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La Fiscal Diana Salazar cumple seis años en el cargo: ‘No solo peleamos contra el delito, sino contra grandes billeteras’

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Asumió el cargo de Fiscal General del Estado en 2019 y hoy sería su último día de funciones . Pero el Consejo de Participación Ciudadana no ha elegido a su reemplazo. Así que Diana Salazar Méndez tiene dos opciones: quedarse hasta que haya un reemplazo, lo que podría tomar meses o años, o dejar al mando de la institución al fiscal subrogante Wilson Toainga . Hoy debe comunicar su decisión. Vistazo reproduce a continuación una entrevista en exclusiva que se publicó en su edición de marzo.

La fiscal general Diana Salazar explica los alcances de tres casos emblemáticos que investigó durante sus seis años de gestión al frente de esa entidad. Se refiere a los expedientes Sobornos, Las Torres y Defensor del Pueblo . Su período al frente de esa institución termina en abril: ella anticipa que habrá una transición ordenada . Y en tono personal, relata el costo que pagó su familia por su trabajo, pero también la bendición de ver a la llegada de su niña Julia Victoria . Por sus dos hijas, el esfuerzo realizado valió la pena.

El ocho de abril de 2019 se posesionaba ante el Pleno de la Asamblea Nacional la flamante fiscal general del Estado. Para entonces Diana Salazar Méndez aún no cumplió 38 años de edad. Tres años antes, en 2016, como fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Salazar había investigado la trama de corrupción detrás de la cúpula del fútbol. Luego dirigió la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Al cumplirse seis años en el cargo para el cual fue nombrada, en entrevista exclusiva con Vistazo reflexiona sobre esa trayectoria. Sus bemoles y aprendizajes. Cuando empezó su trabajo tenía una hija. Hoy, casi al término de su misión, la vida le ha dado la oportunidad de ser madre por segunda vez .
$!Diana Salazar cumple su periodo como Fiscal General.

Este abril termina el período para el cual fue elegida. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha debido enfrentar en su gestión?

Sin duda, han sido muchas las decisiones difíciles a lo largo de mi gestión. La primera y más trascendental fue asumir el cargo de fiscal general. Presentarme al concurso significó una decisión de gran magnitud, pues implicaba asumir una enorme responsabilidad con el país, con mi familia y conmigo misma.

Ya en funciones, cada decisión ha conllevado un alto grado de responsabilidad, pues en el ámbito penal se trata de la libertad de las personas. Siempre insistimos en que la Fiscalía debe intervenir lo mínimo indispensable, ya que no estamos para resolver todos los conflictos, sino para actuar cuando la ley lo exige. No hay una decisión fácil en este trabajo. Incluso cuando se logra una sentencia, la Fiscalía no «gana». Quitarle la libertad a un ser humano no es motivo de celebración. Si bien detrás de cada persona sentenciada hay un delito, también hay una familia, y ningún hogar educa a sus hijos con la intención de que se conviertan en delincuentes. Sin embargo, cuando llevamos adelante un proceso, lo hacemos por el bienestar de la sociedad. Y cuando enfrentamos críticas o ataques, somos conscientes de que, aunque la justicia prevalezca, para algunas familias el dolor seguirá ahí.

¿Qué casos le marcaron?

Me gustaría referirme a tres casos específicos que marcaron mi gestión, porque tienen un punto en común: los implicados eran considerados símbolos de la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos; los casos Sobornos, las Torres y Defensor del Pueblo.

Procesar a un ex Presidente de la República, a un Contralor General y a un Defensor del Pueblo –ambos en funciones– por cohecho, delincuencia organizada y abuso sexual, respectivamente, fueron grandes desafíos.

El primer reto fue asimilar, en lo personal, la magnitud de los delitos que se habían cometido. Es impactante enfrentarse a la realidad de que quienes estaban llamados a velar por el bienestar de la población y la institucionalidad del Estado, en realidad, solo protegían sus propios intereses. Luego vino otro punto crítico: la reacción de los procesados. Para evitar la justicia y conservar su poder, desplegaron campañas mediáticas agresivas, invirtiendo recursos para desprestigiar el trabajo de la Fiscalía y sembrar dudas en la opinión pública. Para refutar la investigación, recurrieron a ataques personales y una guerra psicológica para debilitarnos. En el caso del Defensor del Pueblo la situación fue más compleja por la naturaleza del delito. El contenido de las audiencias y de las pruebas no podía hacerse público; el sentenciado ha tratado de instalar la idea de que su caso fue una persecución, aunque tiene una condena.

