Nacionales
¿Jueces o abogados del diablo? El Caso Purga implica a siete magistrados de la Corte Provincial del Guayas
“Luego de analizar 119 elementos de convicción presentados y los argumentos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos, el juez Javier de la Cadena dispuso prisión preventiva para el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, María Fabiola G., los jueces de Guayas Johann Gustavo M., Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth S., y Fausto A. (primo del exasambleísta procesado)”, dice textualmente un boletín de la Fiscalía General del Estado. A ellos se suma otro magistrado, Reinaldo C. que por su edad recibió arresto domiciliario.
Otro juez, esta vez uno de Garantías Penitenciarias, también de Guayas, será procesado por prevaricato ya que “habría concedido un habeas corpus –contraviniendo Ley expresa– a favor de Junior Roldán«. Este último un prófugo, líder de un grupo delincuencial organizado y fallecido en la clandestinidad en Colombia.
“Continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del Estado, que tiene como fin buscar mejores días como nación”, dijo la Fiscal General Diana Salazar. La Fiscalía ha conseguido que varios magistrados hayan pasado del estrado al banquillo. Es que ejemplos de mala aplicación de la justicia sobran en el Ecuador. Un estudio hecho entre 2019 y 2022, reveló que hubo 26 demandas penales en contra de jueces de primera y segunda instancia. La mayoría de esos casos fue por enriquecimiento ilícito pero también eran perseguidos por asociación ilícita y hasta por falsificación de documentos. “Cuando los fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella”, dijo el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en una conferencia en la Universidad Andina.
En un seguimiento a la situación de la justicia en el Ecuador, el Observatorio Derechos y Justicia identificó y levantó 123 alertas “sobre hechos irregulares y demás particularidades que inciden en el ejercicio de los derechos fundamentales, cuando estas se relacionan con la Función Judicial”.
Ya nadie puede negar lo evidente: “Aquí los juicios sin aceite no ruedan”, comentó un usuario del sistema en las afueras del complejo judicial Albán Borja, al norte de Guayaquil, el Miércoles de Ceniza. La corrupción es parte del sistema de justicia ecuatoriano. ¿Dónde está el problema? Vistazo abre el debate.
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CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA JUDICIAL
Según el último Barómetro de la Corrupción que presentó la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el 58 por ciento de los funcionarios judiciales “son corruptos”. Es un porcentaje mucho más alto que el promedio de la región.
Eso lo ratifica la publicación denominada “Explicando la corrupción judicial en las cortes intermedias e inferiores”, escrita por el académico Santiago Basabe-Serrano. Da cuenta de que el estado de la corrupción judicial se ha ido empeorando a través del último cuarto de siglo. El estudio se realizó en Ecuador, Perú y Chile y concluyó que: “El Ecuador es el país que presenta resultados más preocupantes”.
El académico también analizó la formación de los jueces y descubrió que en Perú y en Chile, hay un permanente ascenso en los niveles de calidad de los magistrados. Y que “En una dirección opuesta se encuentra Ecuador, país en el que a partir de 2008 los niveles de calidad de sus jueces ha sufrido un grave menoscabo”.
Con Basabe coincide Agustín Grijalva, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en un paper publicado en agosto de 2011: “El debilitamiento de la independencia judicial en Ecuador, que a mi modo de ver se profundizara a raíz de los resultados de la consulta popular de 2011… puede tener un efecto inmediato y significativamente negativo sobre los niveles de protección de los derechos constitucionales, y sobre la calidad de la democracia”.
Más ejemplos: Daniel Kuri fue director administrativo del Consejo de la Judicatura en Guayas. En el programa “Del día a la noche” de radio Centro contó en abril de 2022 cómo un asesor del Consejo de la Judicatura le pidió “hasta con improperios” que cambie a un juez de Samborondón porque en ese juzgado se ventilaba una querella que originalmente involucró a unos cónyuges pero que terminó enfrentando a dos familias de clase alta.
Kuri dijo que renunció frustrado porque presenciaba casos de corrupción, los denunciaba a sus superiores, pero nadie movía un dedo: “Yo les digo a ellos, miren me están llegando denuncias de que los jueces de garantías están cobrando entre 300 y 500 dólares para hacer las audiencias y entre 2.000 y 5.000 dólares para hacer las boletas… Yo hice todo lo posible para luchar contra eso”.
