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Juicio contra la fiscal Diana Salazar es reactivado por el CAL

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional reanudó este miércoles el proceso de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien pidió el pasado 19 de agosto que el litigio se reactivara.

La titular del Ministerio Público había solicitado a mediados de mayo de este año que los trámites referentes a la solicitud, presentada por el asambleísta Héctor Valladares, fueran suspendidos para que pueda llevar su embarazo en paz.

“El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político retome la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, propuestos por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez”, anunció el Legislativo este miércoles, cerca de dos semanas después del pedido de la fiscal.

$!Fotografía de los legisladores del movimiento Revolución Ciudadana que propusieron el juicio político, Gissela Garzón y Héctor Valladarez.

Salazar ha calificado el proceso impulsado por el correísmo como un ‘narco juicio político’. La acusan de haber incurrido en un presunto incumplimiento de funciones, al, supuestamente, no haber actuado adecuadamente con relación con información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre casos de blanqueo de dinero y lavado de activos.

El asambleísta señaló que, aunque la UAFE remitió a la Fiscalía General del Estado 97 procesos entre 2009 y 2022, solo se han llevado adelante doce causas, de las cuales apenas cinco han recibido sentencia judicial..

“Burdo intento de revancha”

«Una de las presuntas causa para la solicitud consiste en el encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos. La Fiscalía aclara que dichas declaraciones no tienen ningún sustento, más allá de la falta de entendimiento por parte del legislador mencionado sobre el tema en cuestión», señaló la entidad al anunciarse la solicitud de juicio político contra su titular.

Recientemente, Salazar reiteró que las causales que han presentado los interpelantes no tienen sustento. “Se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales. Sí, los miembros de las estructuras criminales, sentenciados y prófugos, que querrán ir a ser aplaudidos en ese espacio y también en las redes sociales por quienes de forma velada buscan salvaguardar sus intereses”, aseveró.

“Este ‘narco’ juicio, sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que con mi equipo hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada”, acotó.

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Madre es condenada a 13 años por desaparición de su hijo en Latacunga

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Sofía Berenice G. R. fue sentenciada a 13 años de prisión este viernes 18 e septiembre por la desaparición involuntaria de su hijo, quien tenía apenas un año y 11 meses cuando se perdió su rastro en noviembre de 2021. Casi cinco años después, el pequeño continúa desaparecido.

El Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi dictó la sentencia con base en las pruebas presentadas durante el juicio por la Fiscalía General del Estado, que reconstruyó los acontecimientos previos y posteriores a la desaparición.

El caso se remonta al 23 de noviembre de 2021, cuando Sofía Berenice G. R., entonces de 31 años, llamó a la media hermana del pequeño para pedirle que lo cuidara mientras realizaba unas diligencias.

La joven dijo entonces que no podía hacerlo porque se encontraba trabajando. Ante ello, la mujer le manifestó que se llevaría a su hijo fuera de la ciudad durante un día.

Alrededor de las 23:00, el padre del niño regresó de un viaje de trabajo y encontró una nota que había dejado Sofía: “Adiós Óscar, me voy lejos a iniciar una vida con el Sebas. Me voy a Colombia, a Cartagena. Chao”.

A partir de ese momento, la familia perdió contacto tanto con la mujer como con el pequeño.

A inicios de diciembre de ese año, Sofía volvió a comunicarse con el padre y le manifestó que ambos regresarían a la vivienda donde residían, ubicada en las avenidas Atahualpa y Roosevelt, en Latacunga.

El padre le pidió entonces fotografías de su hijo. Según la acusación de Fiscalía, la mujer le envió imágenes que habrían sido descargadas de internet y que correspondían a otro niño.

Regresó a la vivienda, pero sin su hijo

El 2 de enero de 2022, Sofía Berenice G. R. regresó al domicilio familiar, pero el pequeño no estaba con ella.

Su hijastra le reclamó por la ausencia de su hermano y le advirtió que acudiría ante la Fiscalía para denunciar la desaparición. Tras esa advertencia, la mujer se retiró del inmueble.

Precisamente, la investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la media hermana del niño. Fiscalía dispuso la activación del protocolo de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional, pero hasta ahora no se ha logrado determinar el paradero del menor.

Más de tres años después, el 16 de octubre de 2025, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Sofía Berenice G. R. en cumplimiento de una orden de captura con fines de formulación de cargos por el delito de desaparición involuntaria.

Durante el juicio, Fiscalía presentó como elementos probatorios el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los testimonios del padre y de la media hermana de la víctima. Ambos declararon que Sofía sacó al niño de su domicilio y que desde entonces se perdió su rastro.

El Tribunal concluyó que las pruebas presentadas eran suficientes para establecer la responsabilidad de la procesada y la condenó a 13 años de privación de libertad.