En los casos Sobornos y Las Torres, la impunidad los cobija; a pesar de las sentencias, los principales responsables están en libertad.

Usted tuvo la valentía de investigar casos de corrupción que involucraron al poder. Reveló los tentáculos de la mafia enquistados en el Estado. Ninguno de sus antecesores llegó tan lejos. ¿Qué atributos tuvo que expuso tanta podredumbre?

Es difícil hablar de una misma, pero puedo hablar de lo que he visto las personas que conforman mi equipo: la búsqueda de la verdad sobre todas las cosas, el trabajo incansable por un país mejor y libre de delincuencia; el valor para luchar contra la impunidad de gente que se ha creído intocable por tanto tiempo. He visto la frustración en sus rostros, cuando después de jornadas incansables se han encontrado con infamias en las redes sociales, cuando se menosprecia el trabajo de los servidores públicos, porque nosotros no cobramos cientos de miles de dólares y no somos afamados “abogados”, entonces tenemos que aguantar insultos en silencio. Pero también he visto rostros de satisfacción, porque saben que lo hacemos por nuestras familias, y eso no tiene precio. No somos un equipo inmenso, sino pocos los que estamos todo el tiempo trabajando, peleando no solo contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico, sino contra grandes billeteras, lo hacemos seguros de que tenemos la verdad procesal de nuestro lado.

Cuando supo del contenido del celular del narcolavador Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga, ¿sospechaba los niveles de conexiones que destaparía?

Cuando empezamos cualquier caso, nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero estábamos hablando de un personaje grande en la historia del narcotráfico del país, entonces sabíamos que sería una investigación compleja.

¿Cree que haya otros Noreros operando en la sombra?

No me asombraría.

$!Diana Salazar podría prorrogarse hasta que el CPCCS elija a un nuevo fiscal.

¿Este cargo de fiscal ha sido demasiado corto o demasiado largo para usted, tomando en cuenta que lo asumió siendo muy joven?

A veces pienso que seis años son demasiados para ser fiscal general, es un puesto muy demandante. El Derecho Penal no se detiene, no hay noches, no hay fines de semana, no hay feriados, los plazos siempre están corriendo, entonces es desgastante. Sin embargo –y por otro lado–, parece que fue ayer que asumimos el reto y queda tanto por hacer que parecería que seis años han sido cortos. Como lo dije frente a la Asamblea Nacional, sé que la deuda es grande y quedan cosas por hacer en el ámbito del acceso a la justicia. Entonces, con satisfacción puedo decir que cuando se entrega todo, el tiempo es el justo.

¿Hay algo de lo que se arrepienta en estos años, desde que asumió como fiscal?

Seguramente hay cosas que se pudieron hacer mejor, pero esa perspectiva nos da la experiencia de haber tomado las decisiones que tomamos con la experiencia que teníamos en ese momento. Por eso no soy una persona de arrepentirme, creo más en aprender las lecciones.

Cuando se cumpla su período, usted ¿se quedará en funciones prorrogadas mientras se designe su sucesor? O ¿dejará un fiscal encargado mientras se designa al titular?

Al concluir el período para el cual fui elegida, mi actuar se regirá por el marco legal y el respeto a la institucionalidad. Más allá de asegurar la estabilidad y la continuidad del trabajo en la Fiscalía, considero fundamental que la transición se desarrolle de manera ordenada y conforme a la normativa. Tomaré la decisión que garantice el adecuado funcionamiento del Sistema y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

¿Qué desafíos debe cumplir el Fiscal que le suceda?

En su momento, Metástasis fue una radiografía. Plaga y Purga fueron los efectos de esa radiografía. También tenemos casos como Independencia Judicial, Pantalla y otros. Le hemos mostrado al país cómo el narcotráfico y la política le han metido la mano a la justicia; el desafío está en no dejar que se vuelvan realidad los sueños de impunidad de todos esos grupos que se creen intocables.

