Fuertes intercambios se registraron este miércoles en la Asamblea Nacional entre la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC), con respecto al reciente fallo del caso Chevron y la explosión de un artefacto en la Bahía de Guayaquil, el pasado 3 de junio.

El asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) afirmó que la Revolución Ciudadana es la principal responsable del reciente laudo arbitral que obliga al Estado ecuatoriano a pagar USD 220 millones a Chevron.

Según el legislador, las actuaciones del correísmo en el proceso judicial vinculado al caso habrían derivado en que el tribunal internacional sancione económicamente al país.

Ordóñez aseguró que entre la década de los 70 y los 90 existió contaminación ambiental en la Amazonía por operaciones conjuntas entre Texaco y el Estado, pero que posteriormente se certificó que la petrolera había cumplido los procesos de remediación.

Según su versión, cuando el correísmo llegó al poder “vio la oportunidad de un juicio millonario” basado en una “narrativa populista”, y habría impulsado un proceso judicial plagado de irregularidades, entre ellas sentencias “fabricadas” y peritajes “amañados”.

El legislador sostuvo que, inicialmente, Ecuador pudo haber enfrentado una condena superior a los USD 3.000 millones, y que solo tras años de defensa se logró reducir la sanción al valor actual.

Afirmó que, aunque el monto es menor, continúa siendo “una carga que todos los ecuatorianos deberán pagar”.

Poro otro lado, el jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, volvió a elevar cuestionamientos —antes difundidos por su organización política— sobre la explosión en junio del 2025 de un artefacto en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho, en la Bahía de Guayaquil,, calificando el hecho como un “autoatentado”.

El legislador mencionó nuevamente el denominado “Caso Porsche”, asegurando que el vehículo involucrado estaría vinculado a la familia del mandatario, reiterando que fue observado a las afueras de la vivienda de uno de los sospechosos, en el sur de la ciudad portuaria.

“Fiscalía, una institución secuestrada por la función ejecutiva, no ha iniciado la investigación presentada el 15 de octubre de 2025”, afirmó. “Ese Porsche llegó a la casa de un terrorista. Ese Porsche pertenece a Industrial Molinera, es decir, a la familia del presidente”, dijo González. Fuente: Vistazo

Ha pasado un año y nadie sabe o se atreve a decir la verdad completa. Hay versiones a medias y versiones contradictorias. Ninguno de los cuatro chicos de Las Malvinas está aquí para contar cómo, después de un partido de fútbol entre amigos, la noche del 8 de diciembre de 2024, fueron detenidos por una patrulla militar en Guayaquil. Los militares los golpearon, los torturaron y los abandonaron a su suerte en un lugar rural de Taura, heridos y desnudos. Josué, Ismael, Nehemías y Steven no vivieron para contarlo, pero esto se demostró en las audiencias del caso “Malvinas”. Hay videos grabados por los propios militares que lo corroboran.

Tres semanas después de la desaparición, sus cuerpos fueron hallados: calcinados, cercenados, sin órganos. ¿Quién se hace responsable? Las familias piden justicia y ruegan para que ningún padre o madre tenga que vivir la angustia de la que han sido víctimas, mucho menos la indolencia del Estado que no les dio respuestas a tiempo.

Durante la primera semana de la desaparición, aunque los padres ya estaban en contacto con agentes de la Unase, para investigar el hecho, nadie les confirmó que los militares se habían llevado a sus hijos. Entre el 14 y el 17 de diciembre el caso saltó a la prensa: se hablaba de que sujetos vestidos de militares secuestraron a los chicos, lo que se confirmó por esos mismos días, cuando se filtraron los videos de las cámaras de seguridad, en las que se veía como los militares subían a Josué, Ismael, Nehemías y Steven a dos camionetas.

Mientras tanto, los militares implicados ya habían organizado un chat grupal al día siguiente para acordar una sola versión. En las audiencias, el sargento Nelson S. Z. indicó que el 10 de diciembre del 2024, dos días después de la desaparición, el subteniente John Henry Z. E., a cargo de las patrullas, contó que un general y tres coroneles le ordenaron borrar un video con agresiones “porque el caso sería todavía más polémico de lo que ya era”.

Para el 19 de diciembre, con toda la presión encima, FF.AA. emitió un comunicado en el que decía que colaboraría con todas las investigaciones. No reconocía que los militares se llevaron a los chicos. Para el 21 de diciembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, emitió un mensaje: responsabilizaba a grupos criminales de la desaparición y decía que querer responsabilizar a las FF.AA. por una supuesta desaparición forzada era hacerle el juego al crimen organizado.

