Nacionales
La extorsión crece un 300% en Ecuador y sigue en aumento
Luis era zapatero a medio tiempo. Su pequeño negocio se sostenía de los arreglos de los calzados que los vecinos le llevaban hasta su casa en un barrio al sur de Guayaquil. Así consiguió el capital para empezar a fabricarlos, su sueño era vender su propia línea de zapatos. Tenía un par de equipos y alquiló un local que abría solo los sábados y domingos. Puso sus primeros modelos en una vitrina, hasta que en diciembre llegaron unos hombres en una motocicleta al local. “Dijeron que estaban resguardando los comercios del sector y tenía que colaborar con 30 dólares semanales, con una vacuna”, explica Luis, como llaman al delito de extorsión.
No los pagó. “De dónde iba a sacar 120 dólares mensuales, si apenas conseguimos para fabricar, así que decidimos cerrar”, relata desde un lugar lejos de su casa, de su barrio y de su oficio. Los delincuentes atentaron contra él, el día que estaba limpiando el local para entregarlo, lo golpearon brutalmente y le lanzaron ácido en la espalda y el brazo derecho. Pasó nueve días en el hospital. Al salir, su hijo de 11 años también fue golpeado afuera de la escuela por unos hombres en una motocicleta, entonces tomaron la decisión de irse. “Lo dejamos todo, incluso el colegio, mis dos hijos ya no están yendo a clases, tememos que les hagan algo”, añade.
Luis no denunció, es uno de los tantos casos en los que el miedo y la desconfianza en el sistema judicial y de seguridad obliga al silencio. “Ellos van y te matan, igual saben que no les pasará nada”, dice Luis. Las estadísticas oficiales respaldan su temor, de 13.130 denuncias de extorsión que registra la Fiscalía General del Estado en los últimos dos años en Ecuador, solo 66 han obtenido una sentencia condenatoria, el 90% continúa en investigación, y las demás están dilatadas en diferentes etapas procesales, que no lleva a los criminales a prisión, ni a detener las extorsiones.
Extorsiones en aumento
El aumento de casos es alarmante y ha saturado al sistema de justicia, en el 2022 se recibieron 9.049 denuncias, eso significa un aumento de casi un 300% respecto al año anterior, que se registraron 3.033. Y el primer mes del 2023 se contabilizaron 1.048. Estas cifras oficiales muestran una parte de la realidad porque excluyen el subregistro de quienes no denuncian y de los que han sido asesinados por no pagar la vacuna. La Policía ha emprendido una campaña para incentivar a los ciudadanos a denunciar por teléfono, sin dar su nombre, para entregar datos de cómo son las amenazas y poder judicializar los casos.
Mientras tanto la zozobra carcome a barrios enteros, sobre todo en Guayaquil, donde la situación se ha desbordado con cerca de 2.700 casos denunciados en los últimos dos años. En el barrio Las Orquídeas, al norte de la urbe, el pasado 1 de febrero, los habitantes despertaron con panfletos de amenazas en las puertas de las casas de al menos una manzana: “el motivo de este comunicado es informales que empezaremos a visitarlos para que nos ayuden con una colaboración”, leían atemorizados los habitantes, algunos todavía en pijama.
“Yo no tengo dinero, qué les puedo dar, por qué nos piden a nosotros”, se pregunta uno. El mismo mensaje lo recibieron centenares de familias, en el que se advertía que si no colaboraban “iban a tomar represalias contra las familias y los bienes”. Esta vez no se callaron, protestaron hasta conseguir que el mismo comandante de la Policía a cargo de la ciudad, Edwin Noguera fuera al lugar a hablar con ellos, donde les dijo que están investigando y les prometió resultados, pero hasta ahora no se han detenido a los dos hombres vestidos de negro, con gorra y mascarilla, que fueron grabados por cámaras de seguridad cuando dejaban los panfletos en cada vivienda. Pero los operativos policiales han permitido la detención de 25 personas que se dedicaban a la extorsión en lo que va del año, un delito que es sancionado en Ecuador con entre tres y cinco años de prisión.
