Noticias Zamora
La minería ilegal en Zamora Chinchipe gana la batalla

Primera Parte
Reportaje realizado por Valeria Sorgato
Publicado: 14 de febrero de 2022
En el barrio Chamico, parroquia Cumbaratza, provincia de Zamora Chinchipe, los habitantes no pueden dormir tranquilos por el temor de que el río Zamora se desborde e inunde sus casas. A lo largo del río hay varias concesiones de minería artesanal que utilizan maquinaria más grande de lo que su concesión les permite para buscar el oro.
La remoción del material con maquinaria pesada y la destrucción de la vegetación en las riberas del río son una de las causantes de las inundaciones en el sector, según un informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador.
La madrugada del 19 de julio del 2021 la casa de Inma Julia Torres yacía sumergida en lodo. Esa noche ella y sus vecinos no pudieron dormir. El río Zamora se había desbordado otra vez. Según Rosa Gaona, una moradora del barrio Chamico, ha habido ocasiones en las que en una semana el barrio se inundó hasta tres veces.

El barrio Chamico sufre de inundaciones debido al desbordamiento del río Zamora. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.
En la casa de Inma Julia Torres, una señora de 71 años, las paredes húmedas tienen la marca del agua por encima del metro de altura. “Todito se nos moja”, cuenta Inma, quien debe dormir, junto a su hija en silla de ruedas, en una visera al filo de la carretera cada vez que llueve fuerte. La ropa, todavía húmeda, cuelga en el porche de su casa. “A los cinco días ya está seco todo. Nosotros pasamos enfermos, tenemos gastritis”, dice. En la última inundación perdió los pocos animales que tenía. Cuenta que los mineros le prometieron una nueva casa pero ha pasado más de un año e Inma Julia Torres y su familia siguen sufriendo por las inundaciones. “Ya no sabemos dónde ir”, me dice con lágrimas en los ojos.
Inma Julia Torres con su esposo afuera de su casa. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.
Según Cléver Jiménez, prefecto provincial, tanto la minería legal como la ilegal están ocasionando graves problemas ambientales y sociales. La fiebre del oro ha asechado durante décadas los bosques y ríos de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. Actualmente más del 36% de su territorio está en alguna concesión minera, de acuerdo al catastro minero del 21 de mayo del 2021.
Pero para aproximadamente 10 mil personas en la provincia, el oro es su principal fuente de trabajo. De acuerdo a unos cálculos realizados por Pablo Espinoza, quien ocupó el cargo de director Distrital de Zamora en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), desde el 2 de febrero hasta finales de septiembre del 2021, existían aproximadamente 2000 excavadoras trabajando en la provincia. Muchas, de manera irregular.
Entre enero y los primeros días de noviembre del 2021, según la ARCERNNR, se realizaron 537 operativos y se inmovilizaron 60 máquinas para combatir la minería ilegal en Zamora Chinchipe.
Pero a pesar de los operativos y controles que se realizan en la provincia, la minería ilegal no deja de ganarle la batalla a las autoridades. La presunta filtración de información, sumada a la falta de apoyo de las instituciones para el control de la minería, una legislación débil, la imposibilidad de regularizarse por el cierre del catastro minero y la violencia son algunos de los factores que han dado carta blanca a los mineros ilegales en la provincia.
La connivencia de autoridades y mineros en Zamora es cotidiana. Espinoza se sorprende de la libertad con la que la gente trabaja en la minería ilegal dentro de la provincia. “Todo se hace bajo acuerdos”, afirma el ex funcionario. Cuando ocupó el cargo de director distrital de la ARCERNNR cuenta que los mineros ilegales querían negociar con él: “Hablaban de 3.000 a 5.000 dólares mensuales por frente de trabajo”, dice Espinoza.
Es decir, si un minero trabajaba en tres frentes dentro de cinco hectáreas, habría estado dispuesto a pagar entre 9.000 y 15.000 dólares mensuales, según la versión del ex director distrital de la ARCERNNR, para que les dejaran operar libremente.
Maquinaria trabajando en la comunidad shuar de Congüime, en Zamora Chinchipe. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.
La corrupción vendría de la mano con la presunta filtración de información que alerta a los mineros sobre la llegada de las autoridades a los sitios donde operan. “En un sobrevuelo usted ve huecos por todo lado y ve maquinarias. Baja y usted no encuentra ni una sola máquina o simplemente están ahí parqueadas, pero no hay nadie”, se lamenta el teniente José Jácome, ex comandante del Batallón 62 de Zamora. Esto dificulta la aprehensión de las personas que están realizando la actividad ilícita.
Una de las acciones para detener el trabajo de los mineros es la paralización, el decomiso o la inmovilización de la maquinaria. Cuando Espinoza y su equipo encontraban las máquinas, les quitaban el cerebro para que quedaran inservibles. Sin embargo, a los pocos días los mineros regresaban con una nueva máquina. En Yantzaza, una ciudad en medio de la Amazonía ecuatoriana se exhibe maquinaria pesada en varios concesionarios a lo largo de su calle principal. Cuando pasaba por ahí, Espinoza dice que veía cómo cada semana se vendían alrededor de 9 máquinas pesadas.
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En otras ocasiones los funcionarios de la ARCERNNR se veían obligados a devolver la máquina o el cerebro que habían decomisado por orden de la fiscalía o los juzgados. En ciertas ocasiones en que los encontraban trabajando con la maquinaria, recuerda Espinoza, los mineros informales decían que era “un contrato de trabajo, que estaban abriendo una vía o construyendo piscinas de tilapia”. Sin evidencia suficiente de que se trataba de una actividad ilícita, los funcionarios debían devolver la máquina e incluso algunos han tenido que ir a juicio.
Según Espinoza, por las razones mencionadas anteriormente y por la violencia de los mineros hacia los funcionarios, muchos técnicos prefieren mantenerse al margen de la situación para no arriesgarse. (I)
Fuente: KGBeca
Noticias Zamora
Alcaldía de El Pangui incorpora moderna motoniveladora al equipo caminero

