Nacionales
La histórica sentencia contra Ecuador por los pueblos Tagaeri y Taromenane
Aunque muchos han negado su existencia y otros los han minimizado sobreponiendo los intereses extractivos, ellos están ahí. No se sabe cuántos miembros quedan de los clanes Tagaeri y Taromenane en la Amazonía ecuatoriana, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de emitir una sentencia histórica que condena al Estado como responsable de varias masacres y lo obliga a tomar medidas de protección y reparación.
El fallo internacional podría suponer obstáculos para los intereses petroleros. Entre las obligaciones que tiene Ecuador, la Corte IDH pidió que cumpla inmediatamente con el cierre del Bloque 43 ITT, que se asentó dentro del Parque Nacional Yasuní y la Zona Intangible Tagaeri Taromenene (ZITT). El cierre del Bloque ya se decidió en una consulta popular de 2023, pero el gobierno planificó un plazo de cinco años para terminar con la operación petrolera en esa zona, argumentando pérdidas por 2.500 millones de dólares. La sentencia lo obliga a pisar el acelerador.
De momento, Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani (Nawe), dice que están trabajando en un programa de socialización para dar a conocer la sentencia en las comunidades para luego exigir al Estado que la cumpla. Recuerda que los pueblos indígenas dependen del territorio y afirma que los waos son los primeros interesados en la supervivencia de los pueblos no contactados porque son los ‘guardianes de la selva’.
Pero, ¿cuál es el fondo del fallo y qué pasa con los “no contactados”?
LAS MATANZAS Y LA DEMANDA
Todo empezó con la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana en la década del 1950. Waoranis, Tagaeris y Taromenes provienen de un mismo tronco familiar. Hablan el mismo idioma. Pero cuando llegó el petróleo, los Tagaeri Taromenane no aceptaron el contacto y se asilaron. Detrás de los petroleros entraron los madereros ilegales, y detrás, los colonos. Desde entonces hubo un sinnúmero de encuentros violentos. Unos por buscar las riquezas de la selva. Otros por defender lo que consideran su territorio ancestral. En el medio quedaron los waoranis, entre su vida en la selva y la influencia de occidente.
La demanda contra el estado ecuatoriano surge a partir de una matanza en 2003, en la que murieron una veintena de Taromenanes en la zona del Tigüino. Luego de eso, en 2005 y 2006 se registraron enfrentamientos violentos que acabaron con la vida de madereros ilegales y miembros de pueblos en aislamiento. Eso motivó que, en 2006, un grupo de activistas acudiera a la Corte IDH para pedir medidas cautelares que protejan la vida de los pueblos en aislamiento.
A pesar de las medidas cautelares, en 2008 y 2009 hubo otros enfrentamientos mortales, más otra matanza en 2013. En todas estas ocasiones el Estado fue incapaz de actuar, mientras avanzan las fronteras extractivas.
“La sentencia hace mucho énfasis en la autodeterminación de los pueblos indígenas, el principio de no contacto que garantiza la obligación que tienen los estados y todas las personas de respetar la voluntad de los pueblos de permanecer en aislamiento”, explica Mario Melo, procurador común de la demanda.
Es decir, obliga al Estado a restringir cualquier actividad que perturbe la voluntad de no contacto. Para ello, se deben implementar medidas administrativas, legislativas o de cualquier otro índole. También exige reparaciones para dos niñas Taromenane que sobrevivieron a una masacre. Ahora una de ellas ya es mayor de edad y otra es adolescente. Las dos viven en distintas comunidades waoranis.
Adicional a ello, la sentencia exige que el Estado cree una comisión con la sociedad civil para revisar los límites de la Zona Intangible y ampliarla, si es necesario, de acuerdo a la movilidad de los pueblos aislados.
LOS PUEBLOS AISLADOS Y LA ZONA INTANGIBLE
En 1997 se creó por decreto la Zona Intangible, pero no fue hasta 2007 cuando se fijaron sus límites. Se supone que, en esa zona de 800 mil hectáreas, que se encuentra en parte de las provincias de Orellana y Pastaza, se movilizan los pueblos en aislamiento. No obstante, los encuentros violentos se han dado fuera de la Zona Intangible.
Por ejemplo, un maderero fue asesinado por miembros de pueblos aislados en el Campo Armadillo, en 2008. En esa ocasión una funcionaria de Estado se atrevió a cuestionar “Cómo esa gente se había salido de ahí”, como que los ‘no contactados’ entendieran de mapas dibujados por burócratas. En 2013, los Taromenane mataron a los ancianos Ompure y Buganey en Yarentaro, cerca del Bloque 16. Y eso desató una matanza que el Estado debía prever y evitar.
