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La corrupción política entregó a Durán al narco: esta es la historia

Eran alrededor de las 19h00 del sábado 7 de septiembre cuando cuatro jóvenes fueron sacados de sus casas, arrojados al suelo y ejecutados en la cooperativa 5 de Junio, a 500 metros del santuario del Divino Niño, en Durán. Esa noche, el sonido de las balas alertó a Jorge, de 56 años, que vive en la zona desde hace dos décadas. “Sentí un terror indescriptible”, narra a través de una nota de voz.
La masacre ocurrió en plena vigencia del toque de queda impuesto desde el 8 de agosto, como parte del estado de excepción, una medida reiterada que los durandeños han visto declararse y renovarse desde 2022 como un intento para contener la extrema violencia en sus calles.
Hoy, Durán carga el pesado título de ser el cantón más violento de Ecuador. Entre enero y septiembre se han registrado 319 muertes violentas, lo que representa un aumento del 80 por ciento en comparación con el mismo período de 2023.
Lo que antes parecía impensable para sus habitantes se ha vuelto cotidiano. El día de San Valentín de 2022, la aparición de cadáveres colgados en un puente peatonal fue un primer indicio de un cambio drástico en el panorama delictivo. Desde entonces, la proliferación de extorsiones, secuestros y, más recientemente, crímenes con cuerpos incinerados ha alcanzado niveles de horror en un territorio donde ni siquiera el alcalde se atreve a entrar.
Surge con urgencia la pregunta: ¿Cómo se convirtió Durán en el epicentro de la violencia?
Epicentro de corrupción
Un punto crucial para entender la historia de Durán es empezar por su ubicación en la margen oriental del río Guayas. En 1970 la inauguración del puente “De la Unidad Nacional”, acercó a Guayaquil a la entonces parroquia rural. A partir de allí, cada octubre, los guayaquileños acudían masivamente a la imperdible Feria Internacional.
En 1986, el presidente Febres Cordero puso el ejecútese a la cantonización de Durán, lo que consolidó un importante rol industrial y comercial. En los 90, “el sector camaronero estaba en auge, y había empacadoras, fábricas de hielo, balanceado, etc”, recuerda un miembro del gremio industrial, quien pidió mantener su nombre en reserva.
Lo que en un momento se conoció como “la ciudad dormitorio” empezó con el anuncio de un gran proyecto habitacional denominado “El Recreo”, impulsado por el gobierno de Abdalá Bucaram. El temprano fracaso de ese régimen impulsó el desorden. Durán creció rápido, con una expansión caracterizada por la informalidad y los asentamientos irregulares.
Según el industrial entrevistado, quien prefirió el anonimato, fue en ese periodo cuando el cantón se sumió en el desorden, acelerado por la corrupción política. Es que, dice, es clave ver quiénes lo han gobernado. “Todas las administraciones municipales permitieron las invasiones, lo que creó corredores de pobreza, invasiones que no tenían ni tienen los servicios básicos”, cuestiona.
Desde que en 1992 el máximo personero municipal tiene el rango de alcalde, han pasado cinco alcaldes y dos alcaldesas. El Partido Social Cristiano (PSC) ha estado al mando durante 22 de los 32 últimos años. En cuanto a tiempo de gobernanza le siguen el correísmo con cinco años, el roldosismo con cuatro y el actual, Luis Chonillo, con año y medio.
La primera mujer alcaldesa, entre 2000 y 2008, fue Mariana Mendieta, del PSC. Durante su gestión, las demandas de agua y alcantarillado trajeron cuestionamientos. Hacia el final de su mandato fue acusada de irregularidades en la contratación de obras en el mercado central. En su contra se emitió una orden de captura que la obligó a dejar el cargo. En 2011, Mendieta fue absuelta por la justicia.
A pesar de las críticas a su labor, su influencia no se desvaneció y la heredó su hijo, Dalton Narváez, quien la sucedió en dos periodos no consecutivos (2009-2014 y 2019-2023). Fue durante la gestión de Narváez cuando un exasambleísta del PSC, hoy procesado por delincuencia organizada, se habría apropiado de terrenos en Durán.