Pero no era supuesta: fue una desaparición forzada y así lo determinó Fiscalía en su acusación. De hecho, el lunes 8 de diciembre, el Ministerio Público pidió 34 años de prisión para algunos de los 17 militares implicados.

Previamente, el soldado Álex Xavier Q. A., quien se sometió al procedimiento de cooperación eficaz, pidió disculpas a las familias de los chicos y aceptó haber encubierto información por temor a represalias de sus superiores.

No obstante, otros procesados mantienen la versión de que arrestaron a los chicos porque les proporcionaron información de que habían sido partícipes de un robo, y que no los agredieron y los liberaron sanos y salvos.

Con estas versiones a medias y contradictorias, dependerá del tribunal a cargo del caso, esclarecer la verdad en función de las pruebas presentadas. La Fiscalía no ha encontrado ningún indicio de que los menores hayan cometido un acto ilícito, según comentó Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas. Es más, Moisés L., uno de los cuatro soldados que cooperaron con la justicia, aseguró que un vendedor de agua les dijo que eran otras personas las que estaban asaltando.

En lo que coinciden todos los militares es que dejaron a los chicos, sanos o golpeados. Nadie sabe qué pasó después: hay una investigación a parte por ese caso y se presume que una banda los asesinó.

“Ellos (los militares) sabían que era un sector de alta conflictividad inclusive en el juicio se mencionó a un reconocido Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), que opera en ese sector, por lo que el ‘sanos y salvos’ no se cumplió”, subrayó Aguirre al cuestionar que las patrullas dejaran abandonados a los chicos a su suerte en Taura.

Tras la conmoción que generó el caso, la primera defensa de los militares aseguraba en varias entrevistas que los implicados colaboraron desde el principio de las investigaciones. Sin embargo, el proceso judicial ha evidenciado lo contrario.

Por ejemplo, un oficial ordenó a los soldados que eliminaran videos comprometedores, pero uno de ellos ya había enviado un clip a su hermana porque “las cosas se estaban saliendo de control”. Ese material luego se convirtió en una de las piezas clave, ya que en el video se escuchan frases como “ya llegamos al lugar donde van a morir” o “agradece que no te disparo”.

Así mismo, los 16 implicados tenían un chat para coordinar su defensa e incluso hubo discordia entre los integrantes del grupo por la información que iban a dar en primera instancia. Durante el juicio el soldado Christian A., el último cooperador eficaz que rindió versión, también contó que todos “acordaron lo que iban a decir” a tal punto que su primera versión escrita fue “copia y pega” del texto de otro compañero, cambiando solo un “par de palabras”. Esto bajo el argumento del “espíritu de cuerpo”.

No obstante, otro grupo de procesados han rechazado este tipo de acusaciones. El subteniente John Henry Z. E., principal señalado como presunto autor de desaparición forzada, aseguró que los colabores de Fiscalía fabricaron historias para obtener beneficios penitenciarios. Además, rechazó que haya ejecutado agresiones y disparos, indicando que todas las municiones se entregaron sin faltantes.

En su testimonio también señaló a los miembros de bandas criminales como los responsables de la desaparición y asesinato de lo cuatro menores. “Señor fiscal, por qué no se investiga. Los verdaderos responsables siguen afuera, quizás riéndose de lo sucedido”, acotó.

Él y al menos otros cuatro uniformados también coinciden en que el objetivo inicial era llevar a las víctimas a una UPC de Virgen de Fátima, pero en el camino se desviaron tras una alerta de desmanes en un night club. Por otro lado, los cooperadores han manifestado que no sabían el destino exacto o incluso que el subteniente quería llevarlos a una fosa, algo que él ha negado.

Independientemente de las versiones irreconciliables de cada grupo de militares implicados, el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, explica que hay un evidente error de procedimiento por parte de la patrulla.

Agrega que el concepto de espíritu de cuerpo, que algunos implicados nombraron en sus testimonios, se ha “distorsionado” porque originalmente se refiere a ayudarse entre soldados en situaciones de peligro, pero eso no quiere decir que ante una irregularidad se trate de construir una historia o decir mentiras.

Sobre el argumento de los acusados de que no podían desacatar órdenes de su superior, en este caso del subteniente, líder de la patrulla, Wagner Bravo aclara que las jerarquías funcionan en el marco de una orden militar para un trabajo profesional.

“Pero en el caso de una inconducta, ahora con aspecto legal, ellos sí podrían haber dicho: ‘Mi subteniente, no creo que esté bien porque estamos cometiendo una inconducta’. Inclusive eso también es espíritu de cuerpo, decir: ‘Oigan, no está bien’ y, si no me hacen caso porque soy de menor rango, por lo menos queda la constancia de que expresé mi postura”.