De hecho, en la demanda se presentaron alegatos sobre avistamientos de estos pueblos fuera de la Zona Intangible. Por eso, uno de los puntos fundamentales de la sentencia de la Corte IDH es que el Estado debe crear una Comisión con miembros de la sociedad civil y pueblos indígenas para evaluar los límites de la Zona Intangible.
“Las medidas de protección de los territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) deben ser dinámicas y contemplar la posibilidad de ampliación, en respeto con las características culturales y de movilidad de los pueblos y con el fin de evitar una mayor conflictividad”, dice la sentencia. Es decir, la ampliación de la Zona Intangible lo deja solo como una posibilidad.
Pero a criterio de David Suárez, quien ha trabajado en varias ONG y es experto en PIAV, el fallo tiene algunos vacíos que dejarán a merced de la voluntad política el cumplimiento de la sentencia. “Lo que podía hacer la Corte es decir que la Zona Intangible es insuficiente para la protección de la movilidad de estos pueblos y ser más categórica en la necesidad de una ampliación de ese territorio, pero dice que se podría ampliar, cuando está demostrado que los pueblos en aislamiento se mueven también por fuera de esos límites”, cuestiona Suárez.
Considera que la demanda se centró mucho en el Bloque 43 del ITT, pero dejó por fuera puntos como el Campo Armadillo, donde se han presentado encuentros violentos. Por eso cree que todo dependerá si los gobiernos que aplican la sentencia estén más preocupados en los derechos de los pueblos indígenas o en los planos extractivos. Otro punto flaco de la sentencia, dice, es que, si bien condena al Estado por las masacres, lo hace de manera general, pues no determina las verdaderas responsabilidades del Estado, de sus instituciones o de terceros. De todos modos, dice que esto no quita el mérito de ser una sentencia que siente un precedente para todos los países de la región que tienen pueblos en aislamiento.
LOS ÚLTIMOS GUARDIANES DE LA SELVA
Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani (Nawe), celebra la decisión de la Corte IDH y dice que están trabajando para que todo el pueblo wao la conozca, para luego exigir que se cumpla. A pesar de que las matanzas se han dado entre waoranis y los clanes Tagaeri-Taromenane, dice que los waos comprenden que sus hermanos que prefirieron el aislamiento son los guardianes de la selva y hay que protegerlos. “Los pueblos indígenas vivimos y dependemos del territorio: allí tenemos nuestros alimentos y nuestra farmacia”. Lamenta que, en más de 60 años de explotación petrolera, los niveles de pobreza y las condiciones de vida siguen siendo deplorables en la Amazonía.
“El Estado solo ha dado importancia a la explotación petrolera, pero no a los derechos de los pueblos indígenas. El petróleo para unos ha significado beneficios, pero para otros solo problemas sociales, ambientales, cambio de cultura, idioma, y ha causado muertes”, lamenta Bay.
Las acciones del pueblo waorani serán fundamentales en el cumplimiento de la sentencia y la defensa de los pueblos aislados. De hecho, la Nawe ha comenzado a implementar protocolos en caso de que haya encuentros con los pueblos aislados. Son ellos quienes conocen cómo se comportan y cómo se mueven los por el territorio amazónico.
De hecho, los ancianos waoranis son quienes mantienen contacto con los pueblos aislados: sus hermanos, aunque también libran sus guerras ancestrales. En la matanza de 2013, se supone que los Taromenanes atacaron a los ancianos wao Ompore y Buganey y, represalia, los waos contratacaron.
Hay mil hipótesis sobre el ataque, pero el suceso dejó en evidencia que los Taromenane visitaban periódicamente a Ompore, le solicitaban ollas y machetes, y le pedían que mantuviera alejados a los extranjeros.
Por eso, se barajan varias hipótesis. Según una de ellas, lo mataron porque Ompore no les quiso regalar su escopeta. Otros dicen que le pedían más ollas y machetes, que él no podía abastecer. También, que Ompore y su hijo habrían matado a un taromenane. O que buscaban venganza contra otra persona, pero se cruzó Ompore en su camino.