Además, los jueces ordenaron el pago de USD 15.000 como reparación integral para la familia de la víctima y una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados. Fuente: Vistazo

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El Niño: Guayaquil prevé inundaciones de hasta 2,80 metros de altura, mientras acelera sus planes de mitigación

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El Municipio de Guayaquil proyecta niveles de acumulación de agua de entre 40 centímetros hasta 2,80 metros de altura en los sectores más vulnerables de la ciudad. Se trata de niveles de fluctuación histórica de inundación registrados en zonas del noroeste de Guayaquil, que se podrían agudizar ante potenciales lluvias extremas por el fenómeno de El Niño.

Sandra Peñaherrera, líder comunitaria de Voluntad de Dios en Monte Sinaí, advirtió que la falta de alcantarillado pluvial en ese sector del noroeste incrementa el riesgo de desbordamientos y eleva a niveles peligrosos el nivel de las aguas durante inundaciones.

«El año pasado se nos cayeron tres casas y este año no queremos otro desastre», manifestó Peñaherrera, que urgió al municipio a desplegar maquinaria en el sector, pues señaló que la limpieza de los canales de aguas lluvias aún no iniciaban en la zona.

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El noroeste, la zona con mayores deficiencias de servicios públicos de la ciudad, es también la más expuesta pues creció de manera desordenada -a través de invasiones de tierra-.

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Mapa de riesgo de inundaciones en en el norte de Guayaquil.PRIMICIAS

Según las autoridades, en el noroeste se construyeron viviendas sobre canales naturales de desagüe, por lo que no se descartan evacuaciones de familias enteras en el sector durante El Niño, pese a trabajos de mitigación. El Municipio tiene capacidad para albergar hasta 2.000 personas en 29 albergues temporales ubicados en los Centros de Atención Municipal Integral (CAMI).

Los reclamos sobre la falta de inicio de trabajos de limpieza de canales se registran también en zonas del noroeste en torno a urbanizaciones como Mi Lote y Villa Bonita.

La concesionaria de agua potable y alcantarillado Interagua informó de un cronograma progresivo de intervención y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag), el ente rector municipal, presentó avances de su Plan Preinvernal, el pasado 15 de septiembre de 2026.

El avance de obras y sectores con riesgo criminal
Emapag articula acciones preventivas de la ciudad mediante dos ejes: el Plan Preinvernal y el Plan Choque. De acuerdo con Isabel Tamariz, presidenta del directorio, el Plan Preinvernal contempla la limpieza de 145 kilómetros de canales, sumideros y tirantes con una asignación de USD 2 millones.

Por su parte, el Plan Choque expandió su alcance inicial de 19 a 35 obras, duplicando su presupuesto de USD 4 millones a USD 8,2 millones para intervenir con infraestructura puntos de alta vulnerabilidad.

David Ortiz, gerente general de Emapag, detalló que el porcentaje de ejecución actual ronda el 5% en el Plan Choque y cerca del 10% en el Plan Preinvernal. Se trata de trabajos de mitigación que suelen iniciar cada año entre septiembre y octubre, pero que este año se adelantaron por El Niño al mes de agosto.

La meta municipal es culminar la totalidad de los proyectos entre noviembre y diciembre, meses en los que El Niño prevé alcanzar su clímax -según previsiones internacionales-. Los trabajos de limpieza se están acelerando pero son las obras de mayor envergadura -como la construcción de ductos cajón y cámaras de drenaje- son las que tomarán más tiempo.

Ortiz habló de un desplazamiento en el núcleo o «centro de acoplamiento» de El Niño hacia Colombia por lo que confía que las lluvias más intensas en Guayaquil se presenten en época tradicional, desde inicios de año, dijo. A los desafíos se suma un problema de seguridad en sectores como en noroeste de la ciudad, el más vulnerable: la presencia de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), reconoció.

Según reportes de Interagua y Emapag bandas criminales extorsionan a contratistas, amenazan con dañar la maquinaria pesada e incluso han llegado a secuestrar a trabajadores, obligando a coordinar las labores de limpieza de canales con patrullaje y resguardo de la fuerza pública.

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Inundaciones en Guayaquil, por el invierno, marzo de 2023.API.

Sectores críticos y el clamor de barrios vulnerables
Además del noroeste, entre los puntos críticos expuestos a mayores inundaciones se encuentra barrios enteros en el norte de Guayaquil y en el suroeste de la ciudad, en el sector del Suburbio.

Sauces 6, en el norte, cuya topografía se encuentra 1,5 metros por debajo del nivel promedio del resto de la ciudad, sufre severas y prolongadas inundaciones cada año. El municipio invierte cerca de USD 1 millón en la construcción de una estación de bombeo, informó Emapag. La obra busca reducir los tiempos de anegación a un máximo de 15 a 20 minutos.

