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La independencia judicial en Ecuador

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Hoy, en esta columna, quiero hablarte de la independencia judicial, y partir con una pregunta, querido lector: ¿estamos ante un sistema que realmente protege la autonomía de los jueces o frente a uno que, en la práctica, la condiciona?

En Ecuador, la justicia atraviesa un momento crítico. Mientras la Constitución reconoce la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, en la realidad comienzan a aparecer señales preocupantes que ponen en duda su vigencia efectiva. Jueces cuestionados por el contenido de sus fallos, procesos disciplinarios que desbordan el ámbito estrictamente jurídico y una presión mediática que transforma los casos en verdaderos juicios paralelos configuran un escenario complejo, tenso y profundamente delicado.

Esta columna no pretende defender decisiones judiciales específicas ni justificar actuaciones concretas. Busca, más bien, poner en evidencia una problemática estructural que, de no ser enfrentada con seriedad, amenaza con debilitar uno de los cimientos esenciales de toda democracia: la existencia de una justicia libre, imparcial y verdaderamente independiente.

En un Estado constitucional de derechos y justicia como el Ecuador, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía esencial para la ciudadanía. Implica que quienes administran justicia puedan resolver los conflictos sometidos a su conocimiento con base exclusiva en la Constitución, la ley y su convicción jurídica, sin presiones externas, interferencias políticas, mediáticas o institucionales. En otras palabras, la independencia judicial asegura que las decisiones no respondan a intereses de poder, sino al derecho.

Sin embargo, esta premisa que debería ser incuestionable hoy enfrenta una crisis evidente. La realidad muestra un escenario donde los jueces, lejos de actuar con plena autonomía, se encuentran constantemente expuestos a mecanismos de presión que condicionan su actuación. Esto no solo debilita la función judicial, sino que erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

Uno de los elementos más preocupantes es la utilización de herramientas institucionales para cuestionar decisiones jurisdiccionales. Cuando un juez resuelve un caso en ejercicio de sus competencias, su decisión puede ser impugnada mediante los recursos previstos en la ley. Ese es el camino legítimo dentro de un Estado de derecho. No obstante, lo que se observa en la práctica es algo distinto; decisiones judiciales que generan reacciones inmediatas no en el plano jurídico, sino en el disciplinario o incluso en el mediático.

Instituciones como el Consejo de la Judicatura, encargadas de la administración y disciplina de la Función Judicial, han sido señaladas en múltiples ocasiones por iniciar procesos administrativos contra jueces a raíz del contenido de sus fallos. Esto plantea una pregunta de fondo: ¿puede un juez ser sancionado por el criterio jurídico que adopta en una resolución? Si la respuesta es afirmativa, entonces la independencia judicial deja de existir y se convierte en una ficción.

El Caso denominado Goleada refleja con claridad esta problemática. Más allá de las particularidades del caso, lo que resulta alarmante es la reacción institucional frente a las decisiones adoptadas por los jueces. La intervención de la Fiscalía General del Estado, promoviendo acciones y cuestionamientos públicos, así como la apertura de procesos en el ámbito disciplinario, evidencia un entorno donde el juez no solo debe aplicar el derecho, sino también anticipar las consecuencias personales y profesionales de su decisión.

A esto se suma un factor igualmente determinante, la presión mediática. En la actualidad, los procesos judiciales de relevancia pública son sometidos a un juicio paralelo, donde la narrativa construida por los medios de comunicación influye de manera directa en la percepción social del caso. Este fenómeno genera un ambiente adverso para la labor judicial, pues cualquier decisión que no coincida con la expectativa mediática puede ser interpretada como irregular o incluso corrupta.

El problema no radica en la crítica que es legítima en una sociedad democrática, sino en la forma en que esta crítica se traduce en consecuencias reales para los jueces. Cuando la opinión pública, alimentada por información parcial o sesgada, se convierte en un factor de presión, la independencia judicial se ve seriamente comprometida.

Ergo, el juez que decide actuar conforme a su criterio jurídico enfrenta un dilema complejo; resolver de acuerdo con el derecho o ceder ante las presiones externas para evitar represalias. Y es aquí donde se pone a prueba la solidez del sistema. Un sistema que castiga la independencia y premia la complacencia no puede considerarse un verdadero Estado de justicia.