Una de las versiones más polémicas es que en esos tiempos, avionetas habrían sobrevolado la zona y lanzado atunes, sardinas y otros alimentos, como a finales de 1950 cuando llegó el Instituto Lingüístico de Verano para convencerles del contacto. Algunos taromenane habrían ingerido esos enlatados, enfermado y muerto . Como sabían que Ompore tenía esas latas en su casa, buscaron venganza. La última hipótesis es que los no contactados estaban enojados por el ruido de los generadores de un pozo petrolero en el Bloque 16 y, como su único contacto era Ompore y no podía detener el ruido, lo mataron.
Todas estas posibilidades se discuten en el libro: “Una tragedia oculta” , de Miguel Ángel Cabo de Villa.
“Hoy el pueblo waorani quiere garantizar la vida de los pueblos en aislamiento como un pueblo, como una familia”, dice Bay. Ahora que hay una sentencia de la Corte IDH, ¿podrá el Estado evitar otra matanza u otra tragedia? Fuente: Vistazo
Nacionales
Toque de queda en cuatro provincias de Ecuador se aplicará desde el 17 al 30 de septiembre
Un nuevo toque de queda se aplicará en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, provincias afectadas por la violencia criminal en Ecuador, anunció este viernes, 11 de septiembre de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, mientras continúa vigente el estado de excepción.
El funcionario precisó que esta medida se aplicará desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026, en el horario comprendido entre las 00:00 y las 05:00.
El toque de queda «será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad. Esta medida responde a una necesidad concreta de seguridad», dijo Reimberg en su cuenta de X y advirtió que no habrá salvoconductos.
El anuncio se da un día después de que el presidente Daniel Noboa se reuniera con el Consejo de Seguridad para tratar nuevas acciones en contra de las organizaciones criminales en Ecuador.
Reimberg explicó que, durante ese tiempo, se intensificarán las operaciones «contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado».
Por ello, el ministro señaló que se ejecutarán operaciones que requieren que quienes residen en las provincias mencionadas permanezcan en sus domicilios durante las horas establecidas.
«No es una medida contra los ciudadanos»
Tras remarcar que no se entregarán salvoconductos de ningún tipo, Reimberg precisó que en estos horarios únicamente podrán circular personal de primera respuesta, personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia.
En cuanto a medios de comunicación, únicamente podrán realizar coberturas debidamente identificados y siempre acompañando a las fuerzas del orden.
«No es una medida contra los ciudadanos, es para protegerlos», acotó Reimberg, al apelar a la «colaboración y comprensión» de los ecuatorianos.
Se trata del segundo toque de queda que aplicará el Gobierno en estas provincias en lo que va del año, en donde ya se ejecutó esta medida en abril pasado.
«Sabemos que estas medidas pueden generar inconvenientes, pero hoy tenemos una prioridad: proteger la vida de los ciudadanos y recuperar la tranquilidad», insistió.
«A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: El Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobre todo, no habrá impunidad. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y objetivo final». John Reimberg, ministro del Interior
«Juntos, como Bloque de Seguridad: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerios del Interior y Defensa, así como nuestros aliados internacionales, vamos a ganar esta batalla», concluyó el Ministro.
La medida se anuncia dos días después de la visita a Ecuador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la cual ambos gobiernos anunciaron la continuidad de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado.
Esta no es la primera vez que el Gobierno de Daniel Noboa dispone un toque de queda focalizado y temporal. En mayo de 2026, la misma medida se aplicó en nueve provincias y cuatro cantones. En esa ocasión, la restricción incluyó a Quito.
Como parte de la política de seguridad, en julio pasado, el presidente Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, ofreciendo inmunidad a personal extranjero e indultos a policías, militares y civiles ecuatorianos.
A mediados de año también decretó un estado de excepción, que fue renovado el 14 de agosto y está vigente por 30 días desde esa fecha. Fuente: Vistazo
Nacionales
A 25 años del 11-S: Las 10 transformaciones que reescribieron la seguridad mundial y su huella en Ecuador
¿Cuántas veces ha tenido que quitarse los zapatos al pasar los filtros de seguridad de un aeropuerto? Eso sucede porque desde el martes 11 de septiembre de 2001, todo cambió. “Gran parte de nuestra realidad actual se deriva directamente del 11-S”, lo recuerda Charles Homans, reportero político de The Times Magazine.
La reconfiguración de la seguridad que siguió a esos atentados no se detuvo en las fronteras de los Estados Unidos: sus efectos llegaron también a Ecuador y al resto de América Latina, donde se combinaron con problemas de seguridad, migración y narcotráfico ya existentes en la región.
A continuación, un repaso de 10 de las transformaciones globales que se desprendieron del 11-S y su vínculo en la realidad nacional y regional.