¿Qué consejo le daría a su sucesor?

A la persona que venga, que actúe con sabiduría, es lo único que le deseo, porque se necesita conocimiento y prudencia para actuar en todos los momentos.

¿Quién debe temerle a Diana Salazar?

Nadie. Son los delincuentes quienes le tienen miedo a la acción de la justicia, cuando hay quienes nos convertimos en un instrumento para que funcione en bien de la sociedad.

Si hoy pudiera hablar con Diana Salazar, la niña, la joven que entró a estudiar Derecho porque creyó en la Ley y en la Justicia. ¿Qué consejo le daría?

Que siga, que nada la detenga. Que cada noche en vela, cada madrugada, cada sacrificio valdrán la pena. Que soñar y, sobre todo, trabajar por esos sueños, tendrá sus recompensas. Me gusta mirar con cariño a esa niña, a esa jovencita que fui y decirle “mira dónde estamos, mira cómo llegamos”, porque hay algo que valoro y es la paz de poder dormir tranquila todas las noches. A eso le llamo éxito.

¿Cómo se ve en cinco años? ¿En diez?

En paz. Viendo crecer a mis hijas, disfrutando de mi familia.

¿Qué precio personal pagó usted por ejercer el cargo de fiscal general?

El tiempo que dejé de dedicarle a mi hija, pero sé que ella entiende, porque es una niña muy inteligente, que lo hice por el bien de todos. Hay días, todavía, que siento que he expuesto a mi familia, que me pregunto si todo esto vale la pena, pero es en ese mismo cansancio en el que me respondo que por supuesto que sí, porque serán mis hijas quienes vean el fruto de todo lo que estamos haciendo.

¿La vida le gratificó con la oportunidad de recomponer su hogar, en respuesta al sacrificio que usted hizo al entregar su profesionalismo y juventud al país?

Como creyente, sé que el plan de Dios es perfecto y que Julia Victoria llegó en el momento correcto a completar nuestro hogar, y somos nosotros los agradecidos con esa bendición.

¿Qué país espera para sus hijas?

El país por el que trabajamos todas las mamás y todos los papás del Ecuador, porque, todos los días, millones de personas nos despertamos ilusionadas a trabajar por dejarles lo mejor a nuestras pequeñas y pequeños. Esas semillas no caen en tierra infértil, si perdemos la esperanza todo está perdido, entonces, hay que mantener la fe de que mientras cada uno de nosotros haga lo correcto, estaremos en el camino adecuado.

¿Qué les dice a esas mujeres que ven en usted a un ejemplo y una inspiración de lucha por la verdad y la Ley?

Primero, debo agradecerles a todas esas personas que han sido generosas conmigo, he recibido siempre una palabra de aliento y respaldo: ¡Muchísimas gracias! Después, les diría que la lucha por la verdad y la justicia no es fácil, pero es necesaria. Ser mujer en espacios de poder y toma de decisiones implica enfrentar desafíos adicionales, desde cuestionamientos hasta ataques personales, pero también nos da la oportunidad de demostrar que la integridad y la determinación pueden marcar la diferencia. A quienes me ven como un ejemplo, les diría que no hay un solo camino para abrirse paso. La clave está en prepararnos, en mantenernos firmes en nuestros principios y en no permitir que el miedo o las dificultades marquen nuestros destinos. La verdad y la justicia requieren valentía y fortaleza interna, y cada una de nosotras tenemos la capacidad de contribuir a construir un país más justo. Fuente: Primicias 

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Ecuador recibió USD 600 millones del FMI, ¿qué metas están pendientes para recibir USD 2.900 millones más hasta 2028?

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El Ministerio de Finanzas confirmó este 4 de agosto de 2025, que un desembolso más del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), por USD 600 millones ya llegó a las cuentas del Estado.

Según Finanzas, este desembolso se concretó en julio de 2025, luego de que el Gobierno de Daniel Noboa aprobó la segunda revisión de metas fijadas dentro de este programa de crédito, conocido como Servicio Ampliado del FMI (SAF).