Pero al parecer. no todos los “acuerdos extrajudiciales” se pagan con dinero contante y sonante. La mecánica evoluciona. Así lo comenta el exmagistrado constitucional, Jorge Alvear: “Antes compraban propiedades y las ponían a nombre de otras personas, de familiares. Ahora la costumbre es hacer como los narcos, tener el dinero en barras de oro como las que tenía Norero”. Y el “Caso Purga” ha revelado una nueva modalidad: regeneraciones por sentencias. Nada menos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército habría negociado la remodelación de una sala de la Corte Provincial del Guayas a cambio de un dictamen a su favor.
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¿ACADEMICAMENTE MALOS?
“Hay una cantidad de jueces ignorantes, que son los que hacen más daño que el juez corrupto y preparado”, dice Alvear. Añade que “la mayoría de estos jueces es salido de la universidad, sin ninguna experiencia. Consiguen títulos de maestrías muy fácilmente simplemente comprando o pagando por las tesis, esto es vox populi”.
Al respecto, el doctor Miguel Bayona, experto en derecho constitucional, dijo: “Fui profesor universitario y una de las anécdotas que tengo es que les decía a mis alumnos, ustedes para quedarse de año tienen que hacer una solicitud al decano y les aseguro que les van a responder que el consejo directivo no aceptó la solicitud… Tenemos cada año 500 nuevos abogados. Ese abogado con poco conocimiento y poca práctica es el que va a ponerse de acuerdo con el juez para desplumar al cliente”.
“Tenemos que hacer un mea culpa desde la academia, es la deficiente formación de los abogados en el Ecuador”, reconoce el doctor Ramiro García, profesor de Derecho Penal y vicedecano de Jurisprudencia de la Universidad Central. Añade que “salvando excepciones, en muchos casos termina siendo la Judicatura apetecida por aquellos profesionales que no han podido tener un ejercicio profesional relevante”. Para él, esto se debe a que “la estructura de selección es poco profunda de conceptos y eso hace que se requiera poco esfuerzo para ser juez”.
A eso se suma que la Constitución de 2008 convirtió a los jueces en garantes constitucionales de los derechos de los ciudadanos. Al parecer eso ha abierto un nuevo mercado. Bayona cuenta su experiencia: “Ahí no importa si tienes o no tienes la razón o si te violaron tu garantía constitucional, sino que te dicen el valor y pagas”. Le preguntamos ¿Cuánto puede llegar a costar eso? “La base es 5.000 dólares. Una vez estaba tramitando una acción de protección, no voy a decir el juzgado. Media hora antes de la audiencia el secretario de la jueza nos dijo a mi cliente y a mí: la jueza me dice que la acción vale tanto y no se preocupe que si no tiene la plata ahorita la jueza va a suspender la audiencia. Efectivamente me la suspendió”. Así funciona la Justicia en el Ecuador. Fuente: Vistazo
Nacionales
Luisa González arremete contra Aquiles Alvarez por su postura en contra del Cartel de los Soles
La presidenta del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, criticó duramente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez —quien fue electo con el respaldo de esa organización política—, luego de que este se pronunciara a favor de la ofensiva impulsada por Estados Unidos contra el denominado Cartel de los Soles, cuya existencia ha sido negada por el líder del movimiento, el expresidente Rafael Correa.
«Con todo cariño, alcalde Aquiles Alvarez, la postura contra la injerencia en Latinoamérica con el nuevo Plan Cóndor Siglo XXI no es de un militante cualquiera político. Es la postura de Rafael Correa, presidente vitalicio de la RC; de Luisa González, presidenta de la RC; y del movimiento de la Revolución Ciudadana«, aseveró la otrora candidata presidencial a través de la red social X, este martes.
La tarde de este martes, Álvarez se reunió con sus homólogos de Quito y Cuenca, así como con el ministro del Interior, John Reimberg, y la canciller Gabriela Sommerfeld, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El encuentro tuvo como objetivo tratar temas de seguridad interna y cooperación bilateral con Estados Unidos, país que ha desplegado más de ocho buques con misiles en aguas cercanas a Venezuela, como parte de sus esfuerzos para frenar al denominado Cartel de los Soles, que, de acuerdo a la administración de Donald Trump, estaría liderado por Maduro y funcionarios de alto rango de Venezuela.
