Nacionales
Juicio contra la fiscal Diana Salazar es reactivado por el CAL
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional reanudó este miércoles el proceso de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien pidió el pasado 19 de agosto que el litigio se reactivara.
La titular del Ministerio Público había solicitado a mediados de mayo de este año que los trámites referentes a la solicitud, presentada por el asambleísta Héctor Valladares, fueran suspendidos para que pueda llevar su embarazo en paz.
“El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político retome la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, propuestos por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez”, anunció el Legislativo este miércoles, cerca de dos semanas después del pedido de la fiscal.

Salazar ha calificado el proceso impulsado por el correísmo como un ‘narco juicio político’. La acusan de haber incurrido en un presunto incumplimiento de funciones, al, supuestamente, no haber actuado adecuadamente con relación con información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre casos de blanqueo de dinero y lavado de activos.
El asambleísta señaló que, aunque la UAFE remitió a la Fiscalía General del Estado 97 procesos entre 2009 y 2022, solo se han llevado adelante doce causas, de las cuales apenas cinco han recibido sentencia judicial..
“Burdo intento de revancha”
«Una de las presuntas causa para la solicitud consiste en el encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos. La Fiscalía aclara que dichas declaraciones no tienen ningún sustento, más allá de la falta de entendimiento por parte del legislador mencionado sobre el tema en cuestión», señaló la entidad al anunciarse la solicitud de juicio político contra su titular.
Recientemente, Salazar reiteró que las causales que han presentado los interpelantes no tienen sustento. “Se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales. Sí, los miembros de las estructuras criminales, sentenciados y prófugos, que querrán ir a ser aplaudidos en ese espacio y también en las redes sociales por quienes de forma velada buscan salvaguardar sus intereses”, aseveró.
“Este ‘narco’ juicio, sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que con mi equipo hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada”, acotó.
Nacionales
Caso Las Malvinas: Fiscalía pide a la Fuerza Pública asegurar que dos testigos comparezcan
La audiencia de juzgamiento del Caso «Las Malvinas» en contra de 17 militares, procesados por su presunta participación en la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño, fue suspendida y reprogramada para las 08h30 del lunes 24 de noviembre.
«La Fiscalía General del Estado solicita que se oficie a la fuerza pública para asegurar la comparecencia de dos testigos que no han asistido a la diligencia«, informó a través de X dicha entida.
Los hechos se remontan al 8 de diciembre del 2024. En el barrio «Las Malvinas», ubicado en el sur de la ciudad portuaria, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos por una patrulla militar, según se aprecia en la grabación de una cámara de videovigilancia de la zona.
De acuerdo a la investigación, luego de ser abandonados por el contingente, aproximadamente a la medianoche, las víctimas realizaron la llamada referida a sus padres. Es a partir de ese momento que se pierde el rastro de lo que ocurrió hasta el hallazgo de sus cuerpos calcinados en una zona de difícil acceso de dicha parroquia, aproximadamente dos semanas después.
Los dos testigos en cuestión son ciudadanos que habrían visto con los menores la noche de su desaparición.
El primero es Luis T., quien entregó una versión anticipada en la que contó que prestó su teléfono celular a los adolescentes luego de que fueron abandonados en Tura.
El segundo es Luiggi V., quien afirmó haber estado en un bar cuando —asegura— observó a varios individuos vinculados al crimen organizado llevarse a los cuatro menores en una lancha.
No obstante, el pasado 9 de septiembre, declaró ante la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) que su domicilio había sido allanado en la madrugada del 21 de diciembre de 2024, que fue detenido y torturado, y que personal militar lo obligó bajo amenazas de muerte a afirmar que bandas criminales se habían llevado a los niños.
Juicio contra los 17 militares
La audiencia de juzgamiento en contra de los militares comenzó el pasado 6 de noviembre. A lo largo de las diligencias se han revelado nuevos detalles sobre lo que habría ocurrido la noche en que los menores no regresaron a su hogar.
