Nacionales
La Asamblea cumple su primer año con leyes que no funcionaron y soportando una ‘lluvia’ de vetos totales
La Asamblea Nacional transitoria está por cumplir su primer año de funcionamiento con buenos números, pero poco sintonizada con el país: de las 33 leyes aprobadas desde el 17 de noviembre de 2023, apenas dos están encaminadas al tema energético, uno de los principales dolores de cabeza del último año.
Suficientes, según las bancadas opositoras que manejan el discurso que, desde el Legislativo, han dado al Gobierno de Daniel Noboa todas las herramientas para enfrentar la crisis eléctrica que inició a finales de 2023.
La primera que se aprobó, en enero de 2024, fue la Ley de Competitividad Energética, conocida como ‘ley No más apagones’, que llegó al Legislativo con el carácter de económico urgente.
Para entonces la relación Ejecutivo- Legislativo fluía por el acuerdo entre la oficialista Acción Democrática Nacional (ADN)- Revolución Ciudadana (RC) y Partido Social Cristiano (PSC). El proyecto tuvo 131 votos favorables.
La norma incentivaba los proyectos de energía renovable no convencional de hasta 10 megavatios. Insuficientes para suplir, en el corto plazo, los 1.200 megavatios de déficit que existen actualmente, según la versión oficial.
Con la crisis agudizada, Noboa insistió con un segundo proyecto, esta vez para impulsar la iniciativa privada en generación de energía. La ley fue aprobada el 27 de octubre de 2024 y publicada en el Registro Oficial, sin objeciones.
Falta ver los resultados que obtenga la normativa, que ya ha sumado críticas, porque -entre otras cosas- limitaría la importación de gas natural para las empresas privadas, lo que sería un obstáculo para que sea afectiva.
Seguridad
En materia de seguridad, otro tema que preocupa a los ciudadanos, los legisladores han sido más generosos, al menos en cantidad de normativa aprobada.
Hay ocho leyes que se han construido en estos 12 meses en diferentes ámbitos de la seguridad. Desde la gestión y prevención de riesgos, pasando por el combate al lavado de activos y la Ley de Armas, Municiones y Explosivos.
El 8 de julio de 2024 se aprobó la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, que incluye el endurecimiento de penas para varios delitos, así como la extradición de delincuentes solicitados por otros países.
Al día siguiente de esa aprobación, el entonces presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, aseguró que con las normas aprobadas la Función Legislativa cumplía en la lucha contra la inseguridad y que la ejecución de las mismas estaba en manos del Gobierno y las instancias judiciales correspondientes.
Si bien estas leyes, más otras medidas aplicadas por el Gobierno, generaron confianza entre los ciudadanos a inicios de 2024, la percepción sobre inseguridad ha ido empeorando con el pasar de los meses.
El Índice Gallup de Seguridad Pública 2024, publicado a inicios de octubre, señala que solo el 27% de los ecuatorianos se sienten seguros caminando de noche, la cifra más baja registrada en América Latina.
Economía
Un buen número de leyes abordan y acogen en su estructura más de un área. Eso sucede especialmente con las económicas que se ha visto cruzadas por seguridad, seguridad social y empleo.
En este periodo de tiempo, la Asamblea ha aprobado ocho leyes de este tipo. Las cuatro primeras, sin mayores inconvenientes. En marzo, hubo 83 votos para la Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo.
Sin embargo, esa fue la última ley de corte económico que se publicó sin obstáculos. Para entonces, la pugna Ejecutivo- Legislativo se agudizaba.
A inicios de mayo, se votó a favor de una normativa propuesta por Kronfle que obligaba al Gobierno de turno a hacer las transferencias económicas a los Gobiernos Autónomos Decentralizados (GAD) los primeros cinco días de cada mes.
A finales de ese mes, en cambio, Construye, RC y PSC se unieron para aprobar una enmienda constitucional para que la Asamblea pueda ratificarse en los textos vetados parcialmente por el presidente con 70 votos y no con 92, como era la norma anterior.
Eso molestó al Ejecutivo que consideró que se estaba retirando la capacidad de colegislador del Presidente. La Ley de Kronfle fue la primera ‘víctima’ de ese cambio político, pues el presidente Noboa la vetó totalmente, dejando en el congelador la norma por un año.
El resto de leyes aprobadas por la Asamblea tienen que ver con temas ambientales, salud, educación, participación ciudadana, entre otros.
Objeciones totales
Ya con la ‘guerra’ declarada entre la Asamblea y el Gobierno empezaron los vetos totales a las leyes aceptadas por los legisladores. De las 33 leyes aprobadas, siete han sido objetadas totalmente.
En tanto que tres, que han sido tramitadas durante la presidencia de Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, aún están en espera del pronunciamiento del mandatario.
Entre las normas vetadas por completo están:
Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.
