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Nacionales

Juez evalúa pedido de frenar la construcción de la ‘Cárcel El Encuentro’, en Santa Elena

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Un juez inició este lunes la evaluación a la acción de protección presentada por una comunidad para detener las obras de una de las dos cárceles de máxima seguridad que el Gobierno del presidente Daniel Noboa busca construir, bajo un modelo que se ha comparado con el de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

La audiencia, que fue aplazada por el juez para el viernes, estudiará la demanda presentada por la comunidad Bajada de Chanduy, cercana a la zona, en la costera provincia de Santa Elena, donde desde el mes de junio se está construyendo el centro penitenciario, bautizado por el Ejecutivo como «Cárcel El Encuentro».

La comunidad se declara como nativa de la zona y alega tener el derecho a que el Estado ejerza una consulta previa sobre el proyecto carcelario en su territorio, conforme disponen la legislación nacional ecuatoriana para las comunidades indígenas.

La cárcel de Santa Elena es una de las dos prisiones de máxima seguridad que Noboa prometió construir para líderes criminales, bajo un esquema similar al acuñado desde El Salvador por Bukele.
El presidente Daniel Noboa Azín sobrevoló y recorrió a inicios de octubre la construcción de la “Cárcel El Encuentro”.

La otra se ha proyectado inicialmente en la Amazonía pero, tras 15 días consecutivos de protestas de organizaciones indígenas y colectivos sociales, el Gobierno anunció ese mismo lunes que dicha prisión ya no se construirá en ese lugar y que valora hacerlo en Salinas, balneario situado también en la provincia de Santa Elena.

Para la cárcel de Santa Elena, ya en marcha, fue el mismo Noboa quien puso en junio la primera piedra que dio inicio a la construcción de este centro penitenciario que se levanta sobre un terreno de 16,2 hectáreas y con una inversión de 52 millones de dólares.

Está previsto que la cárcel esté lista en 300 días y que tenga la capacidad para albergar a unos 800 reos, lejos de los 40.000 pandilleros que según el Gobierno salvadoreño caben en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Más de 500 reos asesinados en cerca de tres años

La construcción de estas prisiones en Ecuador se realiza también en respuesta a la crisis penitenciaria que vive el país, donde entre 2021 y 2023 fueron asesinados más de 500 reclusos.

Muchos de los muertos se han presentado en una serie de masacres por disputas entre bandas rivales que tienen el control al interior de las prisiones, pese a la presencia militar que existe desde enero pasado como parte del «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra el crimen organizado.

Uno de los últimos enfrentamientos se produjo el pasado 3 de diciembre, donde 11 personas resultaron heridas, entre ellos nueve reclusos, un militar y un guardia carcelario, debido a la detonación de tres granadas dentro de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, en Guayaquil.

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Seguro Social Campesino anuncia movilización nacional y denuncia presuntas irregularidades en la Zona 7

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El presidente provincial de los Afiliados del Seguro Social Campesino de Loja, Luis Calle, anunció la participación de la provincia en una jornada de movilización nacional convocada para el próximo 27 de julio, con un plantón pacífico en los exteriores del edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito. Según indicó, la medida responde al descontento de los afiliados ante lo que calificó como una serie de deficiencias administrativas que afectan al Seguro Social Campesino a escala nacional.

Durante una entrevista, Calle explicó que la convocatoria se definió tras reuniones entre dirigentes provinciales y nacionales, y representantes de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC). Señaló que la problemática no se limita a la Zona 7, conformada por Loja, Zamora y El Oro, sino que, a su criterio, se presenta en distintas provincias del país.

El dirigente sostuvo que existen presuntas irregularidades en la administración del Seguro Social Campesino y cuestionó la actuación de autoridades nacionales y zonales. Asimismo, manifestó que persisten problemas relacionados con el abastecimiento de medicamentos e insumos, el mantenimiento de los dispensarios y la gestión del personal en la Zona 7. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a las declaraciones del entrevistado.

En cuanto a la organización de la movilización, informó que en la provincia de Loja participarán representantes de los 56 dispensarios distribuidos en los 16 cantones. Añadió que, de acuerdo con la información que mantiene, también se sumarán dirigentes y afiliados de Zamora Chinchipe y El Oro, mientras que tres integrantes de la directiva provincial de Loja viajarán a Quito para representar a la provincia en el plantón nacional del 27 de julio.

