Las grabaciones de un alto funcionario judicial presionando a un juez anticorrupción en un caso de narcotráfico, sumado a la actuación de la esposa del presidente de la Consejo de la Judicatura en defensas de personas vinculadas al crimen organizado, marcaron el escándalo con el que Ecuador cierra vergonzosamente el 2025. Una comparecencia de Mario Godoy, titular de la Judicatura, ante la Asamblea para rendir explicaciones y un eventual juicio político en su contra serán el abrebocas político del 2026.

De momento, para José de la Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa, lo revelado muestra que hay fuertes indicios de cómo el narco estaría interfiriendo en las decisiones judiciales. “Las grabaciones son inaceptables”, dice. En entrevista con Vistazo descartó que Mario Godoy haya llegado a la Judicatura por un pacto entre ADN y el correísmo y lamenta que la justicia viva un momento de desinstitucionalización.

¿El escándalo que ha surgido en torno a Mario Godoy puede llevar a que sea un caso como el de Wilman Terán y Metástasis?

¿Por qué sorprende ahora si hace más de un año se sabía que Mario Godoy y su entorno cercano habían defendido como abogados o estudios jurídicos a personas relacionadas con el narcotráfico?

Pienso que también hay un momento político tras la consulta popular de generar un cisma institucional que golpee no solamente el Consejo de la Judicatura, sino también el Consejo de Participación Ciudadana y con ello se pretendan manosear los concursos de las autoridades de control. Léase la Fiscalía General del Estado, el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, órganos importantísimos en la vida política que ciertamente son apetecidos por la clase política y el crimen organizado.

Creo que es la pata que le falta en la mesa de la impunidad del crimen organizado y a los políticos que están detrás para concretar un paraíso de impunidad que nos dibuje definitivamente como un narcoestado.

Cuando se dio el nombramiento de Mario Godoy en la Judicatura, con las presiones del correísmo, hace más de un año, el gobierno de Noboa no lo cuestionó. Se habló de un pacto de conveniencia.

Mario Godoy llega a la Judicatura promovido por el correísmo, por la Liga Azul. De hecho, en los audios Augusto Verduga se menciona el tema de cómo le metieron la mano al Consejo de la Judicatura y cómo inclusive se sienten traicionados por Mario Godoy que ni siquiera les contestaba el teléfono. Eso se escucha en una de las conversaciones de Verduga cuando habla con Andrés Arauz.

No sé si era el momento de escandalizarse, pero en ese entonces debieron haberse activado los filtros del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, vimos que tenía la Asamblea encima. Pero fuera de todos los colores o banderas que haya podido tener Mario Godoy, lo que en verdad creo que causa escozor es el hecho de sentir que el narco llegó a la Justicia y se tomó el Consejo de la Judicatura a través del señor Godoy y los nexos con el crimen organizado, a través de las defensas y las otras cuestiones que tienen que aclararse.

Pero también hay esta relación de amistad y societaria entre Mario Godoy y Fausto Jarrín, ex acérrimo correísta y ahora asesor personal del presidente Daniel Noboa, que levanta suspicacias de que Godoy no era incómodo para el gobierno. Políticamente hablando, ¿no huele un poco mal eso?

Yo no sé si han sido socios (Godoy y Jarrín), yo no sé si han compartido defensas técnicas, yo no sé si son amigos personales, no lo sé, no puedo emitir un juicio de valor sobre eso. De ahí, la relación (de Jarrín) con el presidente Noboa, cuándo nació y cómo entra en un círculo de confianza con él, no me compete valorarlo. Yo me ratifico en que, si empezamos a ver el pasado político de cada persona, va a ser muy complicado que encontremos un ser celestial que no haya tenido algún vínculo con algún tipo de corriente de pensamiento político.

Creo que más bien tenemos que exigirnos que todos los funcionarios y quienes estamos en la causa pública actuemos con transparencia y en respeto a la ética pública. Es lo que yo puedo decirle porque yo no puedo juzgar una relación que ya existía, me refiero al conocimiento o a la amistad o a la cercanía que podía existir entre el señor Jarrin y el presidente porque eso trasciende a mi función y trasciende a mi tiempo como ministro.

Usted fue ministro de Gobierno de Noboa, ¿por qué no se ha podido sanear la Judicatura tras la salida de Wilman Terán, pues estamos viendo patrones similares?