En un contrainterrogatorio realizado por la defensa de los militares, un perito de la Policía Nacional dio a conocer el pasado miércoles la existencia de un video, grabado de forma encubierta por uno de los militares, que captó el momento en el que uno de los implicados golpeó el rostro de un menor con su fusil, mientras que las otras víctimas se cubrían para no ser atacadas.
A ello se sumó un informe de uno de los militares, en el que se indicó que, al llegar a una ruta de tercer orden, los menores de edad fueron obligados a desnudarse y a acostarse boca abajo en la tierra. Luego de eso, un subteniente habría dispararo al suelo para atemorizarlos. Fuente: Vistazo
Nacionales
Rafael Correa estalla tras reunión de Marcela Aguiñaga y Lourdes Tibán: ‘Luisa tenía toda la razón’
El expresidente Rafael Correa mostró su inconformidad por la reunión que mantuvo Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, con Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, en Guayaquil.
Aguiñaga y Tibán se encontraron este jueves 20 de noviembre para firmar un convenio de mancomunidad, el cual integra a siete prefecturas para recuperar el río Guayas.
Juntas recorrieron el afluente y aseguraron que han dejado las camisetas políticas para luchar en contra de la sedimentación.
La prefecta del Guayas también subió un video a redes sociales en el que se observa a ella, Lourdes Tibán y al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dialogando en el balcón del Municipio.

CORREA EXPLOTA
Este encuentro no fue del agrado del expresidente Rafael Correa, quien escribió: “Lo que faltaba: reuniéndose con Lourdes Tibán. Una completa lástima. ¿Acaso no conocen cómo esa mujer nos ha insultado y difamado? Las cosas están claras. Nada nuevo bajo el sol”.
Luego, volvió a pronunciarse junto a una publicación en la que se menciona que Marcela Aguiñaga no descarta lanzarse a la reelección por la Prefectura del Guayas junto a la Revolución Ciudadana.
Agregó que “Luisa tenía toda la razón”, ya que la actual presidenta de la Revolución Ciudadana mencionó que algunas autoridades locales no deberían repetir como candidatos del movimiento correísta. Fuente: Vistazo
Nacionales
Operativos han provocado USD 2.000 millones en pérdidas a las mafias de la minería ilegal
El Ministerio de Defensa aseguró este jueves que la estrategia que ha desarrollado para combatir la minería ilegal a través del Bloque de Seguridad ha generado un impacto económico en grupos de delincuencia organizada de USD 2.000 millones en pérdidas.
Según el reporte oficial, desde enero hasta noviembre de 2025, las operaciones militares y policiales han alcanzado un resultado que triplica la afectación económica registrada en 2024, que cerró con alrededor de USD 555 millones.
El Ministerio detalló que el trabajo del Bloque de Seguridad, que busca «asfixiar a las mafias», permitió desmantelar 41 dragas, 360 retroexcavadoras y 1.344 bocaminas, todas conectadas a redes de extracción ilegal y lavado de activos.
La ofensiva se ha extendido a todo el territorio, con intervenciones de alto impacto, como las siguientes:
- Imbabura: La operación en Buenos Aires desarticuló estructuras que controlaban amplias zonas de extracción y que habían dominado el territorio por años.
- Azuay: El operativo en La Chonta golpeó severamente a las mafias mineras del sur del país.
- Carchi: Se frenó la expansión de nuevos campamentos irregulares y se bloquearon rutas usadas para transportar material aurífero.
- El Oro: Los despliegues permitieron cortar redes vinculadas al contrabando y al lavado de activos.
Un despliegue permanente en todo el país
El Ministerio indicó que cada intervención supone “territorios recuperados y flujos de financiamiento criminal neutralizados”. Además, apuntó que las operaciones están encabezadas por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado Salvador.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene —según el comunicado— una política de “tolerancia cero” frente a la minería ilegal, con el objetivo de restaurar la seguridad y evitar que estas actividades vuelvan a capturar territorios. Fuente: Vistazo
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