Nacionales
Judicatura, un organismo que funciona incompleto
En enero del 2024 el Consejo de la Judicatura cumplirá cinco años en funciones, sin embargo, está incompleto, solo un vocal de los originalmente posesionados sigue en el cargo.
De los cinco miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) que se posesionaron el 29 de enero del 2019, solo queda en funciones el vocal Fausto Murillo, el resto renunció o se encuentran procesados penalmente, incluso algunos de los alternos que los reemplazaron ahora enfrentan a la justicia, por lo que este órgano administrativo de la Función Judicial funciona incompleto.
Actualmente la institución funciona solo con cuatro integrantes, el representante de la Defensoría Pública ni siquiera ha podido ser sustituido, pues ya no cuenta con su alterno, el cual deberá ser seleccionado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a través de una terna enviada por la entidad nominadora.
Nicole Bonifaz, presidenta del CPCCS, confirmó que se ha iniciado el proceso para reemplazar al representante de la Defensoría Pública, esta vocalía está vacante después de que Juan José Morillo fue procesado penalmente y fue obligado a dejar el cargo, mientras que su alterno renunció.
Sin embargo, Nicole Bonifaz, presidenta del CPCCS, anticipó que se seleccionaría solo al alterno, pues, mientras la situación jurídica de Morillo no se solucione, sea sentenciado o declarado inocente, no pueden nombrar a un reemplazo definitivo.
Las renuncias
La primera en bajarse del barco fue Patricia Esquetini, en junio del 2019, tras cinco meses en funciones, renunció al cargo tras denunciar la falta de liderazgo para realizar cambios profundos en la Función Judicial por parte de quien entonces era la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado.
Esquetini fue reemplazada por Jorge Moreno, quien renunció en noviembre de 2020, su reemplazo fue Xavier Muñoz, a quien el expresidente Guillermo Lasso le retiró el apoyo, como representante de la Presidencia de la República, tras la serie de irregularidades en las que se vio envuelto junto con Wilman Terán, Maribel Barreno y Juan José Morillo, quienes, entre otras cosas, participaron en la destitución ilegal de un juez y llevaron adelante el concurso de jueces nacionales que ha sido duramente criticado y que las actuales autoridades suspendieron.
La siguiente en dejar la Judicatura fue María del Carmen Maldonado, en su renuncia oficial, publicada en su cuenta de Twitter el 2 de febrero del 2022, señaló que su dimisión se debía a las restricciones que una sentencia de la Corte Constitucional (CC) le había impuesto a su atribución de sancionar disciplinariamente a los funcionarios judiciales.
Sin embargo, extraoficialmente se conoció que, con su salida Maldonado habría intentado evitar la sanción que se le iba a imponer por haber destituido a 26 jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), acción calificada como inconstitucional por la CC, que ordenó el pago de una indemnización a los exmagistrados.
Desde la salida de Maldonado empezó la pugna por la presidencia del CJ, de la que se apoderó irregularmente Fausto Murillo, dejando de lado a Álvaro Román, quien era el alterno legal de la presidenta saliente; en medio de las divergencias estuvieron la CNJ, que envió cuatro ternas al Consejo de Participación Ciudadana Control Social (CPCCS), y los miembros de este último organismo, que fueron destituidos por la CC por dilatar el nombramiento de la nueva autoridad.
Finalmente, en febrero del 2023 se nombró presidente de la Judicatura a Wilman Terán, quien fue promovido por Iván Saquicela, presidente de la CNJ, que luego le retiró el apoyo, tras la serie de irregularidades denunciadas.
Vocales procesados
A la cabeza de los vocales con procesos judiciales está Wilman Terán, quien se encuentra con prisión preventiva por el caso “Metástasis”, es uno de los que debe ser reemplazado, pues el jueves presentó su renuncia al cargo de presidente de la Judicatura.
La presidenta del CPCCS anticipó que después de que la Corte Nacional de Justicia remita la terna para reemplazar a Terán, el proceso de selección durará aproximadamente 45 días; mientras, Álvaro Román seguirá al frente de la Judicatura.
También dejaron el cargo los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, a quienes se les suspendió en funciones tras ser llamados a juicio por el delito de tráfico de influencias, en el que habrían incurrido por presionar a jueces para que fallen a favor de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien buscaba mantenerse en el cargo.
En el CPCCS también deberán estar listos para reemplazar a Xavier Muñoz, quien actualmente enfrenta dos procesos legales, uno por obstrucción de la justicia y otro por lavado de activos. (I)
Fuente: El Mercurio
Nacionales
Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y otras medidas cautelares
La Fiscalía General del Estado pidió que se imponga prisión preventiva contra el alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa Carmen Ch. P., por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito.
Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el burgomaestre y su esposa, quienes fueron aprehendidos el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.
Presuntos movimientos millonarios del alcalde
Las indagaciones apuntan a que el alcalde y su esposa habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.
Entre los hallazgos, el ministro del Interior, John Reimberg detalló que se detectaron empresas ‘fantasma‘ utilizadas para el movimiento de recursos y mencionó el caso de una compañía creada en 2025, en la que, según dijo, Darío Macas posee el 90 % de las acciones y que habría prestado servicios al Municipio de Machala.
Reimberg también afirmó que se identificaron depósitos de USD 400.000 y USD 500.000 en distintas cuentas bancarias.
La Fiscalía General del Estado informó que durante los allanamientos se levantaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, para incorporar a la investigación. Fuente: Vistazo
En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.
María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.
“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.
En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.
La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.
En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.
La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.
Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.
El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.
La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.
Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.
Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado
De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.
Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.
Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.
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