En un esfuerzo por atender de manera eficiente las necesidades de vialidad de la ciudadanía, la Alcaldía de El Pangui adquirió una motoniveladora marca New Holland, que reforzará el equipo caminero municipal para el mantenimiento vial en todo el cantón.
El alcalde, Jairo Herrera, destacó que esta adquisición es posible gracias a la optimización de recursos propios “es importante dar a conocer a la ciudadanía que esta compra la hemos hecho con recursos de la municipalidad, no hemos realizado ningún crédito. Estas herramientas son muy necesarias para la vialidad tanto en la parte urbana como en la parte rural para así poder brindar un mejor servicio a nuestros ciudadanos”, indicó el burgomaestre.
Por su parte, el director de Obras Públicas, Carlos Tirado, señaló que este nuevo equipo es un paso fundamental para mejorar la atención ciudadana “la motoniveladora que teníamos ya cumplió su vida útil después de 20 años de servicio y no garantizaba eficiencia”, recalcó.
Entre las principales especificaciones técnicas del equipo adquirido constan:
Peso de operación: 15 353 kg
Cilindraje: 6 700 CC
Velocidades: 6 adelante y 3 de reversa
Dimensión de la hoja central: 3658 x 622 x 22 mm
Radio de giro: 7.700 mm
La inversión para esta adquisición asciende a USD 332.140. Este esfuerzo se suma a las dos volquetas adquiridas meses atrás, y en los próximos días se prevé concretar la compra de una retroexcavadora, fortaleciendo aún más el parque automotor institucional.
Además, la actual administración municipal, gracias a una gestión responsable y al buen uso de los recursos públicos, ha logrado incorporar al servicio de la ciudadanía tres camionetas y un recolector de basura, que ya se encuentran operativos.
Noticias Zamora
Timbara exige atención vial urgente a la Prefectura de Zamora Chinchipe