Estados Unidos reestructuró su seguridad interior en 2002 con la creación del Department of Homeland Security y la figura del Director of National Intelligence, en un esfuerzo por coordinar a sus agencias de inteligencia y evitar fallas como las que precedieron a los atentados.
- Repercusión en la región: La centralización se tradujo en un intercambio de inteligencia más estrecho y en la cooperación directa de agencias como la DEA y la CIA con los países andinos, incluido Ecuador, en el combate al narcotráfico y el control fronterizo
2. La «Guerra contra el Terrorismo»: Afganistán e Irak
Bajo la presidencia de George W. Bush, Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 e Irak en 2003, y reorientó su política de seguridad nacional hacia la lucha antiterrorista durante las dos décadas siguientes.
- Repercusión en la región: Ese marco doctrinal —la «guerra contra el terror»— se trasladó al Plan Colombia, que dejó de ser una iniciativa antidrogas para convertirse en un respaldo militar directo contra organizaciones catalogadas como «narcoterroristas», entre ellas las FARC.
3. Expansión de la vigilancia masiva y el Patriot Act
El Congreso estadounidense aprobó el Patriot Act semanas después de los atentados, ampliando las facultades de vigilancia electrónica, intervención de comunicaciones e interceptación financiera del Estado.
- Repercusión en la región: Las nuevas reglas contra el lavado de activos -protocolos de «conozca a su cliente» y reportes obligatorios de transacciones sospechosas- encarecieron el envío de remesas hacia economías dolarizadas como la nuestra, una fuente de ingresos de la que dependen muchos miles de hogares.
4. El nuevo estándar de seguridad aeroportuaria (TSA)
En 2001 se creó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que impuso controles más exhaustivos, entre otros: revisión estricta de equipajes, restricciones a líquidos y escáneres corporales antes de cada vuelo.
- Repercusión en la región: Los controles migratorios y biométricos para viajar a Estados Unidos se volvieron más rigurosos, lo que modificó los trámites de visado e incentivó rutas migratorias ilegales para la diáspora ecuatoriana hacia ese país.
5. Guantánamo y el debate sobre «combatientes enemigos»
Estados Unidos abrió en enero de 2002 la prisión de la base naval de Guantánamo y creó la categoría legal de «combatiente enemigo» para detener sin cargos ni plazos definidos a sospechosos de terrorismo, originando tensión con el derecho internacional humanitario.
- Repercusión en la región: El precedente sirvió de referencia para que distintos gobiernos latinoamericanos usaran marcos legales de corte «antiterrorista» en la criminalización de la protesta social. Sucedió en el Ecuador y en países vecinos con la movilización indígena y sindical, siempre bajo el argumento de una amenaza a la seguridad del Estado.
6. Endurecimiento migratorio y blindaje fronterizo
La seguridad en fronteras pasó de ser un asunto aduanero a una cuestión de seguridad nacional, con bases de datos biométricas compartidas entre agencias y perfilamiento de viajeros.
- Repercusión en la región: En la región aparecieron políticas como la «seguridad democrática» de Colombia, que redefinió el conflicto interno bajo la clave del terrorismo y coincidió con un incremento de la asistencia militar de Washington: de un promedio de 260 millones de dólares anuales subió a 400 millones entre 2001 y 2016.
7. La primera invocación del Artículo 5 de la OTAN
El 12 de septiembre de 2001, la Organización del Tratado del Atlántico Norte invocó por primera vez en su historia la cláusula de defensa colectiva escrita en el Artículo 5, que llevó a varios de sus miembros a sumarse a la campaña militar en Afganistán.
- Repercusión en la región: La misma lógica de cooperación militar con Washington tuvo su expresión local en la base de Manta, un Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL) para el monitoreo antinarcóticos. Su cierre en 2009 quedó consagrado en la Constitución de Montecristi, que prohibió expresamente las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
8. Estigmatización, sentimiento antimusulmán y securitización global
Los atentados motivaron la vigilancia diferenciada por origen, raza y religión, particularmente hacia comunidades musulmanas y de Medio Oriente, en aeropuertos, fronteras y sistemas financieros de Estados Unidos y Europa.
- Repercusión en la región: La misma lógica de perfilamiento se extendió a los migrantes latinoamericanos y a sus remesas dentro de los sistemas financiero y migratorio.
9. La modernización de la inteligencia estadounidense (DNI y NCTC)
Las fallas de coordinación identificadas tras el 11-S llevaron a la creación en 2004 del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC) y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que centralizaron la recopilación de datos entre agencias.