No se trata de defender decisiones judiciales específicas ni de afirmar que todos los jueces actúan correctamente. El sistema de justicia, como cualquier otro, no está exento de errores o incluso de actos indebidos. Sin embargo, el control de esas actuaciones debe darse a través de los mecanismos legales establecidos, no mediante presiones que desnaturalizan la función jurisdiccional.

La independencia judicial no puede ser entendida como un concepto abstracto o meramente declarativo. Debe materializarse en garantías reales que protejan a los jueces frente a cualquier tipo de injerencia. Esto implica, entre otras cosas, limitar el uso del régimen disciplinario a conductas verdaderamente reprochables y no a la discrepancia jurídica, así como promover una cultura institucional que respete la autonomía de la función judicial.

En definitiva, lo que está en juego no es la estabilidad de un juez en particular, sino la credibilidad de todo el sistema de justicia. Cuando la ciudadanía percibe que las decisiones judiciales responden a presiones y no al derecho, la confianza se desvanece y el Estado de derecho se debilita.

Ecuador enfrenta hoy un desafío importante, decidir si quiere consolidar un sistema de justicia independiente o continuar en una dinámica donde la presión, el miedo y la exposición mediática condicionan la labor judicial. La respuesta a esta cuestión definirá no solo el presente, sino el futuro de la justicia en el país.

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PISA 2025: una llamada urgente a transformar la educación ecuatoriana

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Las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) es una evaluación internacional de la OCDE (organización para la cooperación y desarrollo económico), que mide conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes de 15 años en ciencias, lectura y matemática, buscando determinar no solamente cuánto recuerdan, sino su capacidad para utilizar conocimientos, razonar, resolver problemas y desenvolverse ante situaciones de la vida real.  Esta evaluación se aplicó a 91 países y en Ecuador fueron evaluados 9128 estudiantes de 266 colegios.

Los resultados de las pruebas PISA 2025, publicados por la OCDE este 8 de septiembre de 2026, no puede ser utilizado como una herramienta para buscar culpables, deben ser asumidos por el estado como una señal de alarma y, sobre todo, como una oportunidad para emprender una transformación profunda de su sistema educativo.

Un diagnóstico que no admite indiferencia

 Los resultados de PISA evidencian los importantes desafíos que enfrenta el sistema educativo ecuatoriano. En matemáticas, aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico de competencia. En lectura y ciencias, la situación también es preocupante: 6 de cada 10 estudiantes no llegan al nivel mínimo esperado.

PISA no evalúa simplemente cuánto pueden memorizar los estudiantes, sino su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos, resolver problemas y utilizar lo aprendido en situaciones de la vida real. Por ello, sus resultados permiten observar no solo qué saben los estudiantes, sino también qué tan preparados están para utilizar ese conocimiento.

En comparación con los resultados de 2017, Ecuador presenta un deterioro en matemáticas y lectura, mientras que el desempeño en ciencias se mantiene aproximadamente estable. Esto demuestra que las dificultades del sistema educativo no responden únicamente a un problema reciente, sino que tienen también un componente estructural.

En la evaluación, Ecuador obtuvo 393 puntos en ciencias, 385 en lectura y 366 en matemáticas, frente a los promedios de la OCDE de 482, 461 y 463 puntos, respectivamente. Esto representa brechas de 89 puntos en ciencias, 76 en lectura y 97 en matemáticas. En el ordenamiento nominal de los 91 participantes, Ecuador se ubicó alrededor del puesto 70 en ciencias, 65 en lectura y 76 en matemáticas.

Sin embargo, más allá de los promedios y las posiciones, uno de los datos más relevantes es la proporción de estudiantes que no alcanza las competencias básicas. Solo el 40% llegó al nivel mínimo de competencia en ciencias, el 38% en lectura y apenas el 20% en matemáticas. En otras palabras, aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes ecuatorianos no alcanzan el nivel básico en matemáticas.

