Un análisis detallado de los patrimonios de alcaldes y prefectos del país revela que un tercio de las autoridades subnacionales registró saltos inusuales en sus declaraciones patrimoniales que constan en la Contraloría General del Estado y son públicas.

Incrementos patrimoniales millonarios, aumentos importantes en términos de porcentajes, montos con variaciones inexplicables y autoridades que continúan al frente de sus empresas son algunos de los trazos más destacables de quienes gobiernan provincias y ciudades

Autoridades que en apenas un año compraron varios lotes de terreno y casas, vehículos de alta gama, ganado y hasta equipo caminero conforman el detalle de estos incrementos a lo largo del mapa de los alcaldes y prefectos del país que ya cumplieron tres años de gestión en mayo pasado.

También por indicios de corrupción investigados por la Fiscalía. Tres alcaldes están en prisión procesados por peculado, delincuencia organizada o lavado de activos, ellos presiden los cantones de Pujilí, Esmeraldas y Guayaquil. Por el momento los reemplazan alcaldes subrogantes. Otro, el de Riobamba, sigue en funciones, en espera de su audiencia de juicio.

Además, una prefecta renunció antes de culminar su periodo, la de Guayas.

Una mirada en detalle a los registros públicos de estas autoridades —en total 225 alcaldes (222 más tres subrogantes) y 23 prefectos (Galápagos no lo tiene)— encontró 79 casos de saltos patrimoniales inusuales, registrados en sus declaraciones juradas realizadas ante la Contraloría General del Estado.

De las 248 autoridades analizadas, 68 tienen acciones o participaciones en compañías activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Además, 29 de los 248 son administradores de empresas, combinando su función pública con su actividad privada.

Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos judiciales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.

Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios, y en la que participó Vistazo. Treinta y siete medios de comunicación se han unido para difundir esta información. En la nota metodológica se explican las fuentes utilizadas y el procedimiento.

El caso más llamativo es el del alcalde de Esmeraldas, el empresario y abogado Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por Unión por la Revolución Ciudadana. En 2023, cuando hizo su primera declaración patrimonial jurada tasó su fortuna en USD 1.442.301. Al año siguiente, el alcalde fijó su patrimonio en USD 4.314.426, es decir un incremento de casi el triple. Para 2025, declaró un valor un poco menor: USD 4.209.579, de los cuales más de USD 2 millones correspondían a maquinaria y equipo y USD 713.543 en cuentas bancarias. Es accionista de dos empresas activas y en una de ellas es también administrador.

El lunes primero de junio, esta alianza periodística pidió su versión al alcalde a través de un correo electrónico, pero al día siguiente la Fiscalía lideró un operativo y lo arrestó el miércoles. Es investigado por presunto lavado de activos. La semana pasada la concejala Laura Yagual Salazar asumió como alcaldesa subrogante.

Otros dos alcaldes que cumplen su primer periodo presentan variaciones patrimoniales importantes, ambos son de Manabí. El de Rocafuerte, Norberto Vélez Bazurto (Rocafuerte Nueva Visión), declaró USD 3.408.400 al inicio de su gestión y al año siguiente indicó USD 3.740.900, lo que representa un aumento de USD 332.500 en un año. En 2025, en cambio, el empresario mantuvo ese valor sin variaciones.

El doctor Vélez señaló vía telefónica que el incremento en su patrimonio se debe a que el terreno de su propiedad donde funciona el Hospital de Sanación Energía y Vida que dirige se ha revalorizado por ampliaciones realizadas. Al momento la clínica cuenta con 20 camas y trata varias especialidades con medicina oriental y occidental, tiene un centro para la tercera edad, destacó. Además de ese negocio, Vélez vende productos farmacéuticos y posee una radio.

A su vez, Ledy Laura Muñoz (Alianza por la Unidad Bolivarense), de Bolívar (Calceta), se posesionó con un patrimonio de USD 1.592.838, que aumentó a USD 1.867.080 en 2024 (USD 274.242 de incremento) y al año siguiente retrocedió a USD 1.708.006. Muñoz no tiene relación con compañías.

Junto con estos tres alcaldes millonarios, está el de Naranjito, el médico Cristian Suárez Peñafiel (PSC), cuyo patrimonio fue cero dólares en 2023, pero siguió en constante aumento: USD 454.775 en 2024 y USD 637.076 en 2025. Posee tres casas, una en Santa Elena, y cuatro vehículos valorados en USD 120.000.

En ocasiones, estos saltos patrimoniales no se dan en el primer año de gestión, sino en el segundo. Es el caso del alcalde Naranjal y de la prefecta de Cotopaxi.

Juan Carlos Rivera, comerciante de 46 años que llegó a la alcaldía por CREO, no aumentó significativamente su patrimonio entre 2023 y 2024, cuando declaró USD 1.179.321. En cambio, al año siguiente registró USD 1.871.650 (un incremento de USD 692.328); entre sus bienes incluyó 27 propiedades, entre casas, solares, fincas y terrenos. Lourdes Tibán (Pachakutik), en cambio, pasó de un patrimonio de USD 677.729 en 2024 a USD 940.656 en 2025 (un aumento de USD 262.927,21). Sus activos se concentran en inversiones por USD 495.373 y un total de 21 bienes inmuebles. Ni Rivera ni Tibán tienen acciones en compañías.

