Nacionales
Juicio contra la fiscal Diana Salazar es reactivado por el CAL
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional reanudó este miércoles el proceso de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien pidió el pasado 19 de agosto que el litigio se reactivara.
La titular del Ministerio Público había solicitado a mediados de mayo de este año que los trámites referentes a la solicitud, presentada por el asambleísta Héctor Valladares, fueran suspendidos para que pueda llevar su embarazo en paz.
“El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político retome la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, propuestos por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez”, anunció el Legislativo este miércoles, cerca de dos semanas después del pedido de la fiscal.
Salazar ha calificado el proceso impulsado por el correísmo como un ‘narco juicio político’. La acusan de haber incurrido en un presunto incumplimiento de funciones, al, supuestamente, no haber actuado adecuadamente con relación con información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre casos de blanqueo de dinero y lavado de activos.
El asambleísta señaló que, aunque la UAFE remitió a la Fiscalía General del Estado 97 procesos entre 2009 y 2022, solo se han llevado adelante doce causas, de las cuales apenas cinco han recibido sentencia judicial..
“Burdo intento de revancha”
«Una de las presuntas causa para la solicitud consiste en el encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos. La Fiscalía aclara que dichas declaraciones no tienen ningún sustento, más allá de la falta de entendimiento por parte del legislador mencionado sobre el tema en cuestión», señaló la entidad al anunciarse la solicitud de juicio político contra su titular.
Recientemente, Salazar reiteró que las causales que han presentado los interpelantes no tienen sustento. “Se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales. Sí, los miembros de las estructuras criminales, sentenciados y prófugos, que querrán ir a ser aplaudidos en ese espacio y también en las redes sociales por quienes de forma velada buscan salvaguardar sus intereses”, aseveró.
“Este ‘narco’ juicio, sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que con mi equipo hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada”, acotó.
Nacionales
Pachakutik en Zamora Chinchipe convoca a consejo político ampliado para definir temas estratégicos
A través de un video difundido en sus redes sociales, el coordinador provincial del Movimiento Pachakutik en Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, convocó a un Consejo Político Provincial Ampliado, previsto para este sábado a las 10:00, en la cancha cubierta del barrio El Prado, de la parroquia Panguintza, cantón Centinela del Cóndor.
La convocatoria está dirigida a las autoridades de elección popular del movimiento que actualmente se encuentran en funciones, entre ellas presidentes y vocales de juntas parroquiales, alcaldes y concejales, así como a dirigentes, coordinadores, candidatos y representantes de organizaciones sociales vinculadas a Pachakutik, entre ellas Zamaskijat y FEMNASH.
Durante su mensaje, Quishpe explicó que el encuentro tiene como objetivo analizar y resolver varios temas pendientes dentro de la organización política. Entre los principales puntos del orden del día figura la definición de la candidatura a la Viceprefectura de Zamora Chinchipe, proceso que, según indicó, aún se encuentra pendiente de resolución pese a que ya existen diversas propuestas e iniciativas planteadas por la militancia.
Asimismo, hizo un llamado a la participación de quienes fueron candidatos a gobiernos parroquiales, concejalías urbanas y rurales, alcaldías y demás dignidades de elección popular, señalando que el consejo político será un espacio de diálogo y toma de decisiones colectivas para fortalecer la organización de cara al proceso electoral.
En otro momento de su intervención, el coordinador provincial se refirió a la información relacionada con la convocatoria realizada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para una audiencia prevista el 19 de agosto, situación que ha generado inquietud entre algunos simpatizantes del movimiento.
Sobre este tema, Quishpe manifestó que, a su criterio, no existe motivo de preocupación, al considerar que se trataría de un asunto menor y que el proceso deberá desarrollarse con estricto apego al debido proceso y a la normativa vigente. Añadió que la organización informará oportunamente sobre cualquier novedad relacionada con este procedimiento.
Finalmente, exhortó a la militancia a concentrar sus esfuerzos en la preparación del consejo político y en el cumplimiento del calendario electoral, recordando que el período oficial para la inscripción de candidaturas se desarrollará del 2 al 17 de agosto, por lo que instó a avanzar en la elaboración de los planes de trabajo y demás requisitos exigidos por la normativa electoral.
Quishpe concluyó su mensaje con un llamado a fortalecer la unidad del movimiento, incrementar el trabajo organizativo y afrontar con entusiasmo el proceso electoral.
Nacionales
Exalcalde de Camilo Ponce Enríquez habría financiado a Los Lobos: así movió USD 3,2 millones, según el Gobierno
El ministro del Interior, John Reimberg, reveló nuevos detalles sobre la captura del exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, alias «B.B.», a quien el Gobierno identifica como uno de los principales financistas de la organización criminal Los Lobos.
La detención se produjo durante un operativo ejecutado de madrugada en las provincias de Azuay y El Oro, en el que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Centro Nacional de Inteligencia.
Así habría operado la estructura, según John Reimberg
De acuerdo con el ministro, la organización obtenía recursos principalmente a través de la minería ilegal, aunque también utilizaba concesiones mineras legales para ocultar el origen del material extraído.
Posteriormente, el grupo explotaba esas concesiones y mezclaba el oro obtenido ilegalmente con la producción de empresas formalmente registradas para aparentar un origen lícito.
Según Reimberg, los millones obtenidos mediante este esquema permitían fortalecer la capacidad operativa de la organización criminal.
«La minería ilegal no solo destruye nuestros recursos naturales; financia organizaciones criminales, compra armas, paga sicarios, corrompe instituciones y amenaza la seguridad nacional», sostuvo.
Explosivos utilizados en atentados
Otro de los datos fue la presunta vinculación entre una empresa minera relacionada con Bermeo Cabrera y los explosivos utilizados en varios ataques registrados, principalmente, en la provincia de El Oro.
