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Juicio contra la fiscal Diana Salazar es reactivado por el CAL

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional reanudó este miércoles el proceso de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien pidió el pasado 19 de agosto que el litigio se reactivara.

La titular del Ministerio Público había solicitado a mediados de mayo de este año que los trámites referentes a la solicitud, presentada por el asambleísta Héctor Valladares, fueran suspendidos para que pueda llevar su embarazo en paz.

“El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político retome la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, propuestos por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez”, anunció el Legislativo este miércoles, cerca de dos semanas después del pedido de la fiscal.

$!Fotografía de los legisladores del movimiento Revolución Ciudadana que propusieron el juicio político, Gissela Garzón y Héctor Valladarez.

Salazar ha calificado el proceso impulsado por el correísmo como un ‘narco juicio político’. La acusan de haber incurrido en un presunto incumplimiento de funciones, al, supuestamente, no haber actuado adecuadamente con relación con información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre casos de blanqueo de dinero y lavado de activos.

El asambleísta señaló que, aunque la UAFE remitió a la Fiscalía General del Estado 97 procesos entre 2009 y 2022, solo se han llevado adelante doce causas, de las cuales apenas cinco han recibido sentencia judicial..

“Burdo intento de revancha”

«Una de las presuntas causa para la solicitud consiste en el encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos. La Fiscalía aclara que dichas declaraciones no tienen ningún sustento, más allá de la falta de entendimiento por parte del legislador mencionado sobre el tema en cuestión», señaló la entidad al anunciarse la solicitud de juicio político contra su titular.

Recientemente, Salazar reiteró que las causales que han presentado los interpelantes no tienen sustento. “Se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales. Sí, los miembros de las estructuras criminales, sentenciados y prófugos, que querrán ir a ser aplaudidos en ese espacio y también en las redes sociales por quienes de forma velada buscan salvaguardar sus intereses”, aseveró.

“Este ‘narco’ juicio, sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que con mi equipo hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada”, acotó.

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Colombia y Ecuador analizan los desafíos contra el crimen organizado

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El miércoles 16 de septiembre, el programa “La Tertulia Jurídica” desarrolló una jornada de análisis académico sobre “Crimen organizado y responsabilidad penal: desafíos probatorios en Colombia y Ecuador”, con la participación de la abogada penalista colombiana María Alejandra Jaramillo como ponente y el abogado Yamil Ávila como panelista.

El espacio fue transmitido por Diario El Amazónico, con el objetivo de acercar a la ciudadanía y comunidad jurídica al análisis de la criminalidad organizada y los retos que enfrenta la administración de justicia.

Jaramillo explicó que cuenta con trayectoria en derecho penal y procesal penal, habiéndose desempeñado como servidora pública, juez penal municipal con funciones de control de garantías y defensora pública en el área penal. También ha ejercido como docente de posgrados y capacitadora de profesionales en Colombia y Perú, además de participar en procesos de formación para concursos de mérito en instituciones como la Rama Judicial, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación.

Durante su ponencia, señaló que uno de los principales retos consiste en identificar y demostrar la estructura criminal que existe detrás de determinados delitos, considerando que estas organizaciones pueden distribuir funciones de dirección, financiación, coordinación, transporte, ejecución y lavado de activos.

En el contexto colombiano, abordó el concierto para delinquir, contemplado en el artículo 340 del Código Penal, diferenciándolo de la coautoría y explicando su relación con estructuras criminales de carácter permanente.

La especialista destacó que las investigaciones requieren integrar diferentes elementos, entre ellos evidencia digital, información financiera, documentación societaria, registros migratorios y aduaneros, testimonios, seguimientos e interceptaciones obtenidas legalmente, debido a que una evidencia aislada puede no demostrar por sí sola la existencia de una organización criminal.

Asimismo, enfatizó que la responsabilidad penal debe ser individual, por lo que una relación comercial, familiar o social con una persona investigada no convierte automáticamente a alguien en integrante de una organización criminal.

Otro de los ejes de la tertulia fue la cooperación internacional, considerada fundamental frente a organizaciones que operan en varios países. En este ámbito se analizaron mecanismos de intercambio de información financiera y digital, movimientos migratorios, extradición y recuperación de activos, siempre dentro del respeto a las garantías procesales y la soberanía de cada Estado.

Finalmente, Jaramillo abordó el denominado “Escudo de las Américas”, presentado como una estrategia de cooperación multinacional frente al crimen organizado transnacional, con énfasis en la articulación entre Colombia, Ecuador y Perú, y la participación de Estados Unidos. La ponente explicó que este mecanismo no sustituye a las fiscalías, jueces ni instituciones nacionales, sino que busca fortalecer el intercambio de información, inteligencia y coordinación.

“La Tertulia Jurídica” consolidó así un espacio de análisis jurídico y académico para abordar los desafíos que plantea la criminalidad organizada y la necesidad de fortalecer las investigaciones penales y la cooperación internacional frente a delitos que trascienden las fronteras.

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CITACIÓN A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO QUE SE CREAN CON DERECHO A LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA(S) FUENTE(S) CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA UBICADA EN CAP-VZ4, PARROQUIA NUEVO QUITO, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL AGUA SERÁ UTILIZADA PARA USO Y/O APROVECHAMIENTO MINERÍA.