Los resultados también muestran dificultades relacionadas con las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo. El 51% de los estudiantes asistía a colegios cuyos directores reportaron carencias de materiales educativos, mientras que el 47% estudiaba en establecimientos donde la infraestructura física representaba una dificultad para la enseñanza. A esto se suma que el 25% de los estudiantes se encontraba en instituciones cuyos directores reportaron falta de personal docente.

Estos resultados deben ser analizados con seriedad, pero también con responsabilidad. PISA no debería convertirse en una herramienta para buscar culpables individuales. Los datos reflejan un desafío que involucra al Estado, las autoridades educativas, las instituciones, los docentes, los estudiantes, las familias y a la sociedad en su conjunto.

El reto, por tanto, no consiste únicamente en mejorar una posición en un ranking internacional. Se trata de lograr que más estudiantes desarrollen las competencias fundamentales que necesitan para comprender lo que leen, resolver problemas matemáticos, interpretar información científica y aplicar sus conocimientos a situaciones concretas.

Los resultados de PISA deben servir como una señal de alerta, pero, sobre todo, como una oportunidad para identificar las causas de estas dificultades y construir políticas educativas sostenibles que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes ecuatorianos.

Datos importantes de esta evaluación:

Los resultados de PISA muestran que el 86% de los estudiantes ecuatorianos considera que sus profesores se interesan por su aprendizaje, el 80% afirma continúan explicando hasta que comprenden y el 85% señala recibir ayuda adicional cuando la necesita. Además, el 80% de los estudiantes demuestra curiosidad por aprender, por encima del promedio internacional del 73%.

Al mismo tiempo, existen condiciones que dificultan el aprendizaje: el 51% reporta falta de materiales educativos, el 47% problemas de infraestructura y el 27% interrupciones por ruido y desorden. A esto se suma la influencia del nivel socioeconómico, pues los estudiantes con mayores recursos obtuvieron mejores resultados.

Otro aspecto relevante es el uso de la inteligencia artificial. El 52% de los estudiantes la utiliza para sus tareas. Los datos muestran una diferencia según su uso: quienes la emplean para comprender y aprender alcanzaron mejores resultados que quienes la utilizan para que realice las tareas por ellos.

Estos resultados evidencian que mejorar la educación requiere mirar el conjunto de factores que intervienen en el aprendizaje: condiciones económicas, infraestructura, recursos, acompañamiento docente y nuevas tecnologías. También es necesario considerar la situación profesional del magisterio, donde muchos docentes llevan años sin poder ascender de categoría y existen autoridades educativas que desempeñan funciones directivas sin una remuneración adicional.

El informe PISA plantea, además, que los gobiernos y autoridades educativas construyan planes de mejora escuchando a toda la comunidad educativa. La discusión no debería centrarse en buscar culpables, sino en identificar las condiciones que deben cambiar para mejorar los aprendizajes.

¿Qué debemos hacer? 

  1. El Estado debe convertir la educación en una política nacional de largo plazo.

La educación necesita estabilidad, continuidad y una visión que trascienda los gobiernos de turno. Ecuador debe garantizar financiamiento suficiente y eficiente, priorizando infraestructura, bibliotecas, laboratorios, conectividad, equipamiento tecnológico y contratación de docentes donde exista déficit. La Constitución establece, en su disposición transitoria decimoctava, incrementos progresivos de recursos para educación hasta alcanzar al menos el 6% del PIB para educación inicial, básica y bachillerato.

Pero invertir más no basta: hay que invertir mejor. Se requiere un sistema nacional de evaluación que mida periódicamente aprendizajes en lectura, escritura, matemáticas y ciencias y permita corregir rápidamente las deficiencias. Los cargos directivos deben responder a criterios de mérito, formación, liderazgo y resultados, no a afinidades políticas. Asimismo, es necesario revisar las normas educativas para recuperar una cultura de esfuerzo, asistencia, responsabilidad, evaluación y exigencia académica, sin sacrificar la inclusión.

  1. El docente debe volver a concentrarse en enseñar.

Ningún sistema educativo puede ser de excelencia si no cuenta con maestros preparados, motivados, respetados y con un salario digno. Es indispensable reducir la carga administrativa innecesaria y fortalecer la formación inicial y la capacitación permanente, especialmente en didáctica de matemáticas, lectura, ciencias, evaluación y herramientas digitales.