Según Reimberg, las investigaciones permitieron establecer la trazabilidad de los explosivos empleados en atentados que durante meses sembraron temor en varias comunidades.
«Los explosivos utilizados en varias detonaciones pertenecen a la compañía minera de la persona detenida. Eso permitió reconstruir la ruta de esos ataques terroristas», aseguró.
El ministro sostuvo que estas acciones intimidaban a poblaciones enteras, cuyos habitantes incluso evitaban salir de sus viviendas por miedo a nuevos atentados.
Seis detenidos y más de USD 245.000 incautados
La operación, que tomó más de cuatro horas, dejó como resultado:
- Seis personas detenidas.
- Cuatro empresas allanadas.
- Más de USD 245.000 en efectivo decomisados.
- Dos vehículos incautados.
- Once teléfonos celulares.
- Siete computadoras.
- Armas de fuego y municiones.
- Dispositivos electrónicos de almacenamiento.
- Joyas.
- Equipos de videovigilancia y radios de comunicación.
Entre los objetos hallados también figuró una placa de oro con la imagen de Pablo Escobar.
Asimismo, Reimberg confirmó que entre los detenidos están varios integrantes del núcleo familiar del exalcalde.
«El Estado ecuatoriano irá por cada uno de ellos, por su dinero, sus bienes, sus redes y sus estructuras. Que les quede claro: no descansaremos hasta desmantelarlos por completo», concluyó. Fuente: Vistazo
Nacionales
Estados Unidos pone bajo llave el expediente de ‘Patucho Celso’ para cuidar a sus testigos
El 18 de junio de 2026, el capo Celso Miguel Moreira Heredia, alias ‘Patucho Celso’, fue extraditado a Nueva York. El proceso que afronta este líder de Los Choneros en la Corte del Distrito Sur de Nueva York avanza bajo un gran hermetismo.
El acusado ecuatoriano enfrenta cargos por conspiración para enviar cocaína hacia Estados Unidos y uso de ametralladoras.
Su equipo de defensa legal sufrió demoras para poder acreditar a su nueva abogada. Ya que Silvia Pinera-Vazquez no litiga normalmente en Nueva York, sino en Florida, y tuvo que tramitar una licencia pro hac vice para revalidar su accionar en esta zona del país norteamericano.
El avance federal del caso de Moreira en Estados Unidos tuvo su primera definición el 6 de julio de 2026, durante la comparecencia inicial ante la jueza Laura Taylor Swain. El líder criminal decidió renunciar a su derecho a la lectura pública de la acusación impuesta.
Inmediatamente después, se declaró no culpable frente a los tres cargos por conspiración para el narcotráfico y posesión de ametralladoras.
La Corte de Nueva York ordenó la ratificación de su prisión preventiva y fijó la conferencia previa al juicio para el 8 de octubre de 2026 a las 11:00.
Un cerco documento y sin IA
Debido a la alta peligrosidad de la red criminal de Moreira, la Fiscalía de Estados Unidos y su defensa firmaron una orden de protección que fue aprobada el 22 de julio de 2026. Este documento revela el nivel de amenaza que rodea actualmente a los colaboradores del gobierno en este proceso.
La resolución evidencia que las evidencias recopiladas hasta ahora contienen información que permitiría identificar a los testigos protegidos.
Para neutralizar estas amenazas inminentes, las pruebas fueron blindadas bajo clasificaciones extremas y reservadas. El material fue designado exclusivamente para la posesión del abogado titular, lo que impide que los expedientes salgan del control del equipo.
Esta rigurosa medida legal prohíbe incluso que el propio procesado pueda revisar libremente los documentos, para evitar que memorice las identidades.
Medida de seguridad en el caso de ‘Patucho Celso’ en Estados Unidos.Captura de pantalla / Pacer
Dentro de estas estrictas medidas de seguridad documentales, la justicia norteamericana implementó una cláusula tecnológica innovadora. La Corte busca adaptar sus normas de confidencialidad a la inclusión de la tecnología.
La resolución judicial prohíbe a todo el equipo de defensa del ‘Patucho Celso’ procesar la evidencia mediante modelos de inteligencia artificial fácilmente accesibles al público. Los abogados defensores no pueden utilizar herramientas como ChatGPT para analizar los expedientes.
El objetivo de este veto es impedir que los algoritmos absorban o retengan los datos confidenciales durante su uso.
El escurridizo ‘Patucho Celso’
Los registros judiciales ecuatorianos evidencian la capacidad de Moreira para evadir las prisiones. Su trayectoria criminal despuntó formalmente en 2009 al intentar enviar cargamentos de droga desde el puerto de Manta, pero un año después logró una polémica sentencia absolutoria.
Según la acusación en Estados Unidos, luego de esa liberación, Moreira siguió aumentando su operación ilegal.
Mientras tanto, a nivel judicial, en un intento por borrar sus delitos, en diciembre de 2023 el criminal y su exesposa exigieron a un juez que eliminara todo su pasado judicial del sistema informático nacional. La petición fue negada.
El narcotraficante, además, empleaba múltiples recursos de habeas corpus, en los que alegaba sufrir padecimientos físicos como hipertensión y dolorosos cálculos renales. Su único objetivo era forzar traslados inmediatos o presionar al sistema de salud para ser liberado.
Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, y Celso Miguel Moreira Heredia, alias “Patucho Celso”, extraditados a Estados Unidos, el 18 de junio de 2026.X/@JohnReimberg
Su último intento de liberación ocurrió en junio de 2026 mientras permanecía recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Sin embargo, desistió de la acción un día antes de ser enviado a territorio norteamericano junto a ‘Topo’, el lugarteniente de ‘Fito’: todos parte de la cúpula de Los Choneros. Fuente: Primicias
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