‘Golpes’ a la delincuencia
Las autoridades ecuatorianas han advertido de que el crecimiento de los casos de extorsión se debe a los golpes que la Policía ha dado a las bandas criminales, con detenciones de miembros e incautación de droga y armas. Los criminales han encontrado en la extorsión y en el secuestro las formas de conseguir dinero constante y más rápido. En el 2022 la Policía Antisecuestros liberó a 35 personas secuestradas, entre todos los casos se evitó el pago de 19 millones de dólares a los secuestradores.
La extorsión en las zonas de influencia de las bandas criminales también tiene otro objetivo, más allá de la recaudación ilícita de dinero, que es la consolidación de los grupos delincuenciales en los barrios para ejercer el control sobre sus habitantes, que no denuncien, ni se interpongan en sus negocios. Hay barrios enteros secuestrados por el crimen organizado.
Los extorsionadores tocan la puerta de todos, sin discriminación alguna. A los ancianos de la tienda del barrio, las escuelas, estudiantes, profesores, vendedores de los mercados, médicos que se promocionan por redes sociales e incluso a los proveedores del Estado que ganan contratos de construcción para obra pública.
La primera en advertirlo fue la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. “Ya hemos tenido personas asesinadas en obras”, dijo la funcionaria en mayo de 2022. Explicó que las vacunas eran superiores a los 10.000 dólares y si no pagaban, no los dejaban trabajar aunque eso no significaba que no eran amenazados. “Averiguan en redes sociales información sobre la familia del capitán de obra y le dicen lo que hace la esposa y los hijos. No queda otra opción que dar la vacuna”, dice Néstor, uno de los contratistas afectados. Fuente: El País de España
Nacionales
Cómo gastan el dinero los municipios y las prefecturas y qué cambiaría con la reforma que plantea Noboa
Una nueva reforma legal pone la lupa sobre lo que están haciendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con los recursos que reciben del Presupuesto General del Estado.
Según el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deben recibir:
21% de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado, que son los generados por recaudación de impuestos y tasas.
Y un 10% de los ingresos no permanentes del Estado, es decir, aquellos por venta de petróleo o venta de bienes del Estado o concesiones.
Pero esto podría cambiar con el Proyecto de Ley Reformatoria al Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, presentado el 28 de enero de 2026, con carácter económico urgente.
El proyecto plantea que los GAD destinen el 70% de sus presupuestos anuales a inversión y obra pública. Y da plazo para conseguir este objetivo: hasta 2029 para los municipios y prefecturas y hasta 2030 para las juntas parroquiales rurales.
El proyecto advierte que, si no cumplen ese porcentaje de inversión, las asignaciones bajarían a los mínimos que dispone la Constitución:
15% por ingresos permanentes.
5% de asignaciones no permanentes.
Según el Gobierno, las actas de la Asamblea Constituyente muestran que las asignaciones a los GAD buscaban evitar el gasto en actividades vitrina y priorizar servicios públicos urgentes.
De ahí que el Ejecutivo cuestione que buena parte del dinero que manejan los gobiernos seccionales se destina al pago de sueldos y salarios. Y, aún peor, para eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento.
«Estos gastos no promueven la dinamización de la economía en contextos donde persisten brechas significativas en la provisión de servicios básicos e infraestructura esencial». Proyecto de ley para reformar el Cootad.
¿En qué gastan los gobiernos seccionales en Ecuador?
Resulta complejo conocer a detalle en qué gastan todos los GAD, pues en el país hay 221 municipios, 24 prefecturas y 797 juntas parroquiales. La mayoría no publica el detalle de sus presupuestos y su ejecución de forma actualizada y transparente.
El Banco Central de Ecuador (BCE) consolida información financiera de todos los GAD. Según esos datos, de los USD 5.497 millones que manejaron en 2024, el 24% se destinó a inversión, que incluye formación bruta de capital fijo, obra pública y la adquisición de bienes de larga duración. En 2025, el porcentaje para inversión fue similar, del 25%.
Por ejemplo, en GAD como el Municipio de Guayaquil, de un presupuesto total de USD 1.608 millones en 2025, USD 439 millones o el 27% fue para inversión y obra pública, según los rubros que el Gobierno central plantea que se pueden considerar como tal.