La OCDE destaca que los docentes necesitan no solamente conocimiento de su asignatura, sino capacidades prácticas para explicar con claridad, gestionar el aula, mantener la motivación y ofrecer retroalimentación. La tecnología y la inteligencia artificial deben ser instrumentos al servicio del aprendizaje, no sustitutos del razonamiento del estudiante.

  1. La familia debe asumir que educar es una responsabilidad compartida.

Los padres no pueden delegar completamente la formación a la escuela. Es necesario establecer horarios de estudio, fomentar la lectura, controlar el uso de celulares y redes sociales, garantizar descanso adecuado, alimentación saludable y actividad física, y conversar regularmente con los hijos sobre su rendimiento y comportamiento. PISA muestra que solo el 60% de los estudiantes ecuatorianos reportó que sus padres o representantes les preguntan semanalmente qué hicieron en la escuela.

La familia debe recuperar su papel como primera escuela: enseñar responsabilidad, disciplina, honestidad, respeto, perseverancia y valoración del conocimiento. Mucho ayuda que los padres entiendan a la educación de sus hijos como un proceso y que garanticen un muy buen clima familiar.

  1. El estudiante debe asumir un papel activo.

Una educación de calidad también exige esfuerzo personal. Los jóvenes necesitan desarrollar hábitos de lectura, estudio, puntualidad, asistencia y organización del tiempo. PISA encontró que solamente alrededor del 44% de los estudiantes ecuatorianos afirma planificar frecuentemente su manera de estudiar y que solo el 49% presenta una mentalidad de crecimiento, frente al 69% de promedio OCDE.

No se trata de regresar a una educación basada exclusivamente en memorización, sino de combinar conocimientos sólidos con pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, comunicación, trabajo en equipo y capacidad para aprender durante toda la vida.

 

 

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CITACIÓN A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO QUE SE CREAN CON DERECHO A LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA(S) FUENTE(S) CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA UBICADA EN CAP-VZ4, PARROQUIA NUEVO QUITO, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL AGUA SERÁ UTILIZADA PARA USO Y/O APROVECHAMIENTO MINERÍA.

ACTOR(ES): AURELIANMENOR S.A.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, DIRECCIÓN ZONAL 10.

Proceso Administrativo Nro DZ10-DZ10-2026-00031-AA. Fecha 15-07-2026 A las 10:20.

VISTOS: Avoco conocimiento del presente trámite administrativo en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado. Ministerio de Ambiente y Energía.

En lo principal: Agréguese al expediente los documentos referentes a la Solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua, presentada por AURELIANMENOR S.A. de 2026-07-15 10:20:05.198, en el mismo que solicita la Autorización de aprovechamiento de agua de MINERÍA, provenientes de la fuente, CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA ubicada en CAP-VZ4,

parroquia NUEVO QUITO, cantón PAQUISHA, provincia de ZAMORA CHINCHIPE. Con estos antecedentes en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentradose DISPONE:

1.- Aceptar a trámite la solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua MINERÍA, por haberse emitido el Certificado de Disponibilidad de Agua – CDA, en cumplimiento con Art. 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua y en concordancia con el Art. 107 del Reglamento General Aplicación a la ley, por lo expuesto se dispone el cumplimiento de las siguientes diligencias.

2.-Notifíquese a los señores MARIA AGUSTINA KITIAR TSASAM,JOSE DOMINGO GUALAN ABRIGO,PEDRO FRANCISCO CANGO,ENRIQUE GUALAN

GUALAN,GUILMER MEDARDO ESPINOSA GONZALEZ, en su domicilio señalado en la petición inicial; y a los usuarios desconocidos y presuntos mediante la fijación de carteles que contendrán un extracto de la solicitud y ésta providencia, los que permanecerán expuestos por diez días consecutivos en los parajes más concurridos CAP-VZ4 – NUEVO QUITO – PAQUISHA– ZAMORA CHINCHIPE, mediante comisión que le imparte al señor Teniente Político de la parroquia NUEVO QUITO, anunciar por la prensa tres publicaciones consecutivas.