- Repercusión en la región: El Comando Sur (SOUTHCOM) ganó peso como actor en la formulación de políticas de defensa para los países andinos y en la vigilancia de la frontera norte de Ecuador frente a riesgos transnacionales.
10. El actual debate sobre bases extranjeras
Veinticinco años después, la discusión sobre la presencia militar extranjera en el Ecuador ha vuelto al centro de la agenda nacional.
- Repercusión en la región y Ecuador: El 16 de noviembre de 2025, casi 14 millones de ecuatorianos rechazaron, con el 61% de votos, la eliminación de la prohibición constitucional a las bases militares extranjeras vigente desde 2008. A 25 años del 11-S, ese resultado confirma que la tensión entre soberanía y cooperación militar con Washington -uno de los legados de aquel día- sigue sin resolverse en el Ecuador. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fenómeno de El Niño amenaza con provocar pérdidas millonarias al sector productivo de Ecuador: ¿Cuánto podrían perder las empresas y cómo prepararse?
El costo de un evento climático extremo como el de un fenómeno de El Niño no se mide únicamente en infraestructura destruida, en vidas y capital social amenazado, sino en los días en que los negocios dejan de operar y vender, en un potencial impacto económico para Ecuador.
En el devastador El Niño 1997-1998 (que según las autoridades registra similitudes de calentamiento oceánico al evento actual de 2026, a la espera de un acoplamiento atmosférico pleno) el sector productivo absorbió 52,8% de las pérdidas nacionales, de un total de USD 2.869 millones.
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Ante este escenario, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), en alianza con la Cámara de la Construcción de Guayaquil, realizó el encuentro ‘El Niño 360°: Anticiparse es la mejor estrategia’, a inicios de septiembre de 2026.
La jornada reunió a oceanógrafos, académicos y representantes del sector empresarial con el objetivo de dotar al sector productivo de herramientas técnicas para anticipar riesgos, fortalecer la resiliencia operativa y estructurar planes de contingencia frente a la amenaza de El Niño 2026-2027.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los principales centros internacionales prevén que El Niño continúe fortaleciéndose durante los próximos meses, con “posibilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte a finales de 2026”. El climax del evento podría registrarse entre octubre y diciembre.
Los paralelos con la factura económica de 1997-1998
Los impactos del evento 97-98 representaron el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador. Los sectores productivos -agricultura, ganadería, pesca, industria, comercio y turismo- concentraron la mayor tajada de la destrucción, acumulando USD 1.515 millones, el 52,8% de las pérdidas totales.
- La oceanógrafa Maria del Pilar Cornejo, docente e investigadora de la Espol, expuso durante su ponencia que en un escenario optimista basado en eventos históricos, el porcentaje estimado de pérdida para Ecuador sería del 9% al 12% del PIB, entre USD 9.600 millones a USD 14.000 millones. El tiempo de recuperación sería de 2 a 3 años.
- En un escenario severo o pesimista el porcentaje estimado de pérdidas podría alcanzar del 15% al 20%, aproximadamente entre USD 18.000 a USD 24.000 millones, con un tiempo estimado de recuperación de más de 5 años, dijo.
Vista general del desarrollo del foro “El Niño 360°: Anticiparse es la mejor estrategia”, organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), en un hotel del norte de Guayaquil, el jueves 10 de septiembre de 2026.PRIMICIAS
En 97-98 por cada dólar de daño material directo por El Niño, el Ecuador experimentó unos USD 2,66 en pérdidas indirectas o ingresos no percibidos por lucro cesante, de acuerdo a los datos del Plan de Acción Nacional ante el Evento El Niño 2026-2027, de la Secretaría de Gestión de Riesgos.
El economista Daniel Lemus, académico y director del Centro de Políticas Públicas de la Espol, enfatizó que, históricamente, el mayor impacto económico de un desastre para las empresas no proviene de la destrucción física de infraestructura, sino del lucro cesante y los sobrecostos operativos.
Lemus dijo que mientras en el terremoto de 2016 la parálisis operativa y los gastos adicionales para mantener la operación representaron la mitad de las pérdidas para empresas ubicadas en 10 cantones afectados por el sismo, en El Niño de 97-98 alcanzó las tres cuartas partes (75%) del impacto total.
Lemus indicó que en este tipo de emergencias los recursos públicos se priorizan en atención sanitaria y en la emergencia humanitaria, y la asistencia financiera para el sector productivo suele llegar con retrasos frente a las urgencias de caja de las empresas.