ACTOR(ES): AURELIANMENOR S.A.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, DIRECCIÓN ZONAL 10.

Proceso Administrativo Nro DZ10-DZ10-2026-00031-AA. Fecha 15-07-2026 A las 10:20.

VISTOS: Avoco conocimiento del presente trámite administrativo en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado. Ministerio de Ambiente y Energía.

En lo principal: Agréguese al expediente los documentos referentes a la Solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua, presentada por AURELIANMENOR S.A. de 2026-07-15 10:20:05.198, en el mismo que solicita la Autorización de aprovechamiento de agua de MINERÍA, provenientes de la fuente, CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA ubicada en CAP-VZ4,

parroquia NUEVO QUITO, cantón PAQUISHA, provincia de ZAMORA CHINCHIPE. Con estos antecedentes en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentradose DISPONE:

1.- Aceptar a trámite la solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua MINERÍA, por haberse emitido el Certificado de Disponibilidad de Agua – CDA, en cumplimiento con Art. 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua y en concordancia con el Art. 107 del Reglamento General Aplicación a la ley, por lo expuesto se dispone el cumplimiento de las siguientes diligencias.

2.-Notifíquese a los señores MARIA AGUSTINA KITIAR TSASAM,JOSE DOMINGO GUALAN ABRIGO,PEDRO FRANCISCO CANGO,ENRIQUE GUALAN

GUALAN,GUILMER MEDARDO ESPINOSA GONZALEZ, en su domicilio señalado en la petición inicial; y a los usuarios desconocidos y presuntos mediante la fijación de carteles que contendrán un extracto de la solicitud y ésta providencia, los que permanecerán expuestos por diez días consecutivos en los parajes más concurridos CAP-VZ4 – NUEVO QUITO – PAQUISHA– ZAMORA CHINCHIPE, mediante comisión que le imparte al señor Teniente Político de la parroquia NUEVO QUITO, anunciar por la prensa tres publicaciones consecutivas.

3.- Finalizado el plazo de publicidad, se contarán diez días para que se puedan presentar adhesiones, oposiciones o proyectos alternativos en sobre cerrado, cumpliendo los mismos requisitos fijados en el numeral 1 del Art. 107 (procedimiento general).

4.- En caso de que el administrado no cumpla con lo dispuesto, esta Administración actuará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 212 del Código Orgánico Administrativo. 5.- Luego de cumplidas estas diligencias se designará un analista técnico/perito, quien realizará la inspección de rigor y emitirá su informe en atención a lo solicitado.

6.- Téngase en cuenta Casillero Judicial 0 , correo electrónico daniela.alvear@lundingold.com señalados para posteriores notificaciones y la autorización conferida a su abogado defensor de ser el caso AURELIANMENOR S.A. NOTIFIQUESE.-

DIRECTOR/A ZONAL DIRECCIÓN ZONAL 10

 BYRON STALIN MEDINA PACHECO

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Xavier Jordán sería deportado a Ecuador en unos 15 días, dice ministro del Interior John Reimberg

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El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a la detención de Xavier Jordán en Estados Unidos, uno de los procesados por el magnicidio de Fernando Villavicencio, un hecho ocurrido en 2023.

Sobre la deportación de Jordán al país, el ministro dijo: «Creemos que va a ser un proceso corto. Él debería terminar muy pronto en un avión hacia el Ecuador»,

Agregó que confía en la justicia de los Estados Unidos, «así que espero que el corto tiempo sea no mayor a 15 días y ya pueda ser enviado».

Reimberg aseguró, en una entrevista con Teleamazonas, que «como país, hemos cumplido en presentar para toda la documentación necesaria, donde están las justificaciones de Interpol, donde están los casos por los cuales debe presentarse ante la justicia. Y bueno, ya se encuentra detenido».

Finalmente, indicó que Jordán recibirá un trato similar al que reciben los migrantes que son deportados por Estados Unidos.

Jordán fue detenido por el ICE el 16 de septiembre de 2026 en Miami, específicamente en las calles de Doral, una ciudad del condado Miami-Dade, en Florida. El hecho quedó grabado en videos ciudadanos que fueron compartidos en redes sociales. También fue detenida una mujer.

PRIMICIAS verificó en el sistema del ICE que Jordán se encuentra en el centro de detención ‘Winn Correctional Center’, en Luisiana, ubicado a 1.383 kilómetros en línea recta desde el sitio de su aprehensión en Doral.

El nombre de Jordán se volvió mediático cuando se difundió la famosa foto de la piscina, tomada en su propia casa. En la imagen aparecen él y personajes como Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo, y Leonardo Cortázar, a quien la Fiscalía señala como uno de los presuntos operadores de la red de corrupción del caso Encuentro.

Jordán abandonó Ecuador el 2 de febrero de 2020, según los registros migratorios y se instaló en Estados Unidos.

En octubre del año pasado, agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) allanaron la casa de Jordán en Miami por una investigación que en ese momento se señaló como «reservada», pero finalmente no lo arrestaron.

En el país, la Fiscalía General del Estado señala a Jordán como uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito previo a la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que ganó el actual presidente, Daniel Noboa. Fuente: primicias

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