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Jueza ordena prisión preventiva para Augusto Verduga y solicita notificación roja de la Interpol

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Un dictamen de prisión preventiva recayó este martes sobre el exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, quien se encuentra procesado por el Caso ‘Ligados’.

La Fiscalía General del Estado anunció a través de redes sociales que la jueza de la causa, Daniella Camacho, acogió su pedido y ordenó el encarcelamiento provisional del exvocal. La magistrada también ofició a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) que emita la notificación roja de localización y captura.

Horas antes de la audiencia de revisión de medidas cautelares en la que se alcanzó la resolución, el exconsejero, sobre quien pesan cargos como autor directo del delito de asociación ilícita, reveló a través de redes sociales que se encuentra en México.

Verduga viajó hacia ese país luego de haber permanecido aproximadamente tres meses en Colombia, pese a que eso lo llevó a desacatar una medida cautelar de presentaciones periódicas ante un juez, dictada por su vinculación al Caso ‘Ligados’.

La diligencia se instaló por vía telemática y contó con la participación de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. La revisión de cumplimiento de las disposiciones preventivas también se extendió al exconsejero Eduardo Franco Loor, quien también está procesado en el caso por presunta asociación ilícita.

“Para el procesado Eduardo F. modifica la medida de presentación periódica y acepta que esta se cumpla en la Corte Provincial de Guayas, cada 15 días. Además, solicita que justifique documentadamente la existencia de la cirugía a la que se someterá en los próximos días”, informó el Ministerio Público en la red social X.

¿Sobre qué trata el caso ‘Ligados’?

El caso ‘Ligados’ es una investigación en curso de la Fiscalía contra Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También es parte del proceso Nicole Bonifaz, quien aún sigue en esa institución.

Ellos habrían incurrido en el delito de asociación ilícita en el marco de varios hechos. Por ejemplo, la designación irregular de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022-2027, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público efectuó un allanamiento a finales de enero del 2025 e incautó los celulares de Augusto Verduga, de los cuales se han extraído múltiples conversaciones que dejarían en evidencia una serie de estrategias de la denominada Liga Azul, afín al correísmo, de la que Saltos y Loor también eran parte, para cooptar organismos de control.

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Daniel Noboa anuncia la comitiva oficial que lo acompañará a la posesión de Keiko Fujimori en Perú

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El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará este lunes 27 de julio a Lima para asistir a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, quien asumirá oficialmente el cargo el martes 28 de julio.

Así lo dio a conocer el primer mandatario a través del Decreto Ejecutivo No. 458, en el que declara en comisión de servicios a la comitiva oficial que lo acompañará durante el viaje oficial internacional que realizará a la República del Perú, del 27 al 28 de julio de 2026.

En el documento se detalla que la comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades de la Administración Pública que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, participen en las actividades previstas.

Asimismo, se estableció que los viáticos y demás gastos que genere el presente desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva

El decreto también ordena poner en conocimiento de la Asamblea Nacional el viaje del presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 de la Constitución de la República.

Finalmente, la disposición señala que el Decreto Ejecutivo entró en vigencia desde su suscripción, el 26 de julio de 2026, en Guayaquil.

Keiko Fujimori, que relevará al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031.

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Partido Socialista Ecuatoriano no descarta alianza con la Revolución Ciudadana

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El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) dejó abierta la posibilidad de respaldar candidaturas de la Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones seccionales de noviembre, luego de la suspensión del movimiento AMIGO, organización que había aceptado auspiciar a los aspirantes correístas.

Así lo confirmó este jueves el presidente del PSE, Gustavo Vallejo, quien señaló que la definición sobre posibles alianzas será adoptada luego de que las dirigencias provinciales de la organización alcancen una resolución.

«El tema de las alianzas las decide el Consejo Nacional. Así hemos aprobado las alianzas anteriores y así las vamos a aprobar», manifestó.

No lo descartamos. En los próximos días convocaremos provincia por provincia para saber qué está pensando la militancia del partido sobre estos temas», indicó.

El Partido Socialista confirma conversaciones con la RC

Consultado sobre si la Revolución Ciudadana ha buscado un acercamiento tras perder la posibilidad de competir bajo el movimiento AMIGO, Vallejo confirmó que ha habido un diálogo.

