CNE designa integrantes de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a las y los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales que estarán a cargo de la organización, administración y vigilancia de las actividades correspondientes a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

Estas instancias electorales cumplen un rol fundamental dentro del sistema democrático ecuatoriano, al ser responsables de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada jurisdicción provincial, bajo principios de transparencia, imparcialidad, legalidad y participación ciudadana.

Para la provincia de Zamora Chinchipe, el CNE designó como integrantes de la Junta Provincial Electoral a:

• Diego Israel Aldean Jaramillo
• Ligia Zoraida Punina Chela
• Efrén Joselito Ruiz Valdivieso
• Mariana del Rocío Seminario Ramón
• Galo Patricio Mena Pérez

Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de acompañar las diferentes fases del proceso electoral, entre ellas la planificación, coordinación y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el organismo electoral nacional, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen con apego a la normativa vigente.

La conformación de las Juntas Provinciales Electorales constituye un paso previo dentro de la preparación institucional hacia los comicios de 2027, en los que la ciudadanía ecuatoriana elegirá autoridades seccionales y participará en la renovación de representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.

Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.

Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.

El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.

La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.

Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.

La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de la infraestructura eléctrica y mejorar la imagen urbana de la ciudad, comenzaron los trabajos de mantenimiento, ordenamiento y empaquetamiento del cableado de telecomunicaciones en el casco céntrico de Yantzaza.

Las labores forman parte de una acción coordinada entre la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza y las operadoras públicas y privadas de telecomunicaciones, quienes ejecutan un plan conjunto para optimizar la organización de las redes aéreas instaladas en la ciudad.

En esta primera etapa, las intervenciones se desarrollan en la calle José Arcentales, en el tramo comprendido entre las calles Primero de Diciembre y Primero de Mayo, incluyendo las vías transversales de este sector.

De acuerdo con la planificación establecida, los trabajos continuarán durante los próximos días en diferentes sectores del casco céntrico, con el propósito de reducir el impacto visual del exceso de cableado, mejorar el orden de las redes de telecomunicaciones y reforzar las condiciones de seguridad para la infraestructura eléctrica y la ciudadanía.

Las instituciones involucradas destacaron que este tipo de intervenciones representan un esfuerzo conjunto para modernizar el entorno urbano, promover espacios públicos más ordenados y contribuir al desarrollo de una ciudad con mejores condiciones para sus habitantes y visitantes.

Con estas acciones, Yantzaza avanza en el fortalecimiento de su infraestructura urbana, impulsando iniciativas que favorecen la seguridad, la eficiencia de los servicios y una mejor imagen del espacio público.