductivo, turístico y económico de la zona.

Además, durante el proceso constructivo se está priorizando la contratación de mano de obra local, fortaleciendo así las economías familiares del cantón.

Reconstrucción del coliseo deportivo: un compromiso con la juventud y la cultura

En convenio con el Municipio de Palanda, la Prefectura ejecuta la reconstrucción integral del coliseo “Ciudad de Palanda”, infraestructura deportiva fundamental para la práctica del deporte y la promoción cultural. El proyecto, que ya alcanza un 65% de avance, contempla la renovación total del techo (ya finalizado) y la instalación de un nuevo piso deportivo.

“Asumimos este compromiso desde el inicio de nuestra gestión, porque creemos que el deporte transforma vidas y construye ciudadanía. Palanda contará pronto con un espacio digno para sus jóvenes”, señaló la autoridad provincial.

Se prevé la entrega de esta obra a mediados o finales de julio. A ello se suma el apoyo institucional de la Prefectura a la Liga Deportiva Cantonal de Palanda, mediante la dotación de monitores y equipamiento deportivo.

Dato adicional

Mientras se construye el nuevo puente vehicular, se ha habilitado una ruta alterna por el tramo Palanda – Centro Arqueológico Santa Ana La Florida – La Mina, garantizando la movilidad de los habitantes durante la obra.

Con esta agenda, la Prefectura de Zamora Chinchipe ratifica su liderazgo en la gestión territorial, articulando acciones que integran la infraestructura, el deporte, la productividad y el bienestar social como pilares del progreso cantonal.