«Muchos políticos han estado históricamente involucrados en este negocio», afirma Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO). «La lógica del tráfico de tierras es evidente en Durán, una ciudad en crecimiento, especialmente alrededor del sector industrial y las grandes extensiones para bodegas».
Actualmente el paradero de Narváez es desconocido desde el 16 de abril, cuando la Fiscalía le formuló cargos por presuntas irregularidades en un contrato de agua potable, que habría causado un perjuicio de más de 37 millones de dólares.
También bajo la lupa de la Fiscalía está la actual asambleísta Alexandra Arce, de la Revolución Ciudadana, quien fue alcaldesa de Durán entre 2014 y 2019. Arce está siendo investigada por presunto peculado en contratos de agua potable, un recurso casi inexistente en un cantón bañado por los ríos Babahoyo y Guayas, los más caudalosos del litoral ecuatoriano. Aún hoy el 60 por ciento de los durandeños recibe el líquido vital a cuentagotas a través de tanqueros.
Centro de reclutamiento
Pudimos contactarnos con un exoficial del Ejército que, como muchos, prefiere permanecer en el anonimato por seguridad. Él coincide en que lo que retrata a Durán no es sólo producto del crimen organizado, “sino también lo que ahora se llama narcopolítica. En aquel entonces, corrupción política”.
Añade que varios hitos marcaron el declive de Durán. Uno de los más significativos fue el cierre de la tradicional Feria, en 2014, en el gobierno de Rafael Correa. Era un evento que impulsaba la economía local en los meses previos a Navidad y Año Nuevo. Además, asegura que el cierre del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) dejó un vacío en la formación de jóvenes y adultos en diversos campos.
En ese mismo año también se introdujo la controvertida «tabla de drogas» que marcó un punto de inflexión en la dinámica de la violencia en Durán. Fuentes policiales señalan que «las bandas vieron una oportunidad con la aprobación de esta tabla».
LEA: Más niños ingresan a las bandas criminales en Ecuador, ante la inacción del Estado
La psiquiatra Julieta Sagnay, especialista en adicciones, concuerda que la violencia comenzó a gestarse en ese periodo en el que se promovió la noción de «dosis personal». A su juicio, esto redujo significativamente la «percepción del riesgo» entre los jóvenes, lo que llevó a muchos a experimentar con sustancias como la heroína.
Al convertirse en adictos, fueron vulnerables al reclutamiento por parte de organizaciones criminales para el microtráfico, dice Sagnay. Actualmente, Durán está entre los cinco cantones con la mayor tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes, siendo el rango de entre 15 a 19 años el más afectado. La psiquiatra narra que a estos jóvenes se les ofrecen hasta 500 dólares para ser reclutados por la mafia e iniciar su camino en el sicariato. Uno de sus pacientes, de apenas 13 años, expresó abiertamente su deseo de «poder, territorio y drogas».
Una gran empresa criminal
Lo que antes era una ubicación privilegiada para la industria, a la orilla izquierda del río Guayas, derivó en un punto estratégico para las organizaciones narcodelictivas debido a su corredor fluvial que facilita el almacenamiento y transporte de drogas.
La estocada final llegaría con la pandemia en 2020. La razón va más allá de la fragmentación de grupos locales como Los Choneros; a escala internacional, se vivió un antes y un después en el tráfico de drogas. “Gran parte de la cocaína que debía ser exportada a mercados internacionales quedó almacenada en Ecuador, y este almacenamiento se concentró en Durán”, señala el director del OECO, Renato Rivera. Así mismo, organizaciones más pequeñas en esa época, como Los Chone Killers, crecieron en el mercado internacional de la cocaína, estableciendo nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y con redes balcánicas.
Rápidamente el cantón dejó de ser solo un centro de acopio y se transformó en una gran empresa criminal dedicada al desarrollo, distribución, lavado y reclutamiento. Y, por ende, en un campo de batalla entre organizaciones delictivas: unas que luchan por recuperar su poder y otras decididas a despojarlas de lo que les queda.
