Nacionales
Juez evalúa pedido de frenar la construcción de la ‘Cárcel El Encuentro’, en Santa Elena
Un juez inició este lunes la evaluación a la acción de protección presentada por una comunidad para detener las obras de una de las dos cárceles de máxima seguridad que el Gobierno del presidente Daniel Noboa busca construir, bajo un modelo que se ha comparado con el de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.
La audiencia, que fue aplazada por el juez para el viernes, estudiará la demanda presentada por la comunidad Bajada de Chanduy, cercana a la zona, en la costera provincia de Santa Elena, donde desde el mes de junio se está construyendo el centro penitenciario, bautizado por el Ejecutivo como «Cárcel El Encuentro».
La comunidad se declara como nativa de la zona y alega tener el derecho a que el Estado ejerza una consulta previa sobre el proyecto carcelario en su territorio, conforme disponen la legislación nacional ecuatoriana para las comunidades indígenas.
La otra se ha proyectado inicialmente en la Amazonía pero, tras 15 días consecutivos de protestas de organizaciones indígenas y colectivos sociales, el Gobierno anunció ese mismo lunes que dicha prisión ya no se construirá en ese lugar y que valora hacerlo en Salinas, balneario situado también en la provincia de Santa Elena.
Para la cárcel de Santa Elena, ya en marcha, fue el mismo Noboa quien puso en junio la primera piedra que dio inicio a la construcción de este centro penitenciario que se levanta sobre un terreno de 16,2 hectáreas y con una inversión de 52 millones de dólares.
Está previsto que la cárcel esté lista en 300 días y que tenga la capacidad para albergar a unos 800 reos, lejos de los 40.000 pandilleros que según el Gobierno salvadoreño caben en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Más de 500 reos asesinados en cerca de tres años
La construcción de estas prisiones en Ecuador se realiza también en respuesta a la crisis penitenciaria que vive el país, donde entre 2021 y 2023 fueron asesinados más de 500 reclusos.
Muchos de los muertos se han presentado en una serie de masacres por disputas entre bandas rivales que tienen el control al interior de las prisiones, pese a la presencia militar que existe desde enero pasado como parte del «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra el crimen organizado.
Uno de los últimos enfrentamientos se produjo el pasado 3 de diciembre, donde 11 personas resultaron heridas, entre ellos nueve reclusos, un militar y un guardia carcelario, debido a la detonación de tres granadas dentro de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, en Guayaquil.
El ministro de Energía, Juan Carlos Blum, anunció que desde el próximo 1 de octubre entrará en vigencia una nueva tarifa eléctrica para los grandes consumidores industriales del país, cuyo valor se proyecta entre 25 y 40 centavos por kilovatio hora (kWh), frente a los aproximadamente 12 centavos que pagaban bajo la tarifa subsidiada.
La medida estará dirigida exclusivamente a los grandes consumidores industriales pertenecientes a los segmentos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2).
Por lo tanto, las tarifas eléctricas de los hogares no sufrirán modificaciones como consecuencia de este nuevo esquema.
El objetivo planteado por el Gobierno es reducir la presión que ejerce la industria sobre el sistema durante el periodo de estiaje.
A este cambio se sumará una nueva disposición desde el 15 de diciembre de 2026. A partir de esa fecha, el sector industrial deberá asumir el costo del alquiler de las barcazas destinadas a garantizar su propia interconexión eléctrica.
Las empresas que no acepten esta condición deberán desconectarse del Sistema Nacional Interconectado (SNI).
La decisión se produce mientras 185 empresas de los segmentos de alto voltaje participan en un plan voluntario de reducción del consumo eléctrico, implementado para afrontar las condiciones del sistema durante el estiaje.
Bajos registros en Mazar
El anuncio se da dos días después de que el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) advirtiera de un escenario complejo y de “alto riesgo” para el abastecimiento de la demanda de energía en Ecuador.
La alerta responde a un análisis remitido por Cenace al Ministerio el pasado 15 de septiembre sobre la evolución de las reservas energéticas, la disponibilidad de generación y las perspectivas para atender el consumo eléctrico del país.
Esta semana, el reservorio se ubicó alrededor de los 2.138 metros sobre el nivel del mar, el registro más bajo observado durante septiembre. Fuente: Vistazo
El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en los últimos componentes para realizar los 45 debates obligatorios de las Elecciones Seccionales de 2027.
Los encuentros serán entre el 12 y el 26 de noviembre y reunirán a candidatos de 21 prefecturas y 24 alcaldías.