Al término de la reunión, el presidente Donald Trump confirmó a través de la red social X que la Armada estadounidense destruyó en el Caribe una embarcación cargada con drogas proveniente de Venezuela, hecho que fue celebrado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien prevé reunirse con el secretario de Estado de la nación norteamericana, Marco Rubio, este miércoles, en Quito.
El expresidente Correa también se refirió este martes a la ofensiva que Estados Unidos ha desplegado en contra de la organización criminal, reiterando que esta no existe.
«Cada uno tendrá sus posturas»
«Hay que dejar claro que las oposiciones son personales y cada uno tendrá sus posturas. En mi caso yo voy a apoyar cualquier lucha contra cualquier actor nacional o internacional (implicado en narcotráfico), porque lo único que queremos es paz en la región», apuntó Alvarez luego de dar su opinión, contraria a la de Correa.
En su crítica al alcalde, la excandidata presidencial le pidió que asistiera a los burós de la Revolución Ciudadana para que «entendiera mejor lo que significa ser del movimiento y cuáles son sus principios y su lucha».
González no es la única figura destacada del correísmo con quien Alvarez ha tenido un impasse en las últimas semanas. La suspensión de la construcción de un paso elevado en el sector Ceibos, al norte de Guayaquil, llevó al alcalde a discutir fuertemente con la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, a quien llegó a acusar de violar la Constitución por haber puesto un alto a las obra, a petición del Gobierno de Daniel Noboa. Fuente: Vistazo
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Fiscalía revelará los roles que, supuestamente, tuvieron Salcedo, Jordán, Serrano y Aleaga en el magnicidio de Fernando Villavicencio
El 26 de agosto de 2025, cuando debió instalarse la audiencia de formulación de cargos del caso Magnicidio FV, el abogado Jonathan Espín -representante de Ronny Aleaga- no se presentó, ya que días antes le habían extraído una muela.
La jueza María Daniela Ayala no instaló la diligencia y multó al abogado. En ese momento, en una de las salas del Complejo Judicial Quito Norte, consultó a los abogados de Daniel Salcedo, Xavier Jordán y José Serrano, los otros investigados, sobre una nueva fecha.
Inicialmente se planteó para el lunes 1 de septiembre de 2025, pero uno de los defensores tenía una audiencia fijada previamente para ese día. La segunda opción fue el miércoles 3 de septiembre, fecha a la que ninguno de los juristas se opuso, por lo que -horas después- la jueza Ayala emitió la convocatoria.
Pese a ese acuerdo, el 1 de septiembre de 2025, Jordán presentó un escrito solicitando un nuevo diferimiento, ya que su abogado -Juan Carlos Salazar- tiene «otra diligencia en una jurisdicción diversa en horas similares».
Se trata de un proceso por nulidad de contrato que se sustancia ante la Corte Provincial de Cañar. Salazar es el abogado de una de las demandadas y el 3 de septiembre, a las 08:30, se realizará la audiencia para tramitar el recurso de apelación.
Oscar Guillén, juez ponente de ese caso, convocó a esa audiencia el 17 de julio de 2025, a las 14:57. Es decir, esa diligencia estaba citada 43 días antes del intento fallido de la formulación de cargos del caso Magnicidio FV. Sin embargo, el abogado Salazar no se opuso a la convocatoria.
Por esta razón, Patricio Rosero, abogado de Amanda y Tamia Villavicencio -hijas de Fernando Villavicencio-, presentó un escrito ante la jueza Ayala, señalando que Jordan y su abogado estaban teniendo «una conducta procesal desleal» y solicitando que se niegue el pedido de diferimiento.
Finalmente, el 2 de septiembre de 2025, la jueza María Daniela Ayala se pronunció. La magistrada recordó que el 26 de agosto consultó a Salazar y al resto de abogados su disponibilidad para el 3 de septiembre y este no informó sobre la otra audiencia en Cañar. Por lo que negó el pedido y advirtió que si el abogado de Jordán no asiste será multado e investigado.
En la convocatoria, la jueza Ayala advirtió que en la audiencia se contará con representantes de la Defensoría Pública, por lo que si uno de los abogados no acude, su cliente será defendido por un abogado público. En el auto con el que se negó el nuevo pedido diferimiento, la Magistrada volvió a notificar a la Defensoría.
Días clave para Serrano
De las cuatro personas que serán procesadas por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, a primera vista, José Serrano es quien tiene una situación más complicada.