En Quito, de un presupuesto de USD 1.744 millones, unos USD 398 millones, o el 23%, se dirigieron a ese mismo fin. Mientras que en la Prefectura de Pichincha, el 47% de su presupuesto de USD 275 millones se destinó a inversión y obra pública.
¿Cuánto reciben los GAD del Estado?
En el proyecto de ley, el Gobierno de Noboa menciona que la reforma es necesaria por el problema de desequilibrio fiscal del país; es decir, porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos del Estado y, como resultado, Ecuador tiene que endeudarse cada vez más.
Y añade que las asignaciones que hace el Estado para los GAD son muy rígidas; es decir, es muy difícil hacer ajustes cuando los ingresos no alcanzan.
Si bien los municipios, las alcaldías y las juntas parroquiales tienen ingresos propios de las tasas y de los impuestos que cobran, una buena parte de su presupuesto se cubre con las asignaciones del Estado.
Y este no es un gasto menor. Por ejemplo, en 2025, el Presupuesto del Estado alcanzó los USD 34.949 millones y, de ese valor, unos USD 3.455 millones fueron transferencias estatales para los GAD; esto es, casi el 10%.
Esto es 17 veces más que lo que se destinó a obra pública en el Presupuesto General del Estado.
Por la fuerte presión, año a año se acumulan millonarios atrasos en las asignaciones a los gobiernos seccionales, como en 2025 cuando sumaron USD 875 millones.
El economista Daniel Lemus, director del centro de políticas públicas de la ESPOL, explica que las asignaciones del Presupuesto del Estado representan entre el 48% y 54% de los ingresos que tienen los GAD, aunque hay algunos que dependen más del Gobierno central.
Por ejemplo, estas transferencias estatales representan menos del 50% de los presupuestos de algunos municipios, mientras que en las prefecturas son del 70%, añade Lemus.
Para Lemus, la reforma es positiva, pero hace falta aclarar detalles sobre cómo se hará el cómputo de ese 70%.
«¿Se computará sobre lo que el GAD haya planificado en el presupuesto o lo que realmente se haya ejecutado? Porque hay obras que se contratan en un año, pero la ejecución ocurre en el siguiente. Y con los anticipos de las obras, ¿qué pasará?», añade.
Para Lemus es importante hacer estas aclaraciones para evitar que solo se asienten cifras en el papel y al final del año, la ejecución real esté lejos de la meta.
¿Qué cambia el proyecto de ley?
Hoy, el Cootad ya pone un candado, pues su artículo 198 dice que las transferencias que se hagan a los GAD podrán financiar hasta el 30% de gastos permanentes (como sueldos de funcionarios), y un mínimo del 70% de gastos de inversión y obra pública.
Además, especifica que las transferencias provenientes principalmente de la venta del petróleo deberán financiar solo inversión y obra pública.
Sin embargo, ahora el Gobierno propone que el 70% de todo el presupuesto de los GAD — no solo de la asignación estatal— sea para inversión y obra pública.
«La reforma es positiva, para mejorar la calidad de gasto y aumentar la inversión, pero tampoco debe servir para ahogar a algunos GAD con porcentajes imposibles de cumplir». Daniel Lemus, economista
Lemus destaca que el proyecto ya define qué rubros son los que se pueden considerar inversión y obra pública, para evitar diferentes interpretaciones. Fuente: Primicias
Nacionales
Cynthia Jacho: sacó una baja calificación, pero ahora es presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal
Cynthia Alexandra Jacho Tipán fue designada como presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. La joven fungió como abogada junior de un bufete quiteño y sacó una de las calificaciones más bajas en la etapa de méritos.
Esta comisión fue creada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en medio de cuestionamientos sobre los requisitos de los postulantes y sus calificaciones.
En total son 10 personas las que tienen la misión de encontrar al nuevo líder del Ministerio Público. Entre los integrantes de la comisión hay representantes de la ciudadanía y de las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social).
Jacho arrancó en su cargo solicitando al presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, que remita hasta el 29 de enero la terna para elegir al secretario de la comisión. Además, solicitó un equipo técnico.
Tras completar esos requerimientos, los comisionados podrán convocar oficialmente al concurso para escoger al nuevo fiscal.
¿QUIÉN ES CYNTHIA JACHO?
