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Juez evalúa pedido de frenar la construcción de la ‘Cárcel El Encuentro’, en Santa Elena

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Un juez inició este lunes la evaluación a la acción de protección presentada por una comunidad para detener las obras de una de las dos cárceles de máxima seguridad que el Gobierno del presidente Daniel Noboa busca construir, bajo un modelo que se ha comparado con el de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

La audiencia, que fue aplazada por el juez para el viernes, estudiará la demanda presentada por la comunidad Bajada de Chanduy, cercana a la zona, en la costera provincia de Santa Elena, donde desde el mes de junio se está construyendo el centro penitenciario, bautizado por el Ejecutivo como «Cárcel El Encuentro».

La comunidad se declara como nativa de la zona y alega tener el derecho a que el Estado ejerza una consulta previa sobre el proyecto carcelario en su territorio, conforme disponen la legislación nacional ecuatoriana para las comunidades indígenas.

La cárcel de Santa Elena es una de las dos prisiones de máxima seguridad que Noboa prometió construir para líderes criminales, bajo un esquema similar al acuñado desde El Salvador por Bukele.
El presidente Daniel Noboa Azín sobrevoló y recorrió a inicios de octubre la construcción de la “Cárcel El Encuentro”.

La otra se ha proyectado inicialmente en la Amazonía pero, tras 15 días consecutivos de protestas de organizaciones indígenas y colectivos sociales, el Gobierno anunció ese mismo lunes que dicha prisión ya no se construirá en ese lugar y que valora hacerlo en Salinas, balneario situado también en la provincia de Santa Elena.

Para la cárcel de Santa Elena, ya en marcha, fue el mismo Noboa quien puso en junio la primera piedra que dio inicio a la construcción de este centro penitenciario que se levanta sobre un terreno de 16,2 hectáreas y con una inversión de 52 millones de dólares.

Está previsto que la cárcel esté lista en 300 días y que tenga la capacidad para albergar a unos 800 reos, lejos de los 40.000 pandilleros que según el Gobierno salvadoreño caben en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Más de 500 reos asesinados en cerca de tres años

La construcción de estas prisiones en Ecuador se realiza también en respuesta a la crisis penitenciaria que vive el país, donde entre 2021 y 2023 fueron asesinados más de 500 reclusos.

Muchos de los muertos se han presentado en una serie de masacres por disputas entre bandas rivales que tienen el control al interior de las prisiones, pese a la presencia militar que existe desde enero pasado como parte del «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra el crimen organizado.

Uno de los últimos enfrentamientos se produjo el pasado 3 de diciembre, donde 11 personas resultaron heridas, entre ellos nueve reclusos, un militar y un guardia carcelario, debido a la detonación de tres granadas dentro de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, en Guayaquil.

Nacionales

Sin energía de Colombia, Ecuador enfrenta 18% de riesgo de apagones desde octubre de 2026, según Cenace

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Los caudales de los ríos que alimentan a las principales hidroeléctricas de Ecuador han aumentado en lo que va de mayo de 2026.

Esto, luego de que durante marzo y las primeras semanas de abril de 2026, se registró una caída de los caudales en los sectores en donde está la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, y el complejo Paute Integral.

De ahí que el Gobierno de Daniel Noboa tomó medidas como pedir la desconexión por ciertos períodos a las empresas mineras, acereras y a otros consumidores industriales.

Pero, pese a que en los primeros días de mayo ha mejorado el escenario climático para la generación hidroeléctrica, el sistema eléctrico del país tiene una vulnerabilidad estructural, según un reporte del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) del 6 de marzo de 2026.

En ese escenario, Cenace alertó que la importación de energía de Colombia es necesaria para reducir los riesgos de apagones para el estiaje de octubre de 2026.

Desde el 22 de enero de 2026, Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador, como una respuesta a la tasa de seguridad que impuso el Gobierno de Daniel Noboa a las importaciones que llegan desde ese país.

La capacidad máxima de transmisión de energía desde Colombia a Ecuador es de 450 megavatios (MW), lo que equivale a alrededor del 10% de la demanda media en el país.