Salcedo ya está preso en Ecuador y colaborando con la Fiscalía. Jordán y Aleaga, en cambio, están prófugos en Estados Unidos y Venezuela, pero no han sido detenidos ni están en marcha procesos de extradición.
Mientras que Serrano lleva 26 días detenido en el Krome North SPC de Miami, una cárcel migratoria. El exministro del correísmo rebasó el tiempo permitido para estar en ese país sin un estatus regular migratorio, ya que su solicitud de asilo no ha sido respondida aún.
El 11 de septiembre de 2025, en la Corte del misma cárcel Krome, Serrano comparecerá a dos audiencias. La primera es para evaluar una posible fianza, que le permita una libertad condicional en Estados Unidos. Y la segunda para tramitar su asilo.
Sin embargo, si en la audiencia de formulación de cargos del caso Magnicidio FV se dicta orden de prisión preventiva en su contra, esta información podría ser perjudicial para sus casos en EStados Unudios y acelerar una eventual deportación.
En ese caso, Serrano tendrá que ser enviado a Ecuador y, en el mismo Aeropuerto, se ejecutaría la orden de prisión en su contra, mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de Villavicencio, que podrían durar entre 90 y 120 días.
El caso Villavicencio
El 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin político del edificio en el que funcionó el Colegio Anderson, en el norte de Quito, Villavicencio recibió un disparo en su cabeza. Murió casi de inmediato.
La investigación dio resultados esa misma noche: 13 personas fueron arrestadas y procesadas por asesinato.
Sin embargo, siete de los procesados fueron asesinados en dos cárceles del país en el transcurso de la investigación. Uno más fue sobreseído antes del juicio porque la Fiscalía no encontró indicios suficientes para acusarlo.
Por esta razón, al juzgamiento llegaron solo cinco miembros del equipo de sicarios. Todos fueron sentenciados.
A la cabeza de este grupo de sentenciados está Carlos Ángulo, alias ‘Invisible’, uno de los cabecillas de Los Lobos, organización narcodelictiva a la que se le ha atribuido el asesinato de Villavicencio. Desde la Cárcel de Cotopaxi, Angulo habría organizado al grupo de sicarios que vino desde Colombia y cometió el crimen. Fuente: Primicias
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Caso Nene: Tribunal revoca nulidad y juicio contra Francisco Barreiro, hijo de Verónica Abad, continuará
La audiencia de juicio del Caso Nene contra Francisco Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, por presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias, continuará su curso, informó este martes 2 de septiembre la Fiscalía General del Estado (FGE).
Mediante un comunicado, la institución comunicó que un Tribunal de la Corte Provincial acogió el pedido de Fiscalía y revocó el auto de nulidad dictado previamente en esta causa.
El Fiscal del caso señaló que la decisión del pasado 14 de julio, en la cual se declaró la nulidad de lo actuado en la audiencia de juicio (del 10 y 11 de marzo de 2025), vulneraba el debido proceso, debido a que la mayor parte de la prueba de Fiscalía ya fue presentada y, por lo tanto, se encuentra en conocimiento de las otras partes procesales.
Por unanimidad, el Tribunal de Apelación dispuso que se continúe con la sustanciación de la audiencia de juicio, a partir del momento en que fue suspendida.
Ahora, la FGE está a la espera de que se señalen fecha y hora para la reinstalación de la diligencia, en la que seguirá con la exposición de sus pruebas de cargo contra el procesado Francisco Sebastián Barreiro.
Entre las pruebas consta el testimonio del afectado, quien relató que ingresó a trabajar en la Vicepresidencia de la República, cuando Verónica Abad estaba en el poder, como coordinador de Comunicación.
El ciudadano denunció que, antes de su contratación, se reunió con Francisco Barreiro y Daniel R., quienes le indicaron que debía entregar 1.700 dólares mensuales de su sueldo, en efectivo y en persona. Para garantizar los pagos ‒aseguró la víctima‒ fue obligada a firmar una letra de cambio por 30.600 dólares, equivalente a un año de pagos. Posteriormente, tras su desvinculación, se reunió con Barreiro en su oficina en Cuenca, donde el procesado quemó la letra de cambio.
Otros testigos también confirmaron que la contratación de la víctima fue solicitada por la entonces Vicepresidenta y que existiría una acción de personal que lo respalda.
La oferta de realizar tráfico de influencias está tipificada en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionada con tres a cinco años de prisión. Fuente: Vistazo
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