Respecto a la dirigencia del Seguro Social Campesino en Zamora Chinchipe, Luis Calle manifestó que ha mantenido comunicación con el vicepresidente provincial, debido a que, según afirmó, no ha logrado establecer contacto con el actual presidente provincial, argumentando dificultades para comunicarse y señalando que, a su criterio, no existiría una coordinación permanente desde esa dirigencia. Agregó que anteriormente mantenía una comunicación más constante con el expresidente provincial Jesús Calva, situación que, según dijo, ha cambiado con la actual administración. Estas declaraciones corresponden a la versión expresada por el entrevistado.

Finalmente, Calle informó que el próximo 27 de agosto, fecha en que se conmemora un nuevo aniversario del Seguro Social Campesino, los afiliados realizarán una nueva jornada de movilización en lugar de actos conmemorativos, con el propósito de exigir el respeto a los derechos de los asegurados y mejoras en la atención del sistema. Asimismo, hizo un llamado a los afiliados y a la ciudadanía a mantener la unidad y participar de forma pacífica en las acciones convocadas.

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Capturan a sospechosos del atentado con coche bomba en La Roca, detalla John Reimberg sobre operativo «sorpresa»

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este miércoles 22 de julio la captura de cuatro presuntos integrantes de una red terrorista investigada por el atentado con coche bomba perpetrado el 26 de septiembre de 2025 en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 4, conocido como La Roca, en Guayaquil.

Al informar sobre el operativo, el funcionario publicó un mensaje en redes sociales: «¡Sorpresa! Creyeron que nos íbamos a olvidar».

Las detenciones se produjeron durante la madrugada de este miércoles 22 de julio, cuando la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó 14 allanamientos en Guayaquil y Yaguachi, como resultado de una investigación que se extendió por diez meses.

Las autoridades identificaron a los cuatro capturados como:

Luis Marcos Tomalá Parra, de 55 años, con antecedentes por tráfico de drogas en 2016 y 2017.

Ariel Alejandro Macas Tenesaca, de 22 años, con antecedentes por robo en 2022 y asesinato en 2026.

Silvia Leonor Tumbaco Calderón.

Ronny Alfredo Silva González, quien fue localizado y detenido en un motel.

¿Qué descubrió la investigación?

Según el Ministerio del Interior, durante los diez meses de investigación se identificó la estructura logística, vehículos utilizados, así como el empleo de explosivos de alto poder que permitieron esta captura.

Entre los principales hallazgos constan:

-La identificación del coche bomba utilizado.

-La identificación de la furgoneta de apoyo.

-La confirmación del uso de explosivos de alto poder.

-La identificación de los vehículos robados empleados en el ataque.

-La reconstrucción de la ruta de huida de los involucrados.

Por último, Reimberg enfatizó que las autoridades siguen trabajando y que en este caso habrá «cero impunidad». Fuente: Vistazo

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Gabriela Rivadeneira habla de trabas en el CNE para inscribir candidatos del correísmo con otro partido

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La presidenta de la Revolución CiudadanaGabriela Rivadeneira, habló de un nuevo posible intento de bloqueo a la participación de los candidatos del correísmo con otro movimiento político en las elecciones seccionales de noviembre 2026.

Rivadeneira confimó que Pabel Muñoz y Luisa González ya renunciaron a sus precandidaturas con el movimiento Amigo, con el fin de encontrar otra tienda política que permita su participación en las seccionales, pues Amigo fue suspendido por nueve meses debido a una investigación con reserva. Es la misma figura con la cual se suspendió a la Revolución Ciudadana.

“Lo que pasa es que si hay un registro de participación en primarias con otra organización no le va a habilitar para otro partido. El CNE solo tiene que registrar la notificación que hacen las organizaciones políticas y habilitar el sistema para cuando se den las inscripciones definitivas de las candidaturas. El asunto es que cuando vamos a dejar las notificaciones en el CNE te dejan en una instancia de limbo. A eso, ellos lo han llamado como confinamiento, figura que no existe. Estamos muy alertas porque esta va a ser una nueva forma de suspender o proscribir a los candidatos de la RC basados en esta nueva leguleyada”.

Por el momento no dio nombres, pero aseguró que varios partidos políticos les han abierto las puertas para la participación en las seccionales.

¿Correísmo sufre de su propia medicina?

En una entrevista con Contacto Directo, Gabriela Rivadeneira habló de una “proscricpión” de la Revolución Ciudadana. ¿Es la misma receta que fue empleada en el gobierno del correísmo con otras organizaciones políticas y sociales?

Y agregó que la Revolución Ciudadana y el movimiento Amigo fueron suspendidos por investigaciones reservadas de Fiscalía. “Están cancelando organizaciones políticas en pleno proceso electoral”, dijo.

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