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La Posta revela tentáculos de la corrupción en el gobierno de Lasso

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Anderson Boscán, periodista, de Café La Posta, lanzó hoy una dura y fuerte denuncia en contra de una estructura delincuencial que estaría vinculada y operando alrededor de Carondelet. Con el subjetivo titular: “El Gran Padrino, la red de corrupción del Gobierno” se devela seis meses de investigación de contratos, cuentas y transacciones, en la que participaron varios periodistas.

La punta del iceberg de la trama de corrupción denunciada es Leonardo Cortázar, principal operador de CNEL desde la época del expresidente Lenin Moreno. Cortázar responde a Rubén Cherrez, mano derecha de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso.

En la investigación “El Gran Padrino” es Danilo Carrera, quien maneja realmente el holding de las empresas públicas.

Un audio, cuya voz se atribuye a Cortázar, relata, en detalle, cómo él se enquista en el sector público; cómo se relaciona con el Gobierno de Lasso; cómo se robaba en CNEL; como se reparten los cargos públicos; cómo se repartían lo robado.

En la denuncia se mencionan muchos nombres: Hernán Luque, Antonio Icaza, Roberto bueno, Rubén Cherrez, Jorge Orbe, Julio León, el fallecido César Monge, su viuda, entre otros. jtr

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Fuerzas Armadas toman “posesión total” de Buenos Aires y destruyen más de 700 bocaminas

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Las Fuerzas Armadas tomaron “posesión total” de Buenos Aires (Imbabura) en una ofensiva contra la minería ilegal, con despliegue terrestre y aéreo y presencia permanente para impedir el retorno de las mafias.

El Ministerio de Defensa informó que las Fuerzas Armadas ejecutaron una ofensiva de gran escala contra la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, y que “tomaron posesión total” del área intervenida. La operación —liderada en territorio por el ministro Gian Carlo Loffredo y el jefe del Comando Conjunto, general Henry Delgado Salvador— se desplegó en los sectores Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde.
“En el sector de Buenos Aires ya se terminó la minería ilegal… la presencia de Fuerzas Armadas va a ser permanente”, señaló Loffredo.

Según el boletín oficial, la intervención incluyó artillería pesadafuego de mortero y apoyo aéreo con aeronaves de alas fijas y rotativas para neutralizar estructuras, procesadoras, poleas y campamentos que sostenían la actividad ilícita. Previamente se realizó la evacuación del área para resguardar a la población civil. El área intervenida abarca unas 187 hectáreas y se reporta la destrucción de más de 720 bocaminas.

En paralelo, efectivos del Ejército ejecutaron operaciones en Esperanza de Río Verde (parroquia Lita), donde aprehendieron en delito flagrante a siete personas —cinco hombres de nacionalidad colombiana y dos mujeres ecuatorianas—, a quienes se les halló armamento de uso militar y gran cantidad de munición.

Para asegurar el control territorial, el Estado desplegó 300 militares y anunció un destacamento fijo y presencia permanente para evitar el resurgimiento de actividades ilegales. El Gobierno advirtió que el ingreso no autorizado a la zona supone “riesgo extremo” por la presencia de grupos irregulares armados de origen extranjero en alianza con GDO locales, y que cualquier incursión será considerada una amenaza a la seguridad nacional.

Defensa enmarca la operación en una estrategia integral contra la minería ilegal, por su impacto ambiental y su vínculo con economías delictivas y la violencia. “La ley y el orden prevalecerán”, concluye el comunicado.

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Paro | Marlon Vargas plantea un salario mínimo de USD 650 a cambio del alza del precio del diésel

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La dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) se reunió el 18 de octubre para decidir qué postura tomar ante el paro de la Conaie, que dura 25 días en Ecuador.

Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), asistió a esa Asamblea Extraordinaria autoconvocada por los presidentes de las nacionalidades base de la Confeniae.

Ahí, los representantes de las nacionalidades amazónicas resolvieron declararse en movilización permanente «por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos».

Estos fueron los puntos que la Confeniae decidió en su cónclave, en los que ya no aparece la derogatoria del fin del subsidio estatal al diésel, el detonante del paro de la Conaie.

Mantener la movilización constante frente al abandono estatal y la devastación petrolera y minera.
Oponerse a la consulta popular y la Constituyente, por atentar contra los derechos conquistados.
Expresar solidaridad con Imbabura y condenar la represión y el cierre de radios comunitarias.
Rechazar la ronda petrolera suroriente y el catastro minero.
Desconocer a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica (CTS) y la Secretaría de Pueblos, por dividir y debilitar a las organizaciones amazónicas.

Marlon Vargas, al margen de estos pedidos, también planteó que, «si el Gobierno sube el precio de los combustibles, entonces que el salario básico suba a USD 650 dólares para todo el pueblo ecuatoriano.”

El presidente de la Conaie también exhibió un duro discurso contra la extracción de petróleo, minerales y metales. «Ya han saqueado a la Amazonía por 50 años, pero la economía, la salud y la educación de las nacionalidades están destrozadas», dijo Vargas, «nuestros ríos contaminados, nuestras cascadas contaminadas (…) Entonces, aquí la Amazonía les dice no más explotación petrolera ni minera».

Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.

Asimismo, la Conaie agregó en el paro su rechazo al referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa del presidente Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como «política». Fuente: Primicias

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Fuerzas Armadas toman control total de Buenos Aires, Imbabura, en ofensiva contra la minería ilegal

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Las Fuerzas Armadas ejecutaron una ofensiva militar de gran escala en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura, como parte de la estrategia nacional contra la minería ilegal. La operación se desarrolló en los sectores Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde, considerados focos críticos de actividad ilícita.

Desde territorio, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lideró la intervención, que incluyó artillería pesada, fuego de mortero y apoyo aéreo con aeronaves de alas fijas y rotativas.

“Sepan que en el sector de Buenos Aires ya se terminó la minería ilegal, porque la presencia de Fuerzas Armadas va a ser permanente de ahora en adelante”, afirmó el ministro.

El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió este domingo 19 de octubre un mensaje contundente sobre la lucha contra la minería ilegal en Ecuador, en especial en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura.

«No vamos a parar ante presiones o amenazas. Vivimos en un Estado libre, de derecho, fuerte contra el narco. Seguimos atacando la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura. Continuaremos en otras partes clave del país, luchando contra la minería ilegal y los políticos que la protegen», expresó Noboa, quien compartió un video de los bombardeos que se realizaron en ese sector de Imbabura.

Resultados del operativo en contra de la minería ilegal en Buenos Aires

En el operativo militar fueron intervenidas 187 hectáreas. En esa área se destruyeron más de 720 bocaminas destruidas. Además, se realizó la neutralización de estructuras, procesadoras, poleas y campamentos ilegales.

Durante esta intervención se desplegaron 300 militares. El siguiente paso es la instalación de un destacamento fijo para control territorial.

El Gobierno advirtió que el ingreso a esta zona representa un riesgo extremo, debido a la presencia de grupos irregulares armados de origen extranjero en alianza con organizaciones delictivas locales.

La intervención reafirma que la minería ilegal es considerada una amenaza a la seguridad nacional, y que no se permitirá la presencia de economías criminales en el territorio ecuatoriano. Fuente: Vistazo

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