Una de las piezas necesarias para su organización ya está conformada. El Pleno del CNE designó a los cinco integrantes del Comité Nacional de Debates, encargado de intervenir en la preparación de los contenidos y la selección de moderadores.
El Comité está integrado por: María Fernanda Suasnavas Lamboglia, Juana Isabel Ramos Ávila, Mario Hidalgo Jara, Carlos Alonso Naranjo Mena y Kléber Bolívar Aguilar Ludeña.
Entre sus tareas está definir los cuatro ejes temáticos de los debates y elaborar las preguntas generales para dos de esos ejes. También deberá presentar ternas de profesionales de la comunicación para seleccionar a los moderadores.
24 alcaldías tendrán debates obligatorios
La normativa establece debates para las candidaturas a prefecturas y para las alcaldías de jurisdicciones con más de 100.000 electores.
En el caso de las alcaldías, los encuentros se desarrollarán en 24 cantones:
- Cuenca
- Riobamba
- Latacunga
- Machala
- Esmeraldas
- Quinindé
- Daule
- Durán
- Guayaquil
- Milagro
- Ibarra
- Otavalo
- Loja
- Babahoyo
- Quevedo
- Chone
- El Carmen
- Manta
- Portoviejo
- Quito
- Rumiñahui
- Santa Elena
- Santo Domingo
- Ambato
A estos se sumarán los debates correspondientes a 21 prefecturas, hasta completar los 45 encuentros previstos.
Debates serán entre el 12 y el 26 de noviembre
Con el Comité Nacional ya designado y las jurisdicciones establecidas, el siguiente paso será completar la organización de las transmisiones.
Los debates se desarrollarán entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026, dentro del calendario establecido para las Elecciones Seccionales de 2027.
Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, cabecilla del GDO ‘Los Lobos’, enfrenta en Estados Unidos una acusación por narcoterrorismo, además de un cargo por conspiración internacional para distribuir cocaína.
El proceso, que permaneció bajo reserva durante varios meses, fue desclasificado por la justicia federal del Distrito Sur de California. Primcias publicó una captura de pantalla del documento.
Cronología del proceso
- La causa se inició bajo reserva el 23 de enero de 2026 ante un tribunal federal de California.
- El 4 de febrero de 2026, un Gran Jurado emitió una primera acusación formal por una presunta conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína desde Ecuador y Colombia con destino a Estados Unidos.
- El caso cambió el 15 de julio, cuando el Gran Jurado presentó una acusación sustitutiva que incorporó el delito de narcoterrorismo y complicidad, bajo el estatuto federal 21 U.S.C. 960a.
- Dos días después, el tribunal ordenó la desclasificación total del expediente.
La imputación convierte al cabecilla de ‘Los Lobos’, en el primer ecuatoriano acusado bajo esta figura penal.
¿De qué acusa Estados Unidos a alias ‘Pipo’?
La acusación estadounidense sostiene que Chavarría habría conspirado hasta noviembre de 2025 para fabricar y distribuir cocaína y proporcionar recursos económicos a ‘Los Lobos’, organización que Estados Unidos ha incluido entre los grupos considerados terroristas.
La imputación no equivale a una sentencia y los señalamientos deberán probarse dentro del proceso judicial.
Además del narcoterrorismo, el expediente mantiene el cargo relacionado con la conspiración transnacional para distribuir cocaína.
La acusación contempla también el decomiso de bienes, dinero y otros activos presuntamente obtenidos a partir de las actividades ilícitas. Las autoridades estadounidenses podrían perseguir bienes sustitutos en caso de que los recursos originales hayan sido transferidos u ocultados.
¿Qué significa la acusación por narcoterrorismo?
El estatuto estadounidense 21 U.S.C. 960a sanciona determinadas conductas relacionadas con el tráfico de drogas cuando existe conocimiento o intención de proporcionar recursos a organizaciones terroristas.
La figura fue utilizada en procesos contra integrantes o dirigentes de organizaciones como el Talibán y la MS-13, y también figura entre los cargos formulados por Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Esto no significa que los casos sean equivalentes: comparten una figura penal estadounidense, pero corresponden a expedientes, hechos y acusaciones diferentes.
‘Pipo’ también es investigado por el caso Villavicencio
En Ecuador, la Fiscalía señaló a Chavarría como presunto director operativo del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, cometido el 9 de agosto de 2023 en Quito.
Mientras Estados Unidos mantiene los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo, el proceso para determinar si finalmente será extraditado desde España hacia Ecuador continúa abierto.
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