El crimen organizado no puede subsistir sin recursos y sin impunidad. La justicia es el camino por donde los criminales encuentran las puertas giratorias, porque si la policía los persigue, alguien tiene que sacarlos de la cárcel. Encontrar jueces sanos, jueces honestos cada vez va a ser más difícil porque o suman al crimen o los amenazan o los matan. Esa es la disyuntiva en la que estuvo el juez el juez anticorrupción Carlos Serrano: entre ser un juez honesto y de fallar en derecho o someterse al miedo y tuvo que renunciar.

Tenemos que pensar que esta lucha contra el crimen organizado debe también ser una lucha contra la desinstitucionalización para que las personas no puedan corromper las instituciones. Le pongo un ejemplo: La Corte Constitucional, nos puede gustar, no nos puede gustar, podremos tener un montón de desacuerdos en lo en lo político y en lo jurisdiccional con sus fallos, pero es una institución, genera respeto. En la Fiscalía, la doctora Diana Salazar se encargó de mantener una institucionalidad y de no abrirle la puerta al narcotráfico.

Hablando de la Fiscalía, usted no ha descartado concursar para dirigir la institución, pero ahora dice desconfiar del concurso que lo lleva el Consejo de Participación.

Yo no creo en esa supuesta panacea de que los concursos de méritos y oposición son los los remedios que van a ser que lleguen los mejores ciudadanos a las instituciones. Ya tenemos, por ejemplo, a Carlos Polit sacando 100/100 y vemos que después ha ido a parar a la cárcel en los Estados Unidos. Los concursos son altamente manipulables y también pueden ser penetrados o captados por el crimen organizado. Vaya a ver a usted quiénes son los que se han puesto como veedores ciudadanos en el concurso para Fiscal. Vaya a ver quiénes o qué perfiles había para los comisionados ciudadanos.

Eso lo que hace es desalentar a las personas de bien que quieran concursar. ¿Quién quiere exponerse a un a una farsa? Entonces, en este punto, por eso es que hablo de este cisma político, porque sí me parece que una de las consecuencias que estamos viendo después de la consulta popular es que van a querer tomarse los órganos de control que faltan para desde ahí reorganizar el poder político y tener estas autoridades de control.

En este escenario entonces, ¿no se lanzará como aspirante a la Fiscalía?

No, yo sigo sin descartarlo, pero así desalienta. Así ahuyentan. Y así de verdad hacen mucho más difícil la tarea de que los de que los ecuatorianos de bien pretendan aventurarse a un concurso como este, sabiendo las consecuencias. Hoy en día el cargo de fiscal general debe ser sin duda el uno de los puestos más peligrosos que existen, si es que se va a hacer un trabajo de verdad en contra el crimen organizado. Fuente: Vistazo

Tras los cierres en la frontera terrestre de Ecuador con Colombia y Perú, el Ministerio de Gobierno salió a explicar el motivo de la decisión gubernamental, que fue tomada desde el pasado 24 de diciembre.

La cartera de Estado afirmó que el cierre de los pasos fronterizos responde «a criterios de seguridad nacional orientados a combatir al crimen organizado» que opera en esas zonas.

El pasado 24 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador anunció que desde ese día mantendría habilitado solo un paso fronterizo con Colombia y con Perú debido a «razones de seguridad nacional», sin dar más detalles.

El Ministerio de Gobierno indicó en un comunicado que, la decisión de concentrar el tránsito internacional únicamente en los pasos oficiales de Rumichaca, al norte, y Huaquillas, al sur, responde exclusivamente a criterios de seguridad nacional, sustentados en análisis técnicos y de inteligencia, orientados a combatir al crimen organizado que opera en zonas de frontera.

Según el Ministerio, la medida busca cerrar el paso a economías criminales, evitar el uso de rutas irregulares y proteger a la ciudadanía frente a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato, fortaleciendo al mismo tiempo el comercio legal y la seguridad de las comunidades fronterizas.

En este contexto, se llevó a cabo una mesa de trabajo con alcaldes y representantes de las asociaciones productivas de la provincia de Loja, «reafirmando que gobernamos con diálogo y articuladamente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, escuchando a los ciudadanos y coordinando acciones, sin debilitar el control fronterizo».

Por último, el Gobierno Nacional reiteró que esta decisión forma parte de una estrategia integral de seguridad, orientada a recuperar el control, proteger la vida y garantizar fronteras seguras y ordenadas. Fuente: Vistazo