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Timbara, Jhonatan Chiriboga, realizó un llamado público y respetuoso a la prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui, solicitando con carácter urgente la intervención en el mantenimiento vial y limpieza de cunetas en varios sectores de la parroquia.
Según la autoridad parroquial, los habitantes del Valle del Jamboé, Tunantza Alto y comunidades rurales aledañas enfrentan serias dificultades de movilidad debido al avanzado deterioro de las vías, lo que ha provocado que varios tramos se encuentren actualmente prácticamente intransitables.
El presidente Chiriboga recordó que el GAD Parroquial ha remitido de manera reiterada oficios dirigidos a la Prefectura, fechados el 5 de mayo, 22 de julio, 13 y 20 de agosto de 2025, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta o acciones concretas.
“Como Gobierno Parroquial, es nuestro deber defender y promover el desarrollo. Por ello hemos insistido de manera reiterada en la atención a la vialidad, pues es un pedido justo de nuestros moradores.”,
Ante la falta de intervención institucional, tanto la comunidad como el GAD Parroquial se han visto en la obligación de organizar mingas comunitarias y destinar recursos propios para realizar trabajos de bacheo y limpieza manual. Sin embargo, dichas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
En este contexto, el presidente subrayó que, de acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la vialidad rural es competencia exclusiva de la Prefectura, por lo que la atención solicitada no puede continuar postergándose.
Asimismo, se destacó que en el Presupuesto 2025 consta una asignación de USD 300.000 (partida Nro. 44.750105.147.00224) destinada a la parroquia Timbara, exhortando a que estos recursos sean aplicados en la construcción de alcantarillas con cabezal de hormigón y demás obras de mitigación necesarias en los sectores más críticos.
Nacionales
“Tertulia Jurídica”: Jóvenes abogados fortalecen la cultura legal en Zamora Chinchipe

El diálogo académico y la formación ciudadana encuentran un espacio en “Tertulia Jurídica”, programa desarrollado por los abogados Franco Tamay Vega y Jamil Ávila, transmitido cada miércoles a través de Diario El Amazónico y medios radiales asociados. La iniciativa busca acercar el conocimiento jurídico a la sociedad mediante un lenguaje claro y accesible, con la participación de destacados juristas nacionales y autoridades del sistema de justicia.
Trayectoria y visión de los protagonistas
Franco Tamay, joven abogado de 24 años, oriundo de Loja y con raíces de Zamora Chinchipe, ecuatoriano, se desempeña en el libre ejercicio de la profesión. Actualmente cursa su tercera maestría en Quito, orientada al derecho penal y los derechos humanos, con el objetivo de contribuir a la formación de profesionales probos en Zamora Chinchipe. Su trayectoria académica refleja el compromiso de una nueva generación de juristas que aspira a ejercer la profesión con ética y responsabilidad social.
Por su parte, Jamil Ávila, originario de la parroquia La Paz del cantón Yacuambi, también egresado de la Universidad Nacional de Loja, comparte esa visión de un ejercicio profesional sustentado en valores y principios. Con 30 años de edad, Ávila combina su labor jurídica con el propósito de generar espacios de orientación ciudadana, convencido de que el derecho debe estar al servicio de la sociedad.
Un espacio de formación ciudadana
“Tertulia Jurídica” no se limita a los profesionales del derecho, sino que está dirigido a la comunidad en general. El programa cuenta con una agenda confirmada hasta diciembre, en la que participarán juristas de renombre, ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, miembros de la Corte Constitucional y especialistas en diversas ramas jurídicas. El objetivo es explicar la interpretación y aplicación de las leyes en la vida cotidiana, fomentando la confianza ciudadana en la justicia.
Además, los abogados coinciden con uno de los objetivos que tiene este medio de comunicación y subrayan que la iniciativa no tiene fines de lucro, sino un carácter social y educativo. La propuesta responde a la necesidad de transparentar la práctica del derecho, combatir la desconfianza hacia la profesión y orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, procesos legales y servicios gratuitos como los que presta la Defensoría Pública.
Ética y responsabilidad en la práctica profesional
Durante sus intervenciones, tanto Tamay como Ávila coincidieron en que ejercer la abogacía en el contexto actual es un reto complejo debido a la desconfianza generada por casos de corrupción en la administración de justicia. Frente a ello, ambos recalcan la importancia de preservar los valores, la probidad y la preparación constante, para consolidar un ejercicio profesional digno y confiable.
Invitación a la ciudadanía
El programa “Tertulia Jurídica” se transmite cada miércoles de 19h00 a 20h00 a través de Diario El Amazónico y por radios locales en distintas frecuencias. S invitan a la ciudadanía a participar activamente, acceder a información clara y comprender de manera sencilla los alcances del derecho en la vida cotidiana.
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