A su vez, existen otras autoridades que ya van por su segundo periodo y que también registran cambios importantes de patrimonio. Son los prefectos de El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.

El ingeniero civil y abogado Clemente Bravo Riofrío (56 años) ganó la prefectura en 2019 y tiene su propio partido político SUR. Comenzó con un patrimonio de USD 490.691 que se situó en un pico de USD 5.768.451 en 2023 y después retrocedió a USD 1.312.049 según su última declaración de 2025. Camaronero, acumula más de dos décadas en cargos públicos, primero como alcalde de Santa Rosa por 18 años.

La prefecta de Santo Domingo, Johana Núñez García, registra cambios grandes. En 2019 declaró un patrimonio de USD 1.267.150, que al año siguiente se duplicó con creces llegando a USD 3.091.856 y en 2021 subió a USD 4.970.058. Sin embargo, cuando asumió su segundo periodo su patrimonio había disminuido a USD 2.524.657 y en 2025 declaró casi lo mismo. Llegó por la alianza Somos Todos (RC- Construir). Entre sus bienes detalló una casa y un terreno en Santo Domingo, un departamento y un galpón en Guayas, y un vehículo valorado en USD 100.000. Entre 2021 y 2025 mantuvo un RUC asociado a ventas por televisión y servicios de comunicación visual, pero no ha tenido acciones en compañías.

El tercer prefecto es Jhonny Terán Salcedo (PSC), de Los Ríos, que a diferencia de sus colegas mantiene un crecimiento sostenido desde 2019. Al inicio de su gestión declaró 1.067.896 y en 2025 USD 2.993.323 (un incremento de USD 1.925.427). Empresario de 65 años, Terán posee acciones en cuatro compañías, dos agrícolas (arroz y banano), una fábrica de puertas y ventanas, y una gasolinera.

En el otro extremo hay quienes perdieron patrimonio al culminar su primer año de gestión. Así, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (RETO-RC), tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión, Álvarez declaró USD 7.730.592, al año siguiente USD 5.870.330 y en 2025 sí lo aumentó a USD 7.431.403. Álvarez fue llamado a juicio en el caso Triple A, junto con 15 personas y seis empresas por presunta comercialización ilegal de combustible a través de comercializadoras y gasolineras, y tiene una instrucción fiscal, caso Goleada, por el presunto delito de lavado de activos.

Según informes de la UAFE, Álvarez habría adquirido USD 6,2 millones en bienes en Santa Elena y departamentos en Samborondón, que no constan en sus declaraciones patrimoniales. Tampoco un Mercedes Benz G 500 del año 2023 valorado en USD 325.000, a pesar de que está a su nombre. Como subrogante, al frente del cantón Guayaquil, ejerce su coidearia Tatiana Coronel.

El alcalde de Echeandía, Carlos Viscarra Vega, en cambio, perdió USD 1,3 millones en el primer año de gestión y no se ha recuperado. Al iniciar su periodo indicó que su patrimonio llegaba a USD 4.233.254, en 2024 lo tasó en USD 2.863.504 y en 2025 declaró USD 2.607.715.

Spondylus Info Lab trató de obtener la versión de estas autoridades sin resultados.

La Contraloría pone a disposición de los funcionarios públicos formularios para que detallen sus activos y deudas, la diferencia es el patrimonio que deben declarar antes de asumir sus cargos. Además, existe la obligación de presentar declaraciones periódicas, generalmente cada dos años. Estos archivos son registros públicos.

Los saltos abruptos podrían darse por varias razones, explica el politólogo Pablo Medina, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). La más benigna es un error de tipeo al momento de llenar el formulario, pero también podría suceder que inicialmente subvaloraron bienes por lo que se corrigió el error y otras hipótesis podrían ser porque recibió una herencia o porque posee acciones en compañías rentables.

En efecto, en esta investigación algunos alcaldes respondieron al pedido de contrastación de esta alianza periodística señalando que se trataba de un error de digitación, que se había corregido al siguiente año, por lo que su patrimonio había disminuido considerablemente.

Sin embargo, advirtió Medina, la declaración patrimonial de los funcionarios públicos es un factor importante para fiscalizar a quienes nos gobiernan y, en todo el mundo, se la toma como un índice contra la corrupción.

La Contraloría debería tener un sistema informático de alerta temprana, para detectar si hay un movimiento inusual, algo así como lo que sucede en el sistema financiero; luego hacer la contrastación con las declaraciones anteriores para determinar las razones, señaló el abogado Mario Herrera. Resaltó que ahora que el formulario es digital es mucho más fácil poder extraer la información y hacer comparaciones entre una declaración y otra. Cuando se registre una situación anómala, las alertas deberían saltar enseguida, acotó.

Quien le debe pedir cuentas al alcalde es el Concejo Cantonal y al prefecto, el Consejo Provincial. Estos son los órganos legislativos del territorio, respondió Medina. El politólogo advierte que, a diferencia del presidente de la República, que tiene a su cargo la política pública nacional, en el caso de los cantones, es el concejo cantonal, el cuerpo colegiado, y no el alcalde.

Por eso, señaló, el alcalde se convierte en una especie de primer ministro del concejo. Lo mismo sucede con el prefecto, cuya competencia atañe las áreas rurales del país. Sus jueces políticos no son los asambleístas. Sin embargo, más allá de la organización institucional, los principales fiscalizadores son los ciudadanos. Fuente: Vistazo