Tiene 26 años, nació en Quito y se graduó como abogada en la Universidad Central del Ecuador en diciembre del 2023, pero su título quedó registrado en la Senescyt en febrero del 2024.
Según la hoja de vida presentada al Cpccs, posee cursos en dignidad humana desde la jurisprudencia constitucional, habeas corpus privación de la libertad legal, arbitraje e ilegítima, teoría del delito y la pena y la prueba en materia laboral.
Todas estas capacitaciones se dieron en julio del 2025, a excepción de la última que tiene como fecha a julio del 2024.
En cuanto a experiencia laboral, Jacho trabajó dos años y 11 meses en el bufete Martínez & Martínez como asistente legal y abogada junior.
Además, la joven destacó que posee experiencia específica en derecho institucional, erradicación para la violencia y relaciones comunitarias.
CUESTIONAMIENTOS
Sin embargo, ha sido cuestionada por sacar 17,5 sobre 50 en el concurso de méritos. Esta fue una de las notas más bajas del grupo por varios motivos: su reciente titulación, su escasa experiencia laboral y la falta de publicaciones académicas.
Aunque justificó dos premios, logrados en junio del 2025, por su defensa en derechos de la mujer y causas sociales y comunitarias.
Por su parte, el asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), recordó en la red social X que alrededor de la nota de Jacho hubo un curioso incidente.
“El equipo técnico tuvo un ‘lapsus calami’ y la calificó con 37,5/50. Ante ello, el Cpccs pidió rectificar la votación para colocar la nota real. La corrección se hizo entre finales de noviembre e inicios de diciembre. ¿El resultado? Con una de las peores calificaciones, terminó dirigiendo la Comisión que decidirá quién será la o el nuevo Fiscal General del Estado”, apuntó el legislador.
PRÓXIMOS PASOS
Una vez que tengan un secretario y un equipo técnico, los comisionados deben hacer un cronograma de trabajo y convocar a los abogados que deseen participar en el concurso. En total son cinco fases:
- Convocatoria y postulación
- Admisibilidad y reconsideración
- Méritos y recalificación
- Escrutinio público e impugnación
- Oposición y recalificación.
Este proceso debe durar cuatro meses, aunque también hay la posibilidad de una prórroga de dos meses más para concluir el concurso que designe al nuevo fiscal. Fuente: vistazo
Nacionales
Ecuador consolida la cooperación con la CAF para los sectores energético, aéreo y bananero
El Gobierno ecuatoriano informó este jueves de que suscribió un instrumento de cooperación técnica no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a fortalecer los sectores energético y aéreo.
Además, en el marco del Foro Económico Internacional, en Panamá, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) firmó una carta de intención con el multilateral para implementar un programa de mejoramiento genético del banano.
El instrumento forma parte de la relación estratégica que mantiene el Ecuador con CAF, organismo que ha acompañado al país mediante mecanismos financieros y asistencia técnica en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
Su objetivo es fortalecer las capacidades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, así como acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión, en favor de la seguridad energética y una transición sostenible.
La cooperación incluye la realización de análisis técnicos y socioambientales, así como la preparación de una cartera de proyectos estratégicos, con estudios de ingeniería y perfiles para financiamiento.
Además, prevé acciones de fortalecimiento institucional orientadas a optimizar procesos, gestión y herramientas tecnológicas, y a destrabar cuellos de botella en la ejecución de proyectos.
En el área aeronáutica, el instrumento, suscrito por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, contempla la asistencia no reembolsable de dos millones de dólares, destinada a fortalecer integralmente la conectividad aérea y la seguridad operacional.
Para ello, se contemplan estudios de factibilidad, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la adquisición de equipamiento, alianzas público-privadas y acciones de fortalecimiento institucional, con énfasis en el rol del Estado como planificador y regulador del sistema aéreo nacional.
La carta de intención suscrita entre la CAF y AEBE, apunta a financiar el mejoramiento fitogenético del banano productivo, de tal manera que sea resistente a las plagas que regularmente afectan a este cultivo.
La suscripción de estos instrumentos reafirmó el acceso del Ecuador a asistencia técnica especializada de alto nivel, orientada a fortalecer la planificación y la capacidad del Estado en sectores clave para el desarrollo sostenible. Fuente: Vistazo
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