Se trata del tercer desembolso por parte del multilateral, con lo que el Gobierno de Noboa ya ha recibido USD 2.100 millones del FMI dentro de este programa de crédito vigente desde mayo de 2024.

Reformas tributarias y auditoría a Petroecuador, estos son los nuevos compromisos del Gobierno de Noboa con el FMI
Y todavía quedan pendientes otros USD 2.900 millones por desembolsar hasta 2028, si el Gobierno aprueba las revisiones pendientes, pues el crédito aprobado por el multilateral para Ecuador asciende en total a USD 5.000 millones.

Ecuador es el cuarto país que más dinero le debe al FMI, luego de Argentina, Ucrania y Egipto.

Ecuador: Calendario propuesto de revisiones y desembolsos

En millones de USD.

31 de mayo de 2024 753 753 Aprobación del acuerdo
15 de noviembre de 2024 376 376 Cumplimiento de las metas con corte a agosto de 2024
15 de marzo de 2025 313 438 Cumplimiento de las metas con corte a diciembre de 2024
15 de agosto de 2025 313 438 Cumplimiento de las metas con corte a abril de 2025
15 de noviembre de 2025 313 438 Cumplimiento de las metas con corte a agosto de 2025
15 de marzo de 2026 187 281 Cumplimiento de las metas con corte a diciembre de 2025
15 de septiembre de 2026 187 281 Cumplimiento de las metas con corte a junio de 2026
15 de marzo de 2027 187 280 Cumplimiento de las metas con corte a diciembre de 2026
15 de septiembre de 2027 187 280 Cumplimiento de las metas con corte a junio de 2027
15 de marzo de 2028 185 185 Cumplimiento de las metas con corte a diciembre de 2027
Total 3 000 3 751

¿Qué metas debe cumplir todavía Ecuador?
Entre las metas pendientes que tiene que cumplir el Gobierno están implementar un esfuerzo fiscal adicional del 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) o equivalente a USD 1.400 millones, que se aplicará gradualmente entre 2025 y 2027, mediante un incremento de los ingresos no petroleros y la priorización del gasto en el Presupuesto del Estado.

Por el lado de los ingresos, el Gobierno ya se adelantó y tomó algunas medidas, como imponer una tasa de USD 20 por los envíos 4×4 que entró en vigencia desde el 16 de junio de 2025 y la tasa minera que empezó a regir desde el 20 de junio.

En cambio, las reformas adicionales incluirán, entre otras, la simplificación de gastos tributarios ineficientes para generar aumentos significativos en la recaudación del Impuesto a la Renta de empresas.

Por ahora una de las propuestas de cambios tributarios más reciente está en el proyecto de Ley de Fundaciones, presentado el 29 de julio de 2025. El Gobierno de Daniel Noboa propone cobrar un nuevo impuesto a las empresas que no repartan las utilidades a sus accionistas.

Y en el plano de reducción del gasto público, el Gobierno también anunció el 24 de julio de 2025, el despido de unos 5.000 funcionarios y la fusión de ministerios y secretarías.

Además, el Gobierno habla de que hará una renovación del marco fiscal del sector minero para mejorar su eficiencia y potencial recaudatorio, lo que debe concretarse hasta fines de diciembre de 2025, con la asistencia técnica del FMI.

Inicialmente, se esperaba que estos ajustes tributarios dejen unos USD 258.000, pero ahora el Gobierno cree podrían dejar ingresos adicionales de USD 1.032 millones en 2025.

Hay que considerar de que con la tasa minera, que ya entró en vigencia, el Gobierno conseguirá entre USD 200 millones y 229 millones al año. Fuente: Primicias

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Graves omisiones estatales permiten avance descontrolado de la minería en Napo

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La minería metálica en la provincia de Napo opera en un contexto de impunidad ambiental, debilidad institucional y falta de control estatal. Así lo revela el informe preliminar elaborado por la Contraloría General del Estado, que auditó el otorgamiento y la supervisión de concesiones mineras entre 2019 y 2022.

El documento —resultado de una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales— evidencia múltiples irregularidades, entre ellas la ausencia de inspecciones, la operación sin licencias ambientales y el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los concesionarios.