Según el informe de Cenace, sin las importaciones de energía de Colombia, existe una probabilidad de 18% de que el país atraviese apagones en el período de estiaje que se prevé comience en octubre de 2026 y se extienda hasta marzo de 2027.

El documento explica que, en un escenario de caudales mínimos en las centrales hidroeléctricas, sin la energía de  Colombia, la generación local es incapaz de cubrir la demanda, «lo que evidencia una vulnerabilidad estructural en el sistema frente a escenarios hidrológicos críticos».

El estiaje ocurre cuando, por bajas lluvias, se reducen los caudales de los ríos, que son los que alimentan a las hidroeléctricas. Y, por lo general, en Ecuador el estiaje suele ocurrir cada año desde ese mes hasta marzo.

Aunque no siempre ocurre así con exactitud. Por ejemplo, en 2024, el estiaje se adelantó a agosto. Fue un año de grave crisis eléctrica en el que el país tuvo cortes de luz de hasta 14 horas.

Más lluvias también pueden traer problemas de apagones
Está previsto que en mayo de 2026 comience la época más lluviosa en la zona donde se encuentran las mayores centrales hidroeléctricas del país. Pero esto también plantea problemas al sistema eléctrico.

El informe de Cenace menciona que la salida de operación de la central Coca Codo Sinclair por mala calidad de agua, «constituye un evento recurrente cuya frecuencia ha aumentado, poniendo en riesgo la cobertura de potencia durante los períodos de mayor demanda».

Esto, porque cuando las lluvias son muy fuertes, se arrastran grandes cantidades de sedimentos que obligan a suspender las operaciones de la central.

En 2025, Coca Codo Sinclair registró al menos una salida por mes desde abril; en total, fueron 33 salidas de operación.

Cenace advierte que la probabilidad de ocurrencia de salida de operación de  la central es mayor durante el período lluvioso. Y añade que si Coca Codo sale de operación y en ausencia de importaciones desde Colombia, el sistema eléctrico del país no podría atender la demanda, «por lo que sería inevitable la desconexión de carga en los períodos de mayor consumo».

«La recurrencia de esta situación evidencia la conveniencia de reforzar los niveles de reserva de potencia, a fin de disminuir el riesgo de déficit durante los períodos de mayor demanda» Cenace

Ecuador necesita de Colombia en el escenario de estiaje
Las conclusiones de Cenace sobre la necesidad de comprar energía de Colombia se basan en las proyecciones hidrológicas que hay para este 2026.

Para 2026, Cenace ha hecho un análisis en el que prevé un «90% de probabilidad de excedencia hídrica».

¿Qué implica eso? Cenace hace estimaciones sobre qué tan seco se prevé que sea el año en curso. Así, se identifica un nivel de caudales mínimos que podría registrarse ese año, explica el experto en el sector eléctrico, Ricardo Buitrón.

«Ese porcentaje significa que en el año hay un 90% de que los caudales estén por encima de ese escenario de caudales críticos mínimos que se proyectó», añade Buitrón.

Y hay un 10% de probabilidad de que los caudales estén en los niveles críticos estimados para el año, acota el experto.

Así que el informe de Cenace advierte que el país requiere de la energía de Colombia en el escenario en el que los caudales caigan a los niveles mínimos proyectados en estiaje.

El impacto económico es millonario
En el informe, Cenace hace otra observación importante sobre el impacto económico de dejar de comprar a Colombia, dice Buitrón.

Y es que, aunque Ecuador no tuvo cortes de luz entre enero y febrero de 2026 luego de que Colombia restringió la venta, el país sí tuvo que comprar energía más cara, añade el especialista.

El reporte menciona que «los márgenes de reserva de potencia y energía sí han sufrido un ligero impacto, y también se ha venido despachando generación térmica más costosa, la cual se hubiese podido evaluar desplazarla si Colombia mantenía el esquema de venta a Ecuador».

El informe también advierte que la probabilidad de apagones en el estiaje de octubre de 2026 «representaría una amenaza económica severa para el país».

Si se calcula el valor de la energía no suministrada, el impacto económico esperado es de USD 41,31 millones; tomando en cuenta un precio de USD 1,53 por kilovatio hora, dice Cenace.

Y añade que, bajo condiciones más críticas de sequía, el valor ascendería a USD 252,4 millones o incluso ante una sequía extrema, las pérdidas podrían escalar hasta los USD 823,7 millones.