«No esperemos tanto del Estado (…) no porque no tenga una obligación, sino porque la ayuda no necesariamente va a llegar acorde con los flujos y tiempos de la empresa». Daniel Lemus, director del Centro de Políticas Públicas de la Espol.
El economista recomendó a las organizaciones seguir cinco pasos para diagnosticar sus riesgos, proteger su flujo de caja y asegurar su continuidad en un potencial impacto «muy fuerte» de El Niño.
Una grúa transporta un vehículo liviano en un tramo inundado de la vía Jujan-Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, el 27 de febrero del 2025.API
1.- Identificar los rubros críticos y asignar un área responsable:
- El riesgo debe gestionarse repartiendo responsabilidades dentro del organigrama de la empresa, en el diagnóstico. El área comercial debe calcular el impacto de potenciales días sin producción e incumplimiento de contratos por falta de insumos o de personal en medio de un posible escenario de lluvias e inundaciones prolongadas; Operaciones debe prever el alza en insumos y fletes; Finanzas debe velar por el capital de trabajo y la cartera castigada; Mantenimiento debe proteger la planta y equipos; y Compras/Logística debe diagnosticar las vulnerabilidades de los proveedores y determinar vías alternas de provisión si se interrumpen las carreteras habituales.
2.- Ubicar la empresa y su entorno en el mapa de exposición:
- No basta con evaluar el terreno de la fábrica. Mediante herramientas oficiales como el visualizador Alístate Ecuador de la SNGR, las empresas deberían mapear el riesgo de bodegas y plantas, las rutas terrestres hacia los puertos de exportación -por ejemplo-, la ubicación de sus distribuidores y la posición geográfica de sus proveedores clave. Si un insumo proviene de una zona de alta susceptibilidad a inundaciones o deslaves, la operación corre peligro.
3.- Medir los tiempos de resistencia y de recuperación:
- Frente a cada punto crítico identificado en el mapa, la gerencia debe responder dos preguntas esenciales: ¿Cuántos días puede resistir la empresa si ese proveedor o vía colapsa? y ¿Cuántos días tomará restablecer completamente la operación ante este tipo de contingencias?.
4.- Costear el día de interrupción y calcular la pérdida esperada:
- Ponerle un valor monetario exacto a cada día de parálisis permite calcular la «pérdida esperada». Con este número en mano, la gerencia o directiva puede decidir con criterio si el costo de una obra de mitigación privada (como un muro), el pago de una prima de seguro (tardío para el actual Niño), la búsqueda de una nueva ruta/fuente de abastecimiento o la contratación de un generador eléctrico resultan justificables. Si cerrar la brecha cuesta mucho menos que la pérdida esperada de dejar paralizada la empresa, la inversión se justifica plenamente, dijo Lemus.
5.- Decidir la estrategia de gestión ante cada riesgo:
- La empresa debe determinar si va a evitar, reducir, transferir o retener cada riesgo. Entre las acciones recomendadas antes del inicio de las lluvias constan: elevar o trasladar inventarios y maquinaria a cotas altas, adelantar cosechas y despachos, limpiar canales, probar generadores, reforzar muros de contención, fijar por escrito los disparadores de emergencia para activar las medidas y auditar las pólizas de seguro vigentes para verificar si cubren lucro cesante.
- Lemus dice que el objetivo principal de las empresas debe ser proteger el flujo de caja por lo que recomienda asegurar un «colchón» financiero para al menos 90 días, ya sea mediante reservas propias o la negociación de líneas de crédito antes de que inicie una potencial emergencia.
Además de El Niño está el problema de generación eléctrica
Pilar Cornejo, quien fue la primera Secretaria Nacional de Riesgo de Ecuador, advirtió sobre las contingencias paralelas que podrían afectar al sector productivo, destacando la vulnerabilidad en el suministro eléctrico y el déficit de generación.
Señaló que mensajes oficiales como el del autoabastecimiento energético para industrias constituyen señales de que la infraestructura podría enfrentar problemas para operar a plena eficiencia, teniendo en cuenta que El Niño genera sequías en la Amazonía y el Austro, donde se ubican las mayores hidroeléctricas de Ecuador.
«Además de El Niño, tenemos el problema de la generación eléctrica (…) Hay que crear escenarios de cuánto me cuesta invertir como empresa versus cuánto voy a perder».
Pilar Cornejo, experta en gestión del riesgo y desastres de la Espol.
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