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El muro del canal de aguas lluvias de la ciudadela Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil, con filtraciones, tras una lluvia en junio de 2026.API

Otros de los barrios en el norte, con riesgo periódico de quedar íntegramente bajo el agua, es Las Orquídeas Este, donde el muro perimetral de un canal es lo único que mitiga en algo las inundaciones.

Los moradores solicitan una intervención urgente debido a que el muro de contención registró filtraciones en la pasada etapa lluviosa y corre el riesgo de romperse, con resultados potencialmente catastróficos ante lluvias extremas.

Las autoridades de Emapag se comprometieron a inspeccionar el estado del muro y a un posible refuerzo, “en caso de identificarse la necesidad”, señaló Tamariz.

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Mapa de sectores inundables en el sur y suroeste de Guayaquil.PRIMICIAS

Los puntos críticos por riesgo de inundación en Guayaquil

  • En el noroeste de Guayaquil, en donde viven medio millón de personas: Ciudad de Dios, Socio Vivienda 2, Monte Sinaí (Tres Hermanos, cooperativas Cerro Porteño, Arcoiris. Ebenezer, Monte Sinaí, Maria Paidal, El Sol, Valle Italiano, Caminos Reales 1, 31 de Octubre y Reynaldo Quiñones 2).
  • En el norte de Guayaquil están expuestos barrios como Urdesa Central, Miraflores, Samanes, Sauces, Los Vergeles y Las Orquídeas, según el geoportal de riesgos de la Municipalidad.
  • En los márgenes del Estero Salado, al suroeste de Guayaquil: Los sectores 19 de Septiembre, 2 de Agosto, cooperativas 30 de Abril, Febres-Cordero (sectores 13, 14, 15 y 16), Héroes del 41, Isidro Ayora, Plan Piloto 2; Precooperativas 11 de Enero, 22 Julio, Independencia, Manzana 621, Mariscal Sucre y San Francisco de Asís. Fuente: Primicias
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Colombia y Ecuador analizan los desafíos contra el crimen organizado

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El miércoles 16 de septiembre, el programa “La Tertulia Jurídica” desarrolló una jornada de análisis académico sobre “Crimen organizado y responsabilidad penal: desafíos probatorios en Colombia y Ecuador”, con la participación de la abogada penalista colombiana María Alejandra Jaramillo como ponente y el abogado Yamil Ávila como panelista.

El espacio fue transmitido por Diario El Amazónico, con el objetivo de acercar a la ciudadanía y comunidad jurídica al análisis de la criminalidad organizada y los retos que enfrenta la administración de justicia.

Jaramillo explicó que cuenta con trayectoria en derecho penal y procesal penal, habiéndose desempeñado como servidora pública, juez penal municipal con funciones de control de garantías y defensora pública en el área penal. También ha ejercido como docente de posgrados y capacitadora de profesionales en Colombia y Perú, además de participar en procesos de formación para concursos de mérito en instituciones como la Rama Judicial, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación.

Durante su ponencia, señaló que uno de los principales retos consiste en identificar y demostrar la estructura criminal que existe detrás de determinados delitos, considerando que estas organizaciones pueden distribuir funciones de dirección, financiación, coordinación, transporte, ejecución y lavado de activos.

En el contexto colombiano, abordó el concierto para delinquir, contemplado en el artículo 340 del Código Penal, diferenciándolo de la coautoría y explicando su relación con estructuras criminales de carácter permanente.

La especialista destacó que las investigaciones requieren integrar diferentes elementos, entre ellos evidencia digital, información financiera, documentación societaria, registros migratorios y aduaneros, testimonios, seguimientos e interceptaciones obtenidas legalmente, debido a que una evidencia aislada puede no demostrar por sí sola la existencia de una organización criminal.

Asimismo, enfatizó que la responsabilidad penal debe ser individual, por lo que una relación comercial, familiar o social con una persona investigada no convierte automáticamente a alguien en integrante de una organización criminal.

Otro de los ejes de la tertulia fue la cooperación internacional, considerada fundamental frente a organizaciones que operan en varios países. En este ámbito se analizaron mecanismos de intercambio de información financiera y digital, movimientos migratorios, extradición y recuperación de activos, siempre dentro del respeto a las garantías procesales y la soberanía de cada Estado.

Finalmente, Jaramillo abordó el denominado “Escudo de las Américas”, presentado como una estrategia de cooperación multinacional frente al crimen organizado transnacional, con énfasis en la articulación entre Colombia, Ecuador y Perú, y la participación de Estados Unidos. La ponente explicó que este mecanismo no sustituye a las fiscalías, jueces ni instituciones nacionales, sino que busca fortalecer el intercambio de información, inteligencia y coordinación.

“La Tertulia Jurídica” consolidó así un espacio de análisis jurídico y académico para abordar los desafíos que plantea la criminalidad organizada y la necesidad de fortalecer las investigaciones penales y la cooperación internacional frente a delitos que trascienden las fronteras.

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