Noticias Zamora
La minería ilegal en Zamora Chinchipe gana la batalla

Primera Parte
Reportaje realizado por Valeria Sorgato
Publicado: 14 de febrero de 2022
En el barrio Chamico, parroquia Cumbaratza, provincia de Zamora Chinchipe, los habitantes no pueden dormir tranquilos por el temor de que el río Zamora se desborde e inunde sus casas. A lo largo del río hay varias concesiones de minería artesanal que utilizan maquinaria más grande de lo que su concesión les permite para buscar el oro.
La remoción del material con maquinaria pesada y la destrucción de la vegetación en las riberas del río son una de las causantes de las inundaciones en el sector, según un informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador.
La madrugada del 19 de julio del 2021 la casa de Inma Julia Torres yacía sumergida en lodo. Esa noche ella y sus vecinos no pudieron dormir. El río Zamora se había desbordado otra vez. Según Rosa Gaona, una moradora del barrio Chamico, ha habido ocasiones en las que en una semana el barrio se inundó hasta tres veces.

El barrio Chamico sufre de inundaciones debido al desbordamiento del río Zamora. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.
En la casa de Inma Julia Torres, una señora de 71 años, las paredes húmedas tienen la marca del agua por encima del metro de altura. “Todito se nos moja”, cuenta Inma, quien debe dormir, junto a su hija en silla de ruedas, en una visera al filo de la carretera cada vez que llueve fuerte. La ropa, todavía húmeda, cuelga en el porche de su casa. “A los cinco días ya está seco todo. Nosotros pasamos enfermos, tenemos gastritis”, dice. En la última inundación perdió los pocos animales que tenía. Cuenta que los mineros le prometieron una nueva casa pero ha pasado más de un año e Inma Julia Torres y su familia siguen sufriendo por las inundaciones. “Ya no sabemos dónde ir”, me dice con lágrimas en los ojos.
Inma Julia Torres con su esposo afuera de su casa. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.
Según Cléver Jiménez, prefecto provincial, tanto la minería legal como la ilegal están ocasionando graves problemas ambientales y sociales. La fiebre del oro ha asechado durante décadas los bosques y ríos de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. Actualmente más del 36% de su territorio está en alguna concesión minera, de acuerdo al catastro minero del 21 de mayo del 2021.
Pero para aproximadamente 10 mil personas en la provincia, el oro es su principal fuente de trabajo. De acuerdo a unos cálculos realizados por Pablo Espinoza, quien ocupó el cargo de director Distrital de Zamora en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), desde el 2 de febrero hasta finales de septiembre del 2021, existían aproximadamente 2000 excavadoras trabajando en la provincia. Muchas, de manera irregular.
Entre enero y los primeros días de noviembre del 2021, según la ARCERNNR, se realizaron 537 operativos y se inmovilizaron 60 máquinas para combatir la minería ilegal en Zamora Chinchipe.
Pero a pesar de los operativos y controles que se realizan en la provincia, la minería ilegal no deja de ganarle la batalla a las autoridades. La presunta filtración de información, sumada a la falta de apoyo de las instituciones para el control de la minería, una legislación débil, la imposibilidad de regularizarse por el cierre del catastro minero y la violencia son algunos de los factores que han dado carta blanca a los mineros ilegales en la provincia.
La connivencia de autoridades y mineros en Zamora es cotidiana. Espinoza se sorprende de la libertad con la que la gente trabaja en la minería ilegal dentro de la provincia. “Todo se hace bajo acuerdos”, afirma el ex funcionario. Cuando ocupó el cargo de director distrital de la ARCERNNR cuenta que los mineros ilegales querían negociar con él: “Hablaban de 3.000 a 5.000 dólares mensuales por frente de trabajo”, dice Espinoza.
Es decir, si un minero trabajaba en tres frentes dentro de cinco hectáreas, habría estado dispuesto a pagar entre 9.000 y 15.000 dólares mensuales, según la versión del ex director distrital de la ARCERNNR, para que les dejaran operar libremente.
Maquinaria trabajando en la comunidad shuar de Congüime, en Zamora Chinchipe. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.
La corrupción vendría de la mano con la presunta filtración de información que alerta a los mineros sobre la llegada de las autoridades a los sitios donde operan. “En un sobrevuelo usted ve huecos por todo lado y ve maquinarias. Baja y usted no encuentra ni una sola máquina o simplemente están ahí parqueadas, pero no hay nadie”, se lamenta el teniente José Jácome, ex comandante del Batallón 62 de Zamora. Esto dificulta la aprehensión de las personas que están realizando la actividad ilícita.
Una de las acciones para detener el trabajo de los mineros es la paralización, el decomiso o la inmovilización de la maquinaria. Cuando Espinoza y su equipo encontraban las máquinas, les quitaban el cerebro para que quedaran inservibles. Sin embargo, a los pocos días los mineros regresaban con una nueva máquina. En Yantzaza, una ciudad en medio de la Amazonía ecuatoriana se exhibe maquinaria pesada en varios concesionarios a lo largo de su calle principal. Cuando pasaba por ahí, Espinoza dice que veía cómo cada semana se vendían alrededor de 9 máquinas pesadas.
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En otras ocasiones los funcionarios de la ARCERNNR se veían obligados a devolver la máquina o el cerebro que habían decomisado por orden de la fiscalía o los juzgados. En ciertas ocasiones en que los encontraban trabajando con la maquinaria, recuerda Espinoza, los mineros informales decían que era “un contrato de trabajo, que estaban abriendo una vía o construyendo piscinas de tilapia”. Sin evidencia suficiente de que se trataba de una actividad ilícita, los funcionarios debían devolver la máquina e incluso algunos han tenido que ir a juicio.
Según Espinoza, por las razones mencionadas anteriormente y por la violencia de los mineros hacia los funcionarios, muchos técnicos prefieren mantenerse al margen de la situación para no arriesgarse. (I)
Fuente: KGBeca
Noticias Zamora
Detección de presunto transporte ilegal de material aurífero en Zamora Chinchipe