3.- Finalizado el plazo de publicidad, se contarán diez días para que se puedan presentar

 

adhesiones, oposiciones o proyectos alternativos en sobre cerrado, cumpliendo los mismos requisitos fijados en el numeral 1 del Art. 107 (procedimiento general).

4.- En caso de que el administrado no cumpla con lo dispuesto, esta Administración actuará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 212 del Código Orgánico Administrativo. 5.- Luego de cumplidas estas diligencias se designará un analista técnico/perito, quien realizará la inspección de rigor y emitirá su informe en atención a lo solicitado.

6.- Téngase en cuenta Casillero Judicial 0 , correo electrónico daniela.alvear@lundingold.com señalados para posteriores notificaciones y la autorización conferida a su abogado defensor de ser el caso AURELIANMENOR S.A. NOTIFIQUESE.-

DIRECTOR/A ZONAL DIRECCIÓN ZONAL 10

 BYRON STALIN MEDINA PACHECO

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Cooperativa Unión Yantzaza fortalece la capacitación de su personal y anuncia renovación de unidades

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Mediante una rueda de prensa realizada el miércoles 16 de septiembre en el cantón Yantzaza, representantes de la Cooperativa Unión Yantzaza informaron sobre los procesos de capacitación dirigidos al personal administrativo y sobre los principales proyectos orientados a fortalecer la calidad, la seguridad y la tecnología de sus servicios de transporte.

La jornada estuvo encabezada por Yajaira Medina, presidenta de la Cooperativa Unión Yantzaza; José Luis Medina, gerente de la institución; y Carlos Cabrera, vicepresidente. Durante el encuentro se destacó la culminación de una capacitación planificada para el personal administrativo y de oficina, con énfasis en la atención al usuario, la calidad del servicio y el trato cordial.

Yajaira Medina señaló que el personal de atención constituye la carta de presentación de la cooperativa ante sus usuarios, por lo que consideró fundamental fortalecer sus conocimientos y capacidades. Asimismo, destacó su presencia como primera mujer en ocupar la presidencia de la Cooperativa Unión Yantzaza, expresando su expectativa de que más mujeres se incorporen a espacios de representación y liderazgo dentro de la organización.

Por su parte, el gerente José Luis Medina explicó que la capacitación responde a los requerimientos actuales de la cooperativa y forma parte de un proceso encaminado a brindar servicios con mayor eficiencia, calidad, calidez y cortesía.

Entre los principales anuncios consta la incorporación de aproximadamente 15 nuevas unidades modelo 2026, destinadas a fortalecer el segundo grupo de trabajo. Según lo informado, la nueva flota está prevista para incorporarse hasta noviembre de 2026, fecha en la que se realizaría su presentación ante la ciudadanía.

Medina también anunció la implementación de internet satelital en sus unidades, una solicitud presentada por los usuarios que permitirá mantener conexión durante los recorridos. Esta tecnología ya se encuentra incorporada en unidades del primer grupo, correspondiente a frecuencias de larga distancia hacia Quito, mientras se prevé su ampliación progresiva al segundo grupo.

Actualmente, la Cooperativa Unión Yantzaza cuenta con 57 socios y opera mediante tres grupos de trabajo, con servicios de transporte a nivel nacional y atención de rutas intracantonales. El tercer grupo comprende las denominadas “rancheras”, modalidad que también se encuentra en proceso de fortalecimiento.

José Luis Medina manifestó que la institución analiza nuevos proyectos y frecuencias para atender sectores que requieren mayor cobertura dentro del país. Además, destacó que las mejoras en la vialidad y la renovación de infraestructura vial constituyen factores que pueden contribuir al fortalecimiento de los servicios de transporte.

Los representantes de la cooperativa señalaron que las acciones emprendidas buscan responder a las necesidades planteadas por los usuarios, priorizando seguridad, confort, tecnología y calidad en la prestación del servicio, como parte de un proceso de modernización institucional.

Medina gerente de la Cooperativa Unión Yantzaza reiteró su compromiso de continuar trabajando en la renovación de sus unidades y en la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, con el propósito de fortalecer su servicio y mantener su presencia en las rutas nacionales e intracantonales.

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