En este escenario, analistas de seguridad consultados advierten que el Gobierno carece de un plan preventivo, mostrando una respuesta más reactiva e improvisada. Por ejemplo, el 17 de julio, el presidente Daniel Noboa, rodeado de tanquetas, afirmó no tener miedo de enfrentar al crimen organizado y criticó a la clase política: «¿Dónde están ahora? Escondidos, huyendo de las mafias». Aunque no dio nombres, su crítica recordó el intento de asesinato del alcalde Chonillo en su primer día en funciones.
Chonillo, quien ha gobernado de forma telemática, fue recientemente cuestionado por tomar vacaciones después de que la policía desmantelara una estructura criminal liderada por Julio Martínez, alias «Negro Tulio», cabecilla de Los Chone Killers, que habría estado infiltrado en varias instituciones municipales.
Se reveló además que la pareja sentimental del detenido habría ganado un contrato para la regeneración de un parque municipal por cerca de 200 mil dólares, como reveló la investigación de Ecuavisa y Connectas. Vistazo intentó contactar al alcalde tras su regreso, pero el departamento de comunicación indicó que “no está dando entrevistas”.
La promesa de salvar a Durán se ha convertido en un tema recurrente en los discursos políticos y seguramente cobrará fuerza en las próximas elecciones. Los analistas advierten que es urgente sanear las instituciones y desarticular a los operadores de la delincuencia organizada. La recuperación del territorio no tendrá soluciones inmediatas, mientras los más de 300 mil habitantes —un 66 por ciento en condiciones de pobreza— continúan siendo víctimas de secuestros y extorsiones. Fuente: Vistazo
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Daniel Noboa en Japón: Suzuki confirma donación de becas y vehículos para jóvenes ecuatorianos

El presidente de la República, Daniel Noboa, encabezó este miércoles 27 de agosto en Tokio, Japón, el Seminario de Promoción de Comercio e Inversiones del Ecuador, acompañado por el ministro nipón de Economía, Comercio e Industria, Yoji Muto. El encuentro tuvo como objetivo atraer nuevas inversiones para el país.
Durante el evento, se concretó además una donación de la empresa Suzuki, que incluye becas y vehículos destinados a jóvenes ecuatorianos.
Durante la segunda jornada de esta gira, Noboa se reunió con el ministro Muto y con el extitular de la cartera y presidente de la Liga Parlamentaria nipona, Yasutoshi Nishimura, con el objetivo de impulsar la consolidación de un acuerdo comercial bilateral.
«Este es un momento clave para ampliar nuestro comercio con naciones que valoran las relaciones a largo plazo», declaró Noboa ante Muto y Nishimura, destacando la importancia de «eliminar cualquier barrera que haya bloqueado la posibilidad de trabajar juntos».
Por su parte, el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón resaltó la importancia del Ecuador como sexto proveedor de crudo, así como su potencial en otros sectores, “lo que lo convierte en un socio indispensable para Japón en materia de recursos y energía”, expresó.
Donación de Suzuki
En este acto, el fabricante japonés de vehículos Suzuki oficializó la donación de USD 1.1 millones para impulsar a la juventud ecuatoriana, correspondiente al Proyecto Social “Jóvenes al Volante” (2025–2026), enfocado en tres ejes:
• Desarrollo: entrega de 10 vehículos Suzuki Swift Híbrido a jóvenes líderes comunitarios (USD 185.000).
• Educación: becas académicas por USD 800.000 y un programa dual de estudios y prácticas en coordinación con Cancillería y Suzuki del Ecuador.
• Sostenibilidad: exoneración del valor de matrícula vehicular (USD 80.000) para jóvenes de hasta 29 años 11 meses que adquieran un Suzuki Swift Híbrido.
Además, la empresa anunció una inversión productiva de USD 5 millones para promover la generación de empleo.
En su agenda, Noboa tiene programada una reunión con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, el jueves, tras la cual participará con una comida ofrecida por el jefe del Gobierno japonés. Fuente: Vistazo
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Yaku Pérez presenta denuncia en Fiscalía contra Daniel Noboa, su esposa y una minera canadiense

El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.
A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.
Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».
Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.
Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.
Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.
Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas
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Ley de Transparencia Social: Asamblea aprueba cuarta económica urgente de Noboa contra el lavado de dinero

Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.
Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.
“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.
Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.
No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.
El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.
Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.
Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.
El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.
El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo
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