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Jueza ordena prisión preventiva para Augusto Verduga y solicita notificación roja de la Interpol

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Un dictamen de prisión preventiva recayó este martes sobre el exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, quien se encuentra procesado por el Caso ‘Ligados’.

La Fiscalía General del Estado anunció a través de redes sociales que la jueza de la causa, Daniella Camacho, acogió su pedido y ordenó el encarcelamiento provisional del exvocal. La magistrada también ofició a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) que emita la notificación roja de localización y captura.

Horas antes de la audiencia de revisión de medidas cautelares en la que se alcanzó la resolución, el exconsejero, sobre quien pesan cargos como autor directo del delito de asociación ilícita, reveló a través de redes sociales que se encuentra en México.

Verduga viajó hacia ese país luego de haber permanecido aproximadamente tres meses en Colombia, pese a que eso lo llevó a desacatar una medida cautelar de presentaciones periódicas ante un juez, dictada por su vinculación al Caso ‘Ligados’.

La diligencia se instaló por vía telemática y contó con la participación de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. La revisión de cumplimiento de las disposiciones preventivas también se extendió al exconsejero Eduardo Franco Loor, quien también está procesado en el caso por presunta asociación ilícita.

“Para el procesado Eduardo F. modifica la medida de presentación periódica y acepta que esta se cumpla en la Corte Provincial de Guayas, cada 15 días. Además, solicita que justifique documentadamente la existencia de la cirugía a la que se someterá en los próximos días”, informó el Ministerio Público en la red social X.

¿Sobre qué trata el caso ‘Ligados’?

El caso ‘Ligados’ es una investigación en curso de la Fiscalía contra Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También es parte del proceso Nicole Bonifaz, quien aún sigue en esa institución.

Ellos habrían incurrido en el delito de asociación ilícita en el marco de varios hechos. Por ejemplo, la designación irregular de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022-2027, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público efectuó un allanamiento a finales de enero del 2025 e incautó los celulares de Augusto Verduga, de los cuales se han extraído múltiples conversaciones que dejarían en evidencia una serie de estrategias de la denominada Liga Azul, afín al correísmo, de la que Saltos y Loor también eran parte, para cooptar organismos de control.

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Horror en Latacunga: madre es procesada por el femicidio de su hija de 3 años

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La investigación por la muerte violenta de una niña de 3 años en Latacunga avanza. La Fiscalía vinculó a la madre de la menor, Lizbeth Katherine T. Ch., de 21 años, como presunta coautora del delito de femicidio y obtuvo una orden de prisión preventiva en su contra.

La causa ya tenía como procesado a Jhon Carlos C. V., pareja de la mujer y padrastro de la niña, quien es agente de control municipal del GAD de Latacunga. Él permanece procesado desde agosto de 2026.

Fiscalía presentó más de 35 elementos de convicción

Durante la audiencia de vinculación, realizada en la Unidad Judicial de Cotopaxi, la Fiscalía expuso más de 35 elementos de convicción para sustentar la presunta participación de la madre.

Entre ellos constan declaraciones de policías, documentos relacionados con el levantamiento del cuerpo, pericias realizadas en el lugar de los hechos y la ampliación de la autopsia médico-legal.

El juez consideró suficientes los elementos presentados para incorporarla al proceso y dispuso su encarcelamiento preventivo. Con esta decisión, la etapa de instrucción fiscal se amplió por 30 días.

La niña habría sido golpeada durante varios días

La investigación reconstruye una secuencia de agresiones que habría comenzado el 3 de agosto de 2026.

Ese día, la pequeña viajó junto con su padrastro desde Latacunga hacia Quito. Durante el recorrido habría tenido un incidente y, según la hipótesis fiscal, el hombre habría reaccionado golpeándola en repetidas ocasiones.

Al regresar a la vivienda familiar, ubicada en el sector La Merced, el procesado habría contado a la madre lo sucedido durante el trayecto.

En ese punto, la Fiscalía atribuye una participación directa a Lizbeth Katherine T. Ch.: la mujer presuntamente golpeó a su hija con un cinturón.

Las investigaciones sostienen que los ataques contra la menor habrían continuado hasta el día siguiente y que tanto la madre como su pareja habrían participado en las agresiones.

La niña llegó al hospital sin signos vitales

El 5 de agosto, Jhon Carlos C. V. habría llevado a la menor al Hospital General de Latacunga después de encontrarla nuevamente en la vivienda y, según la investigación, agredirla.

El médico que la recibió alertó a la Policía al detectar numerosas lesiones en su cuerpo. Durante el examen externo se identificaron hematomas en el rostro, espalda, tórax y otras zonas.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Cementerio General de Latacunga.

Autopsia determinó una muerte violenta

La autopsia médico-legal estableció que la pequeña murió debido a una hemorragia interna y determinó que se trató de una muerte violenta.

La Fiscalía sostiene que la madre habría tenido un rol activo en la coejecución de los hechos, razón por la cual decidió procesarla como presunta coautora de femicidio.

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IESS: transferencias estatales aumentan un 91% en los últimos tres años

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El Gobierno Nacional prevé destinar 8.917 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entre 2024 y diciembre de 2026, según el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo (MDEP). La cifra representa un incremento del 91% frente a los 4.668 millones de dólares registrados entre 2021 y 2023.

Del monto previsto para el periodo 2024-2026, 8.595 millones de dólares corresponden al aporte estatal del 40% para pensiones jubilares, seguro social campesino, contribución anual, Ley 2004-39, seguro del magisterio y riesgos de trabajo.

Este rubro registra una variación del 94% respecto de los 4.435 millones de dólares contabilizados entre 2021 y 2023.

Prestaciones de salud también aumentan

El MDEP señaló que otros 322 millones de dólares corresponden a prestaciones externas de salud para jubilados, previamente auditadas. Este valor supera en 38% los 233 millones de dólares registrados durante el periodo de 2021-2023.

El Gobierno también informó que trabaja con el IESS en la revisión de registros contables, bases de datos y montos pendientes relacionados con obligaciones de administraciones anteriores.

En lo que va de 2026, se han suscrito siete actas de conciliación por concepto del 40% de pensiones y otros rubros, de acuerdo al boletín 113 MDEP, emitido el 15 de septiembre de 2026.

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Contratación colectiva mantiene vigencia como mecanismo de protección y diálogo laboral

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En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.

Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.

Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.

La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.

En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.

Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.

La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.

Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.

El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.

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