El Bloque de Seguridad del Estado ecuatoriano, a través de un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAAE) y la Policía Nacional (PoliciaEcuador), logró identificar un presunto caso de transporte ilegal de material aurífero en la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.
Durante la operación, se detectó a dos ciudadanos que trasladaban una maleta negra con material mineralizado, presuntamente oro, cuyo valor estimado asciende a los 150.000 dólares. Los involucrados no portaban la documentación legal correspondiente para justificar el origen y destino del cargamento.
De manera preliminar, se presume que una avioneta habría aterrizado en la pista de Cumbaratza con la intención de recoger el material, motivo por el cual se han intensificado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles redes delictivas vinculadas al tráfico de recursos estratégicos.
El procedimiento técnico fue ejecutado por el personal de la Unidad de Control Militar (UCM) y la Unidad de Investigación de Delitos Mineros (UNIDCAM), quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos. Asimismo, se notificó oportunamente al ECU 911 y al fiscal de turno, garantizando así la actuación conforme al marco legal.
El Estado ecuatoriano reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales y estratégicos de la Nación, y continuará fortaleciendo las acciones de control y vigilancia en todo el territorio nacional.
Noticias Zamora
Marihuana, dinero y balanza digital: Policía desmantela presunto punto de microtráfico en Zamora Ch.

La lucha frontal contra el microtráfico de drogas en la provincia de Zamora Chinchipe arroja un nuevo resultado contundente. En un operativo desarrollado con precisión y respuesta inmediata, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Zamora Chinchipe – distrito Yantzaza, logró la aprehensión en flagrancia de un ciudadano implicado en el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Porvenir, en la intersección de las calles Adelaida Marcillo y Zamora, luego de que un ciudadano anónimo alertara sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. De manera inmediata, el personal policial en patrullaje preventivo actuó con profesionalismo y rigor táctico.
Durante el registro corporal y la inspección de una mochila, se halló una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, lo que motivó la aprehensión inmediata del ciudadano identificado como:
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Joel T., ecuatoriano, de 26 años de edad.
Entre los indicios incautados constan:
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548 gramos de marihuana, equivalentes a aproximadamente 1.096 dosis.
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1 balanza digital presuntamente utilizada para la dosificación.
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Dinero en efectivo, cuya procedencia es materia de investigación.
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1 teléfono móvil, que podría contener información clave sobre la red de distribución.
La intervención fue notificada al fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, en aras de garantizar el debido proceso y la correcta judicialización del caso.
Este nuevo golpe al microtráfico no solo representa un logro operativo, sino también un paso firme en la construcción de barrios seguros y libres de violencia. La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso inquebrantable de continuar ejecutando acciones estratégicas que permitan neutralizar a quienes atentan contra la salud pública y la paz ciudadana.
Noticias Zamora
Gobernadora verifica daños ambientales tras protesta ciudadana en Yantzaza

En respuesta a las crecientes denuncias sobre los efectos socioambientales de la minería ilegal en el cantón Yantzaza, este 1 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de verificación en territorio, con la participación activa de moradores, autoridades locales y representantes del Comité en Defensa del Río Zamora.
La visita técnica al sector La Floresta y su zona de influencia fue encabezada por la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi, quien acudió al sitio cumpliendo con el compromiso asumido en la mesa de diálogo celebrada el pasado 30 de abril, tras una manifestación pacífica que recorrió desde el parque central de Yantzaza hasta Piedra Liza.
Durante el recorrido, el abogado Hernán Camacho, vocero de la comunidad, expresó: “Constatamos que algunas máquinas han cesado su operación, sin embargo, persisten motores activos en algunos pozos, lo que indica una posible intención de reanudar labores una vez que disminuya la presión ciudadana”. Ante ello, la gobernadora anunció la implementación de patrullajes permanentes para impedir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas.
El Comité en Defensa de las Riberas del Río Zamora, conformado por representantes de los barrios La Floresta, Gran Colombia, La Florida, Los Achos y Playa de la Florida, también expuso la crítica situación que atraviesan sus territorios, donde la erosión provocada por el desvío del río amenaza con socavar infraestructura clave, incluida una unidad educativa del sector.
Uno de los puntos clave planteados fue la necesidad urgente de ejecutar un enrocamiento en la zona afectada. “El río se nos viene encima.
Este daño ambiental no solo impacta el ecosistema, sino que pone en riesgo a la población”, enfatizó uno de los dirigentes barriales.
La presencia de la Policía Nacional fue destacada, aunque los líderes comunitarios solicitaron también la intervención de las Fuerzas Armadas. “Los mineros ilegales muestran mayor respeto hacia los militares. Su presencia disuasiva sería clave para evitar nuevos intentos de ocupación del territorio”, indicaron.
Finalmente, la comunidad reiteró su voluntad de mantenerse vigilante, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados: la paralización total de la minería en el Cantón Yantzaza y la intervención estatal para mitigar los efectos del daño ambiental. “La lucha por el respeto a la naturaleza y por la vida de quienes habitamos estas zonas apenas comienza”, concluyó Camacho.
Este hecho refleja el ejercicio activo de una ciudadanía organizada que exige respuestas efectivas del Estado frente a actividades que vulneran los derechos colectivos y atentan contra la sostenibilidad de los territorios de esta provincia.
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