«Estas cifras confirman que la falta de disponibilidad de recursos de generación no solo compromete la continuidad del servicio eléctrico, sino que expondría al país a costos económicos masivos», según Cenace. Fuente: Primicias

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Comité de la ONU pide ‘verdad y justicia’ por asesinato de hermana de uno de los menores del caso Las Malvinas

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El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU manifestó su preocupación por el asesinato de Adriana Arroyo Ayoví, de 21 años, ocurrido el 1 de mayo en Guayaquil, y exigió al Estado ecuatoriano garantizar “verdad, justicia y reparación” de forma inmediata.

A través de la cuenta oficial de UN Treaty Bodies en la red social X, el organismo señaló que el crimen ocurre un año y medio después de la desaparición forzada de su hermano, Steven Medina, junto a otros tres menores en el caso conocido como “Las Malvinas”.

Adriana Arroyo fue asesinada la noche del viernes en la cooperativa Esmeraldas Libre, en el sur de Guayaquil,. De manera preliminar se sostiene que dos sujetos en motocicleta abrieron fuego en su contra.

Caso «Las Malvinas»

El caso remite directamente a la desaparición de su hermano Steven Medina, de 11 años, quien fue detenido junto a otros tres adolescentes por militares el 8 de diciembre de 2024 en dicho barrio y posteriormente hallado sin vida. Por estos hechos, 16 uniformados fueron condenados en diciembre pasado a penas de hasta 34 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición.

Los menores murieron bajo circunstancias no esclarecidas. Sus cuerpos calcinados fueron encontrados el 24 de diciembre de ese año en una zona desolada de la parroquia rural Taura. Si bien sobre los uniformados recayeron sentencias, estos no fueron señalados como autores del asesinato de los menores.

Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), quien representó a las familias de las víctimas en el juicio contra los militares, señaló que el asesinato de Adriana refleja el “luto generalizado” que atraviesa el país, especialmente en sectores marcados por la violencia.

“El barrio Malvinas vive en un duelo permanente, entre la violencia estatal y la inacción del Estado para garantizar seguridad”, afirmó.
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Reimberg arremete contra juez por dejar libres a acusados de extorsión con explosivos en Pasaje

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El ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó este lunes una resolución judicial que otorgó medidas sustitutivas a cuatro personas detenidas por presunta extorsión y uso de explosivos en el cantón Pasaje, en la provincia de El Oro.

“Lamentable e indignante. Otra vez la justicia favoreciendo la delincuencia”, escribió el funcionario en su cuenta de X, tras conocer la decisión adoptada por el juez Gonzalo Prado Falconí, de la Unidad Judicial Penal de Pasaje.

Según detalló Reimberg, la Fiscalía había formulado cargos conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y solicitado prisión preventiva para tres de los implicados, mientras que para otro se plantearon medidas sustitutivas.

No obstante, la defensa de los detenidos apeló al principio de igualdad y el juez resolvió extender estas medidas a todos los involucrados.
“Los ecuatorianos estamos cansados de que la justicia esté al servicio de los delincuentes”, expresó, al tiempo que cuestionó que jueces “operen con total impunidad a favor de grupos delictivos”.

Operativo ‘Libertad 526’ y caso de extorsión

La detención de los sospechosos se produjo el pasado 2 de mayo durante el operativo “Libertad 526”, ejecutado por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE) en Pasaje.

De acuerdo con la Policía, los aprehendidos estarían vinculados a un caso de extorsión contra un comerciante, a quien exigían USD 20.000 tras la colocación y detonación de un artefacto explosivo en su local, lo que provocó daños materiales y puso en riesgo vidas.

Durante el operativo, las autoridades incautaron teléfonos móviles, una motocicleta y un comprobante bancario. Además, se señaló que los detenidos pertenecerían al grupo delictivo “La Mafia – Los Diablos de Pasaje”.

El ministro reiteró que el Gobierno continuará con operativos para combatir estas estructuras criminales, desde este domingo con el apoyo de un toque de queda nocturno declarado en nueve provincias, incluido El Oro, para atacar estructuras criminales. Fuente: Vistazo

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