Bravo reconoce que el caso Malvinas sí ha golpeado la imagen de las Fuerzas Armadas y la institución debe tomarlo como una lección para fortalecer la preparación de soldados tanto a nivel táctico como en la parte legal de las normas que los rigen.

En diciembre del 2024, cuando se conoció la desaparición de los cuatro menores de Guayaquil, las principales autoridades emitieron declaraciones confusas. Por un lado, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, manifestó que las víctimas fueron detenidas porque “estaban presuntamente robándole a una mujer”. Mientras que el presidente Daniel Noboa dijo que “no se va a encubrir a nadie” e incluso sugirió “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”.

En enero del 2025, Loffredo fue obligado por una jueza a pedir disculpas públicas en cadena nacional, pero en su mensaje también advirtió que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que la magistrada sea sancionada. Además, dijo que se estaba usando “una narrativa de derechos humanos como instrumento de persecución política”.

Tras estas y otras breves declaraciones de Loffredo bajo la misma narrativa, el Gobierno no volvió a pronunciarse sobre el caso. Incluso ahora que cuatro militares han pedido disculpas y reconocido irregularidades en la captura de los menores, las autoridades han mantenido un absoluto silencio. Vistazo pidió una reacción al Ministerio de Defensa, pero hasta el cierre de esta nota no ha existido una respuesta.

Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, considera que desde el Gobierno se trató de “defender lo indefendible y un año después nos damos cuenta que hubo un mal protocolo, que terminó con la muerte de los niños”, aunque aún no se ha determinado quién ordenó el asesinato, ya que todos los militares han insistido en no conocer detalles de lo que sucedió después del abandonarlos.

Califica la actitud del ministro Loffredo como “desafiante”, cuando más bien cabía unas disculpas y acciones concretas para evitar la repetición de este tipo de hechos.

Asimismo, Pinto cree que el caso deja en evidencia que “no es una buena idea” que los militares intervengan en temas de seguridad pública “porque las consecuencias pueden ser graves tanto para los ciudadanos como para la propia institución”. Por ello, indica que las intervenciones militares deben ser en temas específicos, que respondan al entrenamiento que han recibido.

Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que desde el Gobierno recibieron comentarios “lacerantes, estigmatizantes y peyorativos”.

Además, recordó que la exministra del Interior, Mónica Palencia y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, apelaron el habeas corpus con el que una jueza dispuso que el caso sea tratado como desaparición forzada, logrando que se revoque la sentencia.

Ante estas actitudes, la defensa ha interpuesto una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional en contra del tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que revocó el habeas corpus.

Aguirre comentó que el objetivo no solo es poner en evidencia la actitud de la Corte, sino también que los Ministerios del Interior y Defensa asuman su responsabilidad. “Queremos una garantía de no repetición”.

Mientras tanto, en Quito se lleva a cabo una segunda investigación por el presunto delito de secuestro con resultado de muerte, la cual determinará a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas.

Las indagaciones aún siguen en reserva y se desconoce detalles tras casi un año de la desaparición. No obstante, Aguirre avanzó que los militares también podrían ser procesados en esta causa “al ser servidores públicos que debían precautelar por la seguridad de las víctimas, teniendo en cuenta que eran de un grupo prioritario”.

Durante el proceso judicial un hombre, identificado como Luigi V., aseguró en una primera versión que alias ‘Momo’, un líder local de la banda criminal ‘Los Lobos’, que opera en Taura, dio la orden para asesinar a los menores e incluso especificó los apodos de emisarios del cabecilla delictivo.

Sin embargo, el presunto testigo desapareció y no rindió testimonio anticipado, aunque la investigación policial iría encaminada en una teoría similar. En la doceava sesión del juicio, el mayor de Policía, Edwin Sánchez, expuso el contenido de su informe preliminar, de diciembre del 2024, en el que señaló a ‘Momo’ y otros dos integrantes de ‘Las Águilas’ como presuntos autores materiales del crimen.

De hecho, en el celular de ‘Momo’, explotado en el marco de un proceso por el delito de tenencia y tráfico de armas por el cual fue recapturado en marzo del 2025, se encontró una foto de un hombre con un supuesto uniforme junto a una persona sin camiseta y en pantaloneta. También, se conoció que el criminal estaba pendiente del caso Malvinas, ya que tenía publicaciones de medios de comunicación sobre el tema. Fuente: Vistazo