La audiencia de juzgamiento del Caso «Las Malvinas» en contra de 17 militares, procesados por su presunta participación en la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño, fue suspendida y reprogramada para las 08h30 del lunes 24 de noviembre.

«La Fiscalía General del Estado solicita que se oficie a la fuerza pública para asegurar la comparecencia de dos testigos que no han asistido a la diligencia«, informó a través de X dicha entida.

Los hechos se remontan al 8 de diciembre del 2024. En el barrio «Las Malvinas», ubicado en el sur de la ciudad portuaria, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos por una patrulla militar, según se aprecia en la grabación de una cámara de videovigilancia de la zona.

De acuerdo a la investigación, luego de ser abandonados por el contingente, aproximadamente a la medianoche, las víctimas realizaron la llamada referida a sus padres. Es a partir de ese momento que se pierde el rastro de lo que ocurrió hasta el hallazgo de sus cuerpos calcinados en una zona de difícil acceso de dicha parroquia, aproximadamente dos semanas después.

Los dos testigos en cuestión son ciudadanos que habrían visto con los menores la noche de su desaparición.

El primero es Luis T., quien entregó una versión anticipada en la que contó que prestó su teléfono celular a los adolescentes luego de que fueron abandonados en Tura.

El segundo es Luiggi V., quien afirmó haber estado en un bar cuando —asegura— observó a varios individuos vinculados al crimen organizado llevarse a los cuatro menores en una lancha.

No obstante, el pasado 9 de septiembre, declaró ante la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) que su domicilio había sido allanado en la madrugada del 21 de diciembre de 2024, que fue detenido y torturado, y que personal militar lo obligó bajo amenazas de muerte a afirmar que bandas criminales se habían llevado a los niños.

La audiencia de juzgamiento en contra de los militares comenzó el pasado 6 de noviembre. A lo largo de las diligencias se han revelado nuevos detalles sobre lo que habría ocurrido la noche en que los menores no regresaron a su hogar.

En un contrainterrogatorio realizado por la defensa de los militares, un perito de la Policía Nacional dio a conocer el pasado miércoles la existencia de un video, grabado de forma encubierta por uno de los militares, que captó el momento en el que uno de los implicados golpeó el rostro de un menor con su fusil, mientras que las otras víctimas se cubrían para no ser atacadas.

A ello se sumó un informe de uno de los militares, en el que se indicó que, al llegar a una ruta de tercer orden, los menores de edad fueron obligados a desnudarse y a acostarse boca abajo en la tierra. Luego de eso, un subteniente habría dispararo al suelo para atemorizarlos. Fuente: Vistazo

El expresidente Rafael Correa mostró su inconformidad por la reunión que mantuvo Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, con Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, en Guayaquil.

Aguiñaga y Tibán se encontraron este jueves 20 de noviembre para firmar un convenio de mancomunidad, el cual integra a siete prefecturas para recuperar el río Guayas.

Juntas recorrieron el afluente y aseguraron que han dejado las camisetas políticas para luchar en contra de la sedimentación.

La prefecta del Guayas también subió un video a redes sociales en el que se observa a ella, Lourdes Tibán y al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dialogando en el balcón del Municipio.

Este encuentro no fue del agrado del expresidente Rafael Correa, quien escribió: “Lo que faltaba: reuniéndose con Lourdes Tibán. Una completa lástima. ¿Acaso no conocen cómo esa mujer nos ha insultado y difamado? Las cosas están claras. Nada nuevo bajo el sol”.

Luego, volvió a pronunciarse junto a una publicación en la que se menciona que Marcela Aguiñaga no descarta lanzarse a la reelección por la Prefectura del Guayas junto a la Revolución Ciudadana.

Agregó que “Luisa tenía toda la razón”, ya que la actual presidenta de la Revolución Ciudadana mencionó que algunas autoridades locales no deberían repetir como candidatos del movimiento correísta. Fuente: Vistazo

El Ministerio de Defensa aseguró este jueves que la estrategia que ha desarrollado para combatir la minería ilegal a través del Bloque de Seguridad ha generado un impacto económico en grupos de delincuencia organizada de USD 2.000 millones en pérdidas.

Según el reporte oficial, desde enero hasta noviembre de 2025, las operaciones militares y policiales han alcanzado un resultado que triplica la afectación económica registrada en 2024, que cerró con alrededor de USD 555 millones.

El Ministerio detalló que el trabajo del Bloque de Seguridad, que busca «asfixiar a las mafias», permitió desmantelar 41 dragas, 360 retroexcavadoras y 1.344 bocaminas, todas conectadas a redes de extracción ilegal y lavado de activos.

La ofensiva se ha extendido a todo el territorio, con intervenciones de alto impacto, como las siguientes:

El Ministerio indicó que cada intervención supone “territorios recuperados y flujos de financiamiento criminal neutralizados”. Además, apuntó que las operaciones están encabezadas por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado Salvador.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene —según el comunicado— una política de “tolerancia cero” frente a la minería ilegal, con el objetivo de restaurar la seguridad y evitar que estas actividades vuelvan a capturar territorios. Fuente: Vistazo