«Hemos conversado permanentemente con Guillermo Churuchumbi de Pachakutik, con Giovanni (Atarihuana) de Unidad Popular y con Gabriela (Rivadeneira) de la Revolución Ciudadana. Sí, hemos conversado», afirmó.

No obstante, insistió en que la decisión definitiva dependerá de los organismos internos del partido y deberá adoptarse antes del cierre del plazo para inscribir alianzas.

«El plazo será cuando los provinciales decidan y esto significa que es previo al 2 de agosto, es decir, hasta el 31 (de julio) aproximadamente, y no habrá problema en comunicarle al país y a las ciudades que esa decisión se ha tomado«, sostuvo.

Las declaraciones de Vallejo se producen horas después de que el presidente Daniel Noboa afirmara, en una entrevista con Radio Centro, que la Revolución Ciudadana todavía puede participar en las elecciones si lo hace a través de un partido que «haya cumplido con la legalidad». Como ejemplo, el mandatario mencionó al Partido Socialista Ecuatoriano, entre otras organizaciones nacionales.

El escenario político cambió tras la suspensión del movimiento AMIGO. La medida fue dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, y acatada este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Revolución Ciudadana ya había sido suspendida en marzo de este año dentro del denominado caso Caja Chica, investigación en la que la Fiscalía indaga un presunto esquema de financiamiento irregular de campañas políticas.

Como consecuencia, la organización no puede presentar candidaturas bajo su propia lista para las elecciones anticipadas, previstas a realizarse el 29 de noviembre de 2026, en las que los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS. Fuente: Vistazo

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Caso Triple A: Aquiles Alvarez comparece en la fase de pruebas y cuestiona el origen de la investigación

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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, compareció este domingo dentro del juicio del denominado caso Triple A, en el que es procesado por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustible.

El burgomaestre compareció de forma telemática desde la Unidad Judicial de La Libertad, en la provincia de Santa Elena, adonde fue trasladado desde la Cárcel del Encuentro, centro de privación de libertad en el que permanece con prisión preventiva.

Además de Aquiles Alvarez, entre los procesados figuran Xavier V., Juan Carlos A., Juan Dionisio A., Gloria S., Rosa O., Edgar F., María C., Fausto V., Olga O., Edgar C., José C., Lady C., Jessenia V., Carolina T. y Raúl Z. Las empresas llamadas a juicio son Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi S.A.

El alcalde defendió la actividad de las empresas comercializadoras de combustibles y rechazó haber intervenido personalmente en la firma de documentos mientras estuvo al frente de sus compañías.

Asimismo, sostuvo que el control sobre el destino final del combustible corresponde al Estado y no a las empresas comercializadoras. De igual manera, aseguró que Copedesa, una de las compañías procesadas en el caso, cuenta con todos los permisos necesarios para operar de manera legal.

Las comercializadoras son un intermediario entre la abastecedora, Petroecuador, que es la dueña del combustible del país, y el gasolinero. Nuestra responsabilidad termina cuando el transportista entrega el combustible a la estación de servicio», afirmó.

El alcalde también afirmó que Nicole Bermúdez Peña, exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), habría sido presionada para presentar la denuncia que dio origen al proceso, en julio del 2024.

Durante su intervención, Alvarez cuestionó la ausencia de Nicole Bermúdez, calificándola como «preocupante», y declaró que ella habría sido presionada para presentar la denuncia por José Manuel de Oliveira, entonces coordinador jurídico del Ministerio de Energía y Minas, quien —según su versión— actuaba siguiendo instrucciones de José Julio Neira, entonces secretario general de Integridad Pública y ahora director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Caso entró en su recta final con la fase de pruebas

El Ministerio Público sostiene que los procesados habrían participado junto a Alvarez en una presunta trama de comercialización irregular de combustibles, acusación que las defensas niegan y buscan desvirtuar durante esta fase del juicio.

La audiencia de juicio que se instaló este domingo en el Complejo Judicial Norte de Quito fue parte de la fase de pruebas de descargo. Durante esta etapa, las defensas presentan documentos y testimonios para desvirtuar la acusación de la Fiscalía.

El pasado 19 de julio, el juez anticorrupción que conoce la causa llamó a juicio a 21 de los procesados tras acoger el dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía, sustentado en más de 250 elementos de convicción. Fuente: Vistazo
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