Según el informe, 43 de las 82 concesiones artesanales registradas durante el período analizado no fueron inspeccionadas por ninguna de las dos instituciones encargadas del control: la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Esta omisión permitió que varias de ellas funcionaran sin permisos ambientales, sin certificados de no afectación hídrica y sin licencia para operar maquinaria pesada.

En cuanto a la pequeña minería, de las 37 concesiones existentes, 17 no fueron inspeccionadas por la ARCERNNR y 10 tampoco por el MAATE. Las inspecciones realizadas arrojaron serios incumplimientos: uso de agua sin autorización, falta de tratamiento de aguas residuales y explotación aurífera antitécnica. En la mayoría de los casos, no se iniciaron procesos sancionatorios.

Además, el informe alerta sobre el incumplimiento de obligaciones tributarias: 55 concesiones no presentaron declaraciones de impuestos, acumulando una deuda de más de 47 mil dólares por concepto de patentes de conservación. Aunque la Ley de Minería contempla la caducidad de concesiones en estos casos, la falta de personal técnico y jurídico en la oficina distrital de la ARCERNNR impidió actuar al respecto.

Otro punto crítico es la presencia de actividades mineras ilegales dentro de concesiones legalmente otorgadas, sin que las autoridades hayan intervenido. También se reportan graves afectaciones ambientales: desviaciones de ríos, acumulación de aguas contaminadas sin tratamiento, tala indiscriminada y frentes de explotación abandonados.

Entre julio de 2020 y septiembre de 2022, la oficina de la ARCERNNR en Napo contaba con un solo técnico para atender los sectores de energía, hidrocarburos y minería en tres provincias: Napo, Pichincha y Orellana.

La Contraloría concluye que el Estado ha incumplido su rol como ente regulador y garante de derechos, y recomienda medidas urgentes como la elaboración de instructivos de control, sanciones, y solicitudes de caducidad de concesiones. Hasta la fecha de corte del informe, no existe evidencia de que estas recomendaciones se hayan implementado.

El informe posiciona a Napo como un caso emblemático del descontrol estatal frente al avance minero en territorios amazónicos, con impactos directos sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y los derechos de las comunidades.

 

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Sanción contra Banco Pichincha: Superintendencia activó proceso administrativo por incidentes tecnológicos

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La Superintendencia de Bancos activó un proceso administrativo sancionador contra el Banco Pichincha por los incidentes tecnológicos reportados este lunes cuatro de agosto del 2025.

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de usuarios han reportado que no pueden ingresar a la aplicación móvil de la entidad financiera.

Al intentar entrar a la herramienta sale este mensaje: “Ingreso no disponible. Lamentamos el inconveniente, estamos trabajando para solucionarlo. Muy pronto se habilitará nuevamente este método de ingreso”.

Otras personas, en cambio, sí han accedido a su cuenta, pero no pueden visualizar su saldo o realizar transferencias.

Por el momento, el Banco Pichincha no ha emitido ningún pronunciamiento, pero no es la primera vez que suceden estos inconvenientes.

Hace dos semanas, usuarios de redes sociales también reportaron que no podían acceder a la aplicación. Para superar este inconveniente, la Superintendencia envió un equipo especializado y activó los protocolos correspondientes. Ahora la institución emprendió un proceso administrativo sancionador contra el Banco Pichincha.

$!Otra vez no funciona la aplicación del Banco de Pichincha.

LLAMADO A LA CIUDADANÍA

La Superintendencia de Bancos recordó que los depósitos de los clientes de Banco Pichincha continúan seguros.

Agregó que la entidad financiera mantiene niveles adecuados de liquidez y solvencia y que el proceso sancionador se centra exclusivamente en el cumplimiento de la normativa de reporte de incidentes.

La Superintendencia también hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice canales oficiales para informarse sobre la situación de los servicios bancarios.

Además, pidió reportar cualquier afectación al correo: balcon@superbancos.gob.ec o mediante el portal de atención a usuarios de la Superintendencia.

“Absténgase de difundir rumores que puedan afectar la estabilidad del sistema financiero; la desinformación acarrea responsabilidades legales”, subrayó la institución.

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