Ley que obligaba los pagos directos y automáticos a los GAD
Ley Reformatoria a Varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en Ecuador
Ley de Prevención y Defensa contra Incendios
Código del Ambiente
Ley de Registro
Reforma a la Ley de Cultura
El presidente Noboa ha hecho severas críticas a la Asamblea por las leyes aprobadas en las que ha no ha dudado en usar la figura del veto total.
En la de cultura, por ejemplo, consideró que había errores de forma, fondo y hasta faltas ortográficas en el texto aprobado.
El Ejecutivo cuestionó que en todo el proyecto se uso recurrentemente el término «Casa de la Cultura del Ecuador» para referirse -se entiende- a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.
Además, que los legisladores establecieron la figura de incentivos y estímulos para quienes apoyen acciones culturales, sin tener en cuenta que estos podrían impactar el Presupuesto General del Estado.
Omitiendo, además, que es el Presidente de la República el único con competencia de proponer reformas en el ámbito tributario. Fuente: Primicias
Nacionales
Coca Codo Sinclair: El Estado recibe la obra pese a las 17.600 fisuras y advertencias de Contraloría
El Ministerio de Energía confirmó que el Gobierno de Daniel Noboa recibirá este viernes 17 de abril de 2026, la central Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país, construida por la empresa china Sinohydro, pese a las miles de fisuras en equipos claves.
¿Pero por qué, tras diez años desde su inauguración, es polémica la recepción de esta obra ejecutada por la empresa china Sinohydro? Esto es todo lo que debe saber:
1 Una obra no aceptada durante 10 años
Coca Codo Sinclair fue contratada durante el gobierno de Rafael Correa, con una inversión de alrededor de USD 2.763 millones.
Pese a que la hidroeléctrica se inauguró en noviembre de 2016, nunca se recibió formalmente por los problemas detectados en los distribuidores, que tenían miles de fisuras.
Un informe de la Contraloría General del Estado, de 2018, fue clave, pues advirtió que las fisuras constituían un riesgo serio que, de seguir apareciendo, podrían provocar una inundación en la casa de máquinas, inutilizar la central y poner en riesgo a unos 70 trabajadores.
De ahí que la Contraloría estableció que «en tanto no se cumplan las estipulaciones contractuales, (el Estado ndr) se abstendrá de aceptar la recepción definitiva del proyecto».
«En caso de que, luego de la campaña de reparación de los distribuidores propuesta por la contratista, estos no cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato se deberán reemplazar los distribuidores que presentan indicaciones y fisuras», dijo Contraloría.
Y añadió que esto implicaría «remover el hormigón, previo a lo cual se deberá desmontar los demás elementos electromecánicos que conforman la casa de máquinas”.
2 Miles de fisuras en los distribuidores
Los distribuidores son los equipos en los que se han formado miles de fisuras, incluso antes de que la central entre en operación, según el informe de la Contraloría.
Se trata de equipos clave que operan bajo alta presión, ya que reciben el agua que cae de una altura de 600 metros y la dirigen hacia las turbinas para generar electricidad.
Según un informe de la Contraloría, había más de de 7.600 fisuras en los distribuidores de Coca Codo. Y, de hecho, en un informe presentado por Celec a la Asamblea en 2022 ya se registraban 17.661 fisuras.
Además, el informe de Contraloría también advirtió que las fisuras en los distribuidores comprometen la seguridad de la casa de máquinas de la central, valorada en USD 1.011 millones.
Entre 2015 y 2022, hubo cinco campañas de reparación en los distribuidores, pero las fisuras siguieron apareciendo, incluso en aquellas partes donde ya habían sido soldadas.
3 Celec presentó un arbitraje
Por esos defectos, Celec presentó el 17 de mayo de 2021 un arbitraje a Sinohydro en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Celec exigía una indemnización inicial de USD 580 millones a Sinohydro.
Sin embargo, en 2022 comenzaron acercamientos con el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso y PowerChina, matriz de Sinohydro, para buscar una salida.
Fernando Santos Alvite, exministro de Energía de Lasso, dijo que incluso se firmó un memorando de entendimiento y hubo reuniones de trabajo.
Durante los diálogos se llegó a hablar de la entrega de una especie de bono o derecho por parte del gobierno chino como compensación económica, dijo Santos.
Exfuncionarios de Celec que participaron de las mesas de trabajo comentaron a PRIMICIAS que Ecuador llegó incluso a proponer que la empresa asiática pague un bono de USD 1.500 millones.
En contraparte, según Santos, la empresa solicitó dos temas espinosos para el Estado ecuatoriano: que desista del arbitraje internacional y que acepte formalmente la obra.
Pero en mayo de 2023, Lasso decretó la muerte cruzada y llamó a elecciones presidenciales anticipadas, con lo que los diálogos se enfriaron.
4 Un viaje a China lo cambió todo
Tras un viaje oficial del presidente Daniel Noboa a China, en junio de 2025, el Gobierno finalmente llegó a un acuerdo para que la obra de Coca Codo Sinclair sea aceptada por el Estado.
El plazo que se fijó fue hasta el 17 de abril de 2026.
La ministra de Energía había adelantado en febrero de 2026, que la empresa compensará a Ecuador con un pago de USD 200 millones en efectivo y el otorgamiento de un crédito para Ecuador por otros USD 200 millones bajo la modalidad de «crédito de proveedor».
Bajo es figura, normalmente, las empresas chinas desarrollan proyectos y aportan el financiamiento, que luego debe ser pagado por el Estado.
En ese viaje, el Gobierno también se comprometió a dar de baja el arbitraje internacional, algo que se concretó en diciembre de 2025.
Eso dio paso a un laudo por mutuo acuerdo notificado a las partes el 3 de abril de 2026. Con esto, Celec renunció «irrevocablemente a todas y cada una de las reclamaciones, demandas y/o alegaciones existentes y futuras, conocidas o desconocidas al momento de entrar en el Acuerdo de Transacción de Arbitraje, que surjan de o en relación con el contrato».
5 PowerChina recibirá USD 46 millones al año
En ese viaje a China, el Gobierno de Noboa también se comprometió a entregar la operación y mantenimiento de la central a la casa matriz de Sinohydro, PowerChina.
PRIMICIAS conoció que el Gobierno acordó firmar un contrato que preveía pagos anuales a PowerChina durante 25 años por esos servicios.
La ministra de Energía, Inés Manzano, reconoció que en un inicio se planteó pagar USD 60 millones al año. Eso equivalía a entregar USD 1.500 millones a la empresa en los 25 años, lo que equivale al 54% de lo que costó la obra.
Sin embargo, Manzano explicó que tras las reuniones técnicas se acordó pagar USD 46 millones al año.
Si el contrato se firma por 25 años, esto representaría USD 1.150 millones para el Estado.
La cifra resulta llamativa, dice el especialista en el sector eléctrico, Ricardo Buitrón. Esto, debido a que, según un informe de la consultora italiana Electroconsult, de 2009, el mantenimiento y operación anual de la central es de unos USD 18 millones al año.
Según lo acordado en ese viaje a China, el contrato con PowerChina se deberá firmar en un plazo máximo de un mes luego de que Celec reciba definitivamente la obra; esto es, en mayo de 2026.
6¿Qué pasará con las fisuras?
Todavía no queda claro qué hará PowerChina para solucionar el grave problema de las miles de fisuras.
Según el contrato firmado en el gobierno de Correa, Sinohydro debía cumplir una serie de cláusulas para acceder a la recepción definitiva de la obra. De las nueve cláusulas mencionadas, la compañía china había cumplido cuatro.
Una de las cláusulas no cumplidas es una relacionada con los distribuidores de Coca Codo Sinclair.
En el oficio del 6 de abril de 2026 enviado a Celec para pedir la recepción definitiva de la obra, Sinohydro detalla textualmente que los temas pendientes sobre los distribuidores, «se van a transferir en el contrato de administración, operación y mantenimiento con PowerChina».
Pero en dicho oficio solo se detalla de manera general que, con el nuevo contrato de operación y mantenimiento que se firmará con PowerChina, esta «tiene que atender los defectos e ítems pendientes, si los hubiere».
Y añade: «incluyendo la elaboración de estudios que la empresa china considere necesarios y sean aprobados por Celec, además de reparación, resolución y/o reemplazo a su costo».
Así, surge la duda de si queda abierta la posibilidad de que PowerChina decida si repara o reemplaza los distribuidores, pese a que la disposición de la Contraloría es que se cambien los equipos con fallas antes de su entrega.
Manzano dijo el pasado 13 de abril de 2026 que el acuerdo con PowerChina establece «la obligación de reparar todo lo que se debe de reparar, cambiar los distribuidores… Hay una garantía específicamente para los distribuidores, esa garantía se mantiene», dijo.
Nacionales
Así habría sido el salto final de alias ‘Frenillo’, quien alquilaba departamentos con identidades falsas
Jeremy Joel Zambrano González, alias ‘Frenillo’, fue encontrado en un lujoso departamento en Puerto Santa Ana en Guayaquil. Sin embargo, el líder de la banda criminal Mafia 18 prefirió lanzarse del noveno piso del edificio para evitar la captura, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
El hecho ocurrió en medio del operativo Apolo 15, con el que las autoridades buscaban desarticular a múltiples bandas criminales, sobre todo del sur de la ciudad. Sin embargo, la Policía fue alertada sobre la presencia de un objetivo de alto valor en un edificio del centro-norte del Puerto Principal.
Alrededor de las 03:00 de este jueves, 16 de abril, unos cinco policías de las fuerzas especiales irrumpieron en el noveno piso de la torre dos del edificio Riverfront de Puerto Santa Ana.
Mientras tanto, el líder criminal, de 27 años, habría corrido para luego lanzarse por la ventana. “Se botó, se botó”, gritaron los policías, según se escucha en el video.
‘Frenillo’ cayó de cabeza sobre la jardinera lateral del edificio, según se observa en fotos difundidas en redes sociales.
IDENTIDADES FALSAS Y ALQUILER AIRBNB
En el departamento, de alta plusvalía, se encontraron dos armas de fuego, municiones, droga y dinero en efectivo.
Además, en el momento del operativo, estaba una joven de 19 años, identificada como Liz A., quien quedó detenida por el presunto delito de porte y tenencia de armas.
Posteriormente, fue trasladada a una unidad judicial alrededor de las 06:40. Ella comentó que alias ‘Frenillo’ no utilizó ninguna arma para repeler a los policías y que simplemente saltó por la ventana sin mirar atrás.
Tras levantar todas las evidencias, la Policía también ha determinado que el cabecilla criminal y su acompañante utilizaban identidades falsas para alquilar departamentos en la plataforma Airbnb.
“Esta señorita tenía una identidad falsa, igual que alias ‘Frenillo’, quien poseía dos cédulas de identidad para tratar de evadir los controles policiales”, aseguró el mayor Andrés Castañeda en rueda de prensa.
Agregó que se cambiaban de pisos y departamentos constantemente para no levantar sospechas.
¿QUIÉN ERA ALIAS ‘FRENILLO’?
Era el décimo noveno más buscado del país por asesinato y cabecilla de la banda ‘Mafia 18’. De hecho, su progenitor era otro delincuente fallecido, denominado ‘Godo Samir’, socio del narco Leandro Norero, quien también está muerto.
‘Frenillo’ empezó su vida delictiva desde los 17 años. En la página de la Función Judicial hay registros de varias investigaciones en su contra por robo, secuestro, tenencia y porte de armas.
Su primer crimen lo perpetró en el 2015, cuando hurtó la billetera y el celular de un hombre en el sector de La Floresta en Guayaquil. En aquella época, aún era menor de edad.
Desde ahí su historial delictivo empezó a crecer, entre detenciones y liberaciones. De hecho, fue beneficiario de varias resoluciones judiciales favorables.
“En 2024 no se había presentado a las medidas sustitutivas que le dieron en ese entonces por el delito de tenencia de armas, luego fue involucrado en otros delitos como asesinatos, por eso se lo estaba buscando”, comentó el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Fuente: Vistazo
Nacionales
Asambleísta se disculpa con la RC5 por exponer que la obligaron a renunciar a una comisión
Visiblemente enojada, la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5), Sandra Figueroa, renunció a la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica.
El pasado miércoles, 15 de abril, Figueroa intervino en el Pleno para confirmar su salida de la mesa legislativa porque su bancada la obligó a retirarse para poner a otro militante, Franklin Samaniego.
“Me molesta esta actitud señores, y con todo el perdón, compañeros de mi bancada, porque sobre todo es el respeto a Sandra Figueroa, mujer de 54 años, madre y abuela (…)”, manifestó la legisladora de la provincia del Guayas.
PIDE PERDÓN A LA RC5
Estas declaraciones rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales y empezaron los rumores de una posible renuncia de la bancada de la RC5.
Pero Figueroa aclaró en la plataforma X que su lealtad está con la Revolución Ciudadana. “No pienso salir de estas filas. Si alguna expresión mía causó descontento, me disculpo con mi bancada”.
Mientras que, en declaraciones a medios de comunicación tras culminar la sesión del Pleno, Figueroa explicó que el día en que fue mocionada para ser miembro de la comisión estaba conectada de manera virtual.
Luego, regresó a Quito y la bancada de la RC5 le informó que ellos habían elegido a Franklin Samaniego y, que en vista de que la sugerencia no fue tomada en cuenta, debía renunciar.
La legisladora guayasense explicó a sus compañeros que sí podía asumir el cargo con asesoría de Samaniego, pero esto causó más desacuerdos.
¿EN QUÉ CONSISTE LA COMISIÓN CALIFICADORA?
A finales de marzo, se formó la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica, auspiciada por el Acuerdo por la Seguridad.
Desde la sociedad civil, se busca, entre otras cosas, la creación y fortalecimiento del Cuerpo de Protección Ciudadana.
La comisión será la encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, como paso previo a la calificación de la iniciativa popular normativa.
El proyecto también pretende descongestionar a la Policía Nacional, fortalecer la prevención desde lo local, mejorar la respuesta en territorios específicos, promover la participación ciudadana y la confianza institucional; y optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y financieros en materia